\" Políticas públicas y el derecho de propiedad \" Los casos de la Resolución 125 y la estatización de las AFJP. Argentina, 2008

Universidad del Salvador, Facultad de Ciencias Sociales Doctorado en Ciencia Política (Plan 09)

“Políticas públicas y el derecho de propiedad” Los casos de la Resolución 125 y la estatización de las AFJP en Argentina 2008

Doctorando: Carlos Eduardo Filgueira Lima DNI: 4.403.393

[email protected]

Director de Tesis: Dr. Gabriel Jorge Zanotti

Tesis Buenos Aires, Agosto de 2016

I. Resumen La presente investigación presenta un análisis de las políticas públicas en la Argentina en el año 2008. Para ello se han seleccionado dos políticas que parecen no tener relación entre sí pero presentan similitudes y diferencias sustantivas. Al adentramos en su análisis podemos concluir que entre los muchos puntos en común el más importante es que las mismas fueron establecidas por el gobierno con la clara intención de obtener recursos para su financiamiento. Esto en si mismo no parece ser una novedad, ya que el gobierno apela en muchos casos a diversas formas de intervención con ese objetivo. Pero en este caso la intervención gubernamental, es decir las dos políticas implementadas, tienen no solo la causa de origen común de financiar al fisco, sino que en ambos casos –aunque de manera diferente– se vulnera el derecho de propiedad por parte del mismo estado que debiera

protegerlo.

El

derecho

de

propiedad

es

un

derecho

consagrado

constituciuonalmente y aunque no absoluto, es pasible de reglamentaciones y normas que lo protegen, como le imponen límites. El objeto empírico de estudio son dos políticas, que el gobierno justificó con diversos argumentos, omitiendo las verdaderas causas de su intervención, las dos son de ocurrencia en el año 2008, y tan diferentes como lo fueron la Resolución N°125 que originó el denominado conflicto con el campo y la Ley 26.425 que logró la estatización de la Administradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. En el primer caso el gobierno no logró su objetivo y en el segundo sí. El primero con grandes movilizaciones y conflictos y el segundo sin demasiados problemas. El análisis comparativo de las causales de esa diferencia en los resultados para los objetivos del gobierno, constituye en si mismo un aporte y más aún si de ello se desprenden conclusiones que enriquecen el conocimiento teórico que sustenta la presente investigación. De igual modo se analiza que los procesos que vulneran el derecho de propiedad pueden adoptar modalidades diferentes. Se parte de que el gobierno puede implementar políticas económicas expansivas que son inflacionarias del gasto público, que puede llegar a hacerse insostenible, por lo que para lograr su financiamiento puede recurrir a políticas o decisiones que vulneren derechos fundamentales. No se omite que en este proceso también tuvo su influencia la crisis internacional del 2008, aunque el gobierno argentino optó por caminos diferentes a los que otros países consideraron oportunos, porque se supone que en nuestro caso el gobierno no estaba dispuesto a abandonar las políticas expansivas con incremento del gasto público que había iniciado. Por otra parte se hace un amplio abordaje teórico ya que se entiende que en términos

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generales, ni desde la economía, ni desde otros ámbitos de estudio, el capítulo de los derechos de propiedad ha sido suficientemente abordado, o no se ha contemplado su origen, evolución, y la importancia que tienen en el desarrollo económico y social. Ello quiere decir que en muchas oportunidades los gobiernos pueden verse necesitados de implementar determinadas políticas, que son lesivas de este derecho, por problemas que ellos mismos han generado. Las políticas económicas que los gobiernos lleven adelante son fundamentales y una herramienta trascendente en el desarrollo de la sociedad. Tanto como que su accionar puede conducir a otras que lesionen las instituciones –devenidas en derechos– que se han desarrollado a través del tiempo, porque son útiles a las necesidades de los hombres y de la sociedad y pérmiten su desarrollo. El derecho de propiedad es una de ellas y en ese aspecto una institución legitimada constitucionalmente. Se plantea además que estas políticas son causa y consecuencia de democracias en déficit, en las que persiste el bajo respeto a las instituciones y que su continuidad de las mismas terminan por dificultar el normal desarrollo económico, ya que alteran y deterioran variables macroeconómicas, cuyo impacto alcanza a cada uno y a todos los ciudadanos. En ese contexto se analizan las políticas públicas y en particular las políticas económicas, cuya evolución pueden inducir a los gobiernos a vulnerar de diferentes maneras el derecho de propiedad. El aporte al que esta investigación remite resulta de importancia si se tiene en cuenta que el derecho de propiedad no ha sido suficientemente estudiado y no se le ha dado la importancia que merece como articulador de los intercambios en la sociedad y su participación en la cohesión social, que resulta de derechos fundamentales mutuamente respetados. Como también las consecuencias de proceder a vulnerarlos. A su vez el abordaje de este tema se lleva adelante tanto desde la perspectiva de la economía como de la filosofía política y la ciencia política. .

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II. ÍNDICE I Resumen

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II Índice

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III Capítulos

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1. Introducción y planteo del problema

5

2. Objetivos

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3. Hipótesis

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4. Organización del trabajo y metodología

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5. Estado del arte

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5.1. Los fundamentos de la acción de gobierno y las políticas públicas

25

5.2. El financiamiento del Estado

63

5.3. Sobre el derecho de propiedad

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6. Marco teórico 6.1. El contexto de la democracia Argentina en el período en estudio

93 93

6.2. Introducción al concepto de políticas públicas

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6.3. Las fallas del estado

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6.4. El análisis económico de la acción política

154

6.5. Las políticas económicas

165

6.6. Las instituciones y el derecho de propiedad

181

7. Las Políticas Públicas en Argentina, 2008

206

7.1. Consideraciones preliminares

206

7.2. La Resolución 125

210

7.3. La estatización de las AFJP

233

8. Conclusiones

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IV Bibliografía

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V Otras fuentes de consultadas

294

VI Anexo entrevistas

302

VIII Anexo figuras e ilustraciones

365

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III. Capítulos 1. Introducción y Planteamiento del problema La política y la economía mantienen un vínculo indisoluble. Esta relación se encuentra implícita en el marco institucional en el que se desenvuelve la acción humana, cuyo ámbito es la vida social y política. (Aranzadi del Cerro, J 2002:265-266). Mucho más cuando las decisiones que se adoptan por parte de los gobernantes involucran siempre recursos públicos. Además un concepto generalmente aceptado es que los hombres limitan sus comportamientos interesados –propios de su vida cotidiana– por otros que, al ingresar a la vida pública, son orientados a satisfacer el bien común y que las decisiones políticas parten del supuesto que el objetivo primero de los gobernantes (o el decisor político) es el logro de satisfacer las necesidades de la sociedad y con ello contribuir al bienestar general, de manera totalmente desvinculada de su interés particular. Porque el poder político surge como el custodio de las estructuras jurídico-positivas que se van estableciendo entre los seres humanos. (Zanotti, G 2002:78) La ciencia política ha intentado interpretar, explicar, comprender y fundamentar a la acción política, como uno de sus campos, en el sentido de la resolución de conflictos entre individuos, grupos o partidos y la adopción de políticas públicas. Los medios de la acción política son el alcance del poder a los fines de la implementación de políticas públicas o políticas de gobierno, para el logro del bien común, aunque ello diste muchas veces de la realidad. Su estudio por su complejidad incorpora aportes de otras disciplinas como por ejemplo la sociología o la economía. (Bealey, F. 2003:64) El pensamiento político es contemporáneo con la vida política, pero se funda en la filosofía política que surge a su vez de la misma vida política particular y es el sustrato desde el que se nutren a lo largo de la historia diversas ideologías y posicionamientos políticos, cuyo peso puede ser determinante –aún pasado el tiempo– todavía en nuestros días. (Strauss, L. & Cropsey, J 2010:13) Si bien la Ciencia Política tiene antiguos orígenes, su desarrollo como tal, constituyéndose como una ciencia en particular (ex-profeso este autor no utiliza la palabra “independiente”, pues siempre es interactiva con otras), es relativamente reciente, alcanzando su mayor desarrollo en el Siglo XX (Marsh, D., & Stoker, G. 1997:13) y hasta la actualidad. El estudio de la política se remonta a los antiguos griegos, aunque desde la

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conformación de los primeros conglomerados humanos ha estado presente el concepto de gobierno. En las comunidades primitivas, por diversas causas, como ser el más fuerte, el más sabio, o en otros casos un consejo de ancianos, algunos gobernaban para decidir sobre los asuntos del conjunto. Quienes tuvieron entonces la potestad de gobernar y decidir sobre un colectivo, debieron atender y proteger derechos que fueron asumiéndose como necesarios para la vida en común. A lo largo del tiempo los gobernantes fueron adquiriendo mayores atribuciones y potestad en sus funciones creciendo su poder sobre los individuos gobernados, hasta llegar incluso a convalidar leyes violatorias de libertades. (Zanotti, G 2002:106) Lo anterior significa que muchos gobernantes pueden avanzar en sus apetencias de poder o sus propios intereses, lo que sería atentatorio, al violentar derechos, contra el supuesto que en todos los casos los gobernantes tienen por objetivo el bien común. Por un lado la representación pone la fuerza en signos y, por otro, significa la fuerza en el discurso de la ley. El poder en si mismo es la tensión absoluta de la representación infinita de la fuerza, el deseo de lo absoluto del poder. (Marín, L 2009:138) La tensión del poder orienta si no encuentra resistencias ni límites, tiende a hacerse extensiva y a profundizarse, hasta confundir el gobierno y aún el individuo que lo integra con el estado. Y esto sucedió hasta épocas relativamente recientes. Basta con recordar la frase atribuida a Luis XIV “...l'état c´est moi,.”, ante el parlamento de París en el Siglo XVIII, quien nos mostraría que la esencia del Estado no se define en ella ni mediante un concepto ni mediante un individuo; no reside ni en el rey (o en la dignidad real) ni en Luis el decimocuarto, y no es otra cosa que el nombre propio (“yo” [moi]) del “yo” [je] que enuncia “el Estado soy yo”. Precisamente los movimientos revolucionarios fueron dirigidos contra este poder absoluto de los monarcas. (Ibíd.:141) La búsqueda social implícita fue lograr mejores formas democráticas. Los

mismos procesos revolucionarios se fundaron en diversas líneas de pensamiento que –con una expresa intención de simplificación– podríamos resumir en aquellas tendientes a lograr una sociedad con fuerte presencia del Estado, como regulador e igualador social. Mientras que otras –derivadas de pensadores del Siglo XVII– tendieron a poner límites a lo que llegó a ser un poder absoluto de los gobernantes y que formó parte de una circunstancia importante desde la antigüedad, luego durante el período feudal y hasta la modernidad. Y siempre permanece –en mayor o menor grado– latente aún en las sociedades de nuestros días, permitiendo sociedades más democráticas contrapuestas a otras más autocráticas o autoritarias, las que conviven en el mundo de hoy, y en las que los gobernantes encuentran más o menos límites. 6

Cualquier acción del Estado –cualquier política pública– llevada a cabo por los gobernantes, significa una intervención en la vida social de límites imprecisos. Los individuos (como unidad constitutiva de una sociedad) con sus decisiones tienden a la maximización de satisfacer sus necesidades. (Gatty, J 2005:28). La sociedad implica acción concertada, cooperación. La sociedad reemplaza a una vida aislada por una vida en colaboración. (Mises, L 1968:193) Los individuos a través de los procesos de intercambio logran satisfacer mejor aquellas necesidades que individualmente no hubieran podido o cuando menos les hubiera resultado más dificultoso. (Ibid.:304-305) Este es un proceso que permite alcanzar los fines que cada hombre persigue. Cualquier otro proceso de distribución que adopten los gobernantes, afectará a unos en detrimento de otros, o a unos y no a otros, o cuando menos: a unos más que a otros. Cualquiera de estas situaciones son resultados de equilibrio diferentes y preferible sería aquella en la que todos se vieran beneficiados: criterio de eficiencia de Kaldor-Hicks. O por lo menos que el beneficio de unos no signifique que alguno se viera perjudicado: criterio de eficiencia de Pareto. El intercambio libre entre los hombres ha sido cuestionado por sus fallas, pero el que puede lograr la intervención del estado no carece de las suyas: Si el hombre es un maximizador de la utilidad en su actividad privada, no hay porqué pensar que tiene que cambiar al incorporarse a la actividad política. Debe analizarsae la actividad política como una forma particular de intercambio, y en la que idealmente se espera que haya beneficios recíprocos. (Buchanan, J. y Tullock, G. 1993:49-50) Ello implica dos aspectos a considerar: por un lado que la actividad del decisor político debe ser financiada y orientada a determinados fines y por otro que no siendo iguales entre sí ni los individuos, ni sus preferencias, serán afines a las decisiones políticas adoptadas según resulten beneficiados, o no si se sintieran perjudicados. Para los ciudadanos partícipes en una sociedad cualquier decisión será satisfactoria si es que va en línea con sus objetivos e intereses, porque para decisiones alternativas no son iguales las preferencias, si es que comparamos entre grupos, o incluso entre individuos del mismo grupo. La causa reside en la valoración subjetiva de las preferencias y la elección prelativa está en función de la utilidad marginal del bien. (Gatty, J 2005:43) Para ser gráfico y apelando a una representación gaussiana de distribución poblacional de la sociedad en cuanto a la distribución de sus preferencias, (en la que la ordenada cartesiana corresponde al eje vertical indicando el número de individuos y la coordenada

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nos indica de mayor a menor –suponiendo intervalos de clase previamente definidos– la intensidad de las preferencias), las coincidencias y discrepancias se analizan en relación a cantidad de individuos que se posicionan en cada nivel de intensidad de valoración del bien. Las variables de “distribución central”: el promedio, el modo y/o la mediana, pueden coincidir o no. Las medidas de “dispersión” nos permiten agrupar las mayores coincidencias y/o diferencias. Pero esta aplicación puede hacerse para cada valor que los individuos en la sociedad consideren, y cuyo resultado no será el mismo para valores o alternativas diferentes, ni tiene porqué ser el mismo en el tiempo. La valoración en las elecciones, cambia no solo para cada hecho, sino también puede en el análisis longitudinal (a lo largo de tiempo), incluso en un mismo individuo, y las mismas no se refieren a valoraciones de utilidad solo económicas, ni tampoco son de racionalidad absoluta, existen aspectos sociales, psicológicos, emocionales, y/o circunstanciales que forman parte de las preferencias y su ordenamiento prelativo. Esta representación es válida para comprender la complejidad de los fenómenos sociales, que son en sí mismos fenómenos complejos. (Hayek, F 2004:353) La intensidad de las preferencias se muestra así diferente entre individuos, como lo es la prelación entre los diferentes bienes alternativos. Si estos son condicionantes –e imposibilitan criterios de aceptación unánime– deberían analizarse: por un lado el grado de discrecionalidad de las decisiones que adoptan los gobernantes es decir: cómo es que el gobernante decide entre políticas alternativas. Y a su vez, aceptar que las decisiones colectivas se aceptan adoptar por la regla democrática de la mayoría, que es la aceptada en términos generales en una democracia, para la toma de decisiones del conjunto, si este es el criterio que se considera para expresar aprobación o consentimiento. (Locke, J 2014, §140:165) Los Siglos XVIII a XX fueron expresión de estos antagonismos ideológicos y políticos. Para unos estas diferencias son inherentes al hombre y deben ser aceptadas, ya que el mejor óptimo es el que permite la libertad. Mientras que para otros las desigualdades son inaceptables y el bien común supone la mayor igualdad posible que debe ser impuesta desde y por la intervención del estado. A pesar de haberse superado muchos puntos, todavía hoy se abre un amplio debate en el que –con matices– unos adhieren a un pensamiento colectivista, fundado en la idea de

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igualdad, hoy en día mucho más moderado ya que se acepta el alcance del poder por la vía democrática, como también lo imposible de lograr sociedades con individuos total y absolutamente altruistas (“el hombre nuevo incontaminado de los males atribuibles al capitalismo”) que vuelquen su voluntad e interés en el conjunto. Así plantean que solo que el Estado puede ser suficientemente eficiente mediante, construcciones, regulaciones y planificaciones gubernamentales, que tiendan al logro de la igualdad, y con un sistema de justicia independiente. Aún así, escasos son los que sostienen todavía que los medios de producción deben ser estatales, y aunque hemos avanzado mucho en sociedades cada vez más democráticas, siempre persiste la dificultad de establecer los límites de la acción estatal. Otros, cuya representación proviene de las ideas del liberalismo plantean básicamente el respeto a los derechos individuales y la idea de un gobierno limitado, cuyos inicios podríamos referir a J. Locke, aunque también tuvieron aportes los antiguos y la segunda escolástica, pasando luego a la ilustración escocesa, la tradición austríaca, la teoría de la Elección Pública (que analiza los fallos del gobierno), hasta los autores de la actualidad, cuyo eje es el respeto irrestricto a las instituciones. Estos centran su pensamiento en la acción individual (como sustrato básico de la acción colectiva), la protección de los derechos individuales y en poner límites a la acción del estado dadas las dificultades y efectos colaterales que sus decisiones –que nada garantiza que sean justas– pueden acarrear como consecuencias nocivas a la sociedad. (Nozick, R 2012:106) Los primeros –que llamaremos de pensamiento “colectivista”– fundamentan su argumentación sobre la necesidad de intervención estatal en las “fallas del mercado”. Mientras que los segundos argumentan en función de las “fallas del gobierno”. Para estos el mercado tiene “una mano invisible” (seguramente muy invisible y lenta para ansiosos deseos), por lo que sustentan sus ideas en la defensa y primacía de los derechos individuales, así como un gobierno limitado. Para los primeros el Estado tiene como función la regulación y corrección de las supuestas fallas del mercado, con soluciones constructivistas, bajo la creencia que una mayor intervención resulta más próxima al óptimo paretiano. Para los segundos la acción del Estado no es siempre correctora, (en hacerla visible y mostrar sus beneficios se esmeran los gobernantes), es en sí misma un problema y trae otros, difíciles de visualizar, aunque no sean intencionados, y con consecuencias e ineficiencias no deseables, ni esperadas, o sus daños colaterales, dado que implica una interferencia coercitiva en la vida económica. (Hayek, F 2008b, Cap. III, 9

Sección 3, párr. 2), de igual forma que altera el orden espontáneo que pone la sociedad en marcha, sin la necesidad del poder central. Una sociedad libre mantiene el orden, no porque cada persona reciba instrucciones de qué hacer, sino porque las tradiciones que desarrollan y las instituciones heredadas de la sociedad humana, permiten a la gente lograr sus propias metas y, haciéndolo, también cumplen con las metas de los demás. El comportamiento de la gente sigue ciertas pautas, que lo hacen socialmente aceptable, y porque así ha permitido prosperar alcanzando sus fines a los que las seguían. (Ashford, N 2010:2) Desde mediados a fines del Siglo XX se ha avanzado en lograr un mayor número de sociedades democráticas. Pero no todas las democracias son iguales. Ni todas han avanzado de igual forma y al mismo tiempo. De hecho existen grandes diferencias entre unas y otras. La premisa que en principio –y aún hoy– es sostenida para esta conformación democrática fue pensar que “..si no se haya restringida por controles externos una minoría de individuos ejercerá la tiranía sobre una mayoría de individuos. Y si no se haya restringido por controles externos, una mayoría de individuos ejercerá la tiranía sobre una minoría de individuos,..” (Dahl, R. 1989:16-17). Si esto es así, aún en las democracias consolidadas, los individuos o facciones dominantes interferirán mediante acciones de gobierno ejerciendo su poder, lo que también altera la distribución de los bienes y recursos en la sociedad –y en las democracias menos desarrolladas– podrán disponer según su voluntad entre márgenes institucionales menos acotados. Los individuos pueden satisfacer sus necesidades a través del estado o a través del mercado. Los bienes públicos son en general resorte del estado y los bienes privados se definen en función de su exclusión y rivalidad: los primeros no rivalizan ni excluyen y los segundos sí. Otros bienes tipo llamados comunes (no excluyen pero rivalizan) y los bienes club (no rivalizan pero excluyen). Pero los bienes públicos requieren para su ejecución del financiamiento necesario, que es el financiamiento del estado. Las políticas de gobierno –que son políticas públicas– en transmutar bienes públicos en bienes comunes. En ello también reside la discrecionalidad en la elección de políticas públicas entre alternativas diferentes por parte de los gobernantes, con criterios arbitrarios de prioridad, y que maximizan sus propias preferencias, por lo que las transforman en “bienes políticos”, las que pasan a formar parte de los intercambios, negociables entre grupos de interés. (Buchanan, J 2001:23)

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Si bien este es un marco general de discusión, las sociedades democráticas se desarrollan y obtienen resultados políticos y económicos diferentes. Para lo que son necesarios otros componentes para que esto suceda de una forma y no de otra. Es decir se obtengan resultados deseables. Algunos de los aspectos más importantes que intervienen en ello es el marco institucional, en el que se establezcan y cumplan reglas creíbles, como también la función de los incentivos, las sanciones, el reconocimiento de derechos, la rendición de cuentas y la vigencia del derecho, con una justicia independiente. Las instituciones se modifican para perdurar. Esa es la razón de su supervivencia. (Ostrom, E. 2000:266). Si bien E. Ostrom se refiere a los recursos de uso común (RUC), que rivalizan pero no excluyen, son relevantes sus apreciaciones sobre la importancia de las instituciones para el desarrollo económico y social, y para cualquier tipo de bienes en intercambio. Pero hace la salvedad que son las realizaciones de políticas públicas en pequeñas comunidades, en las que el control y participación social es posible, donde es evitable la conocida “tragedia de los comunes”, tanto como las pérdidas ocasionadas en la maraña burocrática de los gobiernos centralizados. La autora intenta encontrar un camino alternativo en base a la auto-organización y la autogestión, de los recursos de uso común (RUC). (Lara, H 2002:265) Muchos cientistas políticos han puesto gran énfasis en solucionar los problemas del poder político gubernamental y las consecuencias de sus excesos y/o intervenciones –ya sean intencionadas o no– con medidas de tipo constitucional, es decir: centrándose en lo normativo, como por ejemplo modelos constitucionales que permitan establecer límites y disminuir los costes un función de la regla de la unanimidad. ( Buchanan, J. y Tullock, G. 1993:109) Pero para otros no es posible conseguir ninguna solución al problema a través

de reglas constitucionales o de otros procedimientos similares. (Dahl, R. 1989:154). Ya que no puede considerarse las reglas constitucionales como factores fundamentales e independientes en el mantenimiento de las relaciones en democracia; más bien, las reglas mismas parecen ser funciones de factores subyacentes no constitucionales. Ni las reglas constitucionales son tampoco importantes como garantía de protección ante el gobierno de una mayoría abusiva, ni de la libertad en contra de la “tiranía de la mayoría.” (Dahl, R. 1989:178-179) En realidad las diferencias en los resultados son difíciles de explicar solo por ajustarse o contravenir normas constitucionales, que muchas veces no son una barrera difícil de sortear. En cualquier caso el acuerdo constitucional es una institución en un conjunto

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complejo de instituciones que ordenan la sociedad. Pero la misma constitución puede ser vulnerada por la acción política de los mismos gobiernos. El pensamiento actual –aún en debate– concluye que esos resultados diferentes se deben tanto y aún más, a condiciones sociales que se explican por el desarrollo de marcos institucionales. Ese avance, sin embargo, no ha sido ni lineal, ni parejo. Las sociedades han avanzado y retrocedido en el marco de una senda general de progreso que se desata sobre todo a partir de los cambios institucionales que limitaron el poder, garantizaron el respeto de los derechos individuales y permitieron el despliegue de la creatividad y el esfuerzo humano para superar los límites que nos impone la escasez. (Krause, M., 2015:4). En todo este proceso por supuesto juegan variables sociales múltiples e interdependientes, con interacción cada una de diferente intensidad y peso relativo, así como de oportunidad, que se describen como “sistemas complejos” de ordenamiento espontáneo. La mayoría de estas instituciones no fueron inventadas en un momento concreto por una persona y menos por las acciones intencionadas de los gobiernos, sino que son el producto no deliberado de un proceso evolutivo, que se construyen y comparten por grupos de individuos que delimitan un orden, cambiante, de acciones posibles y efectivas para ellos. Lo que puede tomar muchísimo tiempo, como una mano invisible social. (Hayek, F 2004:353) Sin entrar en consideraciones sobre la condición/naturaleza del hombre, el desarrollo de la sociedad ha constituido un proceso evolutivo sustentado en actitudes tanto egoístas como cooperativas. Aunque las primeras indujeran las segundas como necesarias ya que la cooperación promueve el mejor logro de los fines particulares. En otras palabras: la cooperación es útil, en un marco en el que cada cual, aún en la búsqueda de sus propios intereses, facilita que el mismo y los demás logren los suyos. Obviamente estos conceptos evidencian que en una sociedad libre y sin interferencias las transacciones son siempre de suma positiva. Y ese es el papel desempeñado por la tradición y por las instituciones en la sociedad: dar estabilidad y previsibilidad a la acción humana en un marco de incertidumbre. (Martinez Messenger, 2013: Cap. VII, Párr. 11) Este fue el núcleo de pensamiento de la ilustración escocesa. (Gallo, E 1987) De hecho si partimos del supuesto (praxeológico) que el individuo por su acción deliberada busca satisfacer necesidades insatisfechas, cuya valoración es subjetiva, para lo que elige según sus preferencias, aquellas alternativas que le permiten pasar de una

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situación dada a otra que considera más ventajosa, calculando que los costos no superen los beneficios esperados, y tanto los costos como los beneficios, acuerden con la valoración subjetiva que tiene de ellos (Mises, L.1968:45-51). Lo anterior en lo referente a “calcular”, no supone una acción estrictamente racional, permanente, deliberada y ni siquiera intencionada, a la que el sujeto está atento de manera continua y permanente. La elección es en la mayoría de los casos intuitiva e influida por factores que no son precisamente racionales porque intervienen las emociones, la cultura, patrones de comportamiento moral, circunstancias, afectación potencial y supuesta de terceros, etc. lo que lo convierten cada decisión en un mix económico-psicológico-social. (Santanatoglia, E. 2016, Cl. III) Partimos del supuesto que en todos los casos los individuos poseen información y racionalidad limitadas, así como que sus acciones responden a comportamientos complejos, con capacidades diversas para procesar información y para relacionarse con los demás, que se expresa en el conjunto, por agregación de preferencias individuales. La información que cada individuo tiene es en general de tipo práctico, está dispersa y está sujeta a continuas modificaciones. Mientras que la información acumulada por las instituciones sociales a través de prolongados procesos evolutivos nunca puede ser captada en su totalidad y plenitud debido a las limitaciones del conocimiento humano (Martinez Messenger, 2013: Cap. VII, Párr. 14) En este contexto las formas de relación resultan indispensables para comprender no solo la conformación de sociedades y organizaciones democráticas diferentes, sino para explicar que ellas son las que posibilitan (o interfieren) en los intercambios de todo tipo, para que cada uno alcance los fines y bienes que requiere y que –individualmente– le serían mucho más difíciles de alcanzar. Este marco de cooperación –necesario para la satisfacción de necesidades individuales– tiene también varias dificultades que sortear. Finalmente las sociedades se fundan, desarrollan y crecen en función de todo tipo de intercambios que satisfagan a las partes. (Mises, L 1968:326). Las consecuencias no intencionadas o no buscadas que surgen de ello son costumbres y normas, que por ensayo y error van conformando un marco social de desarrollo espontaneo, que –siempre que tiendan al respeto de acuerdos básicos, como los derechos que los individuos consideran para sí fundamentales o los acuerdos que permiten la conveniencia mutua– facilitan la convivencia en armonía. El comportamiento de la gente sigue ciertas pautas, porque fueron aceptadas por la sociedad y así han permitido prosperar a los que las seguían. (Ashford, N 2010:2)

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“El bien común no es en este sentido un estado particular de cosas, sino que consiste en un orden abstracto en que en una sociedad libre debe dejar indeterminado el grado en que las múltiples necesidades particulares sean satisfechas”. (Hayek, F 2013:318) En este contexto se desarrollan las instituciones (formales, informales y sociales) y definen según sean respetadas, las características, función y retribución de los bienes a cada uno de los individuos en su interacción social, en un marco democrático de convivencia. Las acciones de gobierno –su intervención– altera esta función retributiva que asignaron los intercambios y en nombre de políticas públicas (o si se quiere del bien común) redistribuye y puede afectar bienes privados, cuando una de sus funciones es precisamente la seguridad de su protección y resguardo. Cuando ello no sucede y en nombre de un supuesto bien común –que nada garantiza que así lo sea– se afectan derechos (que son también bienes: se trata de bienes entre otros bienes), los individuos cambian su comportamiento en defensa de sus intereses. En muchas oportunidades las mismas autoridades políticas son quienes vulneran esos derechos, que son instituciones (y mucho más en democracias delayed –o de bajo desarrollo– y en las que es posible la concentración del poder), vulnerando instituciones que fueron alcanzadas a través del tiempo y legitimadas socialmente, porque se consideraban útiles a los fines individuales y a su vez porque permiten el desarrollo del conjunto. En tales casos de abuso de poder, aunque se esgriman argumentos referidos a un supuesto bienestar general, deben ser considerados, en primer lugar en cuanto han sido valorados por el decisor político como contributivos y necesarios al bienestar de todos. Y en segundo lugar en el nivel de aceptabilidad que tienen los beneficios como las consecuencias que las decisiones y acción política pueden tener para el conjunto. Aún ante un comportamiento ejemplar por parte de los gobernantes, pueden ante determinadas circunstancias orientar políticas que no se expresen en los mejores resultados. Lo que solo sería concebible como error, cuestión si se quiere implícita en el quehacer humano. Pero muchas otras veces (o siempre) existe intencionalidad real no explícita en la intervención y aunque se declamen diferentes argumentos (apelando a los deseos o las ideas instaladas en la sociedad), las políticas públicas se transforman en “bienes políticos”, con los que el gobernante puede desear hacer a su antojo, aunque las consecuencias resulten en perjuicios, a veces graves, para algunos o el conjunto social.

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Lo anterior nos invita reflexionar sobre el estado, y analizar cuáles son los límites del mismo y de los gobernantes, ante recursos escasos y necesidades (o requerimientos) ilimitados, en la provisión de políticas públicas y –en nuestros casos de estudio– su colisión con los derechos de propiedad, así como también sus consecuencias. Como se ha mencionado, casi todas las naciones del mundo han evolucionado en los últimos años hacia sistemas de tipología democrática, aunque no todos hayan alcanzado el mismo grado de desarrollo y aún persistan muchos con características autocráticas y aún otros claramente autoritarios. Considerando que la democracia es un proceso siempre perfectible, existen de acuerdo a determinados parámetros de valoración las que han logrado un alto grado de desarrollo. Sobre 173 países solo 56 podrían alcanzar esa calificación. (Proyecto V-Dem 2016) Los demás tienen formatos (autocráticos o aún tiránicos) que los alejan en mayor o menor grado del ideal democrático. En todos los países con alto desarrollo democrático uno de los aspectos que se destaca es la calidad de sus instituciones. Cuanto mayor respeto de sus instituciones, mayor desarrollo democrático y mayor desarrollo económico y social. Una de las características de los países de sólida calidad institucional es que los gobiernos cambian por un signo u otro pero parece existir un consenso básico y fundamental en relación al respeto de cierto marco institucional que se sostiene en el tiempo. Este consenso en sí mismo, es de un valor institucional fundamental, ya que se convierte en la columna central de lo que llamaríamos “seguridad jurídica”. Más que el dictado de norma o constitución alguna. (RELIAL, ICI 2016:14) Se entiende que la propiedad privada de bienes es una de esas instituciones y se trata de un derecho básico sobre el cual se asienta el desarrollo socioeconómico del país, pues es en base a este derecho que cada uno sabe de que puede disponer y como, para efectuar intercambios libres. Dos aspectos a tener en cuenta: cuando los individuos cuentan con la debida libertad y sus decisiones maximizan sus satisfacciones, todas las oportunidades de beneficios individuales y colectivos están aprovechadas y además toda la organización colectiva es el resultado de intercambios libremente consentidos. (Gatty, J 2005: 34) La Argentina constitucionalmente adhiere a la vigencia del derecho a la propiedad privada y al sistema económico de producción y comercialización capitalista (CN Art. N°14 y 17, sancionada por Ley N°24.430 del 15/12/1994).

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El derecho de propiedad se encuentra consagrado constitucionalmente y regulado por el Código Civil y Comercial (Ley N°26.994/2014). Se trata de un derecho individual, no es un derecho absoluto, cuyas limitaciones están dadas por las leyes, aunque, cuando se lo transgrede o vulnera, además de necesitar un excepcional fundamento –razones de utilidad pública o interés social– se debe indemnizar con justas compensaciones, así como se deben calcular muy cuidadosamente sus consecuencias. Este es un trabajo de investigación política que aborda tanto aspectos teóricos referidos a la toma de decisiones gubernamentales sobre los bienes del estado y las políticas públicas, las motivaciones que los orientan, su sustentabilidad y sus consecuencias; así como su contraparte: en nuestro caso de estudio la intervención estatal y su afectación del derecho de propiedad (o su intento) y sus efectos no deseados o esperados –y poco destacados– sobre los individuos y el conjunto social. La elección del tema se encuentra vinculada a la tarea docente y de investigación del autor en temas de Políticas Públicas, en ámbitos universitarios. Como objeto de análisis empírico se estudiarán dos políticas que fueron implementadas (como es de suponer no casualmente) en el año 2008: 1) La Resolución 125 del 10 de Marzo de 2008, referida a la modificación de las retenciones impositivas de (NCM), sobre cereales y oleagionosas, y 2) La Ley N° 26.425 de Noviembre de 2008, que crea el SIPA, de unificación y estatización del SIJP (creado por Ley N°24.241, y que incluía un régimen de reparto y un régimen de AFJP o de capitalización). El motivo de análisis de ambos objeto de estudio, se basa en que aparentemente se trata de dos políticas de intervención con características diferentes, y sin embargo del análisis se desprende que en muchos puntos existen coincidencias que son objeto de la presente investigación. Por otra parte el resultado en el primero de los casos fue adverso para los deseos del gobierno, con amplias movilizaciones de los sectores interesados y otros. Mientras que el segundo pareció favorecer al gobierno ya sancionada la Ley N°26.425. Pero ambas políticas presentan aristas de causas y consecuencias que merecen un mayor análisis y profundización sobre sus causas y efectos, y ello hace a la importancia del presente estudio. Por otro lado tratándose de políticas públicas en las que diversos grupos podrían ser afectados en sus derechos de propiedad resulta de interés el análisis de en qué medida –en el primer caso por la intención y en el segundo por su concreción– se

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pudieron generar incentivos (si es que en ambos se vulneraron las instituciones), en el comportamiento, inicialmente de los directamente involucrados y por extensión en muchos más. En Argentina en el año 2008 fueron ejecutadas muchas políticas públicas, pero la elección de las mencionadas de debe a que fueron realizadas en el mismo año, en contextos similares y en las que puede analizarse la afectación de los derechos de propiedad (un intento en el primer caso y una expropiación o confiscación, según se analice, en el segundo). Un estudio de investigación de esta naturaleza resulta relevante porque que pone en discusión el intervencionismo del estado en cuanto a las políticas públicas, sus formas y límites, como las consecuencias de no respeto a las instituciones que las mismas pudieran generar. Lo anterior en virtud que la sociedad pudo haber percibido arbitrariedad en las políticas del gobierno, que incluso no se respetaron la leyes, ni las instituciones (en nuestro caso el derecho de propiedad) y que en alguna medida, esta percepción indujera actitudes y comportamientos de autoprotección (si se supusieran indicios de iniciales desequilibrios macroeconómicos) e incidieran a su vez sobre las variables económicas. En ciencia política el estudio del uso de los recursos públicos –en el sentido de análisis de flujo: ingresos y egresos– es siempre un tema controversial, por muchos motivos. En primer lugar porque nos expresa el proceso dinámico de esos flujos, cual es la situación en un momento dado del estado de la economía y cuáles son las decisiones gubernamentales que se toman con diferentes objetivos, pero fundamentalmente con diferentes concepciones y conocimiento de las consecuencias. Independientemente de posiciones políticas contrapuestas, la relación entre la economía y las políticas públicas es recíproca, pues estas requieren de recursos que el Estado debe proveer para llevarlas a cabo. Ello nos introduce en el análisis de los procesos de financiamiento del estado, sus políticas y la orientación del gasto y su legitimidad tanto social, como jurídica, habida cuenta que tratándose de transferencias de unos grupos a otros, imponer una pauta prediseñada a la sociedad sería suspender su funcionamiento espontáneo como una fuerza creativa e implica direccionalidad de la acción política hacia un presunto mayor bienestar general, que puede no resultar tal. En segundo lugar lo anterior encuentra limitaciones legales (incluso Constitucionales) que debieran contemplarse aunque se tratara de la búsqueda de un objetivo superior.

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Si en algún caso –no justificado por fuerza mayor– estos procesos no fueran respetados los mismos requisitos de la democracia entrarían en conflicto y ese sería el caso en el que alguna política pública no respetara (o avasallara), por ejemplo: los derechos de propiedad (consagrados constitucionalmente en nuestro país), y es muy probable que ello generara incentivos de auto-protección que pudieran (por agregación), como efecto no deseado y de la inseguridad jurídica resultante, tener alguna incidencia en las variables macro-económicas del país. El estudio pone en discusión el papel del estado, la implementación de políticas públicas, su financiamiento, sus formas y sus límites, habida cuenta que se parte del concepto que nunca son inocuas, si como se presupone que en ambos casos la intencionalidad, no expresa, fue incrementar el financiamiento del tesoro. Las preguntas problema que el autor se ha formulado son: ¿en qué medida, en un estado democrático, la intervención gubernamental puede vulnerar las instituciones que una sociedad ha consagrado constitucionalmente y cuáles son las consecuencias derivadas que puede ocasionar esa intervención? y ¿En el caso de la Resolución 125/08, como en el de la Ley N°26.425/08, la intervención gubernamental vulneró de alguna forma el derecho de propiedad?

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Objetivos 2.1Generales



Analizar la forma en que se caracterizó la acción política en democracia, así como la intervención –siempre tendiente a su expansión– del gobierno en el período de estudio (2008), en nuestro país.



Analizar el derecho de propiedad (desde lo institucional y lo normativo), sus fundamentos, evolución, conceptualización, límites, e importancia como institución de gravitación individual y social.

2.2



Específicos Analizar la Resolución 125/08, como política pública instituida, motivaciones declamadas, las presuntas, así como su evolución y si en su caso existió el riesgo de violentar el derecho de propiedad.

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

Analizar la Ley N°26.425, como política pública instituida, las motivaciones declamadas, las presuntas, así como su evolución y si en su caso se avasalló el derecho de propiedad.



Analizar las consecuencias de la violación del derecho de propiedad –como expresión de no respeto a las instituciones– sus impacto en el comportamiento de los individuos, (los directamente implicados en los dos ítems anteriores y los que no), por agregación y en qué medida ello formó parte del deterioro macroeconómico que puede suponerse derivado.

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Hipótesis :

La causalidad y decisión de implementación de políticas públicas por parte de los gobiernos siempre representa transferencia de recursos. Muchas políticas públicas tienen causales no explícitas y con frecuencia presentan colisión de derechos. El derecho de propiedad es una institución reconocida constitucionalmente porque es un instrumento fundamental para facilitar a los individuos el pleno ejercicio de su libertad de actuar, comerciar y obtener sus propios objetivos de vida. Es el caso de la Resolución N° 125 como en de la Ley N° 26.425, ambas del 2008, la causa central que las origina fue la necesidad de sustentar financieramente un gasto público expansivo que el gobierno había adoptado como política económica y sus consecuencias en gran parte contribuyeron a un marco de incertidumbre e inseguridad jurídica que orientó conductas protectivas por parte de la población, con consecuencias deletéreas para la economía.  Definiciones Recursos públicos: Se refiere a todo tipo de recursos: financieros, edilicioarquitectónico, humanos, tecnológicos, insumos, etc. de los que se vale el Estado para su administración, sustentabilidad y ejecución de políticas (de cualquier tipo a las que esté habilitado), así como aquellas a las que esté obligado por disposiciones y normas vigentes. Se trata de recursos forman parte del stock o de lo que se obtiene por las diferentes medios de financiamiento del Estado. Los gobernantes están obligados a su administración mediante una asignación eficiente. Ello comprende el conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados por los sistemas que conforman la administración y, a través de ellos, por las entidades y organismos participantes en el proceso de 19

planeamiento, captación, asignación, utilización, custodia, registro, control y evaluación de los fondos públicos. El registro de la información es único y de uso obligatorio por parte de todas las entidades y organismos del Sector Público, a nivel nacional, provincial y local. La Ley N° 24.156/92, en su artículo 4° inc. a) establece su objetivo de aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos. (Ley de Administración financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público. Ley N°24.156) Acción política: Resulta difícil distinguir entre las políticas concretas y la política en general (de hecho el termino francés politique abarca ambas acepciones). La formación y actividad política constituyen el núcleo del proceso. La acción política constituye una acción preferente, y que tiene la intención de generar cambios en función de lograr determinados objetivos. (Bealey, F 2003:16) (En este trabajo el autor se referirá puntualmente a las acciones políticas que con el formato de políticas públicas llevan adelante los estamentos gubernamentales). Las políticas públicas resultan de diseños que parten de un marco conceptual, que suponen determinados procesos destinados a cambiar la realidad. Se debe tener en consideración que las mismas configuran por si mismas un determinado grado de conflicto/s, derivados de intereses contrapuestos en la sociedad. De la misma forma considerarse el gap entre su diseño y sus resultados, lo que en cierta forma las limita en cuanto a su voluntad de un constructivismo social. (Ibid.:58)

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Organización del trabajo y metodología

Cuando hablamos de investigación en las ciencias sociales nos referimos, al tratar temas como el de la presente investigación, al estudio de las circunstancias históricas, psicológicas y sociales (que incluyen las políticas y las económicas), de fenómenos complejos en los que actúan múltiples variables, de diferente peso relativo, entre las que también participa el azar, en forma sincrónica o por el contrario a destiempo (sin oportunidad aparentemente vinculante), y actuando incluso unas sobre otras de diferente manera, las que son analizadas, como fenómenos cuya interacción provoca consecuencias previsibles. Estos fenómenos son pasibles de ser conocidos y analizados en su contexto a partir de una hipótesis, cuyo enunciado es conjetural y aunque pasible de comprobaciones, estas son siempre falibles, falsables y temporales, en el sentido de que en su evolución la ciencia siempre ofrece nuevas perspectivas de interpretación. (Popper, K 1972-237-259) 20

Que en cada caso las circunstancias sean particulares no excluye sino que reafirma, que existen condiciones y características “universales” y pasibles de un orden espontáneo fruto de la acción humana no deliberada. Los fenómenos sociales implican “consecuencias no intentadas”, evoluciones o involuciones que escapan a planes deliberados de una persona o un grupo de personas. Hay en los fenómenos sociales algo que se puede estudiar pero no planificar. Son el resultado de un conjunto infinito de relaciones entre personas (inter-subjetividad), que constituyen el mundo social y ese mundo social tiene sus valores morales como constitutivos, que son parte de su horizonte cultural. Y ese orden tiene que ver con un tema esencialmente filosófico: la racionalidad del ser humano, racionalidad falible, incierta, pero racionalidad al fin. Simplemente, ese mundo social tiene una evolución o involución espontánea, esto es, una serie de interacciones no intentadas que no se reducen al sólo juico ético de cada acción en particular. (Zanotti, G 2006:23-24) Este es el abordaje metodológico –desde un racionalismo crítico– en el que “el eje central de la interpretación es político” tal como postula P. Feyerabend (Citado por Zanotti, G 2014, Cap VI, párr.5), por lo que en nuestro caso se analizará la acción política como intervención estatal mediante las dos políticas públicas mencionadas (la Resolución 125/08 y la Ley N°26.425/08) en lo referente a sus causas presuntas y consecuencias derivadas. El método es descriptivo con base hipotético deductiva. Se trata de un trabajo de investigación cuyo paradigma es de tipo mixto (Mixed methods) (Hernández Sampieri, R ; Fernandez-Collado, C y Baptista Lucio, P. 2006:755) Que se realiza

utilizando

como

medio

tanto

técnicas

cuantitativas

y/o

cualitativas

concurrentemente. La mayoría de las investigaciones mixtas agregan rigor a las investigaciones científicas y son hoy consideradas complementarias (criterios de complementariedad). (Sánchez Gómez, MC 2015:13) Este método nos permitirá comparar y complementar las interpretaciones y consideraciones del análisis de textos y documentos, que sustenten la argumentación del marco conceptual con los resultados que se obtengan de las fuentes de datos secundarias y permitan la verificación de correspondencia y consitencia lógica entre las hipótesis y las conclusiones deducidas. Se realizan formas de triangulación metodológica de las fuentes. En cuanto a la estrategia de análisis del objeto de análisis se provee de evidencia empírica sobre hechos que no siendo relativamente recientes, existen documentos, declaraciones de los involucrados e información testimonial de informantes clave. (Chitarroni, H 21

2015a:124-127) Como modelo lógico se trata de una investigación de tipo hipotéticodeductiva con aspectos descriptivos respecto de los episodios que son objeto de estudio. En primer lugar se parte de un diseño exploratorio-descriptivo desde un marco conceptual exploratorio y explicativo de lo referente al objeto de estudio. Las técnicas que son utilizadas se basan en fuentes bibliográficas, como a su vez de análisis documental, fuentes

de

información

derivadas

de

organizaciones

gubernamentales

y

no

gubernamentales reconocidas sobre temas específicos en los que tengan referencia y también entrevistas a personajes clave en temas determinados. A su vez y dado el carácter mixto de la investigación se recurre a fuentes secundarias de información cuantitativa. La técnica de recolección de datos se basa en análisis de fuentes de datos secundarias, obtenidas de las misma bibliografía, de fuentes de información de organismos nacionales, como no gubernamentales y/o de las mencionadas entrevistas. Todo lo que ha permitido el análisis de una matriz de datos y sus componentes, lo que otorga integridad y consistencia a las mismas. (Chitarroni, H 2015b:193-196) La temporalidad del análisis es transversal dado que se refiere al año 2008, porque las políticas instituidas a cuyo estudio se remite la presente investigación fueron ambas en ese año, en la Argentina, en el sentido que se trató de políticas públicas establecidas desde el gobierno nacional. El basamento analítico del objeto de estudio es la explicación y descripción del mismo, partiendo de la hipótesis expresada para explicar las políticas mencionadas como causales del fenómeno. Asimismo posibilitar la deducción de las consecuencias o proposiciones que se verifiquen en la propia hipótesis. Por otra parte se realiza la comprobación de la veracidad de los enunciados deducidos comparándolos con los hechos observados. (Mendizabal, N 2006:67-68) (Maxwell, J 1996:3) y (Pole, K 2009:41) El estudio del objeto empírico de estudio es abordado también desde una perspectiva comparativa, dado que se trató de dos políticas públicas diferentes: una de ellas (la Resolución N°125) referida a las retenciones a los cereales y oleaginosas respecto de los derechos de exportación y la otra (la Ley N°26.425) referida a la estatización de las AFJP, ambas de características aparentemente diferentes, pero en varios puntos coincidentes. En primer lugar se trató de dos políticas públicas que se instituyeron en 2008, es decir con relativa proximidad en el tiempo, lo que no es azaroso, porque dan fuerza al supuesto de causas originarias relacionadas. Desde esa perspectiva se analiza que las circunstancias del contexto internacional y nacional determinaron por parte del gobierno la necesidad –y 22

por ello la decisión política– de posibilitar mayor financiamiento del estado para mantener políticas económicas expansivas. Es decir sus causas originarias fueron similares. Sin embargo las reacciones que se expresaron por parte de los damnificados fue totalmente divergente: en el caso del conflicto con el campo la repercusión alcanzó no solo a los afectados directamente sino a la sociedad misma en su conjunto. Mientras que en el caso de la estatización de las AFJP las repercusiones fueron aisladas y mayoritariamente individuales, salvo escasos reclamos. Otro aspecto es que, de forma diferente –en un caso por un medio impositivo y en otro por un medio confiscatorio– ambas fueron atentatorias contra el derecho de propiedad, es decir: el mismo derecho fue vulnerado (en el caso de la Resolución N°125 no pudo concretarse), de modos diferentes en el mismo año, por circunstancias o causas similares, con expresiones sociales diferentes y resultados diferentes. También dado el contexto y las políticas que se llevaron a cabo se analiza el comportamiento de las variables económicas a partir de las acciones de intervención del gobierno y sus consecuencias en el comportamiento protectivo de los individuos. Para lo que fue necesario recurrir a fuentes secundarias de datos cuantitativos. (Chitarroni, H 2015c: 296) Es decir que la investigación también se encuentra dirigida al análisis de similitudes y diferencias entre ambas políticas. Y el supuesto que las mismas tuvieron consecuencias en alguna medida que pueden ser de importancia en las variables macro-económicas. De ambas políticas se recurrió para su análisis descriptivo, a la literatura (textos) existente, el análisis documental (normas, leyes y documentos oficiales), la selección de la amplia difusión que existió en los medios (selección de aquellos documentados) y se recurrió a los trabajos de investigación relacionados con el tema, documentación oficial, análisis de las normas y leyes de referencia (fuente de análisis documental), y una selección de la multiplicidad de discursos oficiales. (Chitarroni, H y Aguirre, S 2015: 472-477). También se recurrió a informantes clave –en todos los casos con entrevistas no estructuradas y grabadas– como para dar cuenta de los hechos en los que fueron parte y sus interpretaciones. Los textos son incorporados en el texto de la presente en el Anexo Entrevistas (pp.287), (tal como fueron entrevistados con las técnicas de entrevistas adecuadas), ya que también fueron partícipes de los sucesos a los que se refiere el objeto de estudio del presente: las políticas que condujeron al “conflicto con el campo” por la resolución N° 125, y a la “estatización de las AFJP” por la Ley N° 26.425. Se parte del supuesto a verificar que ambas se instituyeron con el objetivo de incrementar el

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financiamiento del estado, en circunstancias muy particulares, aunque las mismas atentaran contra la plena vigencia de los derechos de propiedad, con diferente modalidad, en el marco que los gobernantes deben velar por las consecuencias de sus acciones políticas. En su definición final la Resolución 125/08 fracasó, en su tratamiento legislativo y ante una manifiesta movilización social, mientras que en el tema de la Ley N°26.425, conocida como “estatización de las AFJP”, permitió su sanción y que el proyecto originado en el gobierno fuera resuelto según su interés, con pocos sobresaltos sociales. En nuestro caso se analizaron las causas y consecuencias eventuales que se suceden cuando el poder público no respeta (o lo intenta) las instituciones en alguno de sus aspectos, como por ejemplo en nuestro objeto de estudio: el derecho de propiedad. La exposición de la investigación se inicia como es de rigor con la carátula, (I) el resumen, y (II) el índice correspondiente. Lo anterior anticipa sobre el tema cuyo tratamiento específico se expone en los capítulos. Los capítulos (III) incluyen: en el Cap. 1 la Introducción y planteamiento del problema, que finaliza con la pregunta problema que se formula el autor. En el Cap. 2 se plantean los objetivos generales del trabajo y los objetivos específicos. En el Cap. 3 se plantea la hipótesis sobre la que se basa el análisis de la investigación. Al que se agregan algunas definiciones que se consideran relevantes. En el Cap. 4 se detalla la organización del trabajo y su metodología. Ingresando en el Cap. 5 con criterio analítico descriptivo se analiza el estado del arte como introducción al marco conceptual que incorpora: 5.1 Los fundamentos de la acción de gobierno y las políticas públicas, 5.2 El financiamiento del Estado y 5.3 Sobre el derecho de propiedad. En el Cap. 6 se expone el marco teórico que incorpora 6.1 El contexto de la democracia Argentina en el período en estudio, 6.2 Introducción al concepto de políticas públicas, 6.3 Las fallas del estado, 6.4 El análisis económico de la acción política, 6.5 Las políticas económicas, 6.6 Las instituciones y el derecho de propiedad. En el Cap. 7 nos introducimos en objeto empírico de estudio desde la perspectiva de las Políticas Públicas en la Argentina en 2008, capítulo en el que se realizan en: 7.1 Consideraciones preliminares, para luego analizar en 7.2 La Resolución N°125 y en 7.3 La estatización de las AFJP. Finalmente en el Cap. 8 Conclusiones. Los títulos de los capítulos dan una primera idea sobre la organización de la investigación y los temas tratados.

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Una vez finalizados los capítulos se presentan: (IV) Bibliografía, (V) Otras fuentes consultadas, (VI) Anexo entrevistas y (VII) Anexo figuras e ilustraciones. En los capítulos el autor lo ha llevado adelante con criterio analítico descriptivo, y el agregado de fuentes de datos de información secundaria, lo que caracteriza el paradigma mixto de la investigación. El desarrollo será hipotético-deductivo según se ha explicitado, lo que permitirá el agregado, en cuanto a lo interpretativo, conceptos, aportes e interpretaciones propias del autor. Cabe aclarar que solo tomamos en consideración –de la clasificación de los derechos de propiedad que incorpora el International Property Rights Index (Anexo Figura N°10) – el componente referido a los derechos de propiedad sobre activos físicos. Lo anterior es debido a que las políticas instituidas referidas tienen vinculación con ese aspecto de los derechos y no con otros (el entorno y los derechos de propiedad intelectual) que el IPRI incorpora y cuyo análisis no se hace necesario a la presente investigación. La metodología de citas corresponde al método APA, como en lo referente a los eBooks las citas en el texto comprenderán el autor, año, capítulo, sección y párrafo. Mientras que en la bibliografía se citarán como un texto con la aclaración (e-Book). Las fuentes de información (bases de datos) consultadas serán explicitadas en cada caso así como se detallan en: V. Otras fuentes de información consultadas.

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Estado del arte 5.1Los fundamentos de la acción de gobierno y las políticas públicas

La Teoría del Estado es la disciplina filosófica que investiga su esencia, estructura, organización y finalidad. El estado, ha evolucionado tanto en su concepción, como en sus características y sus formas, a lo largo del tiempo. Desde las antiguas: Estado aristocrático, democrático o monárquico (no es difícil imaginar a los antiguos griegos discutiendo en el Ágora) hasta las que se aceptan hoy sobre su origen y evolución. El estado moderno se concibe –derivado de un orden espontáneo– a partir de que se supera el feudalismo para pasar a los estados-nación. En la antigüedad la acción del gobernante –concebido como derivado de la deidad– podía disponer del estado a su voluntad. 25

Al respecto la circunstancia descripta seguramente fue acentuándose con gobernantes cuyo poder llegó a ser absoluto y hasta se lo creyó devenido de Dios. Por lo que encarnaban el poder de hacer las leyes, interpretarlas y hacerlas cumplir según su buen saber y entender. Este poder absoluto llegó a disponer de la vida y bienes de los gobernados que siempre fueron súbditos subyugados. No hubo distinción entre el Estado y el gobierno de los monarcas o los señores feudales. El estado requirió para su funcionamiento, sostener la vida ostentosa de muchos monarcas y señores feudales o las guerras en las que se embarcaban, que fueron los aspectos que mayores recursos requirieron (sobre todo financieros), por lo que la intervención del estado, fue creciente a través de impuestos, o la captación de lo obtenido en la guerra, o el apoderamiento de todo tipo de recursos –el caso de los Templarios es todo un paradigma– (Bordonove, G, y Sarasola, D 1989:115) o incluso la creación de moneda fiduciaria y/o fiat, según sus requerimientos. De tal forma que todos ellos fueron causa (aunque no los únicos) de múltiples conflictos. Ya una vez ingresados en la modernidad las formas de relación entre gobernantes y gobernados fueron adquiriendo formas cada vez más democráticas tal cual las concebimos hoy, aunque sus desarrollos fueran incipientes. En particular y aunque existan múltiples formas y variantes de democracia –como un proceso evolutivo que permite de alguna forma la convivencia en la sociedad– con tendencia creciente a prevalecer en la actualidad, tal cual la concebimos como democracia occidental. Podríamos referir que inicialmente el medio que intentó regular estas relaciones, se basó en la idea de poner límites a los poderes absolutos del estado, e incluso condicionar su intervención. En algunos casos ello se dio por medios revolucionarios violentos y en otros por procesos de adecuación de mayor civilidad. Pero en todos los casos se ingresa a la modernidad (en el mundo occidental cuya historia conocemos mejor y nos compete directamente) por el desarrollo democrático que se logra progresivamente a partir de la limitación de los poderes de las monarquías absolutistas y en particular diferenciando al estado de los gobernantes, que hasta entonces habían funcionado como un todo. La relación entre gobernantes y gobernados no ha sido siempre fácil y cuando menos resulta –como toda cuestión política– basada en el conflicto y la complejidad. Sin embargo la situación que se describe referida a gobiernos limitados, con poca injerencia

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en la vida civil y económica fue cambiando progresivamente y no solo alcanzó las formas de relación sino las concepciones que se elaboraron acerca del estado. Debe a su vez considerarse que uno de los pilares sobre los que se asentó la modernidad fue la construcción del Estado. (Hurtado Simo, R. 2008:1). Aunque los estados modernos adquirieron bases y formas cada vez más democráticas, –porque estado y democracia son dos caras de una misma moneda– ya que el estado llegó a ser y representa las instituciones que funcionan como un centro de poder político con fuerza y autoridad adecuados para imponer las reglas de juego, que hacen a cada uno de los ciudadanos y a la comunidad como un todo, de acuerdo a fines y valores. (Weber, M 2002:33) No debe perderse de vista que el estado ha vivido de ingresos que obtiene de la esfera privada (aunque en el Medioevo también de las conquistas y botines de la guerra) y que deben ser orientados para sus fines por el poder político. La imposición es un atributo esencial de la sociedad mercantil. Los impuestos han aumentado de manera gradual y persistente,..(…) además para sustraer cantidades siempre crecientes para sostener un enorme aparato administrativo. (Schumpeter, J A 1983:260-261) Mientras que la democracia es el modelo que cada país adopta y que permite una forma dinámica de aprendizaje que evoluciona hacia las mejores condiciones que permitan la convivencia y el desarrollo de los individuos en la comunidad, es decir: para que cada uno pueda desarrollar su propio proyecto de vida. Si bien esta no es una definición de democracia bien puede considerarse este su objetivo. Aunque la democracia, stricto sensu, es un régimen de gobierno del estado. (Strasser, C 1991:28) Por lo menos la teoría democrática se relaciona con los procesos por medio de los cuales los ciudadanos comunes ejercen un grado relativo de control sobre los dirigentes. Esta sería una definición mínima. (Dahl, R. 1989:11) Esto que se expresa tan simple no carece de dificultades, dado lo intrínsecamente conflictivo de las relaciones humanas y mucho más aún si tenemos en cuenta los profundos cambios suscitados en los últimos años tanto en el sistema de partidos como en los procesos eleccionarios. Que solo pueden dar limitadas respuestas al electorado, siempre diverso, que representan. En este proceso ingresan cuestiones de significación filosófica como la libertad, la igualdad política y ante la ley, la voluntad de la mayoría y los controles (check & balances), todo lo que encuentra frecuente conflicto, ya desde lo teorético y en particular

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cuando existen condiciones particulares que acentúan su intrínseca complejidad, como por ejemplo: la concentración de poder y el sometimiento de todos a una voluntad mayoritaria circunstancial, ya que “…no están todos siempre en situación de comparar las alternativas de un modo racional,..” por lo que son muy a menudo manipulables. (Schumpeter, J 1983:178). Inclusive en muchos casos las decisiones que se adoptan dependen de representantes de solo una primera minoría, o acuerdos legislativos, o la simple discrecionalidad (cuando no arbitrariedad) de los gobernantes, que muchas veces están lejos de lo que se supone el primer objetivo del estado: promover en la medida de lo posible al bienestar general. Estas situaciones han sido centro de permanentes debates desde la antigüedad. A Polibio se le atribuye una concepción primigenia de un “gobierno mixto” equivalente a la división de poderes, cuestión que continuó siendo de permanente debate y que se expresa luego en la denominada democracia madisoniana, como uno de los primeros instrumentos con los que se concibe una democracia en equilibrio, con división de poderes y el establecimiento de controles y contrapesos, para el funcionamiento de los poderes del estado de manera independiente. (Dahl, R. (1989:13) Para el estudio del Estado las dos fuentes principales son la historia de las instituciones políticas y la historia de las doctrinas políticas. Dos autores tomaremos como referencia obligada de los antiguos: Aristóteles y Polibio. No hay duda de la importancia de la obra política de Aristóteles para el estudio de las instituciones políticas de las ciudades griegas, o el libro VI de la historia del Polibio para el estudio de la constitución de la republica romana. En el primer caso Aristóteles (2005) nos plantea el Estado como una organización dinámica en permanente cambio, que reviste diversas formas, en el que conviven unos ciudadanos que habitan un territorio que, en cierta medida, identifica con la ciudad. Al respecto nos dice “…el estado en efecto es una asociación; si la organización política de la ciudad cambia, es evidente que el estado no será el mismo,..”, y distingue claramente el estado del ciudadano. Estando el primero compuesto de partes como un todo con elementos que son su esencia. Mientras que los ciudadanos no los son solo por ser habitantes de la ciudad, sino que además tienen prerrogativas de condición; e identifica al ciudadano en virtud del rigor del derecho. (Aristóteles, 2005:67-72) Más adelante hace una clara distinción entre el estado y el gobierno, diferenciando entre “gobiernos buenos” que (son necesariamente justos) a los que identifica con el interés general y “gobiernos 28

malos” (que llama corrompidos) cuando están instituidos en vista del interés de los gobernantes, por lo que son viciosos en su origen. (Aristóteles, 2005:79) En segundo lugar hacemos referencia a Polibio (205-123 AC), porque siendo un historiador griego (probablemente el primero), hace referencia por primera vez a un estado que sea un régimen moderado y equilibrado, que incorpore una juiciosa mezcla de instituciones y muestre un equilibrio de derechos, deberes y funciones. De tal forma que fuera imposible, distinguir si todo el sistema fuese aristocrático, democrático o monárquico. Polibio queda impactado con la enorme expansión de la República Romana y de su constitución mixta porque considera que fue lo que permitió su enorme poderío, dado que impidió una indebida concentración de poder. (Holton, J. 2010:166-167). Se cita con frecuencia Polibio en cuya obra es quien parece combinar la concepción del estado mixto, como una primera referencia a la división de poderes. (Berns, W 2010:419) Hasta el Siglo XVII, la posibilidad de fundamentar –tal cual lo hacemos hoy– el origen lógico de la sociedad política y el Estado, era remota. Hoy se asocia el nacimiento del estado moderno con la superación de la sociedad feudal. Desde entonces diversas corrientes de pensamiento se han desarrollado, pero para su comprensión es necesario remontarnos a quienes fueron los primeros pensadores de la condición humana, y las formas de relación entre los individuos. Si desde ese punto se nos dijera que el estado surge de un acuerdo social o político, “no habría que buscar papeles firmados o sellados para acreditar que eso es cierto”, aunque dicho contrato fuera implícito porque responde a un acuerdo de voluntades. (Rosatti, H. 2002:13-14) El autor se refiere al contractualismo –y los representantes que describe son Hobbes, Locke y Rousseau, aunque cada uno con sus propios matices– (Rosatti, H 2002:16-22) pero antes de esta concepción contractualista es válido resumir que las corrientes de pensamiento que se desarrollaron fueron: el naturalismo clásico de Aristóteles y el teológico de Santo Tomás de Aquino. Ambos tuvieron una visión anti-evolucionista de los fenómenos sociales, porque debía preservarse la idea de un orden pre-establecido. (Hayek, F. 2016) Y aunque durante un largo período prevaleció el oscurantismo, algo tenemos para decir de la segunda escolástica. Los siglos XVI y XVII que se encuadran dentro de la Segunda Escolástica, conocida también como Escuela de Salamanca, entre cuyos partícipes se destacan Francisco de Vitoria (1495-1546), Domingo de Soto (1495-1560) y Juan de Lugo (1583-1660), cuyas

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obras pueden parecer una rareza dado el contexto del momento, pero varios hechos como el descubrimiento de América, y el hecho que Castilla –habiéndose liberado ya de la invasión musulmana– se hubiera convertido en un centro de nuevas formas mercantiles y de intercambio relacionadas con el comercio de ultramar, los llevaron a reflexionar sobre temas tan dispares como las actividades comerciales, la usura y la propiedad. (Zaratiegui, J. M. 1999:88-89) Los autores de esta escuela fueron iniciadores de muchos principios que resultan vigentes en la actualidad, –y hacen al cuerpo de esta investigación– basándose solo en aquello que consideraron bueno y útil para la sociedad. “El sentido común de todo hombre sensato le lleva a descubrir, sin esfuerzo, que las cosas se usan con mayor eficacia cuando está claro de quiénes son. En lenguaje económico moderno: cuando están bien asignados los derechos de propiedad”. (Zaratiegui, J. M. 1999:90) Los escolásticos desde una posición naturalista comprendieron bien tanto la importancia de la propiedad, como de otros fenómenos por lo que tuvieron fuerte influencia posterior en los autores de la Escuela Austríaca de Economía (EAE). Incluso nos sorprende que estos temas hayan sido considerados ya en épocas tan tempranas. Por ejemplo: Luis de Molina (en el Siglo XVI) plantea que la respublica no se compone de familias, sino de individuos singulares y es esta visión del individuo como sujeto presocial y pre-político, que “compone” la sociedad sin perder su autonomía (Carpintero Benítez, F. 2003:349) Su obra propiamente jurídica gira en torno al dominium, esto es, a los modos de adquirirlo, transmitirlo y perderlo, es decir al “derecho patrimonial” del individuo: el que se sucede entre una persona y una cosa o entre el propietario y los que no lo son. (Ibíd:349). El pensamiento de los escolásticos se centraba en una concepción de la libertad como facultad principal no sujeta a limitaciones y anterior a todo derecho; una visión voluntarista de la ley y una interpretación antropológica individualista. (Ruiz, A. J. T. 2013:17). De sus incursiones en el análisis del comportamiento del individuo surgen sus estudios sobre el mercado y los precios, por lo que se los considera precursores de la concepción subjetiva del valor desarrollada más tarde, como se ha mencionado, por la Escuela Austríaca de Economía. (Ruiz, A. J. T. 2013:19-24) Uno de los aspectos más importante que atañe a este capítulo es el que los escolásticos sostuvieron –como Santo Tomás de Aquino– que las creencias y las cuestiones de la

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iglesia eran una cuestión de fe, mientras que la razón era el instrumento tanto de las ciencias y como de los asuntos de los hombres (y el estado), cuestiones que están más allá de las creencias religiosas o la fe y que por lo mismo tenían cursos independientes. Eso les permitió lograr avances en sus investigaciones sin verse limitados por el dogma. Con esta libertad de pensamiento superan las restricciones impuestas por las visiones del momento y entre otros aspectos concluyen en el valor e importancia de la propiedad, como que el peso de los impuestos y gravámenes determinados por el Rey, que empobrecían a las gentes y no dejaban prosperar a los comerciantes. (Ruiz, A. J. T. 2013:27) “Denominamos contractualismo a la corriente interpretativa según la cual el Estado es el producto de una decisión racional de los hombres destinada a resolver los conflictos generados por sus instintos anti-sociales o bien para resolver los problemas emergentes de la convivencia”. (Rosatti, H 2002:16) Así planteado el tema parecería que el estado surge de la voluntad y decisión de los hombres con un criterio y objetivos definidos. Casi un planteo teleológico: para lograr superar las conductas anti-sociales, como el egoísmo que mal se supone nos lleva a maximizar el interés personal y se opone al interés de los demás, por lo que debemos resolver los conflictos mediante la “construcción” racional y deliberada del estado que funcionará como regulador de las relaciones entre los individuos. La concepción de este autor difiere del contractualismo y coincide con la teoría evolutiva de las instituciones, la que nos plantea el estado como una institución surgida como todas –tanto las formales, como las informales o las sociales– no como un designio o imposición del deseo y la voluntad del ser humano como podría ser un contrato, sino como una consecuencia de las múltiples interacciones e intercambios, realizados a lo largo del tiempo. Y no podemos decir científicamente si estas instituciones son buenas o malas, a menos que las observemos desde el punto de vista del efecto que hayan tenido sobre el desarrollo de la humanidad. (Hayek, F. 2016) No es el estado el resultado de una construcción deliberada, como cualquier otra institución, sino el producto circunstancial, de la evolución social y como tal una más entre tantas otras instituciones que surgen como consecuencia de la búsqueda de los individuos de las mejores condiciones para dar respuesta a las necesidades o a sus

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intereses. El hombre nunca creó deliberadamente su sociedad, esta es el resultado de lo que los hombres hacen porque entienden que es bueno para ellos. (Hayek, F. 2016) En la condición de naturaleza, siendo cazadores-recolectores aislados, ocupados cada uno en sí mismo, en su núcleo o familia y en la búsqueda de su sustento, no existía el Estado. Luego se iniciaron acuerdos menores –entre individuos aislados– y previo aprendizaje de las mejores formas que facilitaban a cada uno su propio interés, y permitió (o no) satisfacer también el interés de otros. En el caso de que surgiera un desacuerdo el conflicto y la lucha se hacían presentes. Pronto el hombre comprendió que era más fácil y menos riesgoso para alcanzar sus fines, encontrar formas de colaboración con otros hombres, con lo que la vida de ambos se hacía mejor y las necesidades de todos eran mejor satisfechas. Es probable que los intercambios fueran inicialmente solo de elementos útiles para facilitar la vida diaria, o algunas que implicaran algún grado de colaboración. Pero cada vez se hicieron necesarios acuerdos mayores y entre individuos o grupos para empresas de mayor envergadura. Los intercambios dieron origen a que algunos recursos fueran de uso común (o comunal) y otros de usufructo privado. Esta interpretación de la evolución de las instituciones los cientistas sociales creyeron tomarla de la idea de la evolución de Charles Darwin, cuando en realidad esta idea de la evolución, vino a la mente de Darwin en 1838 cuando estaba leyendo La riqueza de las naciones de Adam Smith. (Hayek, F. 2016) Thomas Hobbes en el Cap. XIII de su obra El Leviatán, (así como en los capítulos I y V Del Ciudadano), se refiere al hombre en estado de naturaleza: “..los hombres son en este punto iguales más bien que desiguales,…lo que los deviene en enemigos pues ambos pueden pretender las mismas cosas, cuestión imposible de satisfacer sin conflicto,..(…)… por lo que la guerra de los unos contra los otros es el estado natural y que obedece a tres diferentes causas: la competición, la seguridad y/o la gloria,..” La búsqueda de la paz es entonces el objetivo principal y para lograrla y sostenerla someten su voluntad y libertad al poder absoluto del soberano. (Hobbes, T 2003:125-129) Probablemente Hobbes haya sido el primer autor que fundamentó el conflicto en el principio de escasez. A su vez fue el primer contractualista en el que los individuos subordinan su voluntad y libertad al monarca absoluto, que debe velar por la paz. Su interpretación del contrato orienta hacia el Estado Absolutista.

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Para John Locke, –que recibió la influencia de Polibio con sus primeras ideas de la división de poderes y también de R. Hooker con las de “tolerancia religiosa” (Forrester, D 2010:342)– el contractualismo se deriva de condiciones similares, pero adelanta que los hombres lo que buscan es el progreso y no tardan en encontrar otros hombres que buscan lo mismo. Y por ello se requiere establecer los límites de la ambición humana, necesarios para garantizar la seguridad y el derecho de propiedad de todos, los que deben ser establecidos por un tercero imparcial. (Locke, J 2014, §13:27) Pero a su vez concibe que el estado de naturaleza nos confiere la propiedad. (Locke, J 2014, §31:49) y expresa que la sociedad civil y la sumisión a un gobierno se justifica solamente para que la proteja. (Locke, J 2014, §124:144) Entre los poderes de gobierno otorga preeminencia al Poder Legislativo (Locke, J 2014, §131:150) y la potestad de los ciudadanos de rebelarse y resistir con la fuerza, si no cumpliera el gobierno con su mandato, o si este fuera injusto o ilegítimo. (Locke, J 2014, §204:236). El contractualismo de Locke dio origen al Estado liberal de Derecho o Estado mínimo en lo atinente a sus facultades y bajo nivel de intervención. (Rosatti, H 2002:20) El pensamiento de Locke se extendió y tuvo influencia sobre la primera generación de la ilustración escocesa: B. de Mandeville, F. Hutcheson y A. Ashley-Cooper. Por su parte J.J. Rousseau (también contractualista), aún destacando la importancia de la libertad, mantuvo una sutil contradicción entre esta y la igualdad. Ello se expresa en la consolidación de la “voluntad general”, que origina un primer contrato “el contrato social”, que resulta de subsumir la libertad de cada ciudadano en el conjunto y que en el mismo y sus propósitos reencuentra la libertad personal. Rousseau confunde moral con política. Supone un hombre inocente y bueno en el estado de naturaleza al que las posesiones vuelven perverso y egoísta. (Rousseau, J J 1999b:69) Fue uno de los pensadores en el que la idea de igualdad tuvo enorme importancia y desde ella surgieron las ideas igualitaristas, de tinte deontológico, que tuvieron gran influencia en Kant, Hegel y en J. Rawls. Por otra parte el contrato social en los términos que lo expresa resulta una ficción, porque lo es pretender alterar con ideas y preconceptos la naturaleza del hombre, o esperar que todos se comporten y acepten de igual modo todas las normas, o asuman similares objetivos de vida, o comportamiento o intereses. Su planteo es desde su origen diferente y contrapuesto a la teoría evolutiva de las instituciones.

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En todo caso la voluntad expresada podría ser la de las mayorías, pero no la voluntad general porque fácticamente nunca será la de todos. Desde esta perspectiva es que da origen al contrato social (Rousseau, J J 1999a, Libro I, Cap. VI). Con esta forma de organización y de control de los vínculos entre individuos se inicia el camino que conocemos como constructivismo que entiende la vida social como predeterminada, planificada y ordenada a determinados fines, previamente definidos. “… los vínculos autoimpuestos por decisión común podrían tener todas las ventajas de la acción concertada…” (Rousseau, J J 1999a:296). El contrato social derivado de la voluntad general de Rousseau transfiere el poder absoluto del monarca al poder absoluto de las mayorías. (Zanotti, G. 2014, Cap.III, párr..6). Ello representa una involución a la idea de limitar el poder absoluto y se convierte en un proceso derivado de la voluntad y del designio humano. Por lo mismo esas construcciones, son deterministas, tanto si responden a la intervención estatal sobre la vida social, como si pretenden ordenar el comportamiento de los individuos. Los procesos de instauración de los estados-nación en Europa y la independencia de los países de toda América, que acompañó la Revolución Industrial en sus dos instancias, provocó enormes cambios tanto en las relaciones de producción, como en las relaciones sociales. Se expandió el comercio internacional y las gentes del campo buscaron en las ciudades nuevas y mejores condiciones de vida. El incremento abrupto de estas migraciones internas aumentó el número de trabajadores, que no pudo ser absorbida por las incipientes industrias. El precio de los salarios bajó nominalmente por el incremento de la oferta laboral y enormes contingentes de población, en condiciones de pobreza, emigraron a los países de América. A mediados del Siglo XIX las ideas de Marx calaron rápida y profundamente en estas poblaciones que se sintieron marginadas y perjudicadas por la denominada burguesía. Estas mismas poblaciones habían visto nacer en Alemania la Social-Politik del Mariscal Otto von Bismark, que inició como un avance para contener la presión de los sindicatos. C. Marx se basó en las ideas de D. Ricardo sobre la teoría del valor. Desde Aristóteles se reconoce en el valor de los bienes un “valor de uso” y un “valor de cambio”. Marx aún reconociendo que no existe valor de cambio si no existe valor de uso, optó por definir el valor de los bienes en función del primero: el valor de cambio y este vinculado a las horas de trabajo utilizadas en su producción. (Cachanosky, JC 2014) De lo que deduce que:

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“..el valor de lo producido es el valor de las horas sociales invertidas en su producción,.. (…)…lo que el empresario con su venta obtiene es una renta indebida (o plusvalía),..” lo que configuraba una suerte de explotación. (Marx, C 2014:108) Para C. Marx las transacciones libres del mercado eran siempre concebidas como de suma “0”: lo que uno ganaba se relacionaba con lo que necesariamente el otro perdía. La plusvalía se asociaba a este criterio, ya que lo que ganaba el propietario de los medios de producción era lo que ganaba indebidamente a expensas de lo que perdía de ganar el obrero explotado. De este punto había solo un paso para llegar a la lucha de clases con el objetivo de derrotar a la burguesía, una guerra revolucionaria, establecer la dictadura del proletariado, para llegar al denominado “hombre nuevo” (notar aquí la similitud con Rousseau), y lograr la igualdad entre los hombres, incontaminados de los males de la sociedad capitalista, que debía fundir la libertad de cada uno en el conjunto social y en el que cada uno reencontraría su propia realización y en igualdad. Una nueva sociedad era necesaria e inevitable según su interpretación dialéctica de la historia. Parea ello era indispensable llegar al poder por medio de la revolución y el Estado sería el propietario de los medios de producción, que siendo del Estado volvían a ser de todos, es decir del pueblo. (Marx, C y Engels, F. 2014) La revolución comunista de 1917, sucedió en la Rusia zarista (un país sin desarrollo capitalista), como un sistema económico-político colectivista –basado en un modelo de pretendida igualdad– y tal lo que predijeron los austríacos (en especial L. Mises y F. Hayek), la planificación centralizada (constructivista de la vida social, económica y política de los individuos), fracasó dado un proceso de producción ineficiente (Mises, L 2010:264) debido a la imposibilidad del cálculo económico ante la ausencia de un sistema libre de precios. (Mises, L 2007:51) A lo que se sumó la incapacidad de contener todo el necesario conocimiento en unos pocos para que puedan planificar y “construir” un rumbo social eficiente. Las limitaciones impuestas al conocimiento y a las capacidades del saber humano se deben a que el mismo se encuentra en condición dispersa y fragmentado entre miles de individuos, lo que debería reconocerse como imposibilidad a la imposición de un pensamiento único. (Hayek, F. 1945:526) Estos, entre otros muchos factores llevaron a que el 9 de Noviembre de 1989 cayera el muro de Berlín, todo un símbolo del fracaso comunista.

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No fueron las cosas tan simples para el capitalismo y la economía de mercado. La crisis del ´29, marcó un hito en el aparentemente incontenible desarrollo capitalista. La resolución del ciclo económico recesivo –que ya había sido anticipado por los austríacos– fue superado gracias a la 2ª. Gran Guerra que reorientó los procesos de producción. Sin embargo las huellas del cimbronazo político y económico quedaron como una marca en la población que políticos mediante, aceptó las interpretaciones que J. M. Keynes propuso en su Teoría general del Empleo, el Interés y el Dinero (1936), en el que aboga directamente por la intervención estatal en la economía en situaciones de crisis, mediante el estímulo a la demanda agregada. Para la clase política este fue un argumento más que suficiente –y conveniente a sus fines– para abrir la puerta de la intervención estatal en forma creciente, permanente y en todos los aspectos de la vida social. El Estado de Bienestar (Welfare State) fue el resultado, que intentó a su modo paliar los problemas a partir de atribuir al estado la facultad de subsanar las fallas que presentaba el mercado y convertirse en el árbitro de las desigualdades y la provisión de bienes. Pero el mismo demostró sus propias ineficiencias y distorsiones, seguramente por la acción de los gobernantes, que se ocuparon de tomar de J.M.Keynes lo que interpretaron que les permitía sostener el paradigma del bien común, pero sin dudas sin descuidar los propios, como pone en evidencia la Teoría de la Elección Pública (TEP). Por su parte J. Rawls (2012) fue un filósofo importante que (influido por J.J. Rousseau) sostuvo un criterio particular de justicia distributiva entendida como “Justicia como equidad”, en su libro Theory of Justice. (Rawls, J 2012:26), Estos hechos fueron importantes en el Siglo XX y marcaron el rumbo y la interpretación política, económica y social del papel del Estado. Los últimos 10 años del Siglo XX resultaron un hervidero de ideas, supuestos y posiciones diversas al respecto. Podrían esquematizarse –si es conducente a una mejor interpretación– en dos grandes líneas de pensamiento que, con matices, se nos presentan antagónicas: una que interpreta que es más eficiente y efectiva una mayor intervención del estado sobre los aspectos relacionados a la vida social, el pleno ejercicio de los derechos colectivos y la actividad económica y otra que por el contrario interpreta que la intervención del estado no tiene la eficiencia que se pretende, que tiene a su vez muchos efectos indeseados en particular en la defensa de los derechos primigenios y que además afecta la actividad económica, de la que a su vez se sustenta. Esta confrontación llegó a expresarse en muchos ámbitos

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académicos y en muchas actividades como: estado vs. mercado. Si nos remitimos a la figura referida se observa como se ha querido esquematizar la funcionalidad de estos conceptos. (Anexo Figura N°13) En los extremos –en un exiguo número– existen quienes pretenden un intervencionismo total y absoluto por un lado y en su opuesto quienes se declaran anarco-capitalistas, con absoluto rechazo por la acción del estado. Pero no son estos representantes de una gran mayoría. Desde la perspectiva del autor cada uno tiene sus propios roles que cumplir. El debate se ha centrado mucho más en los últimos años, sobre la desigualdad, a la que se hace referencia como una condición moral, que es consecuencia inexorable del mercado (aunque siguiendo a J. Rawls, para muchos es inaceptable cualquier tipo de desigualdad) que por sí hace necesaria la intervención estatal y uno de sus instrumentos es la redistribución del ingreso. La búsqueda igualdad es un sentimiento muy fuerte y arraigado en nuestra comunidad y este es el camino que muchos han adoptado para justificar la intervención del estado en múltiples aspectos de la vida económica y social. Como es evidente que la igualdad es un objetivo imposible, entonces se nos habla de “igualdad de oportunidades”, que a mi entender no dice mucho más que lo mismo, ya que fácticamente es imposible ofrecer a todos igualdad de oportunidades y aunque fuese posible, se obtendrían diferencias en los resultados, consecuencia de otros factores. Estamos hablando de diferencias de ingresos, que hacen obviamente al nivel de vida y al acceso a oportunidades diferentes. Resulta difícil aceptar que las diferencias entre las personas son inevitables. Muchas preguntas deberíamos enfrentar para responder esta cuestión pero ello excede el marco de la presente investigación. Pero si hace a la cuestión decir que no siempre el estado logra los objetivos deseados ya que el intervencionismo estatal en muchas oportunidades solo logra igualar para abajo, transfiriendo de unos a otros, pero no logrando mejoras en lo que están en condiciones desventajosas, por su acción ineficiente. El tema en cuestión nos enfrenta a decidir ¿cuánto de la intervención estatal es deseable? Muchos economistas han centrado sus estudios en las desigualdades e inequidades económicas y sociales, que consideran producto de lo que denominan las fallas del mercado que solo pueden ser resueltas por modelos de decidida intervención estatal reguladora. (Stiglitz, J 2000), (Stiglitz, J 2012), (Krugman, P 2009), (Sen, A 2012), (Piketty, T 2014), entre otros.

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En todos ellos la centralidad está en reducir las desigualdades (no en igualarlas, sino en reducir las diferencias), mediante diferentes formatos de intervención estatal en especial para lograr aportes al incremento del capital humano, cuando no a transferencias directas. También debe considerarse que aún en puntos de partida similares la llegada a destino son siempre diferentes, porque las condiciones personales, las habilidades (lo que Rawls llama “la dotación inicial”), son diferentes y orientan diferentes resultados. De hecho hoy en día y según la opinión de este autor el problema más importante y urgente es la pobreza, mucho más que la desigualdad. La idea de reducir desigualdades no parece ser tan importante, como lograr que todos tengan lo suficiente para una vida digna, aún en diferentes niveles de ingreso. Y la intervención estatal, las políticas públicas en nuestro país, han demostrado ser en la mayor parte de los casos inefectivas, o por lo menos no dirigidas en la dirección deseable, si luego de declamar políticas sociales de inclusión por parte del Estado, durante muchos años, existe todavía un 27% de pobreza. (UCA: Inf. estadístico 2013) La pregunta que recurrentemente se formula este autor y que se encuentra en el marco ético, moral y político es: ¿Cuánta desigualdad estamos dispuestos a considerar aceptable? Son de importante consideración las apreciaciones de A. Deaton (2015) quien nos dice que lamentablemente la ayuda que los países desarrollados han brindado desde hace muchos años ha sido ineficaz e ineficiente. Las razones son muchas, pero casi simplificando expresa que: 1) los países que no tienen instituciones fuertes no se desarrollan a pesar de la ayuda, 2) los países que tienen instituciones fuertes se desarrollan sin necesidad de ayuda y 3) de la mayor parte de la ayuda se la apropian las elites locales, sin que los beneficios lleguen a la gente. “…cuando nosotros (se refiere a los países ricos) intentamos ayudar, las consecuencias negativas no intencionadas están garantizadas,…” (Deaton, A 2015:345) Sin embargo la Escuela de Frankfurt representa hoy en día al pensamiento marxista actual, pero aceptando las vías democráticas y con interpretaciones más discretas sobre los postulados comunistas. Ellos se basan en el Marx humanista. Y consideran que el mundo ha evolucionado hacia formas más democráticas, aunque opongan sus reparos. Desde mediados del Siglo XX los países han avanzado hacia modos de relación social de tipo cada vez más democrático. Aunque los inicios del Siglo XXI encuentra pocos países con estados democrático liberales consolidados, en el sentido de que su actividad

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económica es fundamentalmente la economía de mercado, y el estado cumple un rol que puede ser de mayor o menor importancia. Es decir: se convive con formas democráticas diferentes y que orientan una mayor o menor intervención del estado en la economía y la vida social, en particular para el sustento y primacía de derechos y/o la institución de políticas públicas. Sin embargo cada una de estas formas democráticas ha evolucionado en tiempos y con características diferentes, alcanzando diferentes grados de calidad democrática, y diferentes resultados asociados a ello. (Krause, M 2016b:6-8) La democracia es una antigua institución cuyos orígenes se remontan a sociedades tribales no alfabetizadas, hace muchos miles de años, pues alguna forma de democracia primitiva pudo haber sido el sistema político “natural”. (Dahl, R. 1999:16) Ni el Estado, ni el gobierno, ni la democracia son procesos recientes. No son producto de una construcción social, sino el resultado de un permanente proceso evolutivo de ordenamiento social, que no es racional ni deliberado, pues supera con creces la capacidad de los individuos en capacidad de información acumulada y en duración en el tiempo,... (Martínez Mesenger, C. 2006, Cap. IV, Sec. 2: La Escuela histórica del Derecho, párr.8), en el que el hombre participó mediante miles de decisiones cotidianas, en la que buscaba lograr –aunque fuera inconscientemente– (el autor hace uso premeditadamente del término en el sentido psicoanalítico), la satisfacción de sus necesidades y fines individuales. Desde la última mitad del Siglo XX, diversas tipologías democráticas han evolucionado y permitido diferentes formas de convivencia social (tal conocemos como modelo occidental). Aunque no todos lo han hecho de igual manera. La teoría de la democracia tuvo aportes desde la filosofía política, la teoría política y la economía política. Recién a mediados del Siglo XX, la ciencia política se independiza formalmente como tal, e hizo sus propios aportes en muchos campos y en particular en la teoría de la democracia. Tal como mencionara, este autor interpreta desde la teoría evolutiva de las instituciones, como un método explicativo, derivado a su vez de los aportes de otras ciencias como la sociología, la biología y la economía. (Hayek, F 2016) De tal forma la democracia “evoluciona” a partir de los naturales intercambios que requiere y supone la convivencia social, los que no fueron premeditadamente diseñados. El planteo del autor deviene del supuesto que los intercambios que fueron necesarios al hombre para el mejor alcance de sus fines y satisfacción de sus necesidades, eran mejor

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alcanzados en cooperación con otros antes que por intentos individuales, los que a su vez tuvieron requisitos previos. Para el logro de la cooperación fueron necesarias instituciones informales previas. Que surgieron espontáneamente, como consecuencia de la búsqueda por los individuos de alternativas destinadas a fines, que no son dados e inmutables, sino cambiantes en interacción con los de otros individuos que a su vez tienen los suyos, por lo que la dinámica evolutiva constituye en sí misma un permanente proceso de aprendizaje, que conduce por el camino del ensayo y error. Lo que se encuentra y se afianza son los aciertos mientras que se descarta lo que conduce al error. Aquellas normas e instituciones que posibilitan la confianza en cooperaciones posibles y creíbles, son las que perduran y se fortalecen. Es decir: aquellas basadas en el respeto mutuo e irrestricto de determinados derechos, que fueron primigenios porque se alcanzaron a conocer y respetar porque eran útiles a todos: Es decir fueron instituciones resultado de aprendizajes, que hicieron posible la asociatividad y cooperación como base de la organización social, y fueron transmitidos de generación en generación. Fueron sus componentes precisamente –que hicieron posibles los acuerdos– los que permitieron las primeras formas de organización social y luego, persistiendo en ese aprendizaje modelaron la democracia, cuyo objetivo final debiera suponerse: “...el sistema que mejor permita a cada uno de los integrantes de la sociedad el mejor desarrollo de su propio proyecto de vida,.” Esta búsqueda inconsciente es continua, permanente y obliga a elecciones entre alternativas diferentes. Y algunas serán conducentes, otras solo en alguna medida y otras de ninguna forma. Así es que solo se perpetúan, sin ser inmutables, aquellas que son útiles a los fines buscados. Finalmente la democracia es entonces un permanente descubrimiento. (Wohlgemuth, M 2001:241) Los diferentes modelos democráticos, en cada país obedecen a circunstancias políticas, sociales, económicas, históricas y culturales, particulares. Para su análisis el Proyecto VDem (2015), probablemente uno de los más recientes y mayor desarrollo, reconoce más de 400 componentes –con sus respectivos indicadores– en las diferentes variedades y formas de la democracia. (Coppedge et al. 2011:250) Para la mayoría de los autores la teoría democrática moderna acepta un corpus que incluye: a) elecciones regulares, libres, abiertas y competitivas; b) alternancia en el poder; c) sufragio universal y d) garantía del respeto a los derechos naturales. (Mainwaring, S y Shugart, M. S, 2002:21) El corpus democrático es un prerrequisito para una “democracia mínima” (de supuestos básicos). La mayoría de los cientistas políticos han focalizado los 40

procesos de control constitucional para hacer efectivos esos elementos del corpus democrático, que permite una democracia mínima. Pero en muchas oportunidades el control constitucional no es suficiente, porque no se cumple y además son necesarios otros componentes para mejorar la calidad democrática. Así como se parte de los prerrequisitos mencionados para garantizar una democracia mínima, un punto crucial es el respeto a los derechos individuales, ya que de no ser así a nadie cabria ser parte de una sociedad que no se los respeta. Para J. Locke (2014) lo derechos individuales deben ser respetados “porque preceden al Estado, y a la sociedad”. (Locke, 2014§27:45-46) Como se ha mencionado el criterio de este autor difiere según se ha expresado, porque siguiendo la teoría evolutiva de las instituciones interpreta: estos derechos individuales se han alcanzado luego de un largo proceso evolutivo en el que el hombre aprendió que eran útiles a la cooperación y convivencia social en donde podía alcanzar sus fines. La Constitución Nacional (CN) en nuestro país incorpora los derechos individuales explícitamente, que se consideran inalienables, inmanentes e imprescriptibles. El derecho a la vida se considera absoluto y no pasible de reglamentación alguna. “.. el derecho a la vida es un derecho absoluto,.. no admite ser reglamentado, en su propia sustancia está inscripto que no existe ninguna alternativa a su vigencia absoluta,..” (Anexo Entrevistas: a FC:307). Los otros derechos de primera generación –conocidos como derechos individuales– son la libertad el derecho de propiedad y la autonomía de cada uno para decidir su propio proyecto de vida. Todos ellos admiten la posibilidad de ser reglamentados por las leyes. Los derechos individuales resultan inherentes a los individuos como particulares, son derechos negativos y por ello no pueden ser vulnerados ni por otros particulares o personas jurídicas, ni por los gobernantes. Son todos derechos de reconocimiento constitucional, pero también tienen normativamente la posibilidad de ser reglamentados. (Anexo Entrevistas: a FC:307) El Artículo N° 14 de la CN comienza diciendo “…los siguientes derechos sujetos a la reglamentación,..” y los enumera sujetos a la reglamentación por las leyes que dicte el Congreso. El Artículo N° 28 de la CN, dice aproximadamente lo mismo pero con el requerimiento de que con la limitación “no se altere espíritu y sustancia del derecho”. El derecho a la propiedad está sujeto a reglamentación,…” luego es la Justicia la que tiene que establecer si la reglamentación dictada por los diferentes estamentos del estado

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es razonable o no y si en su caso la misma reglamentación ha violado el derecho de propiedad”. (Anexo Entrevistas: a F.C:307) Se debe tener en cuenta lo que se denomina el “orden jerárquico normativo”. En ese ordenamiento en primer lugar se encuentra la Constitución Nacional; luego los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, y los tratados de los Derechos Humanos que tienen también jerarquía constitucional, luego el resto de los tratados internacionales y recién después las leyes nacionales, y así sucesivamente todo el orden normativo que le sigue,.. como por ejemplo: los Decretos Nacionales, las Resoluciones, disposiciones, etc.. y luego toda la legislación provincial. (Anexo Entrevistas: a FC:307) En el año 1994 se procedió a la reforma constitucional, que además de cumplir con los objetivos primigenios acordes con los deseos de los responsables del Pacto de Olivos, se vio teñida con varias desprolijidades, unido a objetivos declamados más allá de la posibilidad de su cumplimiento. (Ekmekdjian, MA 2000:41) En los últimos años se ha avanzado en formulaciones hacia la igualdad ya que los derechos sociales han sido impuestos formalmente por dicha reforma constitucional, (como a su vez por la legislación, o pactos internacionales), es decir que son y se trata de derechos positivos, con lo que se completan los contenidos de la Constitución histórica ya que supera la mera igualdad formal, generando nuevos derechos que son de incidencia colectiva. (Alice, B. 2000:43) Esta misma imposición normativa que orienta a la sociedad hacia la igualdad, supone un grado de conflicto entre los derechos individuales y los derechos colectivos, que necesita un alto grado de equilibrio en los gobernantes para efectivizar a unos sin lesionar los otros, lo que no siempre sucede y el mismo Estado puede vulnerar por las decisiones políticas de los gobernantes. Siempre y cuando se parta de la idea que los gobernantes actúan con total imparcialidad y sin anteponer intereses propios. Lo anterior es referido a que la inclusión de los derechos sociales, por muy buena voluntad que tenga el legislador constituyente y sus proposiciones sean deseables, poco es lo que puede lograrse si no se definen los recursos necesarios para lograrlos. En todo caso es el gobernante de turno quien debe disponer las políticas que le permitan disponer del financiamiento necesario, sin perder el equilibrio presupuestario. Desde su formulación los derechos sociales para su concreción requieren recursos y la conflictividad, en el marco de la mentada redistribución, se encuentra implícita con los 42

derechos individuales. De ello da cuenta que a pesar de la intervención del estado (bajo la decisión discrecional del gobernante), muchos de ellos solo han encontrado una expresión declarativa. Por lo menos debe reconocerse que lo que se expresa no alcanza a muchos, que quedan excluidos. (CN Art. 14bis) (Anexo Entrevistas: a FC:307) Porque en ausencia de ciertos prerrequisitos sociales, ningún arreglo constitucional es suficiente como para evitar una república tiránica. Existen variables internas del funcionamiento de la sociedad a las que se les debe prestar atención y que van más allá de la institución normativa constitucional. Los científicos políticos no han tomado en cuenta muchas veces que “…las variables primordiales y esenciales a las que se deben prestar atención son sociales y no constitucionales”. (Dahl, R., 1989:109). Es por ello que los derechos individuales (y en particular el derecho de propiedad que ha sido siempre el más cuestionado), entran en conflicto incluso desde el mismo estado o con intereses de facciones mayoritarias, si estas y aquel tienden más a la igualdad que a la libertad, conceptos que en su esencia son contrapuestos. Porque si existe libertad es ella misma la que permite a cada uno desarrollar sus propias aptitudes, capacidades, iniciativa, actitudes, preferencias, inteligencia, esfuerzo personal, habilidades y hasta el mismo azar, etc. en todo lo cual somos diferentes y por lo mismo lo serán los resultados. Esta misma concepción sobre la igualdad, que sin demasiado análisis se instala, es la que pone en discusión y cuestiona los derechos individuales, en especial la propiedad. Los avances igualitaristas cuestionan implícita o explícitamente a la libertad (aunque la declamen), pero mucho más al derecho de propiedad, por el erróneo supuesto que lo que uno obtiene es necesariamente restado a otro/s: suponen los intercambios de suma “0” No se evalúa, ni se tiene en cuenta que precisamente la libertad y su consecuencia la propiedad, son los derechos que mejor orientan al desarrollo, que es lo que termina por alcanzar a todos. Cada uno en la búsqueda de sus propios fines facilita los de los demás. La acción política incide en el modelo democrático y se ha desplazado hacia crecientes intervenciones del estado que habilitan que los derechos individuales se encuentren sujetos a las crecientes acciones de los políticos, pero socaban la base social. Parece no comprenderse que todas las formas de propiedad dependen, pues, del "principio de libertad": la propiedad privada, de la libertad individual; la propiedad colectiva, de la libertad comunitaria. Pero esta obliga a subsumir la libertad individual en

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el conjunto y la propiedad colectiva se compromete de algún modo con el "principio de igualdad". (Barceló, J 1993:274) El Estado de Derecho debiera ser la garantía ante las arbitrariedades. El pacto constitucional debiera ser suficiente, por estar en el vértice de la pirámide jurídica. Pero ello no es así porque incluso el mismo es violentado cuando no se lo respeta, en democracias incompletas (o delayed democracies) y los gobernantes toman atribuciones que van más allá de las que debieran. Para lograr una democracia de “alta intensidad” estos conflictos deberían ser superados, avanzando en la calidad de las instituciones y respetando aquellas que los hombres han adoptado luego de un largo proceso evolutivo. Porque si los derechos individuales y en especial el derecho de propiedad es el resultado de un proceso evolutivo –como institución– y así persiste y se lo respeta, es porque ha sido (y es) consecuencia de un aprendizaje y útil para satisfacer las necesidades de los individuos. (Demsetz, H 1967:351-353) Subvertirlo (ya sea por principios, por interés, o por racionalidad constructivista) sin dudas ocasionará grandes prejuicios al desarrollo social, pues no serán creíbles los acuerdos a futuro si no son respetadas esas mismas instituciones que permitieron generar una sociedad en base a la cooperación por el respeto a las normas. Se ha identificado al corpus democrático con los componentes que hacen viable la producción democrática, aunque no son lo mismo. (Coppedge et al. 2011:261) (Anexo Figuras: N°2). Cada país ha evolucionado e institucionalizado los componentes democráticos a su manera. No podríamos decir por ejemplo, que el nuestro es un país nodemocrático, pero sí que lo es con características propias, con algunos de los derechos individuales que la democracia requiere poco afianzados y otros sucesivamente violados. Por ejemplo: “..ni siquiera se respeta la pirámide normativa, como por ejemplo: un secretario de comercio ordena prohibir las exportaciones de carne,.. pero sin embargo la Constitución Nacional garantiza el libre ejercicio de la industria y el comercio, que puede ser reglamentado por ley, pero nunca puede ser reglamentado de tal forma de contravenir la sustancia del derecho, es decir: nunca puede suprimir el derecho,…como igual sucede con el derecho de propiedad,..“ (Anexo Entrevistas: a FC:307) Parecería a priori que nos encontramos en una democracia con características (causa y consecuencia) de una baja cultura democrática, que podríamos encuadrar, en muchos aspectos, como una democracia delegativa. (O´Donnell, G. 2004:61)

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En las democracias más desarrolladas el Estado debe ejercer su monopolio del poder político de una manera que, a través de normas vinculantes y legítimas, es responsable de garantizar los derechos individuales que son parte esencial de una democracia mínima. El liberalismo y el Estado de Derecho no son automática ni necesariamente componentes de toda democracia, o no existen, por lo que ingresan en la categoría de “Iliberal democracies” (Merkel, W., 1999:6) (Anexo Figuras: fig.1). Este autor parte del concepto que el respeto irrestricto de los derechos individuales, así como el cumplimiento de la ley en un Estado de Derecho (para W. Merkel el Rule of Law), la soberanía del pueblo, la limitación del poder de veto entre poderes, etc. constituyen otros componentes y la base de la organización social necesaria en las democracias liberales. (Merkel, W., 1999:6) Muchos otros autores se han ocupado de los modelos de la democracia y de sus perspectivas futuras, ya que se asume que se trata de un proceso dinámico y evolutivo por el que las sociedades, se orientan en el aprendizaje de normas que les permitan la mejor convivencia entre los individuos que la componen, en búsqueda de que cada cual pueda cumplir mejor con sus objetivos de vida. En una sociedad libre, las vidas de la gente tienen un mínimo de coerción estatal, pero no es anárquica. De hecho, la vida en una sociedad libre puede ser dura porque obliga a la gente a ajustarse a las necesidades de los demás. La sociedad libre funciona porque coordina estos deseos contrarios, incentivando a la gente, para satisfacer sus propios deseos a través de satisfacer a aquellos de los demás, sino no tendría cooperación para los suyos. (Ashford, N 2010:4) Una referencia obligada es N. Bobbio (1993) –que formó parte de la

escuela del

politólogos italianos del Siglo XX como N. Mateucci, G. Sartori, B. Rizzi y él mismo– quien nos expone con extremo realismo en sus obras acerca del futuro de la democracia, ya que es testigo que observa los profundos cambios en las democracias de la época. Pero prefiere no llamarlos crisis, sino transformaciones en su evolución hacia el sistema democrático. (Bobbio, N 1993:9) La tesis sustancial que sostiene es que hay un futuro para la democracia moderna, porque allí donde los derechos de libertad han sido reconocidos constitucionalmente, la posibilidad de un retroceso es conjurada por la existencia misma de la democracia. “..siempre habrá una diferencia entre autocracia y democracia, ya que en la primera el secreto de estado es una regla, mientras que en la segunda una excepción, regulada por leyes que no permiten excesos indebidos,..” (Bobbio, N 1993:79) Así es que plantea la supervivencia del sistema democrático, 45

porque “…una vez reconocida la fecundidad del conflicto y del disenso, de la pluralidad de puntos de vista, se llega a la conclusión de que es necesaria para la izquierda una verdadera y propia ´revolución copernicana´, que consistiría en superar el dogma de los sistemas centrados y reconocer el sistema social como un conjunto de interacciones entre grupos con funciones de utilidad que, en cuanto tal, excluye toda concentración de poder que pretenda organizar la vida social de acuerdo con un plan unitario…” (cita a F. Hayek), (Bobbio, N 1993:85) Y sin ambages se sumerge en la controversia central que hemos abordado en el marco conceptual de nuestra investigación: “…para que cualquier sociedad esté unida es necesario introducir algún criterio de justicia distributiva; y aquí como todos saben comienzan los problemas. Distribuir, pero ¿con que criterio? El debate actual sobre el estado social nace de la diferencia entre las respuestas dadas a esta pregunta tan simple,…” (Bobbio, N 1993:88) y sin dudarlo proclama que la antítesis del estado liberal es el estado paternalista-social que cuida a los súbditos como si fueran eternos menores de edad, y prevé su destino. (Bobbio, N 1993:95) El citado autor parece centrar el logro de una efectiva democracia en el reconocimiento de las normas constitucionales. Y seguramente esto es cierto con la salvedad que “gobiernos dominantes”, concentrando el poder pueden eximirse en alto grado de su cumplimiento. (Ollier, M 2015:85) Sin embargo es opinión coincidente de este autor que la democracia aún sus tropiezos y dificultades, tiene inscripto en sus genes sus perspectivas evolutivas de desarrollo a futuro, precisamente porque evolutivamente es el sistema que mejor permite a aprender a perfeccionar sus relaciones de intercambio que hacen a sus fines. Otro aspecto que merece la pena destacar, es que este autor reproduce conceptos que fueron expuestos por la Teoría de la Elección Pública, referida al condicionamiento de los gobernantes, como también sus motivaciones (Bobbio, N 1993:62) y a su vez reconoce el sistema social como un conjunto de interacciones entre grupos con funciones de utilidad, tal como fuera expuesto por la Escuela Austríaca de Economía. (Bobbio, N 1993:85) La democracia argentina (si bien el período de estudio se encuadra en el año 2008) tuvo características con aspectos comunes, a lo largo de los tres períodos de gobierno del matrimonio Kirchner. Al asumir el gobierno el 25 de Mayo de 2003 Néstor Kirchner adolecía de baja legitimidad electoral. Obtuvo el 22% de los votos y la defección de su contrincante le impidió consolidar una clara victoria. A pesar de contar con el apoyo del partido y su predecesor, así como de una población que recién vislumbraba la salida de la crisis, comenzó a construir su propio poder. Con el correr del tiempo los rasgos de

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marcado decisionismo –con facultades como los superpoderes o la utilización de DNU– (Baldioli, A y Leiras, S. 2012a:255), tendieron hacia una presidencia dominante, (Ollier, M 2015:85), características que se fueron acentuando hacia la concentración del poder. (Novaro, M. 2013:301) Si de clasificaciones se tratara, por ejemplo podría definirse la democracia argentina como un modelo populista. Según este modelo solo importa el principio de la mayoría y en principio las decisiones que se adoptan entre alternativas, son las de preferencia por el mayor número, a tal punto puede llegar esta condición, que son consideradas válidas aunque sean contrarias a principios constitucionales. (Dahl, 1989:54-55) Posiciones extremas de políticas populistas han incluso llegado a plantear que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede declarar inconstitucionales Leyes o normas dictadas por el Poder Legislativo (o incluso el Poder Ejecutivo) reales representantes de la “voluntad popular”. Afortunadamente estos planteos no han podido prosperar. Según otros autores, desde 2003 se observa un significativo retroceso para nuestra democracia tal como cabe esperar de nuestra Constitución “liberal”, sin otros cambios que compensen ese retroceso. En una perspectiva de más largo plazo ya hemos visto que los países que más han caído en el indicador de calidad institucional (ICI), han sido Bolivia, Argentina, Venezuela, Ecuador, Belice, Honduras, Guyana y Nicaragua, lo cual denota el deterioro institucional que acompaña, en general, a los proyectos políticos del populismo de tipo bolivariano. (Krause, 2016b:16) Por lo que puede pensarse que la Argentina sigue siendo una democracia pero en un sentido “minimalista”, según este análisis de acuerdo a la clasificación del Proyecto VDem. (Gervasoni, C., 2015:19) Otros autores apuntan a que la democracia argentina se caracteriza particularmente por su baja institucionalidad, y que la calidad institucional se ha deteriorado gravemente en los últimos años. (Abram, A. 2011, Seminario). (Zovatto, D 2015) Además el período en análisis de estos estudios referidos a la calidad institucional es entre 2007 y la actualidad, lo que constituye los dos últimos períodos presidenciales. En el informe sobre calidad institucional M. Krause (2015) también refiere que se ha podido proyectar los indicadores desde 1997. En el período 1996-2005 la Argentina retrocedió en su puntaje (-93). (Krause, M 2015:7) y en el período 2005-2015 el retroceso argentino ha sido de (-56). (Krause, M 2015:10), (RELIAL Inf. ICI 2015)

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En el transcurso de su mandato (a partir del año 2007 en que fue electa) la Presidente Cristina Fernández de Kirchner –en un país hiper-presidencialista– aún con una gran concentración del poder, considerada como una presidencia crecientemente dominante, (Ollier, M 2015:85), si su hubieran respetado las libertades políticas y económicas seguramente el deterioro institucional no debiera haber ocurrido. Del análisis del informe se desprende que Argentina aceleró su deterioro relativo en los últimos años en relación al resto de los ‘perdedores’. (Krause, M 2015:11) “Las sociedades han avanzado y retrocedido en el marco de una senda general de progreso que se desatara sobre todo a partir de los cambios institucionales que limitaron el poder, garantizaron el respeto de los derechos individuales y permitieron el despliegue de la creatividad y el esfuerzo humano para superar los límites que nos impone la escasez,..(…)…Después de muchos años se ha vuelto a comprender el papel que las instituciones cumplen. Incluso organismos internacionales han comenzado a prestar atención a estos temas tras décadas en las cuales dieron prioridad a la ayuda internacional, la inversión en infraestructura y el subsidio a actividades que no poseían una ventaja comparativa y cosecharon inoperancia o fracasos”. (Krause,M 2015:4-16) Nuestro país no es un país no-democrático pero su retroceso en los indicadores de calidad institucional fue persistente y eso ha sido causa y consecuencia del deterioro de nuestra democracia, con su subsecuente impacto en lo económico y social. Casi todos los autores se han centrado en el análisis de modelos democráticos, haciendo pié en el “corpus democrático” y solo recientemente los análisis se han ocupado de los componentes que lo hacen posible y que dependen en gran medida de la forma de gobierno. No existe un modelo “ideal”, que satisfaga a todos, pero sí existen bases conceptuales ineludibles que hacen a una democracia más o menos eficaz. Como hemos mencionado el corpus democrático, lo que permite partir de un mínimum es aquel que cuenta con elecciones regulares, libres, abiertas y competitivas, permite alternancia en el poder, establece el sufragio universal y existe respeto a los derechos individuales. Pero ello es un punto de partida, la calidad democrática se enriquece a partir de la satisfacción de sus componentes. Nos referimos por ejemplo a: las formas de interacción entre el líder y sus seguidores, la legitimidad democrática de origen, el reconocimiento o extralimitación de límites institucionales, la efectiva separación de poderes, el grado de representatividad política,

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el decisionismo gubernamental y la discrecionalidad en la adopción de las políticas públicas, la transparencia de las acciones de gobierno, el sistema de partidos o procesos movimientistas, la orientación ideológica, el respeto por las minorías electorales, el monopolio del poder político, el respeto a las libertades y en particular a la libertad de prensa, la garantía de los derechos de propiedad, la voz y rendición de cuentas (accountability) por parte de los gobernantes, no solo electoral sino también por parte de los organismos de control y la libertad económica. (V-Dem 2016) La libertad es un bien deseable, posible y necesario para todos. La igualdad solo es posible en el ámbito de lo político –un individuo es igual a un voto– y en el marco de lo jurídico: la igualdad ante la ley. Lo demás son demandas de la sociedad igualitarista y demagogia de los políticos. (Anexo Entrevistas: a AR:302) El individuo es anterior e independiente del poder político y por consiguiente debe anteponerse su libertad frente al poder político. “..esa combinación de democracia y libertad, constituye una segunda gran concepción matriz, de la ´democracia-liberal´,..” (Strasser, C. 1991:54) El gobierno debe considerarse además como un grupo de personas que son elegidas para la administración del estado y sus conductas de ningún modo siempre son reducibles a normas o supuestos predecibles, ya que encarnan otras, que son las suyas, de las que son portadores,..(…)…por lo que las acciones de gobierno pueden incidir recíprocamente sobre la naturaleza del estado y, en mayor o menor medida, confirmándolas o redefiniéndolas,….(…)… La forma de gobierno que se adopte, determina condiciones democráticas diferentes, lo que significa oportunidades, las que conducen a resultados sociales…” (Strasser, C. 1991:26) Nuestro país incorporó a su CN los derechos individuales con limitaciones al Estado de violarlos, pero en nuestra democracia de tipología populista (influenciada por los idearios de la revolución Francesa) se promueve más la idea de igualdad sustentada en los “derechos de las mayorías”, suponiendo a su vez que todos los derechos “proceden” del Estado.

Los

individuos

encontrarán

provechosa

la

posibilidad

de

organizar

colectivamente una actividad cuando esperen que puedan incrementar su utilidad individual a través de la acción colectiva, o cuando consideren que pueden eliminarse costes externos de las acciones privadas y/o cuando la acción colectiva pueda asegurarle algunos beneficios externos. (Buchanan, J & Tullock, G 1993:70) En su auténtico sentido

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la clase política participa de esta preferencia por la igualdad, porque para los individuos minimiza el riesgo que implica la acción individual (los costos externos de las acciones privadas) y para la clase política justifica la intervención del estado del que se espera todo y recibe los beneficios implícitos en el intercambio. Recibiendo como contraparte las preferencias del voto de las mayorías. Desde la perspectiva de la Escuela de la Elección Pública esta relación es vista como un instrumento a través del cual el ´poder´ de todos los participantes puede incrementarse, es decir: la capacidad de imponer cosas que son deseadas por los hombres,.. (Buchanan, J & Tullock, G 1993:49-50) Este es un conflicto persistente en muchas democracias que quedan sujetas a demandas sociales, que los gobiernos populistas pretenden solventar ilimitadamente, presentando al gobernante como el benefactor que las resuelve, porque distribuye discrecionalmente recursos de todos, con lo que los problemas tienen de esta forma solo perspectivas de agravarse en el tiempo, ya que los recursos con que cuenta el estado son limitados. Cualquier gasto público debiera poder financiarse solo con impuestos, y con los límites que esa fuente tiene, porque cualquier otra forma implica consecuencias. El presupuesto pasó a ser una herramienta de política económica y no el resultado fiscal de la administración de la cosa pública. La disciplina económica brindó la justificación teórica para que los políticos utilizasen el gasto público como herramienta política para ganar votos. (Cachanosky, N 2015, Cap.2:50) El debate es actual, y fuente de frecuentes tensiones entre los derechos de las mayorías (aun si solo fueran declamados, aunque incumplidos) y los derechos individuales. Entre estos el derecho de propiedad ha sido el más cuestionado. Porque se parte del supuesto que “..los ricos lo son siempre a costas de los pobres,..”. El concepto de plusvalía a pesar de ser erróneo –por ser errónea su primigenia teoría del valor-trabajo– y haber sido sustituido por la teoría marginalista (o “teoría del valor por su utilidad marginal”), expuesta por C. Menger, primer referente de la (EAE) Escuela Austríaca de Economía, sigue persistiendo en el pensamiento colectivo, como en muchos e incluso en el mundo académico. Tal vez debido a su simplicidad conceptual e interpretativa. Y además porque da una respuesta fácil a preferencias ideológicas orientadas a la igualdad. Es de desear que esta posición no sea aprovechada por los gobernantes, porque a su vez facilita sus deseos intervencionistas, de tal forma que en muchas oportunidades se llevan adelante acciones políticas y políticas públicas que afectan las actividades económicas de los individuos, así como en el caso de nuestra investigación lesionan los derechos de

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propiedad, lo que es de suponer, por lo expuesto, que el no respeto a una institución primigenia y además valorada para garantizar intercambios creíbles, sin dudas traerá consecuencias indeseadas y efectos colaterales no esperados. La democracia existió, en las comunidades tribales, desde antes que los griegos efectuaran las primeras consideraciones sobre ella. Es fácil imaginar a los individuos participando de las deliberaciones políticas, de tal manera de concebir esta participación como la forma esencial de libertad y eligiendo en forma directa a sus gobernantes. A ese formato de libertad de participación en el conjunto –practicada por los griegos– la conocemos como “libertad de los antiguos” y a su forma de participación y elección la conocemos como “democracia directa”. Esta situación era obligada por las condiciones: geográficas y demográficas. (Dahl, R 1999:18) La modernidad derivó de las democracias directas a las representativas, con sus dos reglas “primarias” que establecen: “la decisión de quien puede tomar las decisiones colectivas” (la representatividad) y su elección por la “regla de la mayoría”. A medida que la democracia encontró formas de adaptación evolutiva a nuevas circunstancias, se fueron incorporando al corpus y a las reglas, sus componentes según fueran mencionados, que cuanto más y mejor, definen una democracia de mayor desarrollo y mejores resultados sociales. (Coppedge et al. 2011:264) Los gobernantes son individuos, con sus virtudes y defectos, que en nada deben considerarse demasiado diferentes. Sin dudas existen gobernantes bien intencionados. Pero en el ejercicio del poder las buenas intenciones no bastan. Con seguridad ellos son a su vez partícipes de la búsqueda de su utilidad marginal, que siendo subjetiva atiende a satisfacer los valores que hacen a sus preferencias. Eso no excluye que atendiendo las demandas de la sociedad, ello coincida con satisfacer las suyas. Pero en todos los casos deberá elegir entre alternativas, porque siendo los recursos limitados, las políticas públicas deberían ser siempre “elección de prioridades”. Desde los estudios de Buchanan & Tullock para el análisis de esta hipótesis contamos con los aportes de la Teoría de la Elección Pública (TEP) referidos al comportamiento de los gobernantes y sus elecciones en relación con la sociedad. La obra de ambos es prolífica pero los elementos básicos de la teoría se exponen en El Cálculo del Consenso (Buchanan & Tullock, 1993), en Los Límites de la Libertad, (Buchanan, J 1981) y en Theory of public choice (Buchanan, J 1972)

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La conducta de los políticos resulta la misma que la de los seres humanos en sus relaciones sociales, con el agregado de los incentivos y facultades a las que los habilita la función que cumplen. Ese comportamiento –frecuente en la acción política– determina acciones no óptimas (eficiencia supuesta del óptimo Paretiano) y diferentes consecuencias en los componentes y en la democracia. La Escuela de la Elección Pública continúa sus estudios en la materia y se encuentra representada hoy por autores como R. Garrison, R. Holcombe, P. Leeson y V. Vamberg, entre muchos otros, cuyos aportes forman parte del marco teórico, como parte del análisis de las fallas del estado y del análisis comparativo del objeto empírico de estudio. Por otra parte se toman en cuenta los principios de la Escuela Austríaca de Economía (EAE), que deriva de varias fuentes que la antecedieron, pero en particular inicialmente de los autores de la segunda Escolástica, y luego los de la ilustración escocesa. La EAE fue iniciada a fines del siglo XIX por C. Menger siendo uno de sus primeros aportes la ley de la utilidad marginal (que en forma simultánea enunció con W. Jevons y L. Walras), sus trabajos continuaron con Eugen von Böhm-Bawerk y Friedrich von Wieser. Ya iniciado el Siglo XX se destacan L. vonMises y F. Hayek, por sus múltiples aportes y hasta la actualidad que presenta investigadores y docentes –como R. Garrison, R. Murphy, S. Horwitz, entre muchos otros– que han extendido sus enseñanzas en todo el mundo, con valiosos aportes, como por ejemplo: la praxeología, la teoría subjetiva del valor de la que deriva la ley de la utilidad marginal, la interpretación de los ciclos económicos, la catalaxia y el comportamiento en el mercado, la teoría evolutiva del dinero y el crédito, la teoría monetaria, teoría del Estado, entre muchos otros. La Escuela Austríaca de Economía es una escuela humanista y multidisciplinar que desarrolla sus aportaciones partiendo del ser humano. (De Soto, H, 2001), (Hoppe, HH, 2014), (Rallo, JR, 2015), (Huerta de Soto, J, 2012), (Hazlitt, H, 2012) y muchos otros. El desarrollo de los conceptos más importantes de la EAE son parte del marco teórico. En los regímenes democráticos de la actualidad la oposición entre libertad e igualdad sigue siendo hoy un tema controversial. El criterio de igualdad de una u otra manera ha encontrado la forma de insertarse en el mundo occidental, y aunque no diera origen a regímenes totalitarios, siempre los gobernantes se encuentran –ante la implementación de políticas públicas– en el dilema de hacer prevalecer el interés general, según su propia

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interpretación del mismo, con criterios de Justicia Social o distributiva aunque vulnere otros derechos. (Hayek, F 2013:265) (en nuestro caso, el derecho de propiedad). La social-democracia ha sido el medio de insertar estas ideas de igualdad en las democracias constitucionalmente liberales. El conflicto se hace evidente y mucho más en algunos países –en particular latinoamericanos– en los que se han instalados en los últimos años democracias de tinte populista, –una aproximación atenuada a formas de constructivismo socialista– y por supuesto con pensadores que sostienen su legitimidad desde lo ideológico. (Laclau, E. 2008), (Laclau, E. 2005), (Alayón, N 2014) o el maduro y contrapuesto diálogo entre Badiou, A y Gauchet, M. (Badiou, A & Gauchet, M. 2015. Una política pública es un conjunto de medidas concretas que conforman la verdadera sustancia de esa política. Comprende decisiones y formas de asignación de los recursos, cuya naturaleza es más o menos autoritaria, o si se quiere coercitiva. Porque ya sea explícita o tan solo latente, la coerción está siempre presente. Desde lo teórico una política pública se inscribe en “un marco general de acción”, lo que permite distinguirla de simples medidas aisladas. Aunque también puede entenderse que toda medida tomada por el gobierno es una política pública ya que si bien puede parecer una medida aislada, casi siempre se enmarca en un contexto más amplio del que toma influencias y sobre el que tiene consecuencias. Todo el problema es entonces si el marco general debe ser concebido de antemano por el decisor (o policy-makers) o reconstruido a posteriori por el investigador. Una política pública tiene “un público” (o unos públicos), es decir: unos individuos (o grupos) cuya situación será afectada por esta política. Finalmente una política pública define obligadamente metas y objetivos, para lograr efectos definidos en función de normas y valores. Una política pública no es entonces un dato sino un hecho construido por determinadas causas y con determinados objetivos. Una política pública no es entonces siempre la que anuncia el decisor, porque puede tener como razón un hecho explícito u otro latente, e incluso tomar la forma de una “no decisión”. (Muller, P. 2010:Cap.I, Sec. IIIA, párr.2-7) Es el estado el eje a partir del que se desarrollan las políticas públicas. Pero no necesariamente el único partícipe. De hecho muchas ONG´s –muchas veces autónomas y autárquicas y otras subsidiadas por el estado– son parte activa de las mismas. Muchas veces con eficiencia y eficacia en la asignación de recursos y sus resultados y otras veces sin estar a la altura de las circunstancias. De cualquier manera en opinión de este autor

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resulta importante que exista esta forma de participación y ejecución de políticas por parte de los ciudadanos o sus organizaciones. El concepto al que nos referimos es que no todas las políticas públicas son llevadas adelante por los gobiernos, pero todas las acciones de gobierno son en sí mismas políticas públicas –cuando no son medidas aisladas y responden a un dato o a salvar cuestiones menores– y este es un tema de suma importancia, porque en todos los casos las políticas públicas requieren de recursos para su financiamiento (me estoy refiriendo a recursos económico, humanos, tecnología, equipamiento, insumos, etc), que en todos los casos son recursos del estado que financiamos todos. En el imaginario popular existe la creencia que las políticas públicas son tomadas y decididas por los policy-makers, o en particular por los gobernantes y que ello se debe a su implícita dedicación a lograr el bienestar general. Lo que en general se desestima es el peso decisorio, de implícita complejidad, que la burocracia estatal tiene por sí misma. En realidad y tal hemos expuesto las decisiones que los gobernantes toman son las que presuponen más eficientes entre alternativas, pero sin que ello exima los resultados que ellos mismos requieren para la maximización de la utilidad de sus preferencias. Esto resulta de suma importancia pues entre sus preferencias seguramente están por ejemplo: aquellas que le promueven mayor cantidad de votos, sin que sean en sí mismas las que promuevan mayor bienestar a los ciudadanos. Es decir que en este caso el gobernante privilegia su propia función de utilidad antes que la de los ciudadanos. Otro aspecto a considerar es que toda implementación de políticas públicas supone una idea de cambio social. (Meny, I & Thoenig, JC 1992:96) Es decir: se parte de una situación dada en busca de otra que se considera mejor. Y para ello se buscan datos, informes, antecedentes, y se efectúan cálculos respecto de las medidas y acciones a tomar, tanto del beneficio, como de las consecuencias. Si la presunción es positiva el gobernante no se privará de anunciarlo como un logro a futuro que satisface las expectativas de la gente, aunque nunca se tenga certeza del futuro y probable resultado. Y por lo tanto, se debe tener en cuenta que la planificación tiene sus límites, que están dados por la ausencia de suficiente información por parte de los decisores: nunca pueden ser tomadas en cuenta la totalidad de las variables que intervienen. Y no es posible anticipar con total certeza la variación de cada variable en el tiempo, ni la interacción entre las mismas, ni la aparición de nuevas no contempladas 54

inicialmente. Ello imprime un alto marco de incertidumbre a las políticas públicas, lo que no siempre es tenido en cuenta. El decisor en general considera que puede intervenir y controlarlo todo. Aunque ello no es siempre así. (Hayek, F 1991:142) Lo anterior no significa que no puedan ser implementadas, lo que F. Hayek nos anticipa es que debe superarse el desmedido triunfalismo, y la creencia absoluta en “la razón del decisor”, en todo caso su decisión siempre encuentra ciertos límites, frecuentemente muy amplios y –vinculados a sus propias capacidades y psicología– también a que cualquier programa que se lleva a cabo depende de diferentes estamentos de gobierno de diversa índole, con diferentes visiones y participación en el problema a tratar y a su vez con diferentes intereses (también vinculados a las relaciones personales) y con diferentes “tiempos”. (Hayek, F 1991:117) Es por ello que las políticas públicas requieren de una activa interacción y de “progress, evaluations, feed-backs and new reschedulings” (avances, evaluaciones, retrocesos y nuevas reprogramaciones), en cada momento del proceso y un pensamiento basado en un racionalismo crítico permanente. De otra forma sería necesario un ceteris paribus imposible en la vida real. Con las técnicas de “ensayo y error”, nuestra civilización ha avanzado evolutivamente. Es bueno tomarlo en cuenta cuando se implementan políticas públicas porque en su caso de los errores quedan muchas heridas, de las que a veces es difícil recuperarse. O desde otra perspectiva una política pública puede servir para encubrir otras cuestiones que el gobernante pretende que no se conozcan lo suficiente. Esta discrecionalidad en las decisiones de políticas públicas es tanto más frecuente cuando más nos encontramos en el campo de las democracias incompletas o en las defective democracies (Merkel, W 1999:6), en ellas es más probable que por una concentración del poder en gobiernos dominantes (Ollier, M 2015:85), el gobernante se sienta mucho menos restringido y sea presa de “la fatal arrogancia” (en el sentido de Hayekiano), y no repare en las consecuencias de sus decisiones. Si el gobierno se extralimita en su poder pierde de vista sus objetivos por eso el gobierno debe ser limitado en sus facultades. (Hamilton, A., Madison, J & Jay, J. 2012, X:49). Para evitar que el gobierno se extralimite, será bueno que esté dividido en distintos poderes que se contrapongan. (Locke, J 2014 §143-149:169-174). Aunque se otorga fundamental importancia al Poder Legislativo. (Locke, J 2014 §135:157) 55

“Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, sobrarían, lo mismo que las contralorías externas o internas del gobierno. Al organizar un gobierno que ha de ser administrado por hombres para los hombres, la gran dificultad estriba en esto: primeramente hay que capacitar al gobierno para mandar sobre los gobernados y luego obligarlo a que se regule a sí mismo,..(…)…así los diferentes estamentos de gobierno se tendrán a raya unos a otros, al propio tiempo que cada uno se regulará por sí mismo,..” Es decir: controles y contrapesos. (Hamilton, A., Madison, J & Jay, J. 2012, LI:202-203) Nuestra constitución ha acogido el sistema clásico de la llamada división de poderes, consistente en el reparto de órganos y funciones dentro de la triada que la constitución formal compone con las denominaciones de “poder legislativo” - “poder ejecutivo” “poder judicial”, …(…)…La división de poderes en nuestro derecho constitucional responde a la ideología de seguridad y control que organiza toda la estructura de contención del poder para proteger a los hombres en su libertad y sus derechos. Es importante reconocer que esta división debe interpretarse en torno de la finalidad básica que persigue: evitar la concentración que degenera en tiranía (o totalitarismo), y resguardar la libertad de los individuos. (Bidart Campos, G. 1995, TII:17) Pero como hemos mencionado si un gobierno se vuelve progresivamente autoritario y va más allá tomando posiciones políticas dominantes, de poco sirven muchas veces los controles constitucionales y más cuando pueden ser evitados dictando normas de menor jerarquía que contravienen la jerarquía de la pirámide jurídica. Es así que las políticas públicas nos presentan a priori varios problemas a resolver: 1)

¿Cuál es el grado y tipo de evaluación realizado sobre su conveniencia, eficiencia

y eficacia para resolver los problemas en pos del bienestar general? 2)

¿Cómo se han tomado las decisiones entre alternativas diferentes? Lo que implica:

¿Qué criterio de primacía o prioridad ha privilegiado la elección? 3)

¿La política pública elegida resulta la mejor opción explícita?, ¿Es posible

suponer que guarda causas u objetivos no informados, u oculta otras? 4)

¿Es posible suponer criterios de eficiencia en los que se obtenga como resultado

una situación mejor para que no empeore la situación de todos –sin comparar funciones de utilidad que son siempre subjetivas– o incluso imposibles de análisis de costos y beneficios? (Krause, M 2016a) 56

Toda política pública implica una transferencia de recursos de unos grupos hacia otros. Son presentadas con la idea que las intervenciones gubernamentales en políticas públicas tienen el objetivo de mejorar la situación los más desfavorecidos, sin que se perjudique a nadie, lo que de hecho es una falacia, porque los recursos necesarios los pone alguien, algunos o todos. Se justifican –cuando son direccionadas– en que las desigualdades son injustas, sin considerar que las desigualdades son generadoras de renta, cuando las políticas incentivan las iniciativas y capacidades personales, en vez de generar dependencia distributiva discrecional, a criterio de quien las implementa. Por este argumento que se criminaliza la riqueza: “para que haya ricos debe haber más pobres”. Y esa interpretación, además de falaz es malintencionada, y a su vez responde de considerar la economía como estática, cuando en realidad es un proceso dinámico, que depende de muchas variables, pero cambia permanentemente (los stock de capital, trabajo y renta están en permanente cambio) y las diferencias estimulan a los más desfavorecidos a mejorar, porque les permite vislumbrar la posibilidades y desarrollar sus capacidades para encontrarlas. Que en general, la mayoría librado a sus propias iniciativas y a poco de vislumbrar un camino, con muy poco que se le provea alcanza en diferente medida y en función de sus propios objetivos. En vez de medidas distributivas que intentan modificar lo asignado retributivamente que generan dependencia de aquellos que reciban hacia aquellos que distribuyen. Y por lo mismo compromete su futuro de crecimiento autónomo. A la vez que se potencia la envidia y el resentimiento derivados de la creencia que solo merecen la dádiva por ser pobres, y lo son porque los ricos se han quedado con lo que les hubiera pertenecido. Las transacciones son de suma “0”: lo que uno tiene es porque se lo ha quitado a otro. Que las políticas públicas deben existir no cabe duda, que las mismas deben ser prioridades en función de estimular el desarrollo individual y no la dependencia, como que deben servir más a la gente que a los que las implementan, y que el accionar del estado debe ser limitado y controlado, ya es una obviedad. Las políticas públicas suponen, –además de las implícitas al estado– que no se debe ir más allá de aquellas que permiten el desarrollo general del país como obras públicas y energía (muchas de las que a su vez pueden ser –y son– ejecutadas a través del sector privado), como también de manera subsidiaria las de salud y educación.

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Los planes de asistencia deben existir para los absolutamente desamparados, en lo posible de manera transitoria y buscando generar oportunidades de desarrollo autónomo e independencia social, en todos los aspectos que cada uno sea capaz y solventando aquellos en los que esto no sea posible. Todo exceso en este aspecto genera clientelismo político y anula las perspectivas individuales, comprometiendo el futuro de todos. Hay que pensar que cuando el estado interviene siempre utiliza recursos que son de todos. Y de su uso ineficiente e ineficaz también surge una injusticia para todos. La Justicia distributiva rawlsiana no tiene una mayor, ni mejor perspectiva. Los mecanismos distributivos implican una intervención del estado en la economía. Y aquí se nos plantea la pregunta expresada antes: “..ante un requerimiento de justicia distributiva: distribuir,.. ¿Pero con qué criterio?,..” (Bobbio, N 1993:88) Por lo que se hace evidente que en muchas oportunidades – probablemente la mayoría– las decisiones de políticas públicas resultan discrecionales, cuando no arbitrarias. Y ante el supuesto de servir a la gente se crean programas, bajo la dirección de quienes dicen conocerlo todo, que requieren funcionarios y organismos del estado que se multiplican cuando no son a su vez gigantes burocráticos, que sirven más a los que emplean, que para resolver las reales necesidades de la gente. Entre el 2002 y el 2014 el empleo público (Nación, Provincias, y Municipios) pasó de 2.387.193 a 4.026.566. ¿Cuál sería el nivel de desempleo sin el empleo superfluo del estado? El empleo público que no produce riqueza es símil a contratar desempleados para cavar pozos. (Cachanosky, N 2015 Cap 5:120), (Anexo Figuras N°7 y 14) Esto explica porqué la intervención del estado en la economía –que ha sido creciente– y por supuesto que no es gratuita: tiene costos económicos, como tiene otros sociales. Sean visibles o no. Pero en el interés del gobernante su utilidad también está en disimular la visibilidad de esos costos y poner en evidencia los beneficios esperados. Para los intervencionistas el problema del gasto público no es importante, y pueden suponer que cualquier gasto que realiza el gobierno es legítimo. Esto es propio (aunque un exceso interpretativo) del pensamiento keynesiano al que los gobiernos son tan

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afectos. Ya la Escuela Austríaca de Economía explicaba desde hace más de cien años las causas y consecuencias del mal manejo del dinero y el crédito en el ciclo económico. De la misma manera hoy muchos economistas que coincidían en el intervencionismo, de raigambre keynesiana, están descubriendo aspectos que antes ignoraban como el papel que las ideas, los valores, las costumbres, la cultura, (es decir: las instituciones formales, informales y sociales), cumplen en la toma de decisiones por la acción humana. Este marco de análisis tiene consecuencias, que entran en conflicto con el análisis económico tradicional neoclásico. Los objetivos de un individuo no son únicos, los individuos pueden inspirarse en múltiples y diversas motivaciones, asociadas con objetivos diferentes. Los objetivos de un mismo individuo no necesitan ser totalmente coherentes con los distintos motivos. Los objetivos de un individuo no son dependientes solo del contexto. Los contextos cumplen un papel en activar las motivaciones. Y no son solo motivaciones vinculadas al interés propio ya que también le preocupan sus relaciones con los demás, formadas por sus identidades. Los objetivos de un individuo no necesitan ser estables, pueden cambiar en el tiempo. Tampoco su entorno es objetivamente observable, ya que el individuo es actor en su construcción. Los individuos no son racionales con los medios y fines ya que utilizan solamente fines y medios que son de su interés, no siempre económico. Aspectos que ya hace muchos años planteara la Escuela Austríaca de Economía. (Akerlof, G y Snower, D 2016:22-31) Para estos autores según los criterios de eficiencia de Kaldor-Hicks, son los que un resultado se considera más eficiente si un resultado óptimo de Pareto puede ser alcanzado por una compensación suficiente desde los que quedaran en una situación mejor a los que quedaran peor para que todos no terminen peor que antes. Y ello importa a los fines que se no involucren comparaciones de utilidad para promover políticas públicas que responden a las valoraciones de quienes las proponen, y no de un cálculo de costos y beneficios que es imposible. (Krause, M 2016a) En nuestro país hoy la concentración de poder del gobierno se materializa fundamentalmente a través de tres líneas de acción. En primer lugar en el disciplinamiento de las provincias mediante la manipulación de las transferencias del Régimen Federal de Coparticipación Impositiva (como a su vez por las trasferencias agregadas o no condicionadas), dando por tierra con el mentado federalismo. En segundo

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lugar en el control del partido de gobierno a partir de la obligada ´lealtad partidaria´ expresada en especial en el Congreso; que en realidad también nos dice que los legisladores –que muchas veces ejercen una extrema defensa de posiciones a las que se ven obligados– están luchando por mantener su propia carrera política, digamos sus propios intereses: de su ´lealtad´ depende ser mañana considerados para su reelección o ubicación en otros cargos. También los representantes del pueblo: los legisladores, toman sus decisiones dadas sus propias funciones de utilidad. Cuando no existe un arquetipo fijo, no hay restricción conceptual sobre el campo de actos a realizar por el representante. La representatividad tiene en este punto demasiadas cuestiones que resolver. (Riberi, P 2014:69-72) La situación de la representación política se encuentra en un complejo entramado de nostalgias, desaciertos y fracasos inevitables. (Riberi, P 2014:486) En países de pocas oportunidades o cuando ellas se limitan y restringen, la carrera política desarrollada a partir de una partidocracia que en gran medida estima las ideas como fines accesorios o complementarios, se convierte en una alternativa atractiva por sus incentivos, que son el acceso a cargos políticos. Y en tercer lugar del control de los otros poderes del estado. El más accesible el legislativo, cuando existe mayoría parlamentaria y un partido dominante, posibilitado por un sistema electoral (las listas sábana), con la que el líder ´arrastra´ a ignotos personajes que ocupan bancas que luego les retribuyen (y se retribuyen) con el voto legislativo obsecuente través de mayorías electorales circunstanciales y dependientes, hasta con cuasi-formato clientelar. Así se puede sospechar porqué algunos presupuestos normativos de la representación política y de la legitimidad del poder no siempre son tan plausibles como a primera vista podría pensarse. (Riberi, P 2014:77) ¿En qué medida y con qué margen de maniobra los legisladores representan los intereses de sus representados? ¿Son acaso la medida del promedio de sus preferencias? El más difícil pero posible y deseable es el siempre pretendido control de la justicia. En nuestro caso la composición en exceso política del Consejo de la Magistratura es un ejemplo suficiente. (Anexo Entrevistas: a FC) El punto de dominio del Poder Judicial es grave en exceso y no solo por lo que a los considerandos republicanos merece, sino porque incluso se ha llegado a plantear que ningún poder puede controlar o emitir un fallo en contra de la ´voluntad popular´, esto es decir que también se supone que el Poder

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Judicial no debería invalidar los actos de quienes son los representantes de esa voluntad: los probos legisladores sumisos al poder del gobierno de turno. Aunque los tres poderes debieran funcionar con total independencia y controles de uno sobre otros, en democracias en déficit esta es una gran deuda pendiente, difícil de desentramar, que afecta la calidad de las instituciones democráticas, hace al interés de la muchos en la clase política y afecta la legitimidad de la representación, en particular el papel de la Justicia que resulta el último resguardo contra las arbitrariedades del poder. La concentración de poder no obliga al gobernante más que a algunas transacciones e intercambios, pero si a construir un discurso para obtener las adhesiones populares a sus proyectos. El ejemplo más evidente es el que se logra prometiendo (o realizando) transferencias no automáticas en acuerdo con los gobernadores, para que estos realicen obras a cambio del apoyo legislativo de sus senadores y diputados. Afortunadamente nuestra organización política –aunque tiene en este sentido una alta elasticidad– también tiene sus límites y aún sus dificultades en el largo plazo logran compensar los desequilibrios, que impone la discrecionalidad política. Por otra parte los acuerdos, cuando existe diversidad de voces, no son un problema sino una oportunidad. La necesidad de alcanzar acuerdos requiere un cambio en la cultura política que eluda la trampa de la imposición hegemónica y la dependencia de la lealtad partidaria. El Congreso debe llegar a ser un lugar de voces múltiples, de argumentos contrapuestos y de soluciones posibles, que solo puede darse en el mercado libre de las ideas. Y ello puede darse solo de forma dinámica y cambiante, en permanente evolución de las que se obtengan las mejores opciones que como intercambios resulten de suma positiva. No hay que temerles a los acuerdos; hay que temerles a los acuerdos en los que se trafica con la impunidad y los intereses de grupos. Cuando en los acuerdos ingresan estos componentes en el Congreso de los EE.UU. se los conoce como “pigs meeting”. Porque no es de extrañar que los intereses particulares, los intereses de grupos, el secretismo, y los acuerdos que benefician a quienes detentan el poder de espaldas a la gente, puede estar presente en cualquier lugar y representa la amenaza más importante para el normal desarrollo de la democracia, lo que ha sido bien expuesto en la Escuela de la Elección Pública. (Huerta de Soto, J. 2002:239) La evidencia empírica demuestra que las elecciones democráticas solamente no son el camino para garantizar un estado constitucional liberal. (Merkel, W., 1999:16) Lo que

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suele ocurrir es que en los países con mayor cultura democrática, los intereses de los políticos suelen coincidir con los de la mayoría de la población. (Merkel, W., 1999:19) Debe contemplarse la política, el proceso político y la toma de decisiones en términos de intercambios, efectuados dentro de determinadas reglas de juego. La afectación del componente derechos de propiedad es una alteración importante en el funcionamiento de las democracias liberales, porque afecta una de las instituciones en las que las mismas se fundamentan. Ello es producto de la intervención estatal y sus consecuencias no son inocuas, porque afecta los criterios 5 y 6: la limitación en el ejercicio del poder y la plena vigencia de la ley, de las democracias liberales. (Merkel, W., 1999:6) (Anexo Figura N°1) Podría pensarse que la noción de orden espontáneo, las consideraciones sobre el conocimiento limitado, la función de utilidad y el ordenamiento de preferencias por parte de los individuos, hace imposible la implementación de políticas públicas, como las que podrían ser intervenciones propias de las decisiones económicas, o la misma acción política, pero ello no es así, de hecho estas funcionan como variables que también modifican en un sentido u otro el rumbo del proceso (y que tienen por lo mismo gran importancia), formando parte de él. Pero las circunstancias logradas no sobreviven si no responden a satisfacer los intereses de los fines individuales. Para Hayek, la evolución de la mente humana ha sido acompañada por la evolución social. (Hayek, F. 2004:287) Sin considerar además, que siempre las decisiones de gobierno se ajustan a pautas que requieren una intervención continua en búsqueda de predeterminados fines, con criterios distributivos pautados, que dependen de opiniones, que cuando menos son de decisores cuya pretensión puede ser lograr fines que intentan mejorar la situación de algunos, aún a costa de otros, pero encierran el riesgo de ser discrecionales y peor aún si son arbitrarios. (Nozick, R 2012:169-172) Casi podría decirse que ante las objeciones planteadas –y muy a pesar de quienes son partidarios de una abierta intervención del estado en la vida social y la economía– la evidencia empírica nos pone en la disyuntiva de clarificar las diferencias entre países desarrollados a pesar de que se verifica una fuerte intervención del estado. Mientras, otros –entre los que nos encontramos– la intervención del estado no ha sido acompañada por un desarrollo social y económico similar.

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Seguramente existen otras variables que no hemos analizado –y exceden el marco de esta investigación– pero hacen la diferencia y en criterio de este autor son en gran medida institucionales.

5.2El financiamiento del estado

A la inversa de lo que muchas veces se cree, los recursos económicos con que cuenta un país son resultado de sus políticas y estas del fortalecimiento de sus instituciones. A mayor grado de desarrollo democrático, cabe la posibilidad de mayor desarrollo social y económico. Es legítimo preguntarse sobre esta circunstancia y sus causas, pero en principio los aspectos más importantes ya los hemos desarrollado. Y aunque es difícil establecer en forma precisa y directa un paralelismo entre la mejor calidad democrática y el desarrollo económico y social, la evidencia empírica disponible parece demostrarlo. (Krause, M 2015:8, Tabla 2) Los aspectos centrales del desarrollo se encuentran no solo en que en los países que se indican las economías son abiertas, altamente productivas, con un sistema de economía de mercado, sino en que la intervención estatal nunca ha tratado de suplantarla o ahogarla con regulaciones que la hicieran inviable. El estado se mantiene como una entidad de regulación y control, pero a sabiendas que se sostiene gracias al desarrollo de la economía privada. Y además las instituciones políticas se basan en democracias de alta intensidad y desarrollo. Ambos factores ubican estos países entre los primeros puestos de la tabla. (Ibíd:8) Incluso en algunos países el estado puede ser mayor y en otros menor, pero su tamaño como sus funciones son definidas, en primer lugar por las perspectivas de su financiamiento sustentable, y a su vez por la elección de políticas entre alternativas que los gobernantes decidan a sabiendas que cuanto menos logre satisfacer el mercado mayores serán las demandas que deberán afrontar y menores los recursos con que cuenten. Dicho en otras palabras el estado no puede crecer desmesuradamente sin justificativos, aunque puede hacerlo por necesidad si ha de reemplazar una actividad económica que no se ha desarrollado, o a la que se ha encargado de ahogar o sustituir. En cualquiera de los casos el estado resulta inviable y sujeto a crisis cíclicas inevitables. En los países con poco desarrollo el estado suplanta a la actividad económica del mercado, en el sentido que le impone restricciones y cargas impositivas que resultan 63

incentivos negativos, con la consecuencia deletérea inmediata de baja productividad, una baja actividad económica, a lo que siguen altas tasas de desempleo, o también empleo informal, y alteración de todas las variables económicas. Cuando se ingresa en este ciclo existen dos alternativas: 1) o sea estimula el incremento de la actividad económica mediante medidas que incentiven el mercado o 2) todo lo que no hace el mercado lo suplanta el estado, porque las demandas se trasladan a él. Y en esta última opción además de subsidiar el desempleo –mediante transferencias directas o contrataciones que incrementen su planta– el estado debe, además de proveer los servicios de su competencia para los que requiere recursos impositivos. En general los gobiernos recurren –por este proceso o por otros– al incentivo del consumo y no mediante el estímulo a la producción, por lo que obviamente a baja oferta el resultado es bienes caros (por escasos) y de baja calidad. Esta situación la sufren todos en países de bajo desarrollo que no estimulan la tasa de capitalización, tienen políticas con alta centralidad en un estado intervencionista. La consecuencia es depresión de la economía de mercado y bajo desarrollo social y democrático. Es decir y como un resumen: en los países de bajo desarrollo que no promueven la economía de mercado el estado se agiganta a medida que ahoga la actividad económica, que finalmente es su propio sustento vía de los impuestos. Por un lado la población sufre las consecuencias por caída de la oferta y más aún si el estado recurre a la emisión monetaria –dado su seguro desequilibrio presupuestario– u otras vías de financiamiento espurio, todo lo que da paso al enemigo invisible de la inflación. Y por otro lado el Estado crece de manera desmesurada con un alto grado de burocratización y que a la sociedad le cuesta mucho, representado por un insostenible gasto público. La intervención se intenta justificar por sus funciones “sociales”, pero la calidad de sus servicios deja mucho que desear. Así el Estado pretende compensar lo que él mismo genera: sociedades dependientes y clientelares, ante la ausencia de genuina generación de riqueza, porque el mismo no orientó las condiciones de estabilidad y confianza que cualquier inversor requiere. La intervención del estado resulta así frecuentemente causa y consecuencia de la conveniencia política oportunista, la impericia o la improvisación. Podría suceder que el estado creciera a la par de una economía productiva, una vez que el desarrollo económico fuera tanto como para que el estado brinde más y mejores servicios de aquellos que fueran de su competencia. Pero por otras razones, seguramente

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ideológicas, en general se recurre a denostar el mercado, a calificarlo de buscar solo el interés de poderes concentrados cuya actividad no favorece el desarrollo al conjunto social. (Anexo IX Figuras N°5: Gasto Público en % del PBI, serie 2003-2013) Aquí caben algunas consideraciones. En primer lugar el mercado es el que genera riqueza. Todo lo que conocemos y nos rodea que nos facilita la vida, todos los bienes de los que disfrutamos son el producto de la innovación, el emprendimiento y el ingenio humanos, solo el mercado provee los incentivos necesarios para ponerlo en marcha. Todo ello no solo ha beneficiado a quien produce, o a quien lo diseñó, también favorece al conjunto social, porque son bienes transables, que pueden transferirse voluntaria y libremente, en miles de intercambios cotidianos, beneficiando tanto al que los compra como al que los vende. Es decir las transacciones no son de suma “0”. Son siempre de suma positiva porque benefician a ambos, de otra forma no se realizarían: si alguno no viera satisfecha su función de utilidad. (Esto no es así cuando el estado interviene para distribuir, o cuando existe transferencia del riesgo por sumas fijas: en estos casos el resultado es de suma “0”) Es decir el mercado con sus infinitas transacciones diarias libres y voluntarias es el modo más democrático de asignar recursos. No escapa a este autor que los individuos dadas sus intrínsecas diferencias tienen condiciones, aptitudes, habilidades, inteligencia, intereses, y preferencias diferentes, por lo que seguramente obtendrá cada uno lo que subjetivamente valore más, no solo en su valor monetario, sino en todo aquello que satisfaga sus preferencias. Seguramente cada uno logrará cosas diferentes, de modo diferente y en momentos diferentes, porque subjetivamente las valora de distinta forma y esta valoración está ligada a la utilidad marginal que cada uno asigne a “sus” valores de preferencia y esta valoración siendo subjetiva es solo en parte racional, ya que a su vez intervienen otros factores personales, como la educación, psicología, cultura, valores sociales, ambientales, que dan a las elecciones un marco de utilidad personal. En muchos países –y el nuestro no es la excepción– es frecuente el pensamiento que desmerece las competencias y beneficios del mercado. Probablemente muchas sean las causas y no es objetivo de este trabajo proceder a su análisis, pero valen algunas referencias: 1) el antecedente de la tipología feudal del colonialismo español que nos marcó durante 300 años, 2) las políticas populistas –que hemos mencionado– que se instauraron a lo largo de todo el Siglo XX, (aunque deben haber formado parte desde

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siempre en la acción política), 3) el pensamiento colectivista que nos legaron los inmigrantes europeos desde mediados del Siglo XIX, 4) el clima de época que se vivió con los movimientos revolucionarios de la década de los ´60 y ´70, en la mayoría de marcada tendencia revolucionaria socialista y 5) la adopción desde mediados del Siglo XX de políticas económicas que apuntaban a “vivir con lo nuestro” (Prebisch-Singer) y/o 6) la de insuflar el mercado interno para sostener la demanda agregada (Keynes), cuestiones que dieron una excelente oportunidad a la clase política de estimular una acendrado nacionalismo, que despreció una inteligente inserción en el mundo por ideas de autosuficiencia. Todos estos aspectos –que marcaron varias generaciones– y muchos otros, que no agregan al presente, no se borran fácilmente del inconsciente colectivo. En segundo lugar el mercado en nuestro país ha sido fuertemente regulado desde los últimos setenta años, por los motivos antes citados o por necesidad de los gobernantes de parecer los protectores de la gente ante la voracidad de los mercaderes y de “los formadores de precios” (otra falacia) o para mediante regulaciones justificar su propia intervención. Es decir en Argentina el estado, de manera casi constante, ahogó la actividad productiva mediante regulaciones e impuestos y progresivamente la carga impositiva se incrementó hasta niveles que serían impensados (curva de Laffer) y a la par de los requerimientos de estado. (Anexo Figura N°15) Y ello sin mencionar que mientras se mantuvo un discurso, se favoreció a unos pocos asociados al poder político. (Huerta de Soto, J., 2002: pp. 238-240) A lo largo de los últimos 20 años hemos transitado caminos que pudieran parecer contradictorios. Por ejemplo en los ´90 el gobierno declamó la apertura de la economía, la modernización del estado, se privatizaron varias empresas públicas, se completó la transferencia de los servicios de educación, salud y vivienda a las provincias, la desindexación de contratos, la total independencia del Banco Central del tesoro, una fuerte política importadora, se realizaron acuerdos comerciales con los EE.UU. y otros países desarrollados, pero con incremento del gasto público, y un fuerte desequilibrio presupuestario, que se debió financiar a costa de créditos internacionales (a los que se tuvo fácil acceso), suponiendo el compromiso de cumplir ciertas condiciones. Parecía que nuestro país se recuperaba de la crisis de 1989 y que ya ingresábamos en el camino del crecimiento y el desarrollo. (Anexo Figuras N°9) (Ferreres, O 2014)

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En otro orden de cosas se equiparó el valor de la moneda de referencia (el dólar) en paridad con el peso por la ley de convertibilidad (Ley N°23.928/91), que imposibilitaba la emisión monetaria, pero el corsé no impidió la pérdida del valor real de la moneda. El gasto público no bajó, sino que por el contrario se incrementó, y fue financiado con la deuda pública contraída con acreedores externos. No se cumplieron compromisos acordados aunque se “hizo de cuenta que,..”. A la par el valor del peso atado al dólar se encontraba ligado a un valor nominal, pero progresivamente perdía valor real. La expansión del gasto público se incrementó más aún desde 1996. (Rubini, HJ 2012:2) La producción económica fue perdiendo posiciones por la contracción monetaria, con importante caída en la actividad y progresivamente resultó más rentable importar que producir y exportar. Las pequeñas empresas primero y luego las más grandes cerraron o redujeron empleados. (Rubini, HJ 2012:3) Comenzaba el preámbulo de la crisis del 2001. Los argentinos lo vivimos sin demasiada conciencia y una falsa sensación de bienestar. Un dólar que parecía barato a nuestros ingresos nos permitió –al grupo social de ingresos medios y altos– viajar y hacernos del famoso “…deme dos..” en Miami. Este proyecto que pudo ser importante punto de inflexión para el país, fue desvirtuado por la clase política, porque mantuvo políticas populistas y no redujo el gasto público. Las consecuencias fueron nefastas para el aparato productivo nacional. La producción estancada o en franco descenso, (PBI -10%), lo que como consecuencia acarreó un alto desempleo que en el 2000 llegaba al 22% de la PEA y a fines del 2001 alcanzó el 25% y un porcentaje de pobreza del 52%. (Anexo Figuras N°3) Entre 1991 y 2008 el gasto público consolidado creció 121,75%, mientras que el PBI se incrementó en un 37,5%. A su vez, la deuda pública nacional y provincial en 1991 equivalía al 27% del PBI, y en 2001 representaba el 66% del PBI. En términos absolutos, la deuda pública aumentó de U$S 62.000 millones en 1992 a U$S 144.400 millones a fin de 2001. (Rubini, HJ 2012:5) Claro que no hubo inflación. Era imposible frente a la ausencia de emisión monetaria por la ley de convertibilidad. Las provincias (17 entre las 24) tuvieron que emitir su propia moneda para hacer frente a sus compromisos. Todo lo que fue acompañado por alta recesión y desempleo, lo que desencadenó una impresionante reacción social ante la

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crisis, que quebró el orden institucional. Las expresiones de protesta social fueron públicas y graves. (Llanos, M., & Margheritis, A 2006:99) La situación fiscal neta no mejoró, financiarlo con impuestos, tanto como la disminución de gastos del sector público se tornaron políticamente imposibles, incentivando las expectativas de devaluación y de un default de la deuda pública, como finalmente ocurrió. (Rubini, HJ 2012:5) Después de una crisis social y económica que no reconoce precedentes, en el año 2002 se deroga la ley de convertibilidad, mediante la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario (Ley N°25.561/02) y se devalúa la moneda en un 300% (lo que se denominó pesificación asimétrica), a su vez que se absorbieron las cuasi monedas, lo que ocasionó

importantes

consecuencias:

la

pesificación

asimétrica

significó

una

transferencia irreversible de ingresos de depositantes y de las entidades financieras al Gobierno. Además esta decisión fortaleció la percepción de inseguridad jurídica y la desconfianza en el sistema bancario local. Si bien la pesificación asimétrica tenía el propósito de contribuir a evitar una gran caída del PBI de Argentina, no tuvo influencia directa sobre la tasa de crecimiento del PBI en el largo plazo y el gobierno debió emitir nueva deuda. (Rubini, HJ 2012:42-43) El Decreto 214/02 incluyó en la conversión compulsiva a pesos a todas las obligaciones de todo tipo, judiciales o extrajudiciales, expresadas tanto en dólares estadounidenses como en otras monedas extranjeras. En tercer lugar debemos recordar en este punto que el estado tiene solo algunas formas de financiarse: 1) por emisión monetaria, 2) por deuda pública (endeudamiento con acreedores de cualquier tipo mediante bonos: personas físicas o jurídicas de orden nacional o internacional, o incluso con organismos descentralizados del mismo gobierno), 3) por venta de activos, 4) por venta de servicios o 5) por impuestos. La intención de este autor es mostrar –a lo largo de lo que muestra nuestra propia historia y que se corresponde con nuestra propia evidencia empírica– como las intervenciones del estado, sin existir determinadas condiciones, resultan siempre costosas, ineficientes e ineficaces ya que las políticas populistas debieron recurrir a un exceso del gasto público que se financió de diversas maneras pero con mayor frecuencia con emisión monetaria, lo que condujo a sucesivas crisis debido a ciclos económicos recesivos.

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Cualquiera de estos mecanismos de financiamiento tiene aspectos que dependen de la política. Ninguno de ellos es autónomo, porque unos inciden sobre los otros. Ninguno si es manipulado, a su tiempo, deja de tener consecuencias. A su vez, las políticas que definen las formas de financiamiento y las circunstancias macro-económicas son: 1) la política fiscal (que requiere equilibrio presupuestario: ingresos/egresos del sector público), 2) la política monetaria (que depende del Banco Central creado en 1935, independiente según su Carta Orgánica y debe mantener un aceptable nivel de reservas en concordancia con el respaldo de la masa monetaria circulante), y 3) la política cambiaria (el valor de la moneda en relación a otra/s). En nuestro país el gasto público y su crecimiento ha sido una constante. La sucesión de violaciones institucionales y la apropiación de las reservas tienen como principal finalidad financiar una dinámica fiscal insostenible. (IDESA, Inf. N°319, 2010) Más allá de las aristas legales, políticas y personales la evolución de reservas del Banco Central, tuvo en los últimos años como problema de fondo el desorden de las cuentas públicas. El estado ha crecido en forma constante y ha reemplazado en muchas actividades a la actividad privada. (Anexo Figuras N°5 y 6) En noviembre del 2009 los ingresos públicos reales crecen sólo al 3,8% mientras que el gasto público real crece al 16,8% interanual. (IDESA, Inf. N°319, 2010) (Anexo Figuras N°16) El ideario popular reclama también la intervención del estado. Ni por asomo supone que muchos de los problemas existentes son creados por el mismo. Y es permanente el supuesto que es el estado el que debe resolver todos los problemas, se le reclama presencia e intervención en todas las cuestiones de la vida social y actuar en función de demandas (aunque no fueren reales necesidades). Además una gran parte de la población se ha acostumbrado a vivir bajo el cobijo del estado. Y esta situación no ha sido desaprovechada por la clase política. Otorgar un cargo, un subsidio, u otro beneficio, genera compromisos y lealtades. Las proyecciones del empleo permiten avizorar que en el 2010 el empleo asalariado registrado podría superar el máximo alcanzado antes de la crisis. Sin embargo, el logro estaría sostenido por una intensa generación de empleo público. Se trata de otra evidencia que alerta sobre los riesgos de que se repita la historia económica argentina. La tasa de crecimiento del empleo asalariado registrado fue de 9,4% promedio anual, explicada por un crecimiento del empleo privado del 9,6% y del público del 7,9% anual. En el año 2009, el empleo

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asalariado registrado tiene una leve reducción del -0,3%, fruto de que el empleo privado cae un -1,6% y el público crece un 6% anual. En la primera mitad del año 2010 se estima que el empleo estaría aumentando a razón del 2% anual, basado en un crecimiento del empleo privado a tasas modestas de aproximadamente 1,5% y el empleo público creciendo al 5,5% anual. Esto sugiere que la masiva contratación de empleados está más asociada a enmascarar el desempleo y a repartir favores políticos o personales, que a mejorar el funcionamiento del Estado. (Anexo Figuras N°7). (IDESA Inf N°353, 2010) Pero ello no es gratuito. El gasto público se ha incrementado de manera sostenida hasta hacerse deficitario. En el 2015, ese déficit equivale a un 7% del PBI. Esto significa que entre los años 2004 y 2015 el gasto público del Estado nacional creció un 70% por encima de lo que aumentó la producción. La evidencia es que el desequilibrio fiscal alcanza ya al 6,7% del PBI que en una porción importante deriva en emisión monetaria sin respaldo. (IDESA, Inf N°623, 2015) El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas finalmente publicó los datos del resultado financiero del sector público nacional. Si se excluyen las transferencias al Tesoro Nacional desde el Banco Central, ANSES y otros organismos públicos extrapresupuestarios, el déficit fiscal en el año 2015 asciende al 6,7% del PBI. (IDESA, Inf. N°643,2016) (Anexo Figuras: N°12) Entre los años 2010 y 2013 la emisión monetaria se incrementó en un 188% y en los años 2014 y 2015 un 30 y un 40% respectivamente más, alcanzando la cifra actual (Septiembre de 2015) un circulante de más de 550.000 millones de pesos (computando los depósitos a la vista) y representa el 10,8% del PBI (calculado con un dólar de 9,60). En Diciembre 10 de 2015 el Banco Central informa un circulante de 621.000 millones de pesos, que requiere el ajuste de otras variables para referirlo con mayor precisión al PBI. (Banco Central, 2015) La emisión monetaria sin respaldo si supera la demanda y a su vez se acompaña de baja producción (oferta), inevitablemente conduce a la inflación. (Anexo Figuras N°8) La emisión de moneda resultó descontrolada en los últimos años en especial a partir del 2007 para financiar un gasto público creciente. Para financiarlo se recurrió a la emisión monetaria, y otras formas de endeudamiento del estado (bonos) y aportes de organismos descentralizados, por ejemplo PAMI y ANSES. Por otra parte debería considerarse cuanto del gasto es sustentable. (Anexo IX Figura N°9)

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De otra forma pueden recurrirse como recurso a medios de financiamiento que pueden complicar más aún la situación económica, como cuando se utilizan las reservas del Banco Central, como ha sucedido y por lo que ha habido una impresionante pérdida de reservas en particular desde mediados del 2011. (Anexo Figuras: N°4) De cualquier manera que se lo analice y aún todas estas transferencias, el incremento desmedido del gasto público finaliza el año 2015 finaliza con un déficit del 7% del PBI. A lo largo de estos 10 últimos años el incremento del empleo público pasó de a 2,6 millones a 4,3 millones de empleados. Entre 2003 y 2012, el empleo público se incrementó un 71%, del cual un 52% se explica por el aumento del empleo en las plantas permanente y transitoria y el 48% restante, a raíz del crecimiento del personal contratado. Sin embargo, para este periodo el personal contratado creció un 224% mientras que el personal de planta permanente aumentó solo un 43%. Así, en 2012 la participación de los trabajadores contratados pasó de representar el 15% del total de los empleados públicos en el 2003, al 30%. (Pomares, J.; Gasparin , J. y Deleersnyder, D. 2013:13) (Anexo Figuras: N°14) Cuando se analiza la situación siempre se cae en la misma cuenta: el estado crece y ahoga la actividad privada. Los motivos son políticos, el instrumento el gasto público. Lo descripto tiene relación con el objeto de estudio empírico de esta investigación, pues se ha tratado de describir las consecuencias finales de una situación de descontrol que avasalló las instituciones y creo incertidumbre en el aparato productivo, dada la voluntad de mantener a cualquier costo las políticas expansivas que decidió el gobierno. La pregunta que cabría hacerse es ¿las políticas económicas populistas instituidas fueron el recurso adoptado para lograr el favor de la población, dada la baja legitimidad electoral de origen, o fueron un componente ideológico referido creer en la importancia del estado y su papel en la economía y se tenía noción de sus consecuencias? Si avanzamos en la consideración de los derechos de propiedad, estos son a también afectados por un gasto público inconsistente, ya que alcanza con su mala asignación la propiedad de todos. (IPRI, 2015) (Anexo Figuras: N°10) El gasto público debe ser solventado y para ello cuenta con los medios mencionados. El gobierno debe financiarse con impuestos y mantener un responsable equilibrio presupuestario. Si avanza en excesos el desequilibrio fiscal es la consecuencia. En este

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caso debe recurrir a medios espurios de financiamiento. El más importante por lo gravoso es la emisión monetaria (que debe ser requerida al banco central) y que fuera propuesta como solución inmediata a las crisis por el economista J. M. Keynes por lo que se conocen como políticas monetarias keynesianas cuyo objeto es la inyección de los medios necesarios para mantener la demanda agregada, en especial mediante el aumento de la masa monetaria y la obra pública. (Keynes J 2013, Cap. 5, Sec. 2, parr.2) El aumento de la masa monetaria a corto plazo puede tener importancia para paliar la crisis, pero a largo plazo el aumento de la cantidad de dinero por encima de la demanda trae como consecuencia una pérdida del valor de la moneda (a mayor cantidad cada unidad tiene menor valor), es decir: que para comprar las mismas cosas e igual cantidad, se hace necesario más dinero. No se trata que las cosas hayan aumentado su precio, se trata que la moneda ha perdido su valor. A esto se lo denomina inflación, que es en el fondo un problema monetario. A su vez de nada vale tener dinero –si a largo plazo– la inflación ha alterado el sistema de precios y la inversión se ha detenido: de nada vale que exista demanda si no hay oferta. De nada vale incrementar la demanda si no existe producción de bienes. La inflación acompañó al gobierno desde inicios del 2007. Ley de Say nos lo dice claramente: es un incremento en la oferta de bienes, y no la cantidad de dinero, lo que provoca aumentos en la demanda. (Cachanosky, N. 2011), (Cachanosky, N 2015, Cap 5:117) Finalmente, las consecuencias de la inflación y la disminución de la actividad económica traen consecuencias deletéreas para la economía y la sociedad. La inflación es un problema esencialmente monetario derivado de la expansión de la masa monetaria y el mal manejo del crédito, que además es útil a los gobiernos, porque les representa un disimulado medio impositivo. (Mises, L 1961:472) Otra alternativa de financiamiento es la suba de impuestos y eso es lo que se ha hecho progresivamente en estos últimos 8 años, llegando la carga impositiva niveles similares a los mayores del mundo. Del Informe Económico de IARAF N°279 en los resultados obtenidos, se aprecia que la carga tributaria formal integral durante el 2014 se ubicaría entre el 47,2% y el 59,5% del ingreso total (incluyendo costo laboral) de una familia, variable según el rubro. (Argañaraz, N.; Devalle, S y Mir, A 2014, IARAF, Inf.°279). O en su defecto se ha recurrido al endeudamiento interno (con organismos del estado descentralizados, por ejemplo PAMI o ANSES, desnaturalizando el objetivo de estos

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organismos), y si ello no es posible se puede todavía recurrir a algunas otras artimañas contables como retrasar el pago a proveedores, incumplir fallos judiciales, o hacerse de toda caja y recursos que estén al alcance de la mano. Este punto es parte central de nuestra investigación y hace al objeto empírico de estudio de la misma. Podríamos decir que hasta el año 2006 se mantuvo una firme disciplina económica basada en los denominados superávit gemelos (superávit fiscal y de la balanza de pagos) Una de las preguntas que hacen a la presente investigación es: ¿Qué sucedió después? Porque el estado pareció continuar llevando adelante las mismas políticas públicas. O en todo caso ninguna que hiciera presuponer un salto abrupto en el gasto. Sin embargo las dos políticas características de la década son la distribución discrecional de subsidios a empresas y de jubilaciones a personas sin aportes. Estas intervenciones explican casi tres cuartas partes del incremento del gasto. (IDESA, Inf. N°320, 2010) Sin embargo para el estado intervencionista siempre son necesarios cada vez más recursos, el gasto público nunca cesa de crecer y no se trata de brindar más y mejores servicios. En las defectve democracies (aquellas que no cumplen con los requisitos instrumentales que les otorguen calidad), son permeables para que los gobernantes dispongan a su antojo, la concentración de poder –el disciplinamiento a los gobernadores, las lealtades partidarias y el dominio de los otros poderes del estado– lo hace posible. Porque el gobierno es el gran hacedor de las políticas públicas, pero ellas deben reflejar la eficacia de las decisiones. Sin embargo desde el 2007 el gasto público tuvo un incremento significativo. En un principio disimulado por el incremento sostenido de la presión impositiva, hasta llegar en la actualidad a la situación del déficit mencionado. Una vez agotado el recurso impositivo, que tiene límites –en el sentido de llegar a un tope en las posibilidades recaudatorias según la Curva de Laffer– existen unas pocas alternativas para financiar el gasto público. Nunca estuvo en la cabeza de los gobernantes la racionalidad y el equilibrio. El requerimiento del gasto público es incontenible solo se querían mantener las políticas expansionistas del gasto público, que la intervención estatal requiere. Así es que ingresamos al año 2008, con la Sra. Presidente Cristina Fernández de Kirchner recientemente electa y con la idea de consolidar el camino de construcción política que su marido había iniciado.

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Es obvio que del estado no puede prescindirse. El problema son las consecuencias que la intervención del gobierno, según su forma –compuesto finalmente por personas– “produce” en la democracia, (Strasser, C. 1991:70). Como en las instituciones del estado y finalmente en los ciudadanos. El accionar político –explícita o implícitamente– expresa que sus decisiones responden a la mejora del conjunto social, aunque muchas veces nada tengan que ver con ello: mientras más se prometa y más se otorgue, mayor aprobación social se logra, lo que a su vez permite al gobernante maximizar su utilidad. El beneficio de la intermediación es su capital: los votos. La acción la establecen las demandas, siempre asociadas al interés particular del decisor político. Los límites de la decisión deben ser claramente establecidas. En democracias defectuosas existen mayores probabilidades de conductas oportunistas, que obran en perjuicio de unos y beneficio de otros. (Buchanan, J. 1981:183) Para los intervencionistas, los que desean todo del estado, no es importante ni el gasto público, ni su financiamiento con emisión monetaria. Sus explicaciones son sencillas y elementales: la inflación la producen los “formadores de precios” (sic), el endeudamiento es malo cuando se toma con organismos de crédito internacionales y bueno o intrascendente cuando el acreedor es un organismo descentralizado del estado (aunque en este caso deje a muchos beneficiarios con menos prestaciones a futuro), el empleo público no es un problema porque ayuda a muchos a tener trabajo (sic) Y la pregunta obligada es ¿no sería más razonable generar fuentes genuinas de producción, que a su vez hagan innecesario el empleo estatal?,.. ¿no sería esa una forma de incrementar la producción y con ellos la riqueza y el desarrollo que el país necesita? Casi todas las democracias occidentales han evolucionado sustituyendo funciones que podría cumplir con mayor eficiencia el mercado e interviniendo de manera creciente el estado. Las social-democracias se han visto igualmente obligadas en los últimos tiempos a reducir sus prestaciones o a incrementar hasta los límites de lo posible la presión tributaria, para poder hacer frente a los compromisos sociales asumidos. La espada de Damocles del sistema que expande la intervención estatal es precisamente el gasto público. Ningún país recurre ya a la emisión monetaria sin control, ni respaldo para financiarse. Ningún gobernante puede (debería) ser tan irresponsable. Parece que la interpretación del ciclo económico que ha brindado la Escuela Austríaca de Economía ha servido de aprendizaje en ese sentido. En la actualidad aunque sigan presentes y se

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difundan –incluso en ámbitos académicos– las ideas de Keynes, ya los gobiernos han aprendido que no pueden gastar más de lo que recaudan. Y que eso de expandir la demanda agregada es solo un placebo para el corto plazo. A largo plazo se pagan las consecuencias. Un ejemplo de ello es la diferente forma que los gobiernos desarrollados (y muchos otros) han tenido para enfrentar la crisis de los años ´30 en comparación a la del 2008. Por otra parte lo que los gobiernos recaudan por vía impositiva es siempre un peso a la producción, por lo que deben ser muy cuidadosos con los desequilibrios macroeconómicos y más que intervenir en todo lo que a los gobernantes les parece, los gobiernos deberían ocuparse de cuestiones que son elementales y hacen a su competencia y no mucho más. Como se habrá observado casi todos los datos mencionados se refieren al período posterior al 2008, (año que corresponde al estudio de esta investigación), porque se quiere dar cuenta –además del tema específico referido al financiamiento del estado– a las consecuencias alejadas que en un proceso evolutivo pueden ser atribuibles a las políticas públicas económicas expansivas instituidas. Pero de una u otra manera el intervencionismo otorga gran poder a los políticos sobre qué es lo que se debe hacer y lo que no, porque les permite disponer sobre recursos que parecen infinitos. Por lo que se ven tentados permanentemente a implementar políticas públicas y lo que en cada momento decidan les permita maximizar su utilidad y encontrar recursos para llevar a cabo sus pretensiones. En resumen: las políticas públicas no son inocentes. Se debería ser cuidadoso. Porque su financiamiento tiene siempre consecuencias imprevistas y graves para la sociedad.

5.3Sobre el derecho de propiedad

Para no hacer una referencia abstracta al tema de los derechos de propiedad y obviar ahora las disquisiciones teóricas que son pertinentes, cuando hablamos de propiedad nos referimos a la relación de posesión existente entre un hombre (o grupo) y las cosas que puedan considerarse como propias y a la vez enajenables en una sociedad. El concepto es antiguo y ya se utilizaba en la antigua Grecia: “ktêsis” para Aristóteles. Y entre los romanos la res pública (de allí el término República), se diferenciaba de la res privada que era prerrogativa de los pater familias pero no de los esclavos.

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Ya en esta etapa las familias –que son estrictamente el mundo de lo privado– comienzan a estructurarse en sucesivas relaciones, que dieron origen a la gens que se refería a quienes eran pasibles de poseer propiedades. En cuanto al origen de la etimología de ciertos términos que hoy nos resultan habituales: privatus (es decir “privado”), esta palabra tiene que ver con priuus (lo singular), “lo perteneciente exclusivamente a uno” y con propius (lo propio), también priuus, formado a partir de la locución pro-priuo, es decir “a título particular”. (Herrera Cajas, H 2011) Más aún ya entonces la propiedad se conoció como “El dominio y el derecho a usar de la cosa sin más limitaciones que las impuestas por la razón del derecho” (“Dominium est jus utendi fruendi et abutendi re sua quatenus juris ratio patitur”). (Cordero Quinzacara, E & Aldunate Lizana, E 2008:346) La evolución hacia el régimen feudal responde a un proceso que se inicia a partir de fines del siglo X y se desarrolla de manera más clara durante los siglos XI y XII: el feudo es el patrimonio y dominio sobre un territorio, lo que establece la separación, entre el patrón o señor feudal y su vasallo. (Cordero Quinzacara, E & Aldunate Lizana, E 2008:357) La escolástica en general y Santo Tomás de Aquino en particular, dan un paso adelante en la teoría y praxis de la limitación del poder político y en particular en la fundamentación de los derechos naturales Pero no lo son porque precisamente en ellos encontremos esas nociones con una amplia elaboración, sino porque la filosofía y la teología por ellos desarrolladas tienen virtualidades valiosas que en sí mismas favorecen el desarrollo de esas ideas, aunque históricamente no hubieran hecho eclosión en esos momentos. (Zanotti, G 2014, Cap.I, Conclusión, párr.1) Ya en la era moderna el concepto de propiedad –en general referido y centrado en la posesión de la tierra– fue evolucionando, desde la primigenia que lo vinculaba a un derecho natural, a un derivado del derecho positivo. El problema de la propiedad de bienes recién se interpreta concretamente una vez que se pasa de la sociedad feudal a la sociedad mercantilista moderna y el modo adquirir la propiedad ya no fue la gracia o concesión feudal sino el contrato. (Barceló, J. 1993:252) En Inglaterra de fines del Siglo XVII, el Parlamento fue el defensor de la propiedad. Pero J. Locke en 1688 abordóel problema de la propiedad, desde una perspectiva filosófico-política, como un bien natural devenido de la libertad que otorga la propiedad del propio cuerpo y lo por el producido, e incluso llegó a fundamentar su defensa como 76

finalidad del gobierno y a su vez el motivo de los hombres para entrar en sociedad. (Locke, J 2014,§138:163) Para este autor el fundamento de la apropiación de bienes es el trabajo, el que legitima a través de la ley natural. (Locke, J 1997:131) Locke abordó así desde una posición y perspectiva filosófico-política el problema de la propiedad de bienes. (Barceló, J 1993:253). Para Locke la función del Estado es defender la propiedad de los individuos y garantizar la seguridad de su uso y goce. Así, vio el origen del Estado en la necesidad de legitimar, mediante leyes positivas, la propiedad individual. (Barceló, J 1993:254) Es D. Hume quien se expresa sobre el principio de escasez, “que expone a los hombres a la violencia por la apropiación de los mismos bienes” (es semejante al argumento de T. Hobbes como origen del estado de guerra permanente), por lo que se hace necesario constituir una sociedad que por convención asigne a cada uno lo suyo, ya que todos los gobiernos se basan en tres principios que son: el interés público, el derecho al poder y el derecho de propiedad, y en ellos se funda también su autoridad. (Hume, D. 2005:42) El concepto de propiedad no comprende tan sólo la posesión de bienes, sino que incluye también la relación de un individuo con su propia persona, su cuerpo, su vida y su libertad y con su propio trabajo. (Barceló, J 1993:258) Y en opinión de este autor el párrafo anterior nos dice una parte de la verdad. La que nos dice es que para cada individuo sus posesiones, son el fruto de sus capacidades, de su ingenio, de sus habilidades y sus motivaciones innovativas, como resultado de su creación personal, y de su propia realización. (Estamos hablando, por supuesto, de bienes y propiedad bien habidos). Lo que no nos dice es que la propiedad surge de un orden espontáneo, propio de la evolución de la sociedad, en la que los hombres aprenden que deben respetar algunas pautas de relación, para que las mismas les sean respetadas a ellos y que logrando la institucionalización –sin que existan pactos o acuerdos pre-existentes– mediante un aprendizaje continuo y una aceptación mutua, les es más fácil lograr previsibilidad en el alcance de sus propios fines a cada uno. El lento proceso de selección que, a través de sucesivos ensayos de prueba y error, fue en el pasado estableciendo las actuales normas delimitadoras de los derechos de propiedad ha logrado que en el caso de los bienes económicos que el citado derecho permita orientar los escasos medios disponibles hacia su más oportuna y eficiente utilización. La afirmación “no puede haber justicia donde no hay propiedad” es una proposición indiscutible. (Hayek, F 1990)

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Y este es el factor individual subjetivo psicológico de gran importancia, porque además permite a cada uno su propio desarrollo en libertad, el cumplimiento de sus metas y objetivos. No es solo el derecho a su propia vida, es también el ejercicio de su libertad y de sus habilidades y su capacidad creativa. Es la perspectiva de lograr sus objetivos de vida según sus recursos le permitan y sus deseos se concreten. En suma la propiedad es la síntesis de la realización individual. No debe confundirse lo anterior con un “individualismo social”, ni con la satisfacción hedonista frente a los propios bienes. Los hombres según sus preferencias buscan concretar determinados fines. Pero descubren de inmediato que es más eficiente y posible alcanzarlos mediante su asociación cooperativa con otros, mediante la aceptación de normas comunes con los demás, con sus semejantes, con otros individuos de la sociedad, porque ello es útil a todos. Y por lo mismo elige a unos reunirse, asociarse y cooperar con aquellos que comparten determinados valores que les facilitan sus objetivos y la satisfacción de sus deseos más fácilmente a todos. Se permiten así miles de miles de intercambios libres y voluntarios que alimentan a cada uno y a todos, diariamente. (Santanatoglia, E 2016:I) De este mercado cada uno saca su provecho, sin lesionar el interés de los demás, sino complementándolo y facilitando a otros el alcance de sus propios fines. El resultado es que “todos ganan”, las transacciones del mercado son así de suma positiva. Pero ello no podría lograrse si no existieran ciertas reglas y normas que todos se sintieran en la necesidad de cumplir. Por ejemplo si uno acuerda una transacción de un bien por un pago definido y ello no se cumple, con seguridad –independientemente que pueda quejarse, entrar en conflicto o incluso recurrir a la justicia– no efectuará más intercambios con aquel con quien se sintiera estafado. No es solo el egoísmo (que nos orienta a la satisfacción de nuestros intereses y objetivos), sino también la empatía, (entendida como lo que nos permite ponernos en el lugar del otro), lo que facilita los intercambios. “La sociedad de los hombres no es más que un enlace o conexión de diferentes percepciones entre los individuos, que se suceden las unas a las otras, con una rapidez inconcebible y que se hallan en un flujo de movimiento perpetuo,..(…)…y esto es más notable cuando añadimos la simpatía de las partes a sus fines y mantienen entre sí una relación recíproca de causa y efecto en todas sus acciones y operaciones,..”. (Hume, D 2001:191-194)

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Los autores de la ilustración escocesa fueron prolíficos en ideas y el pensamiento referidos al comportamiento humano, a su vez que mantuvieron conceptos similares, que aplicaron de formas diferentes. Por ejemplo para Adam Smith (2004) este mismo punto es tratado como “simpatía”, que además y según su análisis es el que permite y facilita las interacciones. (Smith, A. 2004, Parte I, Sec. I, Cap. IV) Pero el concepto al que este autor se quiere referir puntualmente es que en todos los casos los intercambios requieren de normas y reglas que –a lo largo del tiempo– sean cumplidas regularmente y que son “pequeños actos cotidianos” que permitan algún grado de certeza y previsibilidad a los interesados ante perspectivas de incertidumbre. De ese proceso evolutivo, que se produce por ensayo y error entre los hombres en sus formas de vinculación cotidiana surgen las reglas, las normas, que son las instituciones. Tanto el estado, el dinero, el mercado, o la propiedad, como tantos otras cuestiones que nos son comunes en nuestra vida diaria, no aparecen de la nada, ni son producto del designio humano, sino que son instituciones que se establecen naturalmente porque son convenientes a todos para el cumplimiento de sus objetivos de cada uno y una vida posible en sociedad. Luego –mucho más tarde de establecidas naturalmente– el derecho les otorga un ordenamiento legal, tanto a requerimiento de los jurisconsultos, o los legisladores o el poder político. (Martínez Messenger, C 2013: Cap. XIII, Sec, 2, Párr. 3-5) En su momento los intelectuales de la Revolución Francesa –como D. Diderot o J. J. Rousseau– plantearon que si la propiedad privada era el resultado del derecho natural y era entonces deseable que todos los hombres la disfrutaran por igual. Por lo mismo se hacía prioritaria la distribución igualitaria y la posibilidad de pensar el Estado como el único propietario. Tal sería el argumento utilizado que justificó las expropiaciones a los señores feudales. (Rousseau, J.J. 1999b:338) Obviamente la propiedad privada no tiene sustento en el derecho natural, pero este concepto esgrimido por los pensadores de la Revolución Francesa, permitió cuestionar la idea de la propiedad, asumiendo que las diferencias entre los hombres que ella establecía eran injustas. Es seguro que no se pensó en su momento, que el mercado es dinámico y retribuye según aspectos y condiciones diferentes a los que podrían atribuirse a la ley natural.

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Igualmente las diferencias se consideraron injustas e indebidas, por lo que una línea de pensamiento argumentó sobre la necesidad de la abolición del derecho de propiedad y la instauración de la propiedad común, incluso antes que C. Marx hiciera suya la idea. Los precursores intelectuales de la Revolución Francesa, tales como el abate Mably, Rousseau y Diderot, así como también los ideólogos revolucionarios, el abate Sieyes, Robespierre, Babeuf y Philippe Buonarroti, plantearon diversas cuestiones en torno a la propiedad territorial, las preguntas: ¿es acaso ella es o no de derecho natural?, ¿ se admite y es recomendable el derecho de todos los hombres a una participación igualitaria en la propiedad?, ¿Cuáles son los límites de la propiedad privada legítima?, ¿es posible la propiedad comunitaria, la necesidad de redistribución de las tierras, así como pensar al Estado como el único “propietario”?, ¿Cuál es la justificación y el procedimiento de las confiscaciones?. Los pensadores más sensatos admitieron que la desigualdad de posesiones es inevitable en una sociedad civilizada; que un regreso al comunitarismo idílico del estado de naturaleza supondría la eliminación del trabajo y, por consiguiente, de toda apropiación. (Barceló, J 1993:259). Pero en general, los conatos comunizantes no prosperaron, por lo menos al amparo de la Revolución. El predominio del pensamiento de la época –el iluminismo que preconizó y acompañó a la Revolución Francesa– propugnó la idea de la propiedad como resultado de una ley natural, o como resultado de una de una convención social. J. J. Rousseau fue también un contractualista que siguió esta concepción desmereciendo la importancia de la propiedad. Su idea partía que el hombre era bueno y noble en el estado de naturaleza, pero la propiedad lo convertía en dañino para los demás. (Rousseau, J.J. 1999b) Por supuesto que no cabía en el análisis de los pensadores de la Revolución Francesa (aunque no fue así en todos), un proceso de evolución espontánea, tal como ya estaba presente aunque de manera incipiente en los pensadores de la ilustración escocesa. No comprender el proceso por el que la propiedad es el resultado de un proceso evolutivo que los hombres comprenden que es útil a sus fines, amerita también la intervención política. Porque a los gobernantes se les hace difícil comprender que la propiedad es una institución social, producto de un proceso evolutivo que seguramente aún no ha finalizado, no dudando en justificar su comportamiento afirmando que simplemente

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tratan de impedir “que las instituciones sociales evolucionen arbitrariamente”. (Hayek, F 1990:70) La declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, declara a la propiedad como un derecho inalienable, pero a su vez dice que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, lo que abre la puerta a cualquier tipo de ideas e interpretaciones, tanto como llegar a suponer la igualdad de posesiones. De estas oposiciones nace la tensión que existe entre los ideales libertarios e igualitarios propios de los regímenes democráticos. La propiedad surge de la libertad, que inevitablemente establece las diferencias producto de capacidades, habilidades, imaginación, espíritu emprendedor, innovación y desarrollos personales diferentes, e incluso del azar. Pero no se acepta la desigualdad resultante tan fácilmente. Y en este punto es donde ambas aspiraciones se hacen inconciliables, la libertad tiende a ser sacrificada con gusto para poder preservar la igualdad. "Creo que los pueblos democráticos tienen un gusto natural por la libertad: abandonados a sí mismos, la buscan, la quieren y ven con dolor que se les aleje de ella. Pero tienen también por la igualdad una pasión ardiente, insaciable, eterna e invencible; quieren la igualdad en la libertad, y así no pueden obtenerla”. (Barceló, J 1993:261) El problema de la propiedad se mostró así a los pensadores de la ilustración –desde la concepción de igualdad– como íntimamente vinculado a la inconmovible “voluntad general” (Rousseau, J J 1999a), en vez de: la relación natural recíproca individual entre libertad y propiedad. Finalmente todo concluyó con la estabilidad jurídica que estableció en su artículo N°544 el Código Civil napoleónico. (García, E. B. 1996:10) De alguna manera es válido decir que la libertad orienta a los hombres a la propiedad privada, mientras que la igualdad lo hace hacia la propiedad comunitaria. La contraposición –tal como un juego dialéctico– entre libertad e igualdad fue ampliamente desarrollada por A. de Tocqueville. (Barceló, J 1985:377). “La igualdad representa el elemento constitutivo de una democracia; más aún, es el rasgo que caracteriza a la modernidad. Frente a tal estado de cosas, el deseo de añadir a la vida política el factor libertad da origen a las revoluciones democráticas. Con todo, aún en las democracias, la nostalgia de la igualdad supera con creces a la aspiración a la libertad, de

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modo que esta última puede llegar a ser gustosamente sacrificada con vistas a preservar la vigencia irrestricta de la primera. En tales circunstancias, la democracia tiende a hacerse despótica y amenaza someter a los ciudadanos a una forma de sujeción que puede llegar a ser más avasalladora y total que la ejercida por los monarcas absolutos del pasado”. Frente a esta situación aparece la respuesta que encuentra Tocqueville: “Por mi parte, afirmo que para combatir los males que puede producir la igualdad, sólo hay un remedio eficaz: la libertad política” (Mazzina, C 2008:140) Desde entonces muchas han sido los cursos de pensamiento respecto de dos posiciones que difícilmente puedan encontrar un punto de equilibrio. Por un lado los promotores de la igualdad con su propensión a la propiedad comunitaria y por otro los defensores de la libertad que resulta consecuente con la propiedad privada, aunque esta suponga las inevitables diferencias, en cuanto a ingresos y riqueza, que genera entre los individuos. Hoy en todos los países del mundo (aún muchas democracias populistas) los gobiernos entienden que el respeto a la propiedad privada es una condición imprescindible para el desarrollo de transacciones libres y garantía de intercambios creíbles, tanto para el desarrollo económico de un país, como para su propio sustento. Aunque muchos a la par declamen la igualdad como objetivo social. En realidad aquí nos encontramos con la necesidad de establecer algunas precisiones. Algunos en nombre de la igualdad –y ante la imposibilidad de que la misma pueda fácticamente ser efectiva– reclaman “igualdad de oportunidades”, cuestión imposible a todo razonamiento pues de hecho somos desiguales en muchos aspectos imposibles de superar, como lo es lograr la mencionada igualdad. (Aunque en un extremo Rawls considere injustas hasta las diferencias que provienen de las posiciones originales). Por supuesto que resulta difícil aceptar las desigualdades. Pero naturalmente no somos iguales. Y parece un despropósito querer “construir” una igualdad más allá de la que considera el sistema político o permite la ley. Aunque se pudieran igualar los puntos de partida (se igualen las oportunidades), la llegada al final del camino para cada uno sería diferente. Porque cada uno tiene capacidades diferentes para enfrentar la carrera. Lo que si resulta lícito es otorgar oportunidades (el autor se refiere a oportunidades ciertas y no al mero asistencialismo) a quienes puedan necesitar el empujón necesario para su propio despegue y desarrollo. Pero siempre que no se lo sujete al interés político y a una dependencia permanente.

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De otra forma el estado mismo se ocupa de generar free-riders, cuyo beneficio es limitado porque se les condiciona el futuro (los que se cree beneficiar, en realidad se los perjudica), además de constituir una carga pública, de los que se ocupa indefinidamente el estado, lo que le da justificativo para su propio agigantamiento, creando programas, y reparticiones para dar más de lo mismo. Cuando en opinión de este autor el camino debería ser diferente. Ya que la sociedad así no se desarrolla: se deteriora social y económicamente, porque se iguala “hacia abajo” (o no se iguala) y sin crecimiento. En cierto sentido, más que ocuparnos de corregir desigualdades, deberíamos lograr sociedades más ricas que ofrezcan más y mejores oportunidades a todos. Por supuesto que las desigualdades son difíciles de aceptar (aunque imposibles de evitar), por lo que es pertinente reiterar aquí la pregunta: ¿Cuánta desigualdad estamos dispuestos a convalidar? Parece no considerarse que las diferencias enriquecen: estimulan a unos a emular a los otros, de tal forma en que todos mejoran su condición. Después es resorte de cada uno saber obtener el mejor provecho a sus fines. Y por supuesto que habrá algunos a los que les será imposible dar un solo paso. De ellos es de quienes se tiene que ocupar el Estado para protegerlos y ofrecerles un mínimo básico de subsistencia. En esto no hay discusión alguna. (Anexo Entrevistas: a AR:302) Otros reclaman disminuir la desigualdad de oportunidades. Lo que es una cuestión diferente de la anterior. Y es legítimo volcar recursos que poner al alcance de los más desfavorecidos mejores oportunidades: cuestión que luego pongan en juego sus propias habilidades, inteligencia, motivaciones y capacidades para superar su situación. Pero para ello las políticas públicas de asistencia no deberían ser clientelares, solo deben poner al alcance las oportunidades justas para motorizar las capacidades propias. De otra forma es el fracaso de la política y de los políticos que desconocen el ordenamiento de las instituciones y consideran que deben intervenir para corregir lo que consideran injusto, como árbitros morales de la sociedad. En ese mismo contexto la propiedad privada funciona como una institución. Y si alguien no la respeta es como si se colgara un cencerro –un llamador– que les dice a todos: “este señor es de los que no cumple con las reglas,…no es de confiar”.

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Porque a pesar de las apreciaciones negativas de que ha sido objeto, la propiedad privada, es la que ofrece nuevas oportunidades de renta e inversión. Se trata de una institución fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo social. La protección de la propiedad privada como salvaguarda contra la coacción de estado puede en esa situación requerir medidas especiales, ya que la moralidad de la acción dentro de la esfera privada no es objeto adecuado del control coactivo por parte del Estado. (Hayek, F 2008a:191-192) Sin embargo los límites no son precisos y con frecuencia se encuentran interrogantes: ¿Cuánto de lícito es intervenir en el mercado?, ¿Cuáles son los procesos que vulneran el derecho de propiedad?, ¿Cuáles son las causas que orientan a los gobiernos a apropiarse de recursos privados?, y ¿Cuáles son las consecuencias de no respetar un derecho inalienable e imprescindible para el desarrollo económico? ¿Qué son los derechos de propiedad? Los derechos de propiedad están en el centro de la estructura de incentivos de las economías de mercado. Ellos determinan quién asume el riesgo y quien obtiene beneficios. De esa forma se estimulan el ahorro y la inversión que ante expectativas se supone que valen la pena. (Anexo Entrevistas: a JC:329) Los derechos de propiedad promueven el esfuerzo del trabajo, y crean marcos propicios para contratos creíbles y ejecutables. La propiedad es el premio el esfuerzo y al buen juicio. Su defensa ayuda el crecimiento económico y la creación de riqueza. Además, una amplia distribución de los derechos de propiedad puede contrarrestar cualquier concentración de poder en el sistema político así como contribuye a la estabilidad social. (World Bank 1996, Cap.III:49) Los derechos de propiedad incluyen el derecho a utilizar un activo, lo que permite o excluye su uso por otros. A su vez permite las acreencias de los ingresos que generan. Así como vender o disponer de otro modo del activo. En las economías de mercado estos derechos se definen por ley, con gran detalle. Los derechos de propiedad en la sucesión de un activo son también claramente especificados. En las economías en transición estos derechos no están en primer lugar. (Anexo Entrevistas: a JC:329) La definición, respecto de la asignación y protección de los derechos de propiedad comprende uno de los conjuntos más complejos y de cuestiones difíciles que cualquier sociedad tiene que resolver, pero que debe ser resuelto de alguna manera. En su mayor parte, los críticos sociales de los derechos de propiedad no quieren abolir esos derechos.

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Por el contrario, quieren transferirlos de la propiedad privada a la propiedad estatal. Ellos consideran que las transferencias a la propiedad pública hacen una economía más eficaz. Mientras, otros aspectos que no evalúan, hacen que sea menos eficaz. El peor resultado, con mucho, se produce cuando los derechos de propiedad realmente se suprimen, que se conoce como la “Tragedia de los Comunes”, que sucede cuando los derechos de propiedad no están bien definidos y todos pueden usufructuar un recurso común: no existe exclusión porque es de todos, pero si “rivalidad”. Y cada uno intenta maximizar su beneficio hasta el punto en el que se agotan sus posibilidades productivas: “la tragedia de los comunes”. (Alchian, A 2008) En las economías de mercado maduras la distribución de los derechos de propiedad y las formas jurídicas que los regulan son relativamente estables, siendo el resultado de una larga evolución que llevó siglos. (World Bank 1996, Cap.III:49) De Soto (2000) en su obra El misterio del capital, cuando nos habla de la propiedad, no se refiere a ella como un problema de justicia, ni recurre a argumentos lógicos sino que lo hace con un enfoque de utilidad, basado en la eficiencia y arraigado en la evolución del ordenamiento y funcionamiento social. Las naciones más desarrolladas del mundo han prosperado mucho más que los que no tienen ese tipo de reconocimiento de la propiedad formal, garantizada, accesible, e integrada a su sistema social. Hoy en día nadie propondría seriamente otras soluciones económicas que no tengan en cuenta la necesidad del respeto a la propiedad formal. Por eso, la mayoría de países en desarrollo y los antiguos países comunistas de hoy reconocen el principio de acceso universal a los derechos de propiedad como una necesidad política, y como un ingrediente implícito en sus programas de reforma macroeconómica y del mercado (De soto, H 2001, Cap.VI, Parte I, Sec. ´El fracaso del mandato de la ley´, Párr.3) La propiedad deriva su legitimidad de acuerdos entre individuos, múltiples y repetidos en el tiempo y que determinan la propiedad existente, así como sus derechos. (Kinsella, S.2002:102) De Soto (2000) en el El misterio del capital (Cap III) define los atributos esenciales que tiene la propiedad en sí misma: 1) permite la fijación de potenciales activos económicos, 2) integra la información que está dispersa, 3) hace a las personas responsables, 4) permite definir activos transables, 5) facilita la relación entre las personas, y 6) protege y ordena las transacciones. (De soto, H 2001, Cap. III, Sec 4-9)

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La Nueva Economía Institucional (también conocida como Escuela de los Derechos de Propiedad) analiza la importancia y connotaciones que los mismos tienen en la vida económica y social. Para la Escuela de los Derechos de Propiedad, cuyos más prominentes representantes hoy son Alchian, Demsetz, Pejovich, Libecap, Cheung, etc. diferentes formas de propiedad –titularidad y contenido– generan incentivos distintos, lo que a su vez se traduce en diferentes comportamientos de los agentes. (Ramos Gorostiza, J L 2012:93) Sin embargo es esencial que los economistas avancen significativamente en la elaboración de una completa teoría del Estado, porque desde el accionar del mismo se altera la dirección que los derechos de propiedad debieran promover. Es por ello y también es fundamental que se amplíe la perspectiva, prestando mayor atención a las aportaciones realizadas desde la sociología y la ciencia política. (Ibíd.:103) Ya que la intervención de otras variables pueden modificar los resultados. Detrás de la incorporación de los derechos dentro del análisis económico subyace la idea de que existe un conjunto de normas sociales que pueden maximizar la riqueza. Si se consideran los factores de producción como derechos, el coste de su utilización implica una pérdida en otra parte como resultado de ejercer ese derecho. Mientras que el comportamiento maximizador de la utilidad individual garantiza la eficiencia social. Y tres principios -universalidad, exclusividad y transferibilidad- deberían darse en todos los sistemas de propiedad. (San Emeterio Martín, N 1997:9) Sólo con que los derechos estén definidos y protegidos por el Estado, el funcionamiento del mercado lograría maximizar el output de la sociedad. Básicamente, ésta es la consecuencia del famoso Teorema de Coase. Lo que cambia en un enfoque que justifica la intervención del estado para garantizar derechos colectivos es que se restringe el buen funcionamiento del mercado y se pierde de vista que en determinadas circunstancias: un mundo con un sistema adecuado de propiedad, hace innecesaria la intervención del estado en ese punto Y solo sería deseable su protección. Tanto es así que, en su discurso de recepción del Premio Nobel, Coase expresa que "una de las misiones de los economistas desde la publicación de Wealth of Nations ha sido la de formalizar esta proposición de A. Smith, es decir, insistir en que la ´mano invisible´, con tiempo tiende a mejorar siempre la condición de todos, y que su trabajo consiste exactamente en eso”. (Ibíd.:11) Lo cual obviamente es cierto, pero no visible, porque no todos respetan el derecho de la misma forma y las políticas del gobierno interfirieren en su evolución.

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El concepto de ´consecuencias no deseadas´ es uno de los componentes básicos de la economía. La ´mano invisible´ de Adam Smith, es la metáfora más famosa de las ciencias sociales, (e intrínsecamente se enlaza con la evolución y cambio permanente de las instituciones), se trata de un ejemplo de una consecuencia no deseada positiva. Smith sostenía que cada individuo, buscando sólo su propio beneficio, está dirigido por una mano invisible que promueve un fin que no formaba parte de sus intenciones y que termina siendo parte del interés público. "No es de la benevolencia del carnicero o del panadero, que esperamos nuestra cena, –escribió A. Smith– pero si a partir de lo que se considera su propio interés". (Norton, R. 2008) Estas consideraciones tienen una enorme consistencia, porque facilitan la interpretación que es el mercado y no el estado es el que se encuentra en mejores condiciones de resolver los problemas sociales y económicos de los individuos y la sociedad. Pero debe admitirse que la “mano invisible” es demasiado invisible y una ordenadora social lenta. Esta circunstancia posibilita las ansias de intervención estatal y tiene en los gobernantes que no cuentan con toda la información necesaria, sus propias preferencias e incentivos. Así la intervención del estado nunca es neutral e impregna la evolución espontánea. En la mayoría de las economías en transición la asignación de los derechos de propiedad es a la vez compleja y parcial; que bien podría ser ineficaz y conflictiva. Es por lo que el mercado –en estos casos– carece de mecanismos que mejoren su eficiencia. Se han abordado tanto las causas, como los excesos del intervencionismo estatal, y sus consecuencias. Como también los derechos de propiedad desde la perspectiva evolutiva de las instituciones y las implicancias éticas, económicas, sociales y políticas, a nivel individual y social. Pensamiento que se consolidó desde los pensadores de la ilustración escocesa. (Hume, D 2001:367) Hoy la consideración y análisis del derecho de propiedad es importante por lo que los mismos representan para el desarrollo económico y social, y/o para la interpretación de las políticas públicas. Muchos autores, se han ocupado del tema y de sus implicancias, desde R. Coase, y muchos otros hasta nuestros días, lo que dio origen a la Escuela de los Derechos de Propiedad (EDP). La Escuela de la Elección Pública (EEP) tiene en ese sentido múltiples puntos de coincidencia, y perspectivas de análisis que enriquecen a la Escuela de los Derechos de Propiedad, en particular respecto del comportamiento de la clase política, y la acción

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política de los gobernantes. El aporte de este autor en este sentido es el de considerar que los conceptos que se han vertido y son considerados por muchos, inconmovibles deben ser analizados como aspectos en continua evolución, que seguramente no ha finalizado y que con frecuencia son alterados por otros actores, que tienen intereses diferentes desde lo político y lo social, que modifican con sus acciones la dinámica implícita de un marco teórico puro. En la política, las normas suelen tener una gran importancia y posibilitan un accionar propio y de coalición de grupos que interactúan con la sociedad. Estas reglas con frecuencia sustituyen al consentimiento y al intercambio voluntario que existe en el mercado. Pero en la política, los objetivos de las personas gobernantes son similares a las metas que tienen como consumidores, productores y proveedores de recursos cuando se desempeñan en el sector privado. Y mantienen la misma conducta cuando participan como votantes, políticos, burócratas y grupos de interés. En el sistema político, como en el mercado, la gente a veces (no quiere decir que siempre) es egoísta. En todos los casos, sus conocimientos son limitados, como lo es saber cuánto en realidad se preocupan por los objetivos de otras personas. La actividad política tiene beneficios, pero también tiene costos, que son siempre resultado del comportamiento político y provoca algunos problemas previsibles para los ciudadanos. (Stroup, R 2008) Hoy, luego de múltiples interpretaciones y una vez superados los criterios de las sociedades que propugnaron la propiedad colectiva, finalmente los derechos de propiedad se inscriben como derecho humano y sus delimitaciones son las que define el estado de derecho. A este respecto existen cuatro tendencias bien definidas. La primera es la que se ha mencionado antes y que se inscribe en la escuela del iusnaturalismo (interpreta que son derechos fundados en la naturaleza del hombre), pensamiento que en la actualidad tiene relativamente pocos cultores. Una segunda visión lo inscribe como un derecho positivo –derivado del derecho romano– producto de una convención social, que lo establece y legitima por la legislación vigente. En nuestro país existe un gran número de pensadores que adoptan esta visión positivista. (Anexo Entrevistas: a FC:307) Una tercera escuela es la del realismo jurídico, que tiene a su vez dos vertientes: una la estadounidense –la más numerosa y consolidada– que tiene figuras como O. H Holmes, J. Frank, R. Pound, F. Cohen y T. Arnold entre otros y que identifica el derecho con la

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eficacia normativa de las decisiones judiciales respecto de los fallos fundados, es decir: la práctica cotidiana del derecho. Y otra (también identificada con el realismo jurídico) es la escandinava que define el derecho en función de lo que los ciudadanos consideran deseable, niega la cientificidad de la jurisprudencia y señala que los actos jurídicos son actos sociales. Es denominada también escuela de la ´sociología jurídica´. (Ibid: FC) Por nuestra parte nos centraremos para la interpretación del derecho de propiedad, en el contexto de la escuela evolucionista, que explica el desarrollo de las instituciones (y el derecho de propiedad como una de ellas), de evolución espontánea derivada de la interacción entre los individuos a partir de procesos de ensayo y error, de las que subsisten las que pueden resolver los requerimientos sociales. (Hayek, F. 2013) Como partimos del concepto de que la propiedad es una institución producto de una evolución social cuyos fundamentos (y modalidad) han variado a lo largo del tiempo, resultado adaptativo a diferentes condiciones e ideas predominantes en cada momento. Ello requiere comprender que han sido necesarias ideas que provienen de diferentes campos complejos y cuyo desarrollo y aportes devienen de varias disciplinas. Tanto la biología, como la sociología y la economía fueron vertientes desde las que se desarrolló este proceso interpretativo que nutre la teoría. El núcleo del pensamiento de la ilustración escocesa es el de que el proceso evolutivo es un contínuum determinado por intercambios en los que cada uno buscando su propio beneficio facilita sin que esta sea su última intención, el que otros alcancen los suyos. Probablemente de B. de Mandeville (“La fábula de las abejas”), tomó muchas ideas D. Hume, de las que A. Smith derivó las suyas. Pero la evolución de las ciencias biológicas no fue independiente y la teoría evolutiva de la especies de Charles Darwin, surge luego que este leyera La riqueza de las naciones, de A. Smith. (Anexo Entrevistas: a AR:302) Sería difícil sugerir quien precedió a quien. Lo que a la luz de la teoría evolutiva parece cierto es que en la actualidad ni el hombre “economicus”,.. ni el hombre estrictamente “sociologicus”, pueden sostenerse como entidades autónomas. (Mayos, G 1994:193) La posición de este autor adhiere a que existe un camino de interpretación intermedio en el que ambos parecen confluir: tanto el egoísmo o la autopreservación (propias del Homos económicus), son compatibles con el altruismo, la cooperación y el espíritu

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asociativo (del Homo sociológicus). La ausencia de racionalidad absoluta, como de información completa y la existencia de pautas, normas sociales, mandatos culturales, así como otras que son propias de tipo biológico, hacen imposible enmarcar al hombre en un único esquema de comportamiento. El derecho de propiedad es una institución importante que ha sido descuidada en la literatura económica, pues poca atención se ha prestado en el tratamiento de este tema. Sin embargo el derecho de propiedad cumple un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades. Los propietarios de bienes de producción se ven constreñidos a destinar su propiedad a satisfacer del mejor modo posible a los consumidores. Si les falta inteligencia o aptitudes para cumplir sus obligaciones, sufren pérdidas patrimoniales. Si no aprenden de tales pérdidas y no modifican su conducta mercantil, acaban en la ruina total. No hay inversión alguna que resulte eternamente segura. La protección más importante que la ley brinda al individuo es la de su propiedad. Esa propiedad otorga a los individuos un dominio protegido contra el estado. La propiedad “proporciona la clave para la aparición de instituciones políticas y jurídicas que garantizan la libertad”. El desarrollo económico histórico sólo puede explicarse por la propiedad privada, el estado de derecho y otras instituciones fundamentales. Los economistas clásicos lo comprendieron, pero no hicieron hincapié en aquello que consideraban obvio. A medida que la economía maduraba como disciplina en el siglo XIX, las ideas centrales de los derechos de propiedad comenzaron a reconocerse. (Hoskins, L y O´Driscoll, G 2006:3) Estos conceptos fueron progresivamente contemplados, partir de los trabajos de A. Plant y continuados por otros tales como Ronald Coase, Armen Alchian, Harold Demsetz, Gary Becker, Steven Cheung y Steve Pejovich, los que dieron origen a la “Escuela de los Derechos de Propiedad” (EDP), (Hoskins, L y O´Driscoll, G 2006:10) Ellos hicieron fructíferos aportes referidos a: costos de transacción, teoría de los contratos y la firma, así como a los derechos de propiedad y sus implicancias psicológicas y sociales. En este punto existen marcadas coincidencias y puntos de análisis comunes entre la nueva economía institucional, la EEP y la EDP, en especial sobre temas como por ejemplo: en la teoría de los contratos, en la economía del bienestar, o en la teoría del comportamiento humano, etc.

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Otra caracterización que puede ser de utilidad para considerar la importancia del derecho de propiedad es la que hace el International Property Rights (IPRI, 2015), dado que amplía su concepción con una explícita diferenciación entre propiedad y derechos. Las consideraciones del International Property Rights son mucho más amplias ya que parten del supuesto que son múltiples las variables que intervienen en la legitimación y en la variabilidad de los derechos de propiedad. Y que la propiedad física de bienes es solo uno de sus aspectos, que puede ser influido por muchas otras variables. Así el componente IPRI se conforma mediante tres subcomponentes: 1)

Subcomponente I: El entorno legal y político, que requiere: a.

Mantener una justicia independiente,

b.

sostener el ejercicio del Rule of Law,

c.

lograr la estabilidad política y

d.

luchar por el control de la corrupción,

2)

Subcomponente II: el pleno ejercicio de los derechos de propiedad: a.

Lograr la protección física de los derechos de propiedad y

b.

el adecuado registro de la propiedad física y

3)

Subcomponente III: los derechos de propiedad intelectual: a.

Su protección,

b.

la existencia de patentes y

c.

la seguridad contra el plagio y la piratería.

Como a su vez fundamenta la relación entre los derechos políticos, las libertades civiles y la libertad económica, con el crecimiento económico. En su análisis el IPRI incorpora las condiciones políticas y legales, los derechos de propiedad intelectual y los derechos de propiedad sobre bienes físicos. (IPRI, 2015) (Levy-Carciente, S. 2015:5) (Anexo Figuras N°10) Así vemos la complejidad del tema y lo inabarcable del tratamiento de todos los puntos expuestos. Por lo que el presente trabajo de investigación se centrará en los derechos de propiedad sobre activos referidos en el punto 2 del IPRI. (Anexo IX Figura N°10)

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Es evidente que desde la perspectiva del International Property Rights, temas como la separación de poderes, la independencia de la Justicia, el pleno ejercicio de la Ley (según el IPRI el Rule of Law), la inestabilidad política y la corrupción afectan directa o indirectamente el pleno ejercicio de los derechos de propiedad, pero exceden los objetivos de la presente investigación. Aunque su tratamiento sería de enorme utilidad, pero su amplitud, y complejidad hace de estos temas diferentes subconjuntos. Por ello nuestro trabajo se remitirá al Subcomponente II referido a activos físicos. Por su parte autores recientes aportan evidencia empírica sobre la existencia de un círculo virtuoso entre la libertad económica (que tiene como sustrato principal el derecho de propiedad), las libertades civiles y los derechos políticos con el crecimiento económico. (Aixalá, J & Gema Fabro, E. 2009:168-172). Ello explicaría por qué es deseable el mayor respeto y protección a estas instituciones para el logro de un mayor bienestar social y como las intervenciones estatales a menudo resultan un obstáculo más que un beneficio, en particular en democracias delayed. (Anexo Figuras: N°11) El círculo virtuoso se encuentra en el pleno ejercicio de las libertades civiles, la libertad económica y los derechos políticos que son los que permiten el crecimiento económico. Si por otra parte tratamos de obtener características comunes en los países de menor riqueza económica, nos encontramos con una fundamental: la inseguridad jurídica de las propiedades de los ciudadanos más pobres. (Mora Villalón, J J 2007) Las funciones que el Estado adopta requieren de un financiamiento apropiado. Las formas de financiamiento del Estado son múltiples, pero todas tienen límites. Finalmente ello representa el gasto público. Si el gobierno gasta más que lo que su financiamiento (genuino) permite, puede tentarse de implementar políticas públicas con determinada fundamentación, aunque implícitamente su interés sea proveerse de recursos, en lo que lo importante analizar su origen que puede vulnerar el derecho de propiedad, sin que ello signifique omitir la evaluación de su asignación, porque ello define no solo las políticas públicas, en el sentido de responder más al bienestar general o al interés personal del decisor político y en su caso su respeto a la democracia. Un gasto público desmesurado es deletéreo para la economía y origina malas decisiones políticas. Aunque adentrarnos en el análisis de la economía del sector público requiere de mayor profundidad en el estudio de otras variables, que exceden el marco de la presente investigación. (Anexo Figuras N°11)

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Marco Teórico 6.1El contexto de la democracia Argentina en el período en estudio

a) Los antecedentes No es pretensión de esta investigación hacer una exhaustiva revisión histórica y alejarnos demasiado en el pasado, en particular por tratarse de hechos recientes de nuestra historia, que implosionaron en forma de graves conflictos de naturaleza política, económica, social e institucional, en lo que se conoce “la crisis del 2001”. Lo anterior no significa desconocer que muchos aspectos que se omiten tienen raíces que se extienden de una u otra forma en nuestra historia más alejada. A partir de allí un breve resumen parece ser un marco suficiente. La crisis del 2001, si bien tuvo muchos factores causales, tuvieron como eje central el intento de mantener – durante el gobierno del Dr. De la Rúa– una política económica destinada a sostener un desfasaje que provenía de fines de los años ´90. La deflación había sido del 1,2% en 1999 y del 1,8% en el 2000, (en comparaciones interanuales) y entre 1995 y 2001 sumaría un 20%. Sin contar con financiamiento externo y con un déficit fiscal que en el 2001 llegó a significar el 7% del PBI, la fuga de capitales se aceleró, mientras las tasas de interés llegaban al 15% lo que resultaba un cerco para la actividad privada y el fisco. (Novaro, M. 2013:275). Todo se acentuó gravemente ocasionando un importante deterioro que se manifestó con el cierre de pequeñas empresas y aumento del desempleo. Mediante la ley N°25.453 de “Equilibrio fiscal” (o Déficit Cero) se posibilitó con recortes en sueldos y jubilaciones, así como el pago con bonos de deudas y contratos. Las transferencias a las provincias disminuyeron, por lo que estas debieron emitir bonos (cuasi-monedas) para el pago de sus propias deudas. (Ibíd:275) Finalmente el Ministro de Economía Domingo Cavallo el 1° de diciembre de 2001, establece el denominado "corralito" (por el cual el gobierno limitó el uso libre de los depósitos bancarios, incluso de los sueldos), todo lo que se expresó en manifestaciones y la profundización popular de las luchas contra las políticas de gobierno, llegando a la convocatoria al paro general del 13 de diciembre. La situación estructural u objetiva fue alarmante: con aproximadamente un 18,3% de desocupación (2.800.000 personas), 16,4% de subocupación (2.500.000 personas), el 38% de la población bajo la línea de pobreza (según datos del INDEC), 4.000 puntos era el riesgo país de acuerdo a la calificación del JP Morgan y 4.000.000 había sumado el 93

denominado voto “bronca” en las elecciones legislativas del 14 de Octubre de 2001. Estas elecciones fueron de suma importancia por dos motivos: por un lado era la primera vez que se elegía –en forma conjunta– directamente a los senadores, en su totalidad y por otro lado, el gran porcentaje de votos anulados, en blanco y la no concurrencia de ciudadanos, significó un repudio a la clase política en general, que alcanzó un gran rechazo. Por otra parte con las medidas de D. Cavallo, 10.000.000 de cuentas bancarias quedaron inmovilizadas, con lo cual el desfalco financiero y la fuga de capitales los pagaban mayoritariamente los trabajadores y los pequeños ahorristas (categorías coincidentes en sectores de profesionales y trabajadores de ingresos más altos). (Merino, G. (2012:95) A la par y con claridad desde agosto se observa la relación inversa entre los depósitos en dólares y los depósitos en pesos por el retraso en su valor real. El pasaje de pesos a los depósitos en dólares se transformó en una salida general del sistema financiero. Mientras el cambio en el signo de los ingresos financieros durante la crisis fue notable, en especial a partir de octubre. Los ingresos financieros cambiaron drásticamente a un signo negativo ya en noviembre. (McCandless, G., Gabrielli, M. F., & Rouillet, M. J. 2003:99) Las manifestaciones sociales hicieron eclosión, hubo una fuerte represión social con un saldo de 19 muertos y un centenar de heridos. La crisis social que se instaló pareció muy difícil de revertir. Muchos jóvenes e incluso familias enteras, emigraron, porque pensaron que ya el país no tenía futuro: fue más fuerte la desesperanza que la misma crisis. La expresión que se generalizó fue: “que se vayan todos,..” coreado por multitudes. Esto en particular porque se advirtió que el problema no había sido la expresión final del Presidente De La Rúa –que renuncia– sino que incluso excedía al mismo como a D. Cavallo o la misma Alianza y que todos los partidos habían estado en alguna medida implicados, sin que ninguno además ofreciera propuestas que no supusieran aún más costos que los ya padecidos. (Novaro, M 2013:280) Se sufre un estado de naturaleza, donde la sociedad se vuelve anárquica, y donde la furia y desobediencia cívica, como así también la falta de credibilidad de los sectores políticos y financieros, lo que haría estragos en la comunidad. (Baldioli, A y Leiras, S 2012b:226) En este contexto volvieron los saqueos a los comercios, en alguna medida tolerados cuando no fomentados por intendentes y funcionarios. El Presidente decretó el estado de sitio, con lo que estalló la rebelión: grupos piqueteros y los cacerolazos de la clase media confluyeron en una movilización espontánea a la Plaza de Mayo, que el gobierno

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reprimió, causando 15 muertos y multiplicidad de heridos. De la Rúa presentó el 20 de Diciembre su renuncia al Congreso. (Novaro, M 20132:277-278) Atomizados los demás partidos políticos –el partido peronista también tuvo sus propias divisiones internas– fueron los líderes peronistas los que tomaron el control de la situación, logrando acuerdos desde sus bancadas legislativas. El presidencialismo argentino se había “parlamentarizado”. (Novaro, M 2013:282) Fueron necesarios cuatro presidentes que no pudieron en el lapso de apenas 10 días llegar alguno de ellos a acuerdos duraderos. R. Puerta, presidente provisional del Senado fue quien primero asumió, pero aspiraba a un cargo elegido por el voto popular, por lo que cedió su puesto. A. Rodríguez Saa, asume declarando la moratoria unilateral en el pago de la deuda lo que le valió un enorme apoyo y reconocimiento en su momento. Pero intentó mantener su mandato más allá de los noventa días que se le había impuesto como límite. La represalia fue dejarlo solo en una reunión organizada en Chapadmalal, que fue sitiada por grupos piqueteros. R. Puerta declina su postulación y da paso a E. Camaño presidente de la Cámara de Diputados, hasta que Duhalde logró los acuerdos necesarios para asumir con dos condiciones: solamente completar el tiempo faltante del período de De La Rúa y excluirse como candidato en las siguientes elecciones. (Novaro, M 2013:283) El Dr. Eduardo Duhalde asume el 1° de Enero de 2002. El gobierno de E. Duhalde se consolida inicialmente por un acuerdo de la totalidad de la clase política con representación legislativa que intenta superar una grave crisis de legitimidad. En segundo lugar y en medio de circunstancias sociales altamente conflictivas, logra progresivamente cierta estabilidad gracias a una rápida recuperación económica, acaecida tras la devaluación de la moneda nacional, logrando imponer una nueva coalición política y de gobierno. (Calvo, JC 2003:4)

b) El gobierno del Dr. Eduardo Duhalde La conflictividad social no fue un problema fácil de resolver, como muchos otros. El Dr. Duhalde debió enfrentarla y en particular a los grupos de presión e interés que intentaban mantener sus privilegios en un contexto de grave incertidumbre.

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Apenas asumió derogó la convertibilidad y simultáneamente amplió el “corralito” congelando los depósitos bancarios en lo que se conocería como el “corralón”, así como se extendió el plazo de vigencia de los topes a los retiros de capital de las cuentas bancarias. La intención fue ganar tiempo para lograr una solución a quienes habían depositado dólares y para quienes eran deudores en esa moneda. Sin embargo pronto quedó en evidencia que no existía ningún plan económico serio para encarar la gravedad de la crisis y las demandas crecientes de la gente. La presión de los deudores y ahorristas sobre el Congreso, los tribunales y los propios bancos fue masiva y violenta. (Novaro, M 2013:284-285) Con las jubilaciones y los salarios públicos congelados, el Tesoro empezó a absorber la masa de bonos y cuasi-monedas, con las que las provincias fueron financiando su déficit desde hacía varios años. Pero con el dólar en franco retroceso la inflación se contuvo y los indicadores de actividad económica empezaron a crecer desde la segunda mitad del 2002. (Novaro, M 2013:288) El Dr. Duhalde formó un gabinete de crisis, así como conformó con referentes de sociales, ONG´s y la iglesia, la Mesa de diálogo Argentino que contribuyó tanto a aportar ideas, como a contener la tensión social. Su experiencia al frente del ejecutivo bonaerense representó una clara ventaja comparativa a la hora de enfrentar los desafíos. Entre muchas otras medidas tomadas durante la gestión del Dr. Duhalde existen tres que resultan destacables por su importancia: la devaluación de la moneda (que dio fin a la ley de Convertibilidad), la pesificación forzada de los depósitos bancarios en moneda extranjera y una gran distribución de planes sociales. (Baldioli, A y Leiras, S 2012b:230) El corralito finalizó oficialmente el 2 de Diciembre de 2002, cuando se anuncia la liberación de los depósitos retenidos por alrededor de 21.000 millones de pesos. Duhalde recurrió a 152 decretos de necesidad y urgencia (DNU). El 26 de Junio de 2002 las organizaciones de desocupados del país plantearon desarrollar un plan de lucha, para lograr aumentos de salarios y una duplicación de los subsidios a los desocupados. Se comenzó con una jornada de protesta que realizó el corte de todos los puentes de acceso a la Ciudad de Buenos Aires. El reclamo fue severamente reprimido por fuerzas de seguridad conjuntas y dio como resultado la muerte de los militantes D. Santillán y M. Kosteki, además de múltiples heridos.

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Duhalde designado para completar el mandato de De La Rúa decidió adelantar las elecciones presidenciales para el 27 de Abril de 2003. (Baldioli, A y Leiras, S 2012b:234) El objetivo de Duhalde era impedir que a esas elecciones llegara el ex-Presidente Dr. Carlos Menem, o en caso de que se presentara no resultara victorioso, dado el prolongado enfrentamiento –más personal que político– que mantenían. Para ello llevó adelante una estrategia, intentado primero convenir con otros referentes peronistas y acordando realizar el congreso partidario del 24 de Enero de 2003 –conocido como Congreso de Lanús– con los tres aspirantes a convertirse en candidatos, que presentó como programas contrapuestos, lo que sugería suspender las elecciones internas por única vez y permitir que todos llevaran los símbolos partidarios comunes para presentarse a la elección general. Los tres candidatos que representaron al Partido Justicialista fueron Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saa y Néstor Carlos Kirchner. (Baldioli, A y Leiras, S 2012b:236) El Partido Justicialista se presentaba con tres candidatos como si representaran a partidos diferentes. La fragmentación dio los resultados que esperaba Duhalde que se encontraba fuertemente enfrentado con C. Menem. A pesar de sus iniciales desventajas N. Kirchner logró incrementar su popularidad impulsando un programa de perfil “socialdemócrata” con el que se diferenciaba de las políticas aplicadas durante los gobiernos de Menem y De La Rúa. En las elecciones del 27 de Abril el Frente para la Victoria obtuvo el 21,99% de los votos resultando superado por la Alianza Frente por la Lealtad que obtuvo el 24,30%. Después de diferentes versiones, la segunda vuelta que debía realizarse el 18 de Mayo de 2003 (ballotage), no se realizó por defección de ganador en primera vuelta. (Ibíd 2012b:236) Existió en la elección una alta fragmentación, lo que puso en evidencia el reclamo de una gran parte del electorado por una renovación política y un reformismo económico afín a la más dura ortodoxia. Lo que mostró su preferencia por una alternativa de economía de mercado y la búsqueda de estabilidad. (Novaro, M 2013:291) El gobierno del Dr. Duhalde debió luchar contra la falta de consenso y credibilidad, para lo que se esforzó en sostener el tipo de cambio, reconstituir el sistema financiero, y evitar nuevos costos para familias y empresas. De esta forma y con el Dr. R. Lavagna como Ministro de Economía –quien había logrado un acuerdo fiscal con los gobernadores, que incluía que el gobierno nacional se hacía cargo de las deudas de las provincias y absorbía

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las cuasi-monedas– hacia mitad del 2002 comienza a observarse que la depresión económica no seguía profundizándose, con incipientes signos de recuperación. (Novaro, M; Bonvecchi, A y Cherny, N 2014:64-65)

c) El gobierno del Dr. Néstor Kirchner El presidente electo fue de esta forma Néstor Carlos Kirchner, quien asumió el 25 de Mayo de 2003, con una pobre legitimidad electoral lo que lo condicionaba e impregnaba de gran debilidad institucional. El tránsito de la gestión del Dr. Duhalde a la del Dr. Néstor Kirchner supuso a este respecto una notable continuidad. Pero consciente de sus condicionamientos rápidamente el nuevo presidente optó por plantear la contraposición entre un presente reparador y un pasado cargado de frustraciones económicas y políticas, impugnando a los actores en retirada: primero las rémoras de la dictadura, luego los restos del menemismo y finalmente hizo lo propio con el mismo duhaldismo que lo había promovido. Fue así como se posicionó como paladín de los derechos humanos y redentor de la justicia social, con lo que pudo reclamar una legitimidad que le había sido negada en origen. (Novaro, M; Bonvecchi, A y Cherny, N 2014:15). Las diferencias ideológicas entre N. Kirchner y E. Duhalde se fueron manifestando ya en los meses previos a la asunción del primero. Duhalde había manifestado su intención de retirarse de la política pero ello no fue así, continuando activo en la Provincia de Buenos Aires con el apoyo de sus seguidores. Por su parte Kirchner buscó granjearse a muchos dirigentes que habían pertenecido a la tendencia de izquierda peronista de los ´70. La confrontación se fue profundizando rápidamente. (Baldioli, A y Leiras, S 2012b:238) Es decir que N. Kirchner asume con una baja legitimidad electoral y una confrontación creciente con su mentor. Ello independientemente que el país mostraba signos de rápida recuperación económica, ya que fue el primer presidente que recibió de su antecesor un programa económico en pleno auge, cuentas públicas en orden, una inflación controlada y en baja, así como un PBI en acelerada expansión. Y rápidamente reaccionó para, con esos medios, adquirir el respaldo electoral y político del que carecía. Pero probablemente estos hayan sido elementos sustantivos para motivar su firme decisión de lograr crecimiento económico tanto como una creciente concentración de poder. (Novaro, M 2013:292)

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Durante su gestión puso especial énfasis en ofrecer una interpretación del pasado político argentino, aunque limitado a la revisión de la democracia recuperada en 1983. Dentro de este esquema a su vez ofrecía algunos ejes de gobierno centrados en la reconstrucción de un capitalismo nacional, con la salvedad que “si bien el mercado organiza económicamente, no articula socialmente, por lo que es el estado el que debe poner igualdad allí donde el mercado excluye y abandona,..(…)…el consumo interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión,..”. (Citado por Cabanchik, S 2015:240). Podemos resumir la estrategia del gobierno de Kirchner con la etiqueta “reparación” y la táctica con las de “contención” y “reconstrucción”. La reparación se refería a reparar las secuelas ocasionadas por el terrorismo de Estado y en cuanto a las tácticas la mayor urgencia radicaba en contener la protesta social sin caer en la represión, así como lograr la reconstrucción significaba recuperar la estabilidad del orden social, rediseñar el estado y sus instituciones políticas. Kirchner se propuso conquistar el poder partidario, y lo hizo ampliando su base por izquierda, en nombre de una novedosa transversalidad. (Cabanchik, S 2015:239-242) Esto le permitió ampliar su base de sustentación –la del FpV– que aún encuadrado dentro del peronismo, termino fusionándolo como una sola fuerza sin matrices distinguibles. De esta forma no tuvo mayores inconvenientes para aprovechar y llevar a la práctica el “giro a la izquierda”, idea con la que promovería el reemplazo de los Jueces de la Corte por figuras incuestionables, con escasas relaciones con el peronismo, y sólidas credenciales progresistas y garantistas. Con ello logró una Corte Suprema prestigiosa e independiente como la que Alfonsín promoviera en 1984. (Novaro, M 2013:293) Kirchner fue mucho más allá al impulsar en el Congreso una norma que declaraba nulas las leyes de “punto final” y “obediencia debida”, con lo que esperaba seguir ganando adeptos desde los sectores de izquierda, en particular los organismos de derechos humanos, que se convirtieron en entusiastas aliados del gobierno, lo que le permitió redefinir a su vez el lugar que hasta entonces había ocupado el peronismo en los relatos colectivos sobre la historia reciente y en particular con la intención de forzar a los legisladores peronistas a abandonar su adhesión a la política del olvido impulsada por Menem. (Ibíd.:293) Kirchner heredó de Duhalde el Ministro de Economía Dr. R. Lavagna y continuó con él las políticas económicas establecidas manteniendo la devaluación ya efectuada, mediante

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una fuerte intervención del Banco Central en la compra de divisas e impulsando mediante las exportaciones y el impulso al consumo interno un crecimiento económico con tasas del PBI cercanas al 9%. (Baldioli, A y Leiras, S 2012b:253) El slogan que resumía las políticas económicas asumidas fue el de sostener los “superávit gemelos”, con lo que se quería expresar el equilibrio fiscal y el superávit en la balanza de pagos. Tras el ajuste inicial la economía argentina logro un proceso de recuperación sostenido en un marco de mejora de la economía internacional en particular en la demanda y precio de los commodities. La economía argentina logró niveles de crecimiento similares a los de la década anterior, aunque la evidencia empírica y los datos disponibles, no acompañan la proclamada distribución del ingreso y la inclusión social, que fueron eje del discurso presidencial, manteniéndose condiciones similares a las de la década del ´90. (Ibíd.:253) Después de estos éxitos iniciales progresivamente Kirchner se adueñó del manejo de las cuentas públicas estimulando el crecimiento de la demanda a través del gasto público, con lo que sería su propio vocero portador de buenas noticias económicas. Pudo así presentarse como el hacedor de la recomposición de los ingresos de los trabajadores ante los sindicatos. Instaló el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario, con lo que se convirtió en árbitro de la puja distributiva. Y utilizó la figura de ser el defensor y luchador por la defensa de los trabajadores “contra las ambiciones de los empresarios”. A su vez adoptó de manera decidida el papel de defensa de los consumidores frente a las empresas privatizadas, que no gozaban de buena fama y habían iniciado demandas contra la Argentina debido al congelamiento de tarifas dispuesto en 2002. Pero las demandas ante el CIADI, resultaban desfavorables a nuestro país, por lo que impulsó la Ley N°25.790 que permitía la renegociación de los contratos. Las empresas desistieron así de las demandas. En estas condiciones el gobierno pudo firmar acuerdos entre 2004 y 2006, con las empresas de agua, correo, electricidad, telecomunicaciones, y aeropuertos con lo que logró extender el congelamiento de tarifas para consumidores finales por tiempo indeterminado, con el costo de subsidiar a las empresas con obras de infraestructura y subsidios directos. El gobierno logró así tarifas bajas para estimular el crecimiento económico, pues pensó que en tanto persistiera ese crecimiento tendría recursos fiscales para mantener el tipo de cambio y financiar los subsidios para las obras de infraestructura y el congelamiento tarifario. Este esquema le permitiría a Kirchner presentarse ante la opinión pública como el garante de las tarifas bajas que permitían a las familias mejorar 100

su ingreso. (Novaro, M; Bonvecchi, A y Cherny, N 2014:119-121) En realidad se trató de un claro subsidio a la oferta, disimulado con tarifas bajas que igual se pagaban con impuestos crecientes. (Anexo Entrevistas: a JC:329) En las relaciones con el FMI y los tenedores de deuda Kirchner repitió la estrategia de polarizar para negociar. Frente al FMI condicionó cualquier acuerdo a reformas del sistema impositivo y del federalismo fiscal a la refinanciación de la deuda pendiente. Las negociaciones iniciadas a fines del 2003, se prolongaron todo el año, al cabo del que Kirchner rechazó las exigencias y dejó de pagar los servicios de la deuda, por lo que se firmó una carta de intención en la que se imponían metas fiscales y monetarias, solo indicativas. Que fueron cumplidas fácilmente y que permitieron a Kirchner mostrarse como defensor de los intereses nacionales y del crecimiento económico argentino. De esta manera y luego de múltiples maniobras, primero hizo una oferta ante el FMI y los fondos de inversión (representantes de miles de inversores anónimos), en primer lugar una propuesta diseñada por el Ministro Lavagna con una quita del 60%, que luego Kirchner endureció elevándola al 75%, la que fue rechazada, por lo que dilató el proceso con el fin de minar su resistencia. Los cambios de estrategia, tanto como las desautorizaciones crearon distancias entre Kirchner y el Ministro de Economía R. Lavagna, como con el Presidente del Banco Central A. Prat Gay. El conflicto escaló aún más cuando el Presidente del Banco Central sugirió incorporar metas de inflación en la carta de intención con el FMI, lo que ya estaba acordado, pero Kirchner rechazaba por “neoliberal” y “tecnocrático”. Para evitar mayores conflictos Kirchner dejó correr la letra del texto del acuerdo pero sin pretensión de cumplirlo y la actitud de bloquearlo. El mandato de Prat Gay venció en Septiembre de 2004 y Kirchner no propuso su renovación al Congreso, con lo que quedó con las manos libres para reemplazarlo por otro que no tuviera pretensiones de autonomía y no fuera tan ortodoxo respecto de las metas de inflación. El elegido fue Martín Redrado, quien le permitió tomar personalmente las riendas de la economía. Todo ello le dio autoridad para conducir la política fiscal y monetaria, con un rumbo heterodoxo. (Ibíd.:121-125) Kirchner logró instalarse como el candidato más fuerte a liderar el peronismo, a mantener a los gobernadores bajo un manejo de sumisión discrecional por no haberse aprobado la nueva ley de coparticipación lo que le permitía negociar personalmente con cada uno, presentarse como el adalid contra las corporaciones y los actores económicos más

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impopulares, con lo que obtuvo una particular forma de concentración de poder. (Ibíd.:128) A pesar de controlar ambas cámaras del Congreso, Kirchner prefirió recurrir a múltiples DNU –que nunca fueron convalidados por el Congreso (Ley N°26.122), ya que se vencían los plazos sin su tratamiento– lo que le permitió firmar desde su asunción hasta Abril de 2006, 176 DNU. Los mismos fueron para firmar asuntos trascendentes, como reestatizar la empresa Aguas Argentinas, modificar el presupuesto nacional en forma reiterada, autorizar a los ministros a otorgar subsidios sin control, destinar millones de pesos para Santa Cruz, extender por diez años las licencias de radio y televisión, etc. Como también para otras de mucha menor importancia. Y ello le permitió a su vez destinar cada vez mayores recursos de forma discrecional entre los gobernadores según la lealtad que demostrara cada uno, o bien asignar en función de objetivos que le dieran rédito al gobierno nacional. Por ejemplo obras públicas contratadas, gestionadas y difundidas desde Buenos Aires; financiamiento para aumentar los salarios docentes; subsidios específicos para compensar tarifas retrasadas en transporte, energía y otros sectores. Esos instrumentos bastaban para abocarse a la recomposición

del campo

político y controlar el peronismo, para modificarlo articulándolo con las corrientes de izquierda y centroizquierda que se encontraban dispersas y disponibles para un proyecto de “gran coalición”, similar aunque en sentido opuesto al que había impulsado Menem. (Novaro, M 2013:295) Pero las medidas económicas que se adoptaron requerían financiamiento, y si bien permitieron ampliar la base de sustentación política de Kirchner, resulta importante insistir que recibió un gobierno con superávit fiscal fruto de nuevos impuestos –como el “impuesto al cheque”, licuación del gasto público vía default y devaluación– lo que progresivamente transformó en déficit fiscal. (Cachanosky, N 2015:56) Con acceso al crédito internacional limitado, el gobierno se vio obligado al incremento de transferencias desde organismos descentralizados y a un aumento de la presión tributaria consolidada que pasó de 31,2% en 2006 al 35,5% en el 2007. (Ibíd.:63) (Etchebarne, A 2012:28) (Anexo Figuras N°6 y 12) (Anexo Entrevistas: a JC:329) En Agosto del 2006 se modificó el Art. N°37 de la Ley 24.156, de 1992 (Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional) otorgando al Jefe de Gabinete de Ministros la facultad ahora permanente de disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere convenientes, lo que se conoció como 102

“super-poderes”. Ello también legitimó concentrando una serie de funciones en el Poder Ejecutivo, el debilitamiento de los procesos deliberativos, como del sistema de pesos y contrapesos fundamental para la calidad de las instituciones democráticas. (Baldioli, A y Leiras, S 2012b:254-255) Muchas medidas fueron tendientes a una creciente intervención del estado en la vida social y económica, como la re-estatización de las empresas antes privatizadas, lo que permite al gobierno la disponibilidad de stocks y flujos. Se debe mencionar que en este momento el Banco central conservaba su independencia, ya que la reforma de su Carta Orgánica recién se produce en el año 2012 mediante la Ley N°26.739 y por lo mismo no era posible el financiamiento del gasto público por emisión o sus reservas, más allá de ciertos límites, a sabiendas que la función principal del BCRA es el cuidado del valor de la moneda. La base monetaria pasó de $70.700 millones en Octubre de 2006 a $88.680 en Octubre de 2007, con un incremento de 25% entre esos años. (BCRA serie de datos sobre base monetaria) (Anexo Entrevistas: a JC:329) El país sin embargo aún crecía a un ritmo acelerado, pero se insinuaban problemas derivados de medidas que no habían sido explícitas a la población. Kirchner no quiso resignarse ante los números que comenzaban a insinuarse, en particular los de una incipiente inflación, su intención era incrementar la intervención estatal y continuar con políticas económicas expansivas. En Abril de 2006 nombró a su Secretario de Comercio Guillermo Moreno. El accionar fue doble: por un lado llegar a un acuerdo de precios con las grandes empresas y por otro lograr el control de las mediciones de inflación mediante presiones sobre el INDEC. Moreno se encontró con resistencias entre los técnicos del Instituto que no se avenían en primer lugar a entregar la nómina de los comercios relevados, como a la modificación de la metodología de análisis. Los técnicos se encontraban amparados por la Ley N°17.622, además de sostener que los hechos deben ser descriptos tal cual son y que exceden voluntades o intereses personales. Una vez que los técnicos se negaron a entregar información clasificada, fueron desplazados, siendo reemplazados por otros sin la formación correspondiente. A partir de Enero de 2007 comenzaron los primeros indicadores adulterados, en particular el IPC del que surge la tasa de inflación. A su vez fueron adulterados inicialmente los cálculos referidos a pobreza e indigencia. El resultado de la intervención fue a su vez el desplazamiento de los técnicos que llevaban años en su tarea, con extrema dureza y su reemplazo. Desde el segundo semestre del 2007 y principios del 2008 se llevó adelante una política de

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copamiento de la Institución de forma sistemática y generalizada. (Noriega, G 2012:3537) Si tuviéramos que poner una fecha al momento en el que la Argentina se desvió de su camino virtuoso de crecimiento, desendeudamiento y recuperación de la moneda, esa fecha sería el 29 de Enero de 2007, con la intervención del INDEC, que fue la primera señal de lo que vendría. Como resultado el índice de inflación de Enero del 2007 es de un 1,1%, cifra que para la desplazada directora G. Bevacqua, que había supervisado la recopilación de datos, era técnicamente imposible y que la verdadera cifra de inflación fue del 2%. (Levy Yeyati, E y Novaro, M 2013: 39-41) Esta intervención y la manipulación de sus indicadores, sirvió a Kirchner para ocultar los incipientes números de inflación, omitir el dar cuenta del incumplimiento de sus metas acordadas y contar con un nuevo recurso impositivo. Kirchner enfocó el problema como eminentemente político y no técnico, empeñado en mantener una marcha expansiva de la economía –sin considerar que la demanda crecía más rápido que la oferta de bienes– el combustible con el que el gobierno pretendía sostener la expansión, comenzaba a tener menor rendimiento, pero todavía parecía suficiente para mantener la marcha. Los motores se aproximaban a su capacidad límite y colocaban al gobierno ante obstáculos mayores para “fugar hacia adelante” y por lo mismo a la necesidad de asignar costos. Sin embargo la aceleración de corto plazo le imprimía a la economía una velocidad vertiginosa, bajo cuyo ritmo Kirchner apostó a que las cargas podían ser acomodadas y los costos postergados o contenidos, sin volcar. De ahí el reiterado discurso desestimando la inflación utilizado en esos meses por todos los voceros y medios oficiales. (Novaro, M; Bonvecchi, A y Cherny, N 2014:211) La concentración de poder fue uno de los objetivos del gobierno de Kirchner, el que se consolidaba a través del dominio legislativo, el partido y los gobernadores. Lo que sería acompañado por otra serie de medidas como por ejemplo se reformó el Consejo de la Magistratura para fortalecer el control oficialista en la designación y remoción de jueces; se reglamentó el uso de DNU, imponiendo límites a la capacidad del Congreso para derogarlos y se ampliaron los poderes delegados con que el Poder Ejecutivo reasignaba las partidas del presupuesto y controlaba las transferencias a las provincias, lo que le permitió al gobierno disponer del 70% de los recursos tributarios y limitar fuertemente la autonomía de los gobernadores. Este poder concentrado permitiría a Kirchner conformar una amplia “concertación plural”, coalición inédita en el control del poder institucional. (Novaro, M 2013:299-300) La creación de la Concertación Plural tuvo como objeto

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disipar la pérdida de apoyo electoral que podría generarse a raíz de las fracturas que afectan al propio PJ. (Bonvecchi, A., y Giraudy, A. 2007:31). Por otra parte la derrota del gobernador Rovira de Misiones en su intento reeleccionista disuadió a otros y al mismo Kirchner de seguir el mismo camino, a pesar de haberse convertido en un impulsor de dichos proyectos. Por otra parte vio que esta circunstancia fortalecía a sus opositores en el PJ, encabezados por el ex-gobernador de Misiones R. Puerta. (Bonvecchi, A., y Giraudy, A. 2007:32-33). Desde lo ideológico Kirchner se planteó progresivamente la hipótesis de la integración e institucionalización que comenzó a perfilarse tempranamente como una de las tendencias centrales del gobierno, alimentada por el accionar de ciertas organizaciones sociales que vieron en el nuevo presidente la posibilidad de un retorno a las fuentes históricas del justicialismo. Más aún, este nuevo giro del peronismo coincidió con la configuración de un nuevo escenario en América Latina, atravesado por la circulación de prácticas contestatarias y la emergencia de gobiernos de centroizquierda, que nos insertó en el denominado “eje bolivariano”. En este marco, Hugo Chávez devino el nuevo modelo de referencia, en virtud de sus afinidades con la tradición nacional-popular argentina (y así fue conocido: “movimiento nacional y popular”). (Svampa, M 2008:22) Frente a la ausencia de una oposición organizada y frente a los avances logrados en lo referente al crecimiento económico (los incipientes problemas no eran todavía visualizados) y la recuperación del orden institucional las elecciones del 2007 no debían ser un obstáculo importante para Kirchner. La campaña de 2007, estuvo rodeada de escasa incertidumbre. Luego de cuatro años de un fuerte crecimiento económico y con la oposición en un estado caótico, la victoria de los peronistas, en ejercicio del poder, era un resultado previsible. La única sorpresa fue que Kirchner, que seguía siendo popular, eligió no buscar la reelección. En cambio, su esposa, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, se postuló en su lugar. El 28 de Octubre de 2007, Cristina Kirchner obtuvo el 45% de los votos, derrotando fácilmente a Elisa Carrió, de la centroizquierdista Coalición Cívica (23%), y al ex ministro de economía de Kirchner, Roberto Lavagna (17%), a quien respaldaba la Unión Cívica Radical (UCR). (Levitsky, S., y Murillo, M V 2008:77)

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d) El gobierno de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner En este punto se hará referencia a solamente un pequeño período del gobierno de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2008). Ello se debe a que las políticas que son objeto de estudio de la presente investigación (la Resolución 125 y la estatización de las AFJP), fueron acontecimientos políticos del año 2008. Lo anterior acota el análisis causal a los antecedentes de este capítulo, pero nos veremos en la necesidad de hacer determinadas referencias a las consecuencias supuestas de las mismas cuyos efectos resultan generalmente diferidos. La elección dejó un partido justicialista con una considerable ventaja –que se expresó de forma aún más significativa en las provincias chicas que están sobre-representadas en el Congreso– lo que le permitió una considerable supremacía en la Cámara de Diputados (aunque la renovación fue de solo 130 diputados), en la que el bloque oficialista tenía más de dos veces el tamaño de los tres mayores bloques de oposición unidos. En la Cámara de Senadores el oficialismo llegó a tener 42 de los 72 escaños, debido que en muchas provincias el PJ fue representado por varias listas, llegando con ello en algunas provincias a hacerse de los tres representantes. (Levitsky, S., y Murillo, M V 2008:86) Aunque es poco probable que el dominio electoral del PJ se traduzca en el surgimiento de un régimen hegemónico, es posible que tenga numerosas consecuencias negativas para la democracia. La debilidad de las instituciones persistente ha tenido graves consecuencias sobre la calidad de la democracia argentina. (Levitsky, S., y Murillo, M V 2008:87-88) A pesar de sus éxitos, Néstor Kirchner perdió numerosas oportunidades de mejorar la calidad de la democracia argentina. Por lo tanto, su esposa heredó tareas inconclusas en varios frentes importantes. En el frente económico, la inflación, que ya se insinuaba claramente y que Kirchner era contrario a asumir por no tomar las medidas que los economistas aconsejaban, a costa de disminuir el crecimiento. Y que por el contrario pretendió ocultar con la intervención del INDEC. También una inminente crisis energética, ya que los subsidios otorgados no habían sido destinados efectivamente a las inversiones necesarias, por lo que la oferta se encontraba limitada. Argentina se convertiría en un importador neto de energía desde el 2008, y a pesar de la inversión del sector público y del aumento de precios programado, el país podría enfrentar costosos déficits. (Levitsky, S., y Murillo, M V 2008:90). A su vez durante su período Kirchner

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redujo los programas sociales, como también los de educación y salud, destinando ingentes recursos a la obra pública. (Levitsky, S., y Murillo, M V 2008:91) Si bien estos no eran los únicos problemas existentes y que a su vez no se habían hecho visibles todavía en la sociedad, debe considerarse que el contexto internacional comenzaba a ser desfavorable. La crisis económica mundial del 2008 –de la que existen muchas interpretaciones– se inició en Estados Unidos, derivada de un fuerte aumento en el incumplimiento y la desvalorización de los activos asociados a hipotecas de alto riesgo, lo que renovó los cuestionamientos sobre la arquitectura del sistema financiero internacional. (Farhi, M y Macedo Cintra, MA 2009:104). En Agosto de 2007 ya la crisis había comenzado a insinuarse a partir de la quiebra del banco de inversión American Home Mortgage, que fue la primera víctima, dado el incumplimiento y desvalorización de los activos asociados a hipotecas de alto riesgo. (Ibíd.:106) Podría discutirse mucho respecto de las causas que originan las crisis pero los aportes que se efectúan desde la perspectiva de la (EAE) Escuela Austríaca de Economía nos permitirán realizar muchas consideraciones a este respecto. Como una aproximación inicial al tema podemos expresar que la crisis que se sucedió en los últimos tiempos (2006-2009) tuvo como inicio y punto de partida el denominado boom inmobiliario. Es decir: el otorgamiento de créditos hipotecarios a individuos sin capacidad de pago, o que se vieron conducidos a ello. Pero los créditos –punto inicial del ciclo– son otorgados por decisores políticos, con buenas intenciones, como intentar lograr el acceso a una vivienda a quienes no la poseen o también para cumplir el papel de benefactor social, a través de lo que incrementa su caudal de votos, aunque luego se hagan visibles las consecuencias. En cualquier caso la crisis del 2008, se inició mucho antes de verse sus efectos, fue profunda y se extendió a muchos países, que sin embargo han logrado recuperarse lentamente. Es de suponer que Kirchner no podía ignorar lo que sucedía y sabía que sus políticas expansivas de la economía sufrirían el impacto. Ya hemos mencionado el incremento sostenido del gasto público y que comenzó a acelerarse por encima del 35% del PBI, desde el año 2007, y que, si no se contabilizaran las transferencias iniciadas desde organismos descentralizados, nos encontraríamos con que el superávit fiscal comenzaba a esfumarse. A su vez gran parte del gasto resultaba inflexible a la baja –salvo las transferencias a las provincias– que igual fueron progresivamente condicionadas reduciéndose desde el 37% en el 2004 al 25%. La contracara del mayor peso del gasto ha

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sido el crecimiento del peso relativo de los tributos nacionales. Y a partir del año 2009 se observa un creciente y claro desequilibrio fiscal. (IARAF, Inf. 2015a:13) Los políticos populistas –rotulados “progresistas”– configuran la estructura de su economía en base al incremento constante del gasto. Ello les otorga gran popularidad y el favor del electorado que ve satisfechas sus preferencias inmediatas y no es consciente que llegará el momento en el que se deberán pagar las consecuencias. En el informe IARAF (2015a) se pone de manifiesto el crecimiento del gasto público total entre 2004 y 2014, como a su vez su composición en la que se destacan las transferencias al sector privado, claro ejemplo de las políticas económicas expansivas. El gasto público puede estar bien orientado o no, pues depende de lo que el decisor político considere prioritario, o en todo caso que también satisfaga su utilidad personal. Esta es una breve descripción del panorama que recibió Cristina Fernández de Kirchner al asumir su primer mandato de gobierno en Diciembre de 2007. Durante su campaña presidencial Cristina Fernández de Kirchner basó su propuesta electoral en la idea de la “continuidad dentro del cambio”, con tres puntos centrales: a)

La inserción de la Argentina en el contexto internacional

b)

La inauguración de un nuevo tiempo político con centro en la mejora de la calidad

institucional y c)

La inauguración de una presidencia que estableciera un cambio en relación a la de

antecesor Néstor Kirchner. (Baldioli, A y Leiras, S 2012a:257) Sin embargo no pareció desde el inicio que se pretendiera demasiado cambio: siete de los ministros de Kirchner continuarían en sus cargos. Tampoco sería posible la reinserción en el mundo si la relación con Venezuela –en la que se mezclan negocios privados con confusos episodios públicos– no fuera más clara y transparente. Como a su vez tampoco la crisis financiera internacional ayudarían poco a satisfacer el primer punto. (Ibid:258259). La Sra. Presidente Cristina Fernández de Kirchner tampoco tenía in mente reducir el gasto público, o ejecutarlo de tal forma que las prioridades fueran las que desde las necesidades de la población se plantearan. También sabía que los commodities habían jugado un importante papel en la crisis internacional, dado el incremento de su demanda. Por lo que en política económica tampoco llevó adelante un cambio en relación a su antecesor Néstor Kirchner, y tampoco satisfizo el tercer punto de sus promesas. Muy por

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el contrario acentuó sus políticas expansivas progresivamente –a la sazón contenida por su conyugue ahora Diputado Nacional– sin considerar o desestimando que para ello requeriría financiamiento adicional, y que en estos casos existe el riesgo de una espiral incontenible de recursos necesarios que no serían fáciles de obtener. Del total del gasto público de ese momento el 75% presentaba una mínima flexibilidad a la baja. (Informe IARAF 2015a:6) Por otra parte a pesar de haber saldado buena parte de la deuda con el FMI, el frente externo atravesaba su crisis y todavía no éramos mirados con buenos ojos –en particular luego de la IV Cumbre de las Américas del 2005 y el alineamiento político adoptado– para invertir/prestar. Y además ya en 2007 había comenzado una fuga de capitales que alcanzó a U$S 8.872 millones en ese año y en 2008 llegó a la cifra de U$S 23.098 millones. (Anexo Figura N°17. Fuente: Estudio Broda). Lo anterior es solo un síntoma de que los inversores o los particulares buscan resguardar sus activos de lo que presumen un incremento potencial o cierto del riesgo. A estas circunstancias no podía estar ajeno el matrimonio Kirchner, y ello ponía en riesgo su proyecto político en la medida que no pudiera sostener su proyecto económico expansivo. En relación a la segunda promesa de su campaña electoral referida a la mejora de la calidad institucional, tampoco se observaron mejoras. En todo caso la calidad institucional sufrió un retroceso. Según el informe sobre calidad institucional 2016 (RELIAL) Argentina comparte para este año los peores resultados, luego de una persistente caída en sus indicadores: (-89) en el transcurso de los últimos 10 años. (Krause, M 2015:11) y (Krause, M 2016b:14) Dado que uno de los componentes del indicador compuesto de Calidad Institucional es el respeto a la propiedad privada, el autor se pregunta en qué medida pudieron haber contribuido las políticas objeto de estudio de la presente investigación de el año 2008, en la evolución del indicador. El grave problema que tienen los gobiernos con orientación populista es que pretendiendo intervenir para llevar adelante políticas públicas distributivas, sin generar suficientes incentivos a la producción (o siendo esta limitada), el gobierno se expande y ocupa cada vez más espacios y funciones. Ante políticas con esta orientación también el sector privado es renuente a invertir. La intervención del estado reduce las perspectivas de inversión productiva, e incrementa el gasto público, ya sea por la vía de subsidios

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(transporte, energía, etc), a los fines de mantener bajas las tarifas, que tienen por objeto suponer a la población mejoras en el ingreso, mientras lo paga vía impuestos. Si el estado se expande se hace necesario incrementar el empleo público, aunque no sea en todos los casos necesario y responda a con frecuencia a favores políticos. El estado intervencionista es, de una manera u otra, un fabricante de “free-riders”. La vía genuina de obtener financiamiento es mediante la vía impositiva, que termina por pesar sobre la actividad privada a la que limita, con graves consecuencias a futuro: por un lado a la larga la capacidad recaudatoria encuentra un techo (Curva de Laffer) y por otro la dificultad de incrementar significativamente y diversificar la capacidad productiva, limita la generación de riqueza. Ya fue considerada la transición hacia economías centralizadas e intervencionistas en lo referente a la disminución de las oportunidades de inversión y sus consecuencias. “Entre Marx y Keynes no hay un abismo tan grande como lo hay entre Marx y Marshall y Wicksell. El mismo proceso capitalista da lugar a una distribución del poder político y a una actitud socio-psicológica –que se expresa en las correspondientes medidas políticas– que le son hostiles y que es de esperar que se vigoricen hasta que terminen por impedir que funcione la máquina capitalista”. Una de las razones más importantes para la consecución de este proceso es la circunstancia que muchas de las oportunidades existentes para la inversión pertenecen a la esfera de la inversión pública –que muchos gobiernos asumen por sí– más bien que a la de la inversión privada. Por otra parte necesidad y demanda no son la misma cosa. Pero la clase política se ve incentivada –administrando dineros públicos– a invertir en cuestiones que son demandadas aunque no representen prioridades, ya que su contraparte es que les proveen de votos. (Schumpeter, JA 1983, T.I:156-157) Pero el Estado no es siempre el ejecutor de estas inversiones –en todo caso puede ser el financiador– y contratante de empresas, y este proceso suele no ser transparente y la interrelación existente entre las demandas sociales, determinados grupos de interés, las burocracias institucionales y el poder político establecen un vínculo de negociación donde no siempre prima la transparencia y los fracasos e ineficiencias de la acción pública, aún democrática, son más costosas y dañinas que las que supuestamente derivan del mal funcionamiento del mercado. (Huerta de Soto, J. 2002: pp. 237) “La administración estatal de servicios se enfrenta a problemas de incentivos que le impiden alcanzar la eficiencia. Los buenos administradores no se pueden llevar parte de

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las ganancias y tampoco sufren las pérdidas. Las estructuras burocráticas son pesadas, resistentes a los cambios y proclives a la corrupción.”(Krause, M. 2011: pp. 93) Uno de los problemas en los que la Teoría de la Elección Pública pone especial énfasis es en el efecto perverso que tiene la acción de “grupos privilegiados de interés”, en connivencia con ciertos sectores de la burocracia estatal y muchos decisores políticos. Son grupos de interés que conocen los espacios donde ser beneficiados, los timbres que tocar, con fuerte poder de lobby y que presionan a los políticos para dar lugar a decisiones públicas en beneficio propio. Finalmente la Nación se encuentra secuestrada entre esos políticos y los grupos de interés. (Huerta de Soto, J. 2002: pp. 239) Si se estimula mediante políticas expansivas al incremento del gasto –y esto mismo fue lo que preconizó Keynes, J (2013, Libro IV, Cap 11, párr.4)– con la intensión de incrementar la demanda agregada, el decisor político encuentra justificación para aumentar el gasto del Estado, lo que a su vez hace a su interés de corto plazo, y frecuentemente lo hace sin mayores miramientos. Todos estos factores, que parecen no tener relación entre sí, tienen sin embargo consecuencias deletéreas sobre la economía en general y sobre los ciudadanos en sus perspectivas de desarrollo individual, pues un modelo de esta naturaleza debe encontrar siempre nuevas fuentes de recursos para su financiamiento, ya que la baja del gasto público una vez iniciada su espiral inflacionaria es incontenible y las asignaciones en su mayor parte inflexibles a la baja. El aumento del gasto público significa disminución de las oportunidades de inversión y a largo plazo una limitación en el financiamiento del estado. Muchas son las tareas que debe y puede desempeñar el Estado, pero no debería avanzar más allá de ciertos límites. (Schumpeter, JA 1983, T.I:158) Para disimular los efectos pueden manipularse los indicadores –ya había acontecido la intervención del INDEC, que no fue inocente– pero los actores comienzan a percibir los riesgos, la realidad se hace presente en cada uno todos los días, algunos (más informados) toman conciencia más temprano y otros más tarde, pero todos finalmente se protegen. Sin embargo para los gobernantes, en general, es siempre más fácil y productivo dar alguna respuesta a las demandas y hacerlo a través de los recursos que administran, pues se trata de transferir recursos de unos a otros, y cuanto más distribuyen más son beneficiados con el favor y reconocimiento popular, que no sabe que inevitablemente algún día deberá pagar este procedimiento que siempre es un endeudamiento a futuro.

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Para los gobernantes los incentivos son directos para actuar en este sentido. Se parte del supuesto que para la población las preferencias tienden a requerir una solución inmediata, así como que existe una tendencia natural al consumo inmediato: propensión por factores objetivos, otros subjetivos y por la propensión marginal. (Keynes, J 2013, Libro III, Cap. 8, 9 y 10). Pero la teoría keynesiana olvidó en este importante concepto de “propensión al consumo” que existen muchos factores que inducen el comportamiento colectivo respecto del mismo. Por ejemplo, la riqueza o, incluso, los tipos de interés o la perspectiva individual de incrementar la proporción de ahorro respecto del consumo. También la riqueza, es decir, el patrimonio acumulado, puede hacer que varíe el consumo, en particular las variaciones de la riqueza de un período a otro. Resulta obvio que cuando el ingreso es bajo la mayor parte (sino todo) es destinado a cubrir las necesidades inmediatas. Así como que el consumo se incrementa a medida que lo hace el ingreso. Es decir que cuando el ingreso aumenta y una vez satisfechas las necesidades esenciales, que siempre son valoradas subjetivamente, se hace mayor la proporción que del mismo ingreso es destinada al ahorro. Es muy difícil suponer que una mayoría puede aceptar un sacrificio presente para obtener beneficios inciertos a futuro, y decimos “inciertos” pues no nos referimos solo a la natural incertidumbre que acompaña a todas las decisiones, sino porque es frecuente que se agreguen otros factores como la inflación, la corrupción, la carga impositiva, los incentivos para invertir o el accionar de grupos de interés que impidan o dificulten una evolución virtuosa de la economía. Pero estos factores que dependen en gran medida de las acciones de gobierno, deberían minimizarse en una economía libre, porque es la incertidumbre una de las razones que inducen a preferir el consumo inmediato. (Frank, R 2005:164) La relación entre las proporciones de la renta destinada al consumo y la que es orientada al ahorro depende de decisiones subjetivas y culturales, relacionadas tanto de las expectativas por la marcha de la economía, como de la elección inter-temporal que determina una renta permanente. Si la renta tiende a aumentar, algunos individuos tienden a preocuparse más por “mostrar su posición” y su rendimiento en el gasto es espuriamente alto. O bien su preferencia es dar satisfacción inmediata a lo que evalúan como impostergable. (Ibíd:167) A contramano de lo anterior las teorías keynesianas son dirigidas al incremento de la demanda agregada, por vía de la acción estatal a la que le asigna especial importancia: “…el estado tendrá que ejercer una influencia orientadora sobre la propensión a consumir

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a través de su sistema de impuestos, fijando la tasa de interés y quizá por otros medios,.. (…)…creo finalmente que la socialización bastante completa de las inversiones será el único medio de aproximarse a la ocupación plena,..” (Keynes, J 2013, Cap. 24, Sec. III, párr.1) Se establece así una antinomia. Propiedad privada, mercado, precios, calculabilidad y eficacia económica son elementos correlativos. Esta asociación, es la que da pie para argumentar, en 1os mismos términos en que hace M. Weber sobre la imposible relación entre socialismo y libertad. El problema fundamental del socialismo –escribe Mises– es el problema del cálculo económico. La desaparición de la propiedad privada y la intervención sobre las leyes del mercado rompen las bases del cálculo y 1o hacen inviable. En el socialismo 1os precios de las cosas deben fijarse burocráticamente, y el cálculo pierde su carácter técnico para convertirse en objeto político. (Bilbao, A 1990:26) Que mejor oportunidad encuentran los decisores políticos que una formal justificación del gasto que decidan, en las políticas que consideren por su criterio, para supuestos beneficios públicos. Desde la perspectiva de la Teoría de la Elección Pública: durante muchas generaciones se han enseñado las teorías keynesianas, que han tenido una enorme influencia entre los economistas que las han difundido entre los decisores políticos y que resultaron perversas por sus daños irreversibles. Los efectos de la economía keynesiana en la política democrática para las decisiones presupuestarias parecen simples y directos. Pero los políticos elegidos gustan de utilizar los dineros públicos en proyectos que producen algunos beneficios demostrables para los contribuyentes. La norma prekeynesiana de equilibrio presupuestario sirve para limitar las inclinaciones de incremento del gasto a fin de mantener los gastos gubernamentales más o menos dentro de los límites de ingresos generados por los impuestos. La destrucción keynesiana de esta norma, sin un reemplazo adecuado, elimina de manera efectiva la restricción. Como era de esperar, los políticos siempre propensos a gastar el dinero de los contribuyentes, aumentaron el gasto más que los ingresos fiscales, el déficit presupuestario parece así el curso normal de los acontecimientos. La simple lógica demuestra que la política keynesiana ha fracasado en su aplicación institucional para la política democrática. (Buchanan, J 2000:70) Keynes en su planteo de la propensión al consumo también olvida que en la elección inter-temporal muchos otros encuentran que pueden destinar cantidades crecientes de su ingreso al ahorro que orientan a oportunidades de inversión productiva, dadas sus expectativas de renta futura. En términos generales con un ingreso muy bajo la tasa de

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ahorro deberá suponerse nula. Pero con determinado nivel de ingresos, se alcanza un punto en que las necesidades se encuentren satisfechas, por lo que cada vez, en mayor número, la proporción relativa del ingreso destinada al consumo será menor y mayor la destinada al ahorro (aunque algunos procedan según sus preferencias manteniendo el consumo de bienes relativos). Y no podría ser de otra manera pues de continuar el consumo y no existir ahorro, el excedente de consumo adicional no podría ser satisfecho sin un incremento paralelo del ahorro que permita las inversiones productivas. Y todo ello determinado por infinidad de decisiones de los individuos que orientan –sin condicionamientos externos y sin proponérselo– los procesos de mercado. La oferta resultado de la producción, luego interactúa para satisfacer las necesidades de consumo. Por lo mismo –tal como nos dice la Ley de Say (1803)– una economía no se puede hacer crecer desde el lado de la demanda sino sólo a través de una mayor productividad. (Kates, S 2011) (Cachanosky, N 2011) Ello no sucede cuando los gobiernos no detienen su intervención en los precios, en los salarios, los tipos de interés y en todo aquello que quieren hacer en el sistema económico, porque se arrogan una mayor sabiduría que la de los ciudadanos. Esa es la diferencia fundamental entre la libertad y la servidumbre. (Mises, L 2007:63-71) En el análisis keynesiano es la crítica de la ilusión de que existe correspondencia entre las leyes del mercado y la igualdad social. A la vez transmite la confusa imagen de que la correcta aplicación del orden técnico económico condicionará, a largo plazo, la clausura de las diferencias sociales. Lo importante del análisis de Mises es que rompe esta mistificación y muestra, sin prejuicios, la necesaria correspondencia entre libre mercado, orden desigual, eficacia económica y democracia. (Bilbao, A 1990:28) Así es que las teorías keynesianas tienen un evidente sesgo igualitarista, lo que les otorga una permisividad temporal muy estricta y limitada y aún más porque inducen un creciente y pernicioso intervencionismo estatal, cuya consecuencia es a largo plazo la estanflación. De esta manera la Sra. Presidente Cristina Fernández de Kirchner no hizo más que profundizar el camino iniciado de expansión de la acción del estado.(Anexo Figuras N°13) Pues el oficialismo tenía ya diagnosticado el agravamiento de los problemas que se habían iniciado, pero creía que para resolverlos, como la salida definitiva de la cesación de pagos, o la inflación o el achicamiento del antes franco superávit fiscal, la respuesta

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lógica era aumentar la dosis de la misma medicina que se venía administrando, con aparente eficiencia. (Novaro, M; Bonvecchi, A y Cherny, N 2014:275) Obviamente se encuentran de acuerdo en ello los economistas de orientación keynesiana, aunque no pueda decirse que dichas políticas económicas lo hayan sido estrictamente. De hecho las políticas instituidas y su profundización no hicieron más que agravar los desequilibrios. Y en el largo plazo se evolucionó a una situación crítica. No solo en lo que al gasto público se refiere. (Anexo Figuras N°18), sino en cuanto al sobre-empleo público (en el período 2003-2015, el incremento fue del 77 %, pasando de 2,3 a 4,2 millones de empleados públicos, contando los niveles nacional, provincial y municipal), el gasto público primario a nivel nacional se incrementó de menos del 15 % en 2003 hasta el 36,7 % en 2015, en términos porcentuales del PBI. Para financiar ese gasto el gobierno en estos últimos diez años incrementó la presión tributaria desde el 24,33 hasta el 45,5 % del ingreso. Es llamativo el impresionante déficit fiscal ya que a pesar de la enorme presión tributaria sorprende que sea así. Si incluimos los intereses, el 2015 cerró con un 5,8 % de déficit fiscal sobre el PIB. Si quitamos la deuda interna con ANSES, BC y PAMI entonces el déficit fiscal es del 7,66 %. Y con una alta tasa de inflación pues el gobierno a pesar de todas sus medidas para financiar su gasto finalmente necesitó monetizar el resto del déficit fiscal, con su lógico efecto inflacionario. Así como otros efectos indeseables. (Ravier, A. 2016) Pero estas consecuencias de la política económica solo se hacen evidentes a largo plazo. Y por otro lado todos los incentivos están puestos para mantenerlas y una vez iniciadas solas se retroalimentan. Porque son útiles al gobernante para captar el favor del electorado y la gente vive una falsa sensación de bienestar. Sorprende ver como se puede rifar el futuro. El agravamiento de las condiciones descriptas tuvo tendencia creciente y corresponde al período 2006-2015. La acción de intervención y expansión se extendió más allá del gasto, o el incremento impositivo y su voluntad regulatoria. A su vez se acentuó una presidencia dominante desde lo político (Ollier, MM 2015:77), que se hizo presente en múltiples aspectos de la vida social, y llevó adelante una construcción simbólica de poder, mediante la conformación de un entramado cultural en la vida política y social argentina. (Wortman, A 2015:385)

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No se considera imprescindible avanzar más en la descripción del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pues asumió el 10 de Diciembre de 2007 y el objeto de análisis de la presente investigación corresponde a inicios de 2008, aunque luego se hagan referencias a la evolución posterior de las variables económicas resultado de las políticas instituidas.

e)

El contexto de la democracia en el período de estudio

Dos autores, como Ernesto Laclau y Guillermo O´Donnell, ambos de prolífica actuación intelectual han tenido importancia en el pensamiento político argentino de los últimos años y en especial en referencia a sus posiciones (que se encuentran en las antípodas), respecto de los gobiernos populistas. Mientras el segundo presenta una crítica de los liderazgos personalistas en la política contemporánea y efectúa una férrea defensa de la democracia liberal, Laclau descree de esta última y considera al populismo la más clara expresión de la política democrática. A pesar de sus diferencias ambos coinciden que la democracia es un fenómeno mucho más amplio y complejo, que las habituales y frecuentes interpretaciones de corte minimalista. (Peruzzotti, E 2015:391) Las diferencias son marcadas a la hora de interpretar por ejemplo la institucionalidad. Para Laclau resulta condenable el “constitucionalismo conservador” y apuesta al surgimiento de nuevos liderazgos populistas que socaven esa institucionalidad. O ´Donnell –preocupado por el déficit institucional y en especial el control de las acciones del Poder Ejecutivo– por su parte ve en los liderazgos presidenciales populistas una reacción a los problemas que aquejan a las actuales democracias y que son precisamente los responsables de la debilidad institucional. (Peruzzotti, E 2015:392) Laclau y muchos otros intelectuales (Carta Abierta se presentó en sociedad en Marzo de 2008), o el periodismo militante de Página/12, se convirtieron en sostén del modelo político defendiendo todas sus acciones con argumentos que muchas veces excedían lo académico, pero que se enmarcaban en el entramado cultural que se había incorporado a la vida política y social argentina y al que se ha hecho mención en los párrafos anteriores. (Novaro, M; Bonvecchi, A y Cherny, N 2014:326) Tanto para Laclau, como para los actores locales, lo relevante es la eficacia simbólica que puede adquirir el discurso populista. Lo que importa es si puede promover la identificación de importantes sectores de la población con el líder, independientemente de

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los contenidos que pueden movilizar el apoyo. De ser exitoso el proceso de identificación populista lleva inexorablemente a la partición de la sociedad en dos campos antagónicos. El conflicto político adquiere un carácter: las dinámicas populistas se organizan alrededor de una visión maniquea donde las fuerzas populares enfrentan a las fuerzas del mal. No hay populismo sin una construcción discursiva de un enemigo. (Peruzzotti, E 2015:395) Este es el modelo que O´Donnell describe como democracias delegativas de la siguiente forma: “..Algunas democracias instaladas recientemente (incluye a la Argentina), constituyen democracias en el sentido de que cumplen con los criterios de R. Dahl para la definición de poliarquía. Sin embargo, estas democracias no son democracias representativas y no parecen estar en camino de serlo; presentan características que me inducen a llamarlas “democracias delegativas”. (O´Donnell, G 2004:56) Las democracias delegativas se basan en la premisa de quien sea que gane una elección presidencial tendrá el derecho a gobernar como él (o ella) considere apropiado, restringido sólo por la dura realidad de las relaciones de poder existentes y por un período en funciones limitado constitucionalmente. El presidente es considerado como la encarnación del país, principal custodio e intérprete de sus intereses. (O´Donnell, G 2004:60) Otras instituciones y en particular la rendición de cuentas resultan un estorbo para la voluntad mayoritaria delegada. El individualismo extremo al constituir el poder ejecutivo se combina adecuadamente con el organicismo del Leviatán. (O´Donnell, G 2004:61) Esta descripción plantea los riesgos que el populismo entraña al quedar el país y sus instituciones democráticas sometidos a la voluntad y arbitrio del gobernante y difícilmente ello podría ser compatible con la construcción y el fortalecimiento de las instituciones políticas democráticas. (O´Donnell, G 2004:61) Las democracias delegativas pueden transcurrir por momentos de bonanza económica, en los que las tensiones no son evidentes. Pero cuando esas tensiones surgen la concepción delegativa surge claramente en crescendo al compás de la extensión e intensidad de las mismas. (O´Donnell, G 2011:26) Laclau en cierto aspecto cuestionaba la actitud del kirchnerismo “…presentar una especie de catálogo de medidas progresistas está muy bien, pero eso no es suficiente. Esas medidas progresistas tienen que ir cristalizándose a través de slogans y símbolos que vayan presentando una división radical de la sociedad,..” (Palermo, V 2011:88)

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Los dos teóricos políticos más importantes del país tienen una visión totalmente opuesta y el punto más importante que los diferencia es la concepción de la institucionalidad. (Peruzzotti, E 2015:406) La conclusión evidente es populismo vs. institucionalidad. Es dado que no es posible concebir un modelo único de democracia, ni que aún sea posible el mismo sea aplicable a todos los países de igual manera. Existen características que la modelan en cada uno, y seguramente no es solo lo que cada país haya podido construir, sino lo que su sociedad sea capaz culturalmente de aceptar para sí. Las diferentes estructuras institucionales que existen hoy en día están profundamente enraizadas en el pasado porque una vez que una sociedad se organiza de una forma particular, ésta tiende a persistir, (concepto que exponen muchos autores) (Acemoglu, D y Robinson J 2012:37) En nuestro caso el lento desarrollo institucional de Argentina después de la independencia es una continuidad del conflicto colonial por el control de los recursos de la aduana. El conflicto entre la Monarquía y la oligarquía portuaria no desaparece con la independencia. Esta puja por recursos no es inclusiva sino todo lo contrario, no mejora el bienestar social de las clases más desventajadas de la sociedad. Los recursos se utilizan para construir y mantener el poder político. (Fernández, R y Monteserin, P 2014:20) Si bien las raíces del populismo se extienden hasta los tiempos de la colonia, y probablemente J.M. de Rosas haya sido quien lo institucionalizó, hoy en día es una lógica discursivo política que ha tenido últimamente incluso una aceptación y resurgimiento académico (Ibíd.:28-29) Es válido preguntarse: ¿Por qué después de medio siglo de guerras civiles se sanciona una Constitución, que nunca se termina de acatar? La Constitución es el marco institucional fundamental, y surge de las diferentes vicisitudes históricas previas a su sanción. La institución de la “encomienda” española caló hondo en nuestras costumbres. La evolución del régimen colonial también, algunas de las instituciones que se van generando en las colonias son ilegales desde su nacimiento. Así como la no sanción de los actos ilícitos con un “se reverencia pero no se cumple” porque muchas veces las leyes tenían un sentido voluntarista que hacía imposible su cumplimiento. Además el centralismo borbónico requirió en América del sur de la red de gobernadores con autorización para el ejercicio de un poder absoluto en su territorio. La reseña histórica efectuada facilita la interpretación institucional del Art. 4 de la Constitución Nacional que

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se preservó intacto en la reforma constitucional de 1994. (Fernández, R y Monteserin, P 2014:37-38) Para el kirchnerismo Laclau fue su referente y para muchos su centralidad política fue el kirchnerismo, por estar predispuesta a esa forma de liderazgo populista. Nuestro acerbo cultural nos remonta a una gran indiferencia por el respeto a las instituciones. De lo anterior surge el accionar de una política centralista, que sujeta en absoluta sumisión a los intereses y directivas de los gobernantes, que una gran parte de la población asume porque “siempre ha sido así” y porque los intereses nacionales así lo exigen, por lo que se cultiva una cultura de lo nacional, la idea de un colectivismo defensivo, de una desconfianza ante el mercado que solo se identifica con el egoísmo personal, de una antinomia con los imperialismos extranjerizantes y de un recelo contra quienes no representes estos valores, que los convierte en enemigos. Esta lógica que demarca los límites de lo nacional y lo popular, fue captada y estimulada por el matrimonio gobernante, no solo en una población inmersa en este pensamiento, sino entre los intelectuales que ante varias políticas de gobierno, como un discurso contra lo que se denominó el neo-liberalismo, la actitud en la Cumbre de las Américas en 2005, la cercanía con otros gobiernos populistas de la región (Venezuela, Ecuador, Bolivia), etc. les permitió la esperanza de una reivindicación de su solapado marxismo. El filósofo Ricardo Forster –más tarde funcionario nacional– se refiere de este modo a los inicios del espacio: “…llegamos a la política por un deseo casi individual de cada uno de nosotros de recuperar viejas deudas,..” (Pulleiro, A 2013:167) El oficialismo así asumía el pensamiento de Laclau. Suele no evaluarse suficientemente el papel de los intelectuales en la acción política. Pero siempre son las ideas las que la justifican y a través de las que los actores intentan metaforizar sus decisiones. En el caso referido los intelectuales que adhirieron al proyecto kirchnerista fueron coherentes con sus ideas, veían la reivindicación de un modelo acorde con ellas. Y también lo fue el kirchnerismo que sin dudar diseño un relato: un mix nacionalista, de izquierda (para simplificar) y popular. Se ingresaba en el contexto de gobiernos latinoamericanos que se enrolan en el llamado socialismo del siglo 21. Esto se identificó con el pensamiento de los intelectuales, como de igual forma a una gran parte de actores sociales –organismos de derechos humanos, organizaciones piqueteras y sociales, artistas, etc.– en los que estas ideas populistas se encuentran íntimamente enraizadas y en las que cada uno encontró refugio al curso de su propia utilidad. Con seguridad las diferencias –como en todos los 119

ámbitos– son amplias y genuinas: en muchos las ideas y su defensa puede ser su declarada motivación principal y en otros –incluso el mismo gobierno– pueden servir de justificativo para lograr posicionamientos o beneficios directos. Es de considerar que en estos actores –como se ha expresado– el populismo viene asociado a la idea de igualdad y tiene siempre un mayor peso que la idea de la libertad. Esta concepción ya no se formula como una expresión revolucionaria para la toma del poder, como sucedió hasta la década de los ´70. Sin embargo es coherente con la idea de una democracia que sirva a la distribución del ingreso y expresan su desconfianza con las economías capitalistas o de mercado, pueden apoyar la gobernanza de una democracia mientras que entre sus postulados esta se formule la redistribución. El primer problema que tienen las políticas redistributivas es que afectan el crecimiento, sin embargo los gobiernos populistas, a contramano de su discurso, mayoritariamente se ven obligados a promover las políticas pro-mercado. (Grosjean, P y Senik, C 2008:6). Hoy en día la democracia en la Argentina se encuentra consolidada y aún las diferencias, casi unánimemente la ciudadanía sabe que no siendo perfecta es el mejor medio que nos hace posible convivir y permite a cada uno alcanzar sus propios objetivos de vida (aunque ello no le sucede a todos). Pero la democracia no solo es diferente en cada país –nos referimos a las democracias de tipo liberal occidental– sino puede ser diferente en distintos momentos, porque son muchos los instrumentos que la hacen viable, como las formas de utilización de esos instrumentos. Los intentos de evaluación de las democracias han sido muchos y nos centraremos solo en algunos para enmarcar el contexto de la democracia argentina en el período de análisis. Por ejemplo Freedom House, construye un promedio de medidas del proceso electoral, la sociedad civil, los medios de comunicación independientes, la independencia del sistema judicial y la corrupción. Con lo que toma valores de 1 a 7, donde 1 representa el más alto nivel de progreso democrático y 7 la más baja. Aunque puede no reflejar la opinión real de los ciudadanos sobre las instituciones que ellos valoran como importantes. (Grosjean, P y Senik, C 2008:10). El informe Freedom House 2015, efectúa algunas consideraciones sobre la democracia en la Argentina que son de destacar. Por ejemplo menciona que los derechos políticos y

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civiles se encuentran garantizados y en buen curso de funcionamiento (con la lógica puja política que puede suceder en cualquier sistema democrático pluralista); pero respecto al funcionamiento del gobierno menciona que la corrupción afecta a la sociedad argentina y que nuestro país se clasificó 107 de 175 países encuestados en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014 de Transparency International. Este último punto no parece procedente a los objetivos de nuestra investigación, pero hace a la cuestión dado que el International Property Rights Index (IPRI) incluye la corrupción como un componente importante de las circunstancias políticas y legales que afectan el derecho de propiedad, aunque en nuestro caso se lo omita. Respecto de la libertad de prensa el informe expresa que la legislación argentina garantiza la libertad de expresión. Sin embargo, el gobierno de Cristina Fernández ha sido conocido por ejercer presión sobre los medios de la oposición a través de ataques verbales, y prohibir a las empresas privadas hacer publicidad en los medios opositores. Muchas sentencias del Tribunal Supremo instan al gobierno federal a que se adhiera a los criterios objetivos para la asignación de la publicidad oficial, pero el gobierno se ha resistido a la reforma. El gobierno sigue haciendo uso discriminatorio de los contratos de publicidad oficial, repartiendo sus pautas como recompensas o castigos políticos, una práctica que pone en peligro la sostenibilidad de los medios de comunicación independientes. Las políticas de comunicación alcanzaron en el ciclo kirchnerista un protagonismo inédito en la agenda política y trascendieron el debate profesional para formar parte de la que se expresaba en el espacio público. (Becerra, M 2015:89) Respecto del derecho de asociación el gobierno respeta las libertades de reunión y asociación, así como en los ámbitos académicos la libertad es absoluta, aunque siempre teñida por la confrontación de formato bimodal. Respecto del Estado de Derecho: las ineficiencias y retrasos plagan el sistema judicial, que puede ser objeto de manipulación política. El Tribunal Supremo, sin embargo, mantiene una relativa independencia. Las cárceles están superpobladas y las condiciones siguen siendo deficiente en todo el país. Existe un incremento de la violencia relacionada con las drogas y la inseguridad es también cada vez mayor en la Argentina. También el Estado de Derecho cuenta en el IPRI, para la protección justa de los derechos de propiedad. Otras consideraciones que el informe hace se refieren a circunstancias posteriores al año 2008 y no revisten mayor importancia para el estudio presente. (Freedom House, 2015)

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Existen otros proyectos de evaluación de la democracia, como el Proyecto V-Dem que incluye trece componentes ya expuesto y analizado (Coppedge, M et. al 2011:254) y desde el que Gervasoni, C (2015) analiza solo las libertades y derechos políticos entre los años 2003 y 2014. En sus consideraciones describe que el rasgo más distintivo del régimen político nacional durante el kirchnerismo ha sido un retroceso preocupante pero no fatal de la democracia liberal, lo que ha llamado “el regreso del miedo a disentir”, proveyendo al oficialismo de una ventaja, que le promueve un sistema sesgado a favor de quien detenta el poder estatal. Bajo el gobierno kirchnerista no solo se debilitaron las libertades, sino que también declinó la búsqueda de acuerdos, la valoración de opiniones minoritarias, la participación ciudadana directa y la deliberación pública. (Gervasoni, C 2015:55) Sin embargo y a pesar de múltiples esfuerzos hegemónicos por parte del oficialismo la Argentina continúa siendo un régimen esencialmente democrático en el sentido minimalista de la expresión. (Gervasoni, C 2015:58) Por otra parte en la Argentina es reconocido su hiper-presidencialismo, que no debe confundirse con las descripciones anteriores. Para Rosatti (2001) no ha sido corregido por la reforma constitucional de 1994 (en la que se creó la figura del Jefe de gabinete) ya que reconoce la tradición histórica latinoamericana pues resume las necesidades de la hora organizativa y constituye una opción estratégica para el porvenir. (Rosatti, H 2001:73) Previo a la reforma de 1994 y ante la previsión de una atenuación del régimen presidencialista se podía advertir que dicho sistema –aún con sus distorsiones– se había estructurado de tal manera que conforma una verdadera tradición. Lo que es importante de resaltar porque al ser tradición –algo muy arraigado en la sociedad– debe ser tenido en cuenta como una realidad objetiva que puede ser limitante o condicionante de futuros cambios. (Rosatti, H 2001:74) Desde la perspectiva de este autor puede interpretarse, este mismo hiper-presidencialismo como un derivado, o la otra cara, de nuestras raíces populistas. Cuya conjunción se plasma en el momento de nuestra organización nacional, y se considera de raíz Alberdiana: “necesitamos reyes con nombre de presidentes”. (Rosatti, H 2001:72) El problema se plantea en la diferenciación entre democracias –desde ya iliberales– con las autocracias, a las que el excesivo peso en el ejecutivo puede dar lugar: el umbral entre

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la democracia defectuosa y la autocracia se cruza cuando las decisiones de las autoridades políticas son arbitrarias. (Merkel, W 1999:10) Por su parte el Índice de Calidad Institucional 2016, que contempla cuatro indicadores políticos y cuatro indicadores económicos nos ubica en el puesto N°142 entre 190 países evaluados; destacando que entre las variables que más nos han desfavorecido son el Rule of Law y las libertades económicas (World Economic Forum, Informe 2014); mientras que hemos tenido una leve mejora en las de voz y rendición de cuentas. Uno de los problemas que se nos presenta es que en la Argentina no se comprende la importancia de la propiedad privada y se la contrapone a la denominada justicia social. Para el Poder Judicial y la vida social, sería todo mucho más sencillo y eficiente si no existiera en ese sentido una franca confrontación. (Krause, M 2016b) El Proyecto (BTI) Transformación de la Bertelsmann Stiftung Index, analiza y evalúa la calidad de la democracia, la economía de mercado y la gestión política en 129 países en desarrollo y en transición. Mide éxitos y retrocesos en el camino hacia una democracia basada en el Estado de Derecho y la economía de mercado socialmente responsable. Los informes de los países proporcionan la base para evaluar el estado de transformación y desafíos persistentes, y para evaluar la capacidad de los políticos para llevar a cabo reformas consistentes y específicas. El BTI es el primer índice comparativo internacional que utiliza datos de variables para medir integralmente la calidad de la gobernabilidad durante los procesos de transición. (Hartmman, H 2016) El índice se encuentra compuesto por tres indicadores principales de evolución: 1) de la democracia, 2) de la economía y 3) de la gobernanza política. Cada uno de ellos tiene subcomponentes referidos a determinados aspectos de los mismos. Es de distinguir que en el indicador “Democracia” uno de sus subcomponentes es el Rule of Law, que a su vez se encuentra integrado por a) la efectiva separación de poderes, b) la independencia judicial, c) la lucha contra los abusos gubernamentales y d) la efectiva vigencia de los Derechos Civiles. (Hartmman, H 2016) (Proyecto BTI, 2016) Para algunos autores la democracia es solo un sistema de elección de gobierno. Los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo. Dado que las colectividades actúan casi exclusivamente mediante la aceptación del caudillaje; este es el mecanismo esencial de toda la acción colectiva. Por

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lo que propone la competencia por el libre voto. (Schumpeter, J 1983:343-345) Esta resulta ser una concepción minimalista y limitada de la democracia. Otros según se cumplan en mayor o menor medida los instrumentos (variables) que adoptan las democracias –en contraposición a las autocracias– pueden ser consideradas democracias liberales o democracias defectives. (Merkel, W, 1999) Mucho podríamos agregar sobre el tema, pero solo es intención poner en contexto la tipología de la democracia en Argentina en el período de análisis. Para el autor de esta investigación el objetivo de la democracia –ya que nos toca vivir en comunidad– debería ser un continuo aprendizaje para utilizar los mejores medios de la mejor manera, que nos permitan “posibilitar la mejor convivencia y el mayor desarrollo de los individuos en comunidad, o lo que es lo mismo: que el mayor número alcance sus propios objetivos de vida,...” Casi no es necesario agregar que a mayor desarrollo democrático, es decir: una democracia de mayor calidad otorgará a los ciudadanos mayores oportunidades de lograr sus objetivos y desarrollo personal. Con intención de simplificar un tema extenso y complejo que merecería mucho mayor desarrollo, pero que no hace a los objetivos del presente sino en aspectos tangenciales, podemos agregar que para el logro de ese objetivo –y luego de repasar una amplia literatura referida al tema– existen dos reglas, que se imponen ante elecciones libres: a) el requisito de la decisión de quien puede tomar las decisiones colectivas, que se acompaña de la igualdad política: un individuo es igual a un voto y b) la regla de la mayoría. Siguiendo a otros autores la democracia es finalmente un régimen de gobierno del estado. (Strasser, C 1991:28) y para que la democracia liberal o el modelo occidental que conocemos y hemos heredado, pueda ser efectiva –siempre tendiente a su mejora– deben cumplirse ciertos requisitos (que son “instrumentos”) necesarios, en los que casi sin excepción los autores coinciden, como por ejemplo: a) elecciones libres abiertas y competitivas; b) la interacción abierta entre el líder y seguidores; c) la legitimidad de origen (electoral y jurídica); d) el reconocimiento de extralimitación en los límites institucionales; e) una efectiva separación de poderes; f) la representatividad efectiva; g) el pleno Estado de Derecho; h) el decisionismo y la discrecionalidad en la adopción de las políticas públicas; i) la consolidación del sistema de partidos (o procesos movimientistas); j) la orientación ideológica que defienda los valores democráticos; k) la

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forma de ejercicio del monopolio del poder político; l) la existencia de efectiva libertad de prensa; m) el cumplimiento de la voz y la rendición de cuentas (Accountability), no solo electoral, sino ante los organismos de control; n) el respeto a los derechos de las minorías, m) la libertad económica y n) el respeto a los derechos individuales. Estos son prerrequisitos de una democracia efectiva –en tanto y cuanto son mejor cumplidos y asimilados– como instrumentos sociales, culturales, políticos, económicos, jurídicos e institucionales, que permiten las condiciones de posibilidad. (Strasser, C 1991:44) Debe considerarse que estos instrumentos por si solos no determinan la democracia: posibilidad de democracia y democracia consolidada son dos cosas distintas y ambas en permanente cambio y evolución. (Strasser, C 1991:45)

f) Reflexiones sobre la democracia argentina Desde el punto de vista del autor en la Argentina existe un sistema democrático consolidado en lo referido a que no resultan probables procesos de desestabilización del régimen democrático. Sin embargo se reconocen déficit en algunos de los instrumentos mencionados, y en el gobierno kirchnerista –al decir de G. O´Donnell– se hicieron evidentes en la medida en que los conflictos (o el sistema de confrontación populista) fueron manifiestos. Sin dudas que tuvo muchas características de las democracias delegativas, con un fuerte ejercicio del poder político por parte del kirchnerismo que hasta 2007 apenas se había insinuado, probablemente porque este –2003/2007– fue el período de construcción de un poder que las urnas le habían retaceado. Con una clara orientación ideológica populista y escaso respeto por la institucionalidad en esos momentos apenas insinuado, una creciente concentración de poder, poco respeto la pirámide jurídica (el Rule of Law), avance contra los otros poderes del estado y se actuó con un decisionismo y una política económica que en sus inicios pareció respetar el equilibrio presupuestario (y así se las presentó: los declamados “superávit gemelos”) pero que progresivamente se tornó claramente expansiva, lo que se intentó ocultar a partir de la intervención del INDEC en 2007. Pero la capacidad de Néstor Kirchner de concentrar aún más poder se vio limitada por instituciones democráticas sólidas, una sociedad civil fuerte, y la naturaleza de su propia coalición peronista. (Levitsky S y Murillo MV 2008:83)

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La contraposición entre los dos pensadores políticos argentinos de la época fue entre E. Laclau y G. O´Donnell. El primero dió sustento ideológico del populismo kirchnerista y el segundo fue un esbozado crítico de una tipología democrática que denominó como “democracias delegativas” y que coincidieron en instalarse en la región. Cuando “se instala un rey al que se llama presidente” es difícil que solo intente ejercer el poder de una manera dominante y es alto el riesgo que intente concentrar el poder e incluso avanzar sobre los otros poderes del estado, porque se crea realmente rey. Cuando se mira el populismo no solo debe analizarse al líder que concentra el poder, sino a la sociedad en la medida que lo consiente. Desde nuestra perspectiva el populismo es un germen –inserto desde los albores de nuestra historia colonial– que limita las posibilidades de desarrollo, tanto como a nuestra democracia. Y cuando se dice que la población es manipulable,.. si, lo es en cierto sentido, pero durante un tiempo muy limitado. El populismo extiende los tiempos, pero cuando la sociedad se percata de la coacción sobre su libertad, o de las consecuencias, se rebela al suicidio colectivo. En nuestro parecer la democracia Argentina –a pesar de sus limitaciones y defectos– tiene en sí insertos determinados mecanismos institucionales que finalmente terminan por restablecer el equilibrio. Pero debe expresarse que en criterio de este autor, la baja institucionalidad resultante del modelo democrático vigente fue en gran medida y desde hace muchas décadas, la causa de profundos deterioros en la vida política, social y económica, difíciles de revertir sin costos. Otros problemas fueron derivados de las políticas económicas adoptadas (de raigambre keynesiana), en el sentido de estímulo a la demanda agregada a través del gasto público, que desde 2007, progresivamente se hizo incremental (Anexo Figuras: N°18) y un marcado intervencionismo estatal en la economía. Sin tener a su vez la contraparte suficiente y necesaria de estimular la actividad económica privada, sino solo tímidos avances sectoriales, que resultaron más una expresión voluntarista que una acción efectiva. Esto sin lugar a dudas también porque de la misma se financia el estado. El conflicto surge cuando –todavía N. Kirchner en ejercicio– se perciben los inicios de los primeros signos asociados a la inflación, un incipiente déficit fiscal (si no se computan en el ingreso las compensaciones del Banco Central y los organismos

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descentralizados). (Anexo Figuras N°12) Y ello asociado a la amenaza de la crisis internacional que se esbozaba. Seguramente todos estos aspectos –con un apoyo popular en aumento– fueron motivo para la toma de las decisiones –objeto de nuestro estudio– que en el año 2008 tuvieron enorme impacto político y económico. Con posterioridad a este período de análisis podrían efectuarse otras consideraciones, como estimación de las consecuencias del mismo proceso económico descripto. (Anexo Entrevistas: AA:285), (Anexo entrevistas: JC:329) (Anexo Figuras:N°17, 21, 22, 23)

6.2Introducción al concepto de políticas públicas

Lo que el estado hace es –muy especialmente, pero no exclusivamente– objeto de estudio de la política. Muchas ramas de las ciencias sociales tienen también relación con el estudio del estado: la administración pública se centra en las acciones de gobierno y las políticas públicas estudian la toma de decisiones en el ámbito de lo público. (Corzo, JF 2015, Cap. II, párr.1-6) La ciencia política surgió desde la antigüedad, como una forma de análisis de la realidad asociada a la filosofía. Hasta hace pocos años no estuvo formalmente reconocida y se mantuvo en íntima convivencia con otras ciencias sociales. Desde los precursores en adelante los autores se refirieron a temas de ciencia política complementariamente a otros vinculados a la sociología, la antropología, la filosofía, la historia, la economía, el derecho, etc. pero a medida que las investigaciones abordaron aspectos más específicos, aún en asociación a otras ciencias sociales, llegó a ser reconocida como una verdadera ciencia autónoma. La asociación con otras ciencias resulta imprescindible para el mejor estudio de los fenómenos sociales. Implícito en ese concepto se concibe a la ciencia política como una ciencia social autónoma que tiene por objeto el estudio todas aquellas relaciones e interacciones a las que da curso la vida en sociedad, incluyendo la distribución de poder que las mismas generan, basada en los múltiples y variados intercambios entre grupos que se suceden a partir de la acción humana, incluyendo el estado como institución y las acciones del estado, tanto como las relaciones entre el estado, los gobernantes y la sociedad, las asociaciones intermedias y a su vez las relaciones entre asociaciones, otras organizaciones, partidos políticos y toda interacción y relaciones de intercambios que se establecen en la sociedad. Existen criterios varios entre autores, para muchos: “la ciencia política es una ciencia social que

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estudia fundamentalmente el ejercicio, distribución y organización del poder en una sociedad”. Este autor considera la misma como una concepción minimalista de la ciencia política. Y acuerda más apropiado pensarla tal como se ha descripto y que logra su cometido mediante un método y en asociación con otras ciencias que hacen sus aportes. Como un área muy importante de su quehacer la ciencia política ha incorporado el estudio de las políticas públicas desde poco tiempo antes de la Segunda Gran Guerra. (Muller, P 2010, Cap.I, Sec.I. párr..1) Y hoy en día cualquier problema social puede ingresar en la agenda política. (Ibíd. Sec. IV, B, párr..1) Las acciones que lleva adelante el estado son parte de decisiones que de una u otra manera tienen efectos y consecuencias sobre el conjunto social por lo que se las considera políticas públicas. La ciencia política ha recibido la influencia de otras disciplinas, en especial de la filosofía política que es un componente fundamental del discurso político ya que fragua y elabora su legitimación. La ciencia empírica de la política está reclamada en dos direcciones opuestas: por un lado en dirección a la conclusividad omniexplicativa de la filosofía política y a su vez en dirección al terreno de la acción y de las ideologías en pugna. (Sartori, G 2006:50-51) Pero no ha sido la filosofía política de la única que se ha nutrido, también obtiene un amplio bagaje de conocimientos de otras ciencias sociales como la ética, la economía, la sociología, la historia, la antropología, etc. que son parte de sus contribuciones. E inclusive también hacen a los métodos de investigación aquellos instrumentos a los que recurren las demás ciencias sociales, a los que se agrega la estadística y la epidemiología (esta en el sentido de la demostración de asociaciones estadísticamente causales) que nos permiten valorar y cuantificar metodológicamente los asuntos sociales, que fueren objeto de estudio. (Álvarez Hernández, G 2008:66) Así también son estas consideraciones multidisciplinarias las que permiten un mayor conocimiento para la toma de decisiones en políticas públicas –tal lo propuso H. Lasswell– ¿Cómo tomar las decisiones de gobierno más inteligentes?, ¿cómo generar y mejorar la información de los funcionarios a cargo del diseño de políticas públicas?, y ¿Cómo incorporar en el gobierno mayores dosis de eficiencia y racionalidad? (Corzo, JF 2015, Cap II, párr..11) Aún reconociendo los límites que estas acciones implícitamente tienen.

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La política como ciencia tiene también a las políticas públicas como objeto de estudio. Es cierto que también podría decirse que muchas organizaciones no gubernamentales llevan adelante políticas públicas. Y ello es tanto por iniciativa personal de diferentes grupos de la sociedad, que se suponen respuestas por carencias y demandas que no encuentran solución por otra vía. La acción humana es la que establece deliberadamente la multiplicidad de relaciones e intercambios que se dan en la vida social. La acción implica acudir a ciertos medios para alcanzar determinados fines. Independientemente de sus causas el fin último de esta acción es siempre el deseo de satisfacción de alguna necesidad del hombre. La valoración de cada individuo sobre sus necesidades, no puede ser reemplazada por la valoración de ningún otro. Nadie puede decidir qué hará a otro más o menos feliz. (Mises, L 1968:3745) Las opciones que motorizan la acción humana son siempre subjetivas porque son del sujeto. Esto no supone carencia de límites en la satisfacción de necesidades. Tanto el derecho, como otras instituciones informales o las sociales nos los imponen. El concepto que se pretende recalcar es el de la subjetividad de la valoración y no el límite de la acción para alcanzar los fines. En una sociedad pluralista y democrática para la satisfacción de sus necesidades los individuos cuentan con dos mecanismos de provisión posibles: el estado y el mercado. El estado no se desarrolló originariamente sino para la provisión de bienes considerados públicos, como: la seguridad, la representatividad y la administración de justicia. Ya hemos hecho referencia a las concepciones desde la filosofía política efectuadas por T. Hobbes y J. Locke; así como sus diferencias. Hasta entonces el monarca hacía la ley, interpretaba la ley y ejecutaba la ley según sus designios. Para T. Hobbes parecía no haber límite dado el indomable estado de naturaleza que prevalecía en los hombres. Para J. Locke si debía haber un límite dada la discrecionalidad de los monarcas en el ejercicio del poder y la importancia y significado que asignaba a la libertad. (Locke, J 2014, §199:231) A lo largo del tiempo las acciones del estado se fueron ampliando: cambiaron las épocas, se incorporaron nuevas ideas que reforzaron el papel del estado, y aunque se superaron las tiranías y los conflictos que caracterizaron al Siglo XX, el estado cada vez fue ganando mayor protagonismo. La idea de convivencia democrática –aunque diferente en sus formas y desarrollo en cada país– tuvo un punto en común: el estado debía tener cada

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vez mayor injerencia. Es cierto que el estado desempeña varias importantes y necesarias funciones como la promulgación de las leyes, o las acciones que promueven la seguridad, hasta la conservación de las calles, la construcción de carreteras u otros servicios, pero eso no demuestra que solo el estado pueda cumplir esas tareas, ni tampoco que las lleve a cabo de un modo aceptable. (Rothbard, M 2009, Cap. XXI, párr.1-2) Pero sin dudas el estado por muchos motivos ha asumido cada vez más funciones. Si son estas eficientes o no, si mejoran la calidad de vida de la gente o no, es otra cuestión para analizar. Otra perspectiva que tienen los individuos de satisfacer sus necesidades es mediante el mercado. Partimos del supuesto (que puede no ser compartido por todos), pero que asumimos a partir del postulado a priori de la acción humana: que los intercambios voluntarios, múltiples y continuos, permiten resultados –individuales y del conjunto– de suma positiva, en el sentido que si los individuos buscan la satisfacción de sus necesidades solo admitirían transacciones que subjetivamente consideren favorables a sus fines. Se abandona lo que satisface menos, a fin de lograr algo que apetece más. Aquello a lo que es preciso renunciar para alcanzar el objeto deseado constituye el precio pagado por este. El valor de ese precio pagado se llama costo. El costo es igual al valor que se atribuye a la satisfacción de la que es preciso privarse para conseguir el fin propuesto. (Mises, L 1968:137) Esta es la forma por la que los individuos obtienen satisfacción a sus necesidades por medio de los intercambios que permite el mercado. Ya A. Smith en La riqueza de las Naciones, nos plantea esa permanente tendencia del hombre hacia el intercambio y agrega que eso se logra mediante la cooperación de los demás y le resultará difícil esperarla exclusivamente de su benevolencia, es más probable que la consiga si puede dirigir en su favor el propio interés de los demás y mostrarles que el actuar según el demanda redundará en su beneficio. (Smith, A 2015, Cap 2, pár. 6) La finalidad de cada uno se logra finalmente por la cooperación en la que los productores son guiados a satisfacer a las necesidades demandadas. La ´mano invisible´ de A. Smith, es la metáfora más famosa de las ciencias sociales, (e intrínsecamente se enlaza con la evolución y cambio permanente de las instituciones), se trata de un ejemplo de una consecuencia no deseada positiva: cada individuo buscando sólo su propio beneficio, está dirigido por una mano invisible que promueve un fin que no formaba parte de sus intenciones y que termina siendo parte del interés público. (Norton, R 2008)

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La multiplicidad de interacciones entre los individuos orienta imperceptiblemente lo que conocemos como condición de equilibrio del mercado. El equilibrio de mercado no es más que una representación que intenta describir la tendencia permanente de una condición que en sí misma es dinámica: el mismo concepto de equilibrio nos describe su situación en la que diversas fuerzas intervienen para que se pierda o se recupere. De ninguna manera se nos habla de una situación estática, o permanente y mucho menos perfecta. La mano invisible es precisamente la que dado los propios intereses todos confluyen con sus acciones a sostener o modificar el equilibrio. El teorema de la mano invisible nos lleva a la conclusión que todas y cada una de las asignaciones de equilibrio competitivo tienen tendencia a la eficiencia, de manera asintótica. Para algunos el problema que hace las diferencias es la dotación inicial. Pero en la práctica pretender que las instituciones públicas redistribuyan la renta para lograrlo parece utópico porque estas apenas tienen idea de la forma y localización de las curvas de indiferencia de cada consumidor. Nosotros conocemos nuestras preferencias mucho mejor que los poderes públicos y con una dotación inicial de un valor dado, generalmente conseguimos un resultado mucho mejor si podemos tomar libremente nuestras decisiones en cada una de las transacciones. (Frank, R H 2005:560) También por otro lado nos remite a la forma en que se han modelado las instituciones, que determinan el orden social. En general tiende a creerse que este orden ha sido diseñado por el designio humano y que para ello ha recurrido a legislar y ordenar el funcionamiento de la sociedad. Pero en realidad el ordenamiento legislativo es de secuencia temporal posterior a lo que miles de voluntades cotidianamente han ido instituyendo como lo que era adecuado a sus fines. No es la razón del hombre la que se anticipa a las complejas relaciones que la vida en sociedad supone. Por ello un legislador no puede anticiparse al dictado de normas que la sociedad puede requerir a futuro para resolver problemas. Muchos se resisten a interpretar la evolución social en el sentido de un orden espontáneo y tienden a un racionalismo constructivista que inevitablemente es intervencionista. Deberíamos ser más cautos y comprender los límites y falibilidad del conocimiento humano. (Martínez Messenger, C 2013, Parte I, Sec I, Párr. 17-18) La acción humana voluntariamente se dirige a la satisfacción de necesidades. Pero se trata de acciones múltiples, de diverso tipo, que cada hombre intenta concretar, dentro de los límites que le impone su interacción con los demás. Si sus acciones entran en conflicto en sus relaciones sus fines son difícilmente alcanzados. Probablemente en un 131

principio la única forma comprensible era la lucha y la confrontación. Pero el hombre paulatinamente aprendió que este camino era muy costoso y que sus logros se alcanzaban mejor si acordaba con los demás lo que los demás esperaban de él. La multiplicidad de acciones de este tipo produjo acuerdos, que antes requirieron de un aprendizaje y que luego fueron impuestos por leyes. Se trató de acuerdos de necesidad para lograr los fines individuales de muchos que actuaban al mismo tiempo, con fines y medios diferentes, valorando subjetivamente lo que cada uno lograba, con los menores riesgos y costos, para obtenerlos. Pero este avance no fue lineal, no solo en si mismo fue un largo proceso de aprendizaje, sino que a su vez fue sucesivamente truncado por gobernantes empecinados en intervenir en el diario quehacer de la ciudadanía. (Ibíd. párr. 47) El orden social no se debe a instituciones o prácticas diseñadas y destinadas a determinados fines, sino que responden a un proceso de crecimiento y evolución. Un proceso que determinados comportamientos fueron adoptados porque permitían prevalecer. (Hayek, F 2013:26) Lo cierto es que nuestra irremediable ignorancia sobre la mayor parte de las circunstancias que determinan los procesos sociales constituye precisamente la causa por la que la mayoría de las instituciones ha adoptado su forma actual. (Hayek, F 2013:31) La evolución de ese orden social ha dado origen a determinadas instituciones, que cuanto mayor utilidad tengan y más se las respete, mejor garantizan el resultado de eficiencia y bienestar social, porque han sido adquiridas por miles de años de aprendizaje que fueron necesarios para permitir mejorar la vida en sociedad y los intercambios que ella supone. (Krause, M 2011:37) Así como han sido transmitidos de generación en generación y que aún en dinámico proceso evolutivo permanente, su cambio tiende a facilitar los fines de millones de individuos. (Martínez Messenger, C 2013, Parte I, Cap. III, párr.8) Es lógico pensar que para que el mercado pueda cumplir con eficiencia su cometido son necesarias determinadas condiciones, como por ejemplo la ausencia de monopolios (que restringen la competencia), la clara definición de los derechos de propiedad, la libertad contractual y el cumplimiento de los contratos, la acción de mediación, la aplicación del derecho y la administración de justicia, el conocimiento perfecto (ya que ello posibilitaría a los consumidores tomar las decisiones correctas), o la ausencia de externalidades (cuyos efectos –costos– no se ven reflejados en los precios). (Krause, M 2011:35)

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En la práctica estas condiciones no se logran de manera óptima. Pero aún así el mercado tiende de manera continua a encontrar un estado de equilibrio, seguramente no perfecto e inestable dada la multiplicidad de fuerzas que en el mismo actúan. Por lo que ante la ausencia de estas condiciones se habla de las fallas del mercado. (Krause, M 2011:45) Aunque cada uno de los supuestos de las fallas del mercado han sido analizados y se han encontrado respuestas que hacen que el mismo sea siempre perfectible y más eficiente en la asignación de los recursos. El rechazo al quehacer del mercado pasa por otro carril. En consideración de este autor para los cultores de la igualdad el mercado no es el camino adecuado, pero tampoco su función es alcanzarla: el mercado –como institución– no existe para otorgar igualdad a sus participantes. Sí, que en cada intercambio cada uno de los que actores se vea beneficiado: de otra forma el intercambio no se realizaría. Es posible que se suponga que el mercado es injusto porque, en papel de juzgar se piensa que uno sale más beneficiado que los demás. Es decir que se confunde justicia con igualdad de rendimientos. Por un lado no es función del mercado impartir justicia y por otra parte todo depende de lo que se considere justo. Si el valor que cada uno asigna a lo que obtiene es subjetivo ¿cómo hacer comparaciones interpersonales de utilidad? Si es cierto es que aun la imposibilidad de poder comparar lo que cada uno ha obtenido y subjetivamente valora, se llegara a la conclusión que alguno obtuvo más que los demás, con seguridad los “que menos obtuvieron”, también han mejorado su posición, pues han logrado algo que satisface sus necesidades. El mercado es justo en el sentido de retribuir a cada uno lo que con su capacidad, destrezas, habilidades, inteligencia, anticipación, dedicación, etc. persigue y es capaz de obtener. Con cada transacción que se realiza, todos efectúan correcciones en búsqueda de mejores rendimientos y esa es precisamente la mano invisible que guía el mercado. Y es similar al proceso por el que también evoluciona la sociedad, a pesar que con frecuencia sufre innecesarias interferencias. La asignación de recursos que hace el mercado es retributiva: a cada uno lo que es capaz de lograr. Pero para los intervencionistas una y otra vez proclaman que no desean suprimir la propiedad privada, y que respetan el libre juego del mercado siempre y cuando produzca beneficios desde el punto de vista social. Creen que compete al gobierno determinar en cada caso cuales cosas sean y cuáles no sean socialmente deseables. (Mises, L 1968:871) La libertad que permite el mercado es la forma más democrática –mediante miles de decisiones libres que voluntariamente decide cada uno– para asignar a cada quien lo suyo de tal forma que en su evolución alcanza de una u otra forma a la mayoría. 133

En general para la economía la cuestión reside en resolver las cuestiones atinentes a la eficiencia. Sin embargo casi todas las cuestiones que se deciden en la política afectan no solo la eficiencia sino también la distribución de la renta. Y la mayoría de las sociedades tienen tendencia a rechazar las asignaciones aún eficientes, sino las consideran justas. Por lo que debería intentarse dilucidar la confusión existente entre justicia e igualdad. Y tratar de que se comprenda que imponer limitaciones de cualquier tipo, o excesos regulatorios, porque la desigualdad se considera injusta deriva en soluciones ineficientes, desde cualquier perspectiva, que hacen que los recursos finales sean menores para todo el mundo, tanto para los ricos como para los pobres. (Frank, R H 2005:625) Obviamente el tratamiento de este tema excede el presente. La posición contrapuesta al mercado obedece más a preconceptos, ideas o pensamientos vinculados a la supremacías o la explotación de unos sobre otros y que los intercambios son de suma “0” (es decir que lo que uno obtiene lo hace a costas de lo que pierden los demás), más que a la racionalidad necesaria para un análisis desapasionado, científico e inteligente sobre el mercado. Las ideas complejas no son un valor corriente en la sociedad. La adquisición del conocimiento es un proceso difícil y altamente costoso, para nadar en un mar de incertidumbre, de conceptos que –de acuerdo a K. Popper– son conjeturas que implícitamente llevan la impronta de la falibilidad y falsabilidad. Pero las ideas surgen en la sociedad primero en un punto pequeño, en un grupo reducido y luego se van extendiendo hacia círculos más amplios. Las creencias surgen como un esfuerzo para hacer frente a la incertidumbre con la que nos confrontamos en un entorno físico y social evolutivo. (Krause, M 2014, Cap.10, Sec 4 párr.11) Al decir de Keynes “…las ideas de los economistas y filósofos, tanto cuando son correctas como erróneas tienen más poder de lo que comúnmente se cree. De hecho el mundo está dominado por ellas. Los hombres prácticos que se creen exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de algún economista aún difunto”. (Keynes J 2013, Cap. 24, Sec. V, párr.4) Desde mediados del Siglo XIX se observa un cambio intelectual, cultural y social, que se instaló progresivamente con las ideas colectivistas que ganaron rápida difusión. Las mismas tuvieron origen en la Sociedad Fabiana, cuyo objetivo era la instalación gradual del socialismo. (Friedman, M y Friedman, R 1989) Estas ideas llegaron a nuestro país por vía de la inmigración. En donde encontraron un campo fértil en la población por la sumisión de la misma al poder del estado (dada la concepción que los individuos en el

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mercado se comportan de manera egoísta, pero se vuelven altruistas y se preocupan por el bien común cuando asumen funciones públicas), la delegación de facultades en el líder (democracia delegativa incipiente) y un marcado nacionalismo. Sin olvidar que además se explican por muchos factores: “…el efecto beneficioso de la intervención del estado, especialmente en cuanto a legislación, es directo, inmediato y por decirlo de alguna forma ´visible´. Mientras que sus efectos perjudiciales son graduales e indirectos y no están a la vista. Pocos son los que reconocen que la ayuda del estado destruye el esfuerzo propio. Por lo tanto la mayoría presta una estimación indebida a la intervención estatal,..” (Citado por Friedman, M y Friedman, R 1989) De más está decir que –a pesar de estas tendencias generalizadas– todos los adelantos de los que hoy gozamos y podemos disfrutar (desde los aparentemente más insignificantes hasta los más importantes), son fruto de la innovación, la inteligencia, la búsqueda y la adaptación del ser humano, dirigida a la creación y la generación de bienes y servicios que sean requeridos para satisfacer las necesidades de los demás. Y en este mismo sentido la sociedad en su evolución tiene mucho que reconocer a los adelantos y beneficios que el mercado le ha provisto. W. Pareto (1848-1923) presentó un criterio cuyo uso se ha generalizado: “..una situación ´A´ es superior a otra ´B´, si alguno ha mejorado su condición sin que empeore la situación de los demás,..” (Krause, M 2011:33) Se dice que una asignación es preferible en el sentido de Pareto (o superior en el sentido de Pareto), a otra, si la prefiere al menos una de las partes y le gusta al menos a la otra. (Frank, R H 2005:554) O bien: una situación es preferente en el sentido de Pareto si puede mejorar la condición de alguno, sin empeorar la condición de los demás. Y es denominada Óptimo Paretiano cuando se alcanza el máximo posible de mejora en la condición uno o de algunos sin perjudicar la condición de ninguno. El punto de equilibrio (inestable) del mercado cumple con el citado criterio. (Krause, M 2011:34) Obviamente este es un argumento deseable y a la que puede tender de manera asintótica el mercado, siempre y cuando no tuviera interferencias de los gobiernos cuya pretensión es “mejorarlo”. Los resultados finales no son de esta forma los mejores. La visión tradicional de la economía aceptaba sin más los fallos de mercado. Fallas que se supone le impiden alcanzar el óptimo de eficiencia paretiana. El problema es que el modelo del mercado competitivo –aún sus imperfecciones– se encuentra interrumpido en su

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búsqueda dinámica de equilibrio porque se agrega la discrecional intervención estatal que altera variables de acción directa y otras indirectas. El modelo de mercado competitivo que tienda al equilibrio como suele ser presentado requiere de unas condiciones imposibles de lograr en el mundo limitado y real en el que vivimos. (Krause, M 2011:42) Los modelos de compensación son importantes para lograr la disminución de los efectos de las fallas. Por ejemplo el Teorema de R. Coase referido a la resolución de los problemas derivados de las externalidades, es un intento más que atendible para compensar esos efectos. También otros intentaron rescatar el modelo del equilibrio general incorporando los costos de aprendizaje, todo lo que sin duda es insuficiente. Pero el problema no es solo el análisis económico de la eficiencia: no se trata de plantearlo en términos técnicos como por ejemplo: “si el mercado es más eficiente”, entonces aceptemos las soluciones que el mercado nos brinda. Porque existen otras variables que también definen. En una sociedad en la que se instala un pensamiento sencillo, aceptable, aún elaborado en tiempos y lugares alejados de ella y que no le demanda demasiado esfuerzo en el análisis porque las premisas parecen evidentes, o por lo menos con alto grado de certidumbre, el camino está preparado para el desarrollo evolutivo en determinada dirección. Y esto alcanza tanto a la población en general como a sus gobernantes, por lo menos por el tiempo en el que es posible llevarlo adelante. La sociedad evoluciona por un orden espontáneo que incluye avances y retrocesos y (repito) “…las ideas de los economistas y filósofos, tanto cuando son correctas como erróneas tienen más poder de lo que comúnmente se cree. De hecho el mundo está dominado por ellas,..” (Keynes J 2013, Cap. 24, Sec. V, párr.4) Esto amerita que el gobernante crea que sabe más que lo que sabe realmente y que puede modificar la realidad con solo proponérselo, sin atender a las limitaciones del conocimiento humano y a las que derivan sucesivamente de intentar moldear a gusto la sociedad. Los fracasos de este pensamiento constructivista están a la vista. Mucho más aún en democracias delegativas, en las que el líder toma sin contratiempos las decisiones; sociedades con un sesgo nacionalista, antimercado y antiextranjero, que tienden a aceptar facilmente ideas acerca de que el mercado genera siempre explotados y explotadores, entonces la tensión evolutiva camina en un solo sentido: endiosar al estado y denostar al mercado. (Lo que a su vez es incentivado por la clase política).

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Y ya no es posible la discusión: siempre se pretenderá mayor intervención del estado – que se interpreta benefactor porque es de todos– y que puede poner límites al voraz mercado. Tal como hemos analizado se enfrentan en el mundo dos visiones distintas. Una la que preconiza la libertad que hace a cada uno responsable de sus actos y de sus consecuencias. La otra que preconiza la igualdad, para muchos es necesaria la igualdad de oportunidades, es decir “la dotación inicial”. Cuestión que además de resultar fácticamente imposible conduce igualmente a resultados diferentes, dadas las naturales desigualdades entre los hombres. Otros, mucho más racionales, sugieren una disminución de las desigualdad de oportunidades. Pero de una manera u otra y tal como analizara A. de Tocqueville, tales sociedades tienden a hacerse despóticas porque para lograr mayor igualdad, deben cada vez sacrificar porciones mayores de la libertad. (Barceló, J 1985:377) En todos estos casos el camino elegido pone la perspectiva en una mayor intervención del estado y en que este será el responsable de la defensa de la nueva configuración de derechos. Desde las primeras declaraciones de derechos, la Carta Magna, firmada por Juan sin Tierra el 15 de Junio de 1215 en Inglaterra, que fue origen de constituciones y parlamentos posteriores que siguieron similar orientación (como la Declaración Universal de los derechos del Hombre y el Ciudadano aprobada por la Asamblea francesa de 1789, o las enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos de 1791), se preconiza una íntima asociación entre las libertades civiles, económicas y políticas: todas se refieren a la libertad de acción de los individuos sin vulnerar los derechos de terceros y al control de los poderes del gobernante. (Krause, M 2014, Cap. 8, Sec. Carta de Derechos, párr.2-10) Nuestra Constitución Nacional (CN) a su vez de igual forma prevé los Derechos y ya en su preámbulo expresa como objetivo “promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.”,…y en el artículo Art. 14. “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de

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asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”. (MECON, CN, Ley N°24.430) Y el Art. 19 “reserva las acciones privadas de los hombres que de ninguna forma ofendan el orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios,…” con lo que implícitamente reconoce la potestad de cada uno a la búsqueda de su propia felicidad, así como los referidos a los derechos básicos individuales. Pero las demandas sociales crecen, las guerras acontecidas en el Siglo XX produjeron enormes pérdidas y desamparos en la sociedad mundial. Los gobiernos debieron responder reconociendo nuevos derechos y garantías. Surge así La Carta Internacional de Derechos Humanos que comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos. (Naciones Unidas: carta Internacional de Derechos Humanos). La Declaración, definida como el «ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse», fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General. Sus treinta artículos enumeran los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales básicos con los que deberían contar todos los seres humanos del mundo. Las disposiciones de la Declaración Universal se consideran normas de derecho consuetudinario internacional por su amplia aceptación y por servir de modelo para medir la conducta de los Estados. (Naciones Unidas, Carta Internacional de Derechos Humanos) La reforma constitucional de 1994, también contempla el acrecimiento de derechos y garantías otorgando jerarquía constitucional a once instrumentos enumerados en el Art. 75, inc.22, sobre derechos humanos, en las condiciones de su vigencia, remarcando que no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución Nacional. (Alice, B 2000:41) Pero muchos de sus artículos han sufrido deformaciones hermenéuticas que debieran aclararse. Por ejemplo el Art. 37 se refiere a “igualdad de oportunidades”, que aclara “entre varones y mujeres en el acceso a cargos electivos y partidarios”, pero no se refiere a otro tipo de igualdad. (Alice, B 2000:43) Por el contrario el Art. 75, inc.19, se refiere a “…la responsabilidad indelegable del estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades

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sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal,…” (CN Art. 75, inc.19) En donde se hace responsable al estado y se promueve la igualdad de oportunidades y posibilidades, pero en relación a la educación pública. Lo que según se interprete puede tener un alcance mucho mayor o menor. Pero sin dudas la reforma constitucional de 1994 profundizó el modelo conocido como “constitucionalismo social”. Lejos estuvo de la voluntad de los constituyentes la de perpetuar el clásico modelo económico liberal, en donde el estado cumplía una función pasiva y el mercado funcionaría regulando por si las relaciones económicas y sociales. (Gil Dominguez, A 2000:227-228) Si esa fue la intención de los constituyentes, luego de más de 20 años de sancionada la reforma, podríamos reflexionar sobre los resultados y veríamos que el estado no ha sabido cumplir con la cuestión social en la medida de lo expresado. (UCA: ODSA), (Zablotsky, E 2014 y 2013) (Guadagni, A 2012), (BM Índice de Gini), (CEPAL, 2015), (Ortiz, I y Cummings, M 2012) y (OPS, serie de datos 1998/2014) Esto corrobora que los derechos positivos adicionados con criterio social, han pretendido modificar una realidad, que lejos han estado de poder cumplir. Por supuesto que no es cuestión de volver a la falsa antinomia estado vs. mercado. Esa discusión ha sido superada. Cada uno tiene funciones que le son propias, pero los límites están mal definidos y se pueden suponer posiciones diferentes definidas ideológicamente. Concluido ya el derrumbe comunista que demostró su ineficiencia derivada de la imposibilidad de cálculo económico (Mises, L 1968:270) y su incapacidad de mejorar las condiciones de vida de la gente. En todos los países la intervención estatal ha sido creciente, siendo aquellos capaces de generar más riqueza los que lo han soportado mejor la provisión de servicios y la satisfacción de nuevos derechos. Otros han quedado rezagados también por la acción del estado, sin conseguir resultados acordes. Hoy en día los mismos países desarrollados observan que no pueden sostener en su amplio espectro interpretativo la totalidad de derechos sociales sin restricciones

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progresivamente ponen mayor carga en la responsabilidad individual. A ello se agrega que casi todos han comprendido que un mayor control del equilibrio presupuestario es imprescindible, tanto como poner reglas de juego claras y cumplibles para el funcionamiento del mercado. Mientras que J. Keynes nos planteaba en la década del ´30 como objetivo principal el incremento de la demanda agregada mediante el incremento

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del gasto público, para lograr el sostenimiento del pleno empleo, las cosas han cambiado hoy y después de la crisis del 2008, los países desarrollados comprendieron que el objetivo debiera ser la contención de la inflación (en especial por el logro del equilibrio fiscal) y dejar que el empleo alcance su propio equilibrio. (Skidelky, R 2016) La intervención estatal es una cuestión que requiere definiciones y límites institucionales precisos, porque tal cual se da en nuestro país sirve más a la clase política y otros rentseeking, que a la gente, mucha de la que todavía sigue viviendo en condiciones no dignas. Es decir que para la reforma constitucional del ´94, como para la acción de creciente intervención estatal las condiciones estaban dadas desde lo político: por un lado las demandas crecientes por nuevas conquistas sociales, mediante la traslación de responsabilidades al estado y por otro lado una clase política que asumiéndolas, sustentadas además en las políticas económicas de las que ya Keynes les había provisto, adquirían una mayor injerencia y poder de intervención en la vida social, económica y política del país. Ahora no parecía difícil decidir en cuanto a políticas públicas –es decir a las acciones que se entendían de competencia del estado– ¿Cuánto y a quién de cada qué? Porque la capacidad de decidir quedó en manos del decisor político en el supuesto que tiene la facultad de decidir sobre el bien común. No se trata que la economía decida por sobre la política. Se trata que la política económica tal como es una política pública, ponga límites a decisores políticos irresponsables.

6.3

Las fallas del estado

El estado interventor se convierte en proveedor (me refiero a su acción distributiva) de diferente tipo de bienes comunes –según cumplan con los preceptos de “rivalidad” y no “exclusión”– pero siempre lo hace con financiamiento público. La mayoría de estas políticas públicas se plasman en programas que proveen bienes que rivalizan pero no excluyen (ya que se supone que los receptores rivalizan en cuanto al usufructo del bien, pero no son excluidos por no participar de su financiamiento), la rivalidad se expresa en cuanto quienes son los beneficiarios. Se trata entonces no ya de bienes públicos sino de “bienes comunes”. La programación de los programas de políticas públicas determinan el cuanto, a quién, el que y el cómo.

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Otra cuestión son las políticas económicas que siendo prioritarias, siempre determinan consecuencias, es decir: la riqueza que es capaz de generarse y a través de cuales áreas y servicios se ofrecen mejores oportunidades. También de esta forma se obtiene el financiamiento por vía impositiva del que el estado dispone para su sostenimiento y permitirle llevar a cabo otras acciones, lo que debería constituir su límite. El problema es que las políticas públicas en este contexto ya no deciden exclusivamente en función de prioridades, en el mejor de los casos las prioridades que define el planificador, sino que muchas son totalmente discrecionales que quedan a su arbitrio e interés, o del interés de los grupos de presión. A los bienes, que son resultado de esta mutación los denominamos “bienes políticos”. Las políticas sociales pueden incluir diferentes áreas de acción, como por ejemplo las políticas educativas, las de salud, las jubilaciones y pensiones, los planes de desempleo y los de asistencia social. Todos ellos se incluyen desagregados que se transcriben presupuestariamente como gasto público social. Analicemos por ejemplo los planes de asistencia como política social. Es decir aquellas transferencias que se otorgan en concepto de ayuda para familias o individuos en condiciones de riesgo y sin contraprestación. Existen múltiples y variados, organizados por varias dependencias administrativas a nivel municipal, provincial y nacional. Ha habido intentos de unificación, para poder coordinarlos y evitar la superposición, pero como acontece frecuentemente en la administración pública lo que se ha logrado es la multiplicación de estas agencias. (Hilding Ohlson, M 2014:9) En cada caso esto puede ser visualizado a través de la asignación del gasto, que frecuentemente es disimulado: “los nombres de los Planes o Programas sociales que publican los Ministerios no se corresponden con aquellos que figuran en la Ley de Presupuesto 2013 y 2014. Algunos planes que figuraban en el sitio web del ministerio aparecían como un solo programa en el Presupuesto. Esto parece ser relevante ya que a menor nivel de detalle en el Presupuesto, mayor es la posibilidad de que se dé una administración discrecional de los gastos. (Hilding Ohlson, M 2014:13) La multiplicidad de planes, formas directas e indirectas de transferencias sin contraprestación, tiene consecuencias no deseadas:

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1. Los funcionarios tienden a multiplicar las agencias que administran –no solo los

programas sociales– sino todas las políticas públicas, pues ello está ligado al poder, la posibilidad de disponer de más presupuesto y subsidiar el desempleo mediante el empleo en el estado. (Hilding Ohlson, M 2014:10) El empleo público pasó de menos de 2 millones en 2003 a 3,2 millones en 2012 (Libertad y Progreso, 2012) (Anexo Figuras N°14) 2. En general no existe coordinación y gran superposición en la maraña de planes y

programas, de los que se carece información, aumentan los costos administrativos, empeora la calidad de información, el control y seguimiento; favoreciendo la discrecionalidad y la corrupción. (Hilding Ohlson, M 2014:9) En la Provincia de Buenos Aires solamente existían en 2012, 110 planes diferentes –58 de la Nación y 52 de la Provincia– coordinados por la ANSES, 4 Ministerios nacionales y la misma Provincia de Buenos Aires. Los planes sociales se agregan unos a otros como capas geológicas. (Libertad y Progreso, 2012) 3. Lo anterior disminuye la eficiencia pues incrementa los costos de transacción, así como su consecuencia: los costos de oportunidad. 4. El receptor/beneficiario queda dependiente de la discrecionalidad de quien los

otorga y además desincentiva la búsqueda de empleo formal ante el temor a perder el beneficio. Además por más que el sueldo formal sea más alto que los ingresos que se obtienen por planes sociales, el ingreso marginal por trabajar es bajo. (Hilding Ohlson, M 2014:15) (Libertad y Progreso, 2012) 5. La prolongación en el tiempo de estas condiciones disminuye la fuerza laboral de la PEA. En la Argentina en 2013, más de 18 millones de personas recibían algún tipo de beneficio social de esta naturaleza, por un total de $ 69.000 millones/año. Con ello se fomenta la inacción y la desvalorización personal. (Libertad y Progreso, 2012) 6. A su vez se observan ya en la Argentina cuando menos dos generaciones que no se

han incorporado al empleo formal, se desincentiva la motivación por el esfuerzo y la perspectiva de mejorar la propia condición. El beneficiario traslada la responsabilidad individual a la condición de depender de la ayuda del estado. Esto no sucedería, si los planes fueran temporales, entonces las personas tendrían incentivos para valerse por sí mismos y salir adelante en busca de trabajo.

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Promover el desarrollo individual no significa dejar de ayudar a ciudadanos en situación de emergencia, sino generar en ellos un sentido de independencia y responsabilidad sobre sí mismos. (Hilding Ohlson, M 2014:16), (Libertad y Progreso, 2012) 7. Con la reproducción intergeneracional de la pobreza, los aspectos culturales se

extienden más allá del núcleo originario. La definición de pobreza es de una compleja interpretación multidisciplinar. Pero para los burócratas del gobierno lo que parece importante es poder hacer los números y obtener un porcentaje de los pobres que hay que asistir. Así es como se simplifica lo que es complejo y resulta difícil comprender las dimensiones de la pobreza en la sociedad. Se pueden lograr los números que se deseen, simplemente cambiando la definición y la condición de la gente continuar siendo la misma. (Hazlitt, H 1996:36) 8. Si los planes hubieran sido efectivos la pobreza no estaría en los niveles que se encuentra. De acuerdo al Congreso y a otras fuentes supera el 25%, o sea 10,25 millones de personas. (UCA, ODSA 2013) (Libertad y Progreso, 2012) 9. Los programas asistenciales no logran necesariamente incluir a las personas en los

mercados y así potenciar sus capacidades, sino que solamente logran mejorar sus ingresos, sin mejorar sus posibilidades de insertarse mejor y así progresar económica y socialmente. (Hilding Ohlson, M 2014:17) 10. Las consecuencias son la corrupción y la lógica de la dependencia económica y política. (Libertad y Progreso, 2012) 11. Lo que el gobierno no debe hacer en el esfuerzo por mitigar la pobreza, es adoptar

medidas que impidan el pleno funcionamiento del sistema que tiende a maximizar la producción, para que su distribución –entre las decenas de miles de productos y servicios– alcancen a cada vez más personas, en las proporciones en que éstos se exigieron socialmente, para maximizar la acumulación de capital y las inversiones, y así maximizar salarios y el empleo que abre oportunidades para todos. (Hazlitt, H 1996:187) Y esto es precisamente lo opuesto a lo que nuestros gobiernos hacen. Después de más de una década de declamada bonanza económica los resultados de la asistencia social necesaria a los más vulnerables debieron tener mejores resultados en cuanto a eficacia y eficiencia. Cuando el estado intenta solucionar los problemas, como los planteados a través de subsidios directos e indirectos, o el mismo sobre-empleo

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estatal, nos cabe la pregunta: ¿los resultados expresados por las distintas fuentes, dependen solo de los fracasos de las políticas sociales, o también y en particular de las políticas económicas?; ¿No debería pensarse que las políticas económicas son la causa original de los resultados que luego se pretenden solucionar con políticas sociales? Si esto fuera así las políticas económicas deberían considerarse prioritarias entre las políticas públicas. Y en ese caso –a sabiendas que son necesarios otros requisitos institucionales–: ¿Qué piensa el funcionario –o el gobernante– cuando propone políticas económicas que no conducen a la generación de riqueza? ¿Qué piensa cuando sus acciones promueven desconfianza para la inversión? Pareciera que el estado –en países con democracias en déficit– intenta solucionar lo que el mismo ha generado, con desmedidas intervenciones. Lo expresado es solo un intento de representar como se desarrolla la acción del estado. Y así sucede en todas las áreas de su intervención en mayor o menor medida. Se han tomado las políticas sociales solo como un ejemplo. Pero similar comportamiento existe cuando las políticas públicas se refieren a otras formas de subsidios o funciones –como por ejemplo salud, educación, seguridad, etc.– que lo involucran. En la sociedad esto se ha extendido como una forma natural de pensar (lo que llamo el colectivismo protectivo): “el estado ha sido creado para resolver todos nuestros problemas”. Pero como no podemos amenazar continuamente a la gente de nuestro entorno, invocamos a la fría maquinaria del estado para que lo haga por nosotros. (Valin, J 2014, Cap.3, sec.9, párr.4) Además debemos mencionar que para cumplimentar su acción el estado requiere cada vez más recursos, porque si es el estado el que tiene los resortes que resuelven los problemas el incentivo está puesto para que las demandas se multipliquen, y la clase política también los tenga aprovechando de ello mediante la intermediación. El estado es un ente esencialmente improductivo, no vende nada que la gente quiera comprar, así que obliga a la gente a pagar impuestos. La carga impositiva que no solamente se ve en forma de costos monetarios, sino también de transacción, bloquea el emprendimiento de miles de pequeñas empresas que muchos podrían hacer. Esa imposibilidad de crear empresas sostenibles es simple y llanamente riqueza que no se produce. Así como empleos que no se generan. (Toro Restrepo, D 2015) El estado al ser improductivo –salvo los escasos recursos que se originan en la provisión de servicios– obtiene su real financiamiento de la base impositiva sobre la actividad productiva y esta acompaña inevitablemente al gasto que el estado asume. La presión impositiva tiene a su vez la consecuencia indeseable de limitar la producción. Sin

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embargo la justificación que se explicita detrás de estas políticas públicas (o acciones del Estado), es subsanar lo que se atribuye a las fallas del mercado, y que el estado hace lo que el mercado no, o lo que se dice que se supone hace mal, o lo que son sus consecuencias, en particular alcanzando a aquellos que no han podido lograr suficientes beneficios y han quedado marginados. Esta última debiera ser su acción subsidiaria. A medida que la presión impositiva se incrementa, disminuyen las posibilidades de ahorro e inversión. Menor inversión significa menor empleo. Esto no sirve para generar desarrollo y crecimiento. Con la presión impositiva en su máximo –y ante la perspectiva de que el gasto se convierta en déficit– el estado recurre a otros instrumentos para financiarse. Uno es el endeudamiento y otro es la emisión monetaria, ninguno libre de consecuencias indeseables. (Solanet, M 2015) Pero el conocimiento de estos procesos económicos escapa a la mayoría. Y por supuesto ante las graves necesidades que se presentan, nadie se opondría a que estos programas se lleven adelante, pero siempre que exista la intención de superarlos y que fueran transitorios, en la medida de lo realmente posible y dotar a los individuos de oportunidades que les permitan valerse por sí. La política –ante demandas crecientes y recursos escasos– no puede funcionar disociada de la economía. El decisor político posee racionalidad limitada e información incompleta, aunque crea todo lo contrario. Depende no solo de asesores y expertos, sino también de diversas fuerzas que pugnan por obtener sus propios beneficios. Una interpretación del proceso en la toma de decisiones de políticas públicas se encuentra en el “teorema de la imposibilidad” de K. Arrow: “…es imposible para un tomador de decisiones en una sociedad democrática, llevar a cabo modelos de elección racional, dado que las elecciones individuales no pueden ser sumadas para crear una única elección que satisfaga a todos,..” (Ordoñez Matamoros, G 2013, Cap.2, Sec.2.1.2, párr.3). Otra perspectiva podría ser la que incorpora el análisis institucional propuesto por E. Ostrom (2000) en el que se interrelacionan actores individuales y colectivos, en el marco de la elección racional y los factores institucionales, las condiciones materiales, los atributos de la comunidad y las reglas. (Ordoñez Matamoros, G 2013, Cap.2, Sec.2.2.3.2, párr.10) Cualquiera de estas interpretaciones encuentra hoy sus límites en tanto no existe en la toma de decisiones una conducta absolutamente racional. Tal como hemos mencionado existen factores, sociales, culturales y hasta psicológicos que orientan la conducta y que incluso la misma puede ser solo transitoria, ocasional y obedecer a otras causas que responden a circunstancias

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particulares, para mutar luego por otra u otras. Es decir que la utilidad marginal que se maximiza cambia subjetivamente su patrón en cada individuo, como las causas que la originan y a su vez en cada momento. Si bien esto no excluye que existan patrones generales de comportamiento, que pueden ser conocidos y aplicados a la interpretación, de igual forma sabemos que nuestra racionalidad es limitada y muchos desaciertos podrían evitarse si no tuviéramos excesiva confianza en nuestra inteligencia. (Estrada, F 2008:85) A la teoría convencional de la organización se oponen cambios procedentes de nuevos sistemas de información y comunicación. Las organizaciones deben interpretarse dinámicamente también desde la teoría de la evolución natural. (Ibíd.:88) Po otra parte la propuesta de E. Ostrom (2000) es aplicable a comunidades pequeñas, en las que el proceso cooperativo depende de una mutua interrelación estable. Cuando K. Arrow expone su teorema de la imposibilidad omite que ni las condiciones de social racionalidad se cumplen, ni las que supone como función del bienestar social. Y en tercer lugar la decisión que las mayorías pueden imponer suponiendo la mejor opción, no significa que la misma sea irrevocable, ya que en una sucesiva oportunidad una nueva mayoría puede imponer una política diferente u opuesta. Las diferencias son evidentes: en el estado las políticas que maximizan el bienestar son impuestas por mayorías transitorias, (o por un pequeño grupo) y muchos quedan siempre por fuera cualquiera fuere la opción que se decida como política pública entre alternativas. La decisión es siempre coactiva. En contraposición las decisiones múltiples que se adoptan en el mercado son individuales, voluntarias y de evaluación subjetiva en su función del bienestar que proveen. Es por lo mismo necesario distinguir entre la función de bienestar social derivado del ordenamiento individual requerido para la operación del proceso de la toma de decisiones de nuestra sociedad y el problema de testeo sobre la consistencia de estos mismos procesos. (Buchanan, J 1999:90-102) En los países con democracias deficitarias la organización del gobierno sirve con mayor frecuencia para desarrollos de políticas públicas inefectivas e ineficientes, que lo obliga a multiplicarse en reparticiones que se superponen en su aplicación lo que constituye un verdadero botín del que todos usufrutuan beneficios. El final es previsible como en “la tragedia de los comunes”. Y en este sentido cuando el estado aumenta el gasto público puede hacerlo a costa de detraer la demanda presente del sector privado o de detraer la demanda futura. Lo primero significa financiar el gasto público presente con impuestos presentes y lo segundo financiarlo con la emisión de deuda pública, es decir con

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impuestos a futuro (en este punto también podemos incluir dentro de la definición de deuda pública a la emisión de moneda fiat). (Rallo, JR 2015, Cap. VII, párr..16) Esta situación tiene como consecuencia no explícita la afectación de la vida de los ciudadanos. Esto es decir que las políticas públicas o si se quiere “el estado en acción”, requiere para sus propósitos de recursos económicos en creciente medida, que justifica ante los ciudadanos con argumentos varios, que obtiene por diversas vías y que tiene en muchos casos consecuencias directas indeseables, lo que lo hace ineficiente y promotor de políticas públicas ineficaces. Sin embargo debe reconocerse que la sociedad ha avanzado cuando tiene los mejores instrumentos, y pone límites al poder de turno. Las democracias delegativas son proclives a permitir estos excesos de gobernantes que no encuentran reparos. El control y los límites que deben imponerse a la acción del estado es un problema que no parece tener solución, porque no se trata ya de “estado sí o estado no”, o la falsa dicotomía entre estado vs mercado, sino de que cada país encuentre el funcionamiento armónico y coordinado de ambos, bajo el respeto a las reglas institucionales. (Yeatts, G 2015, Cap.10, Sec. 7, párr.11) Otro aspecto que no podemos omitir es que el estado es de por sí monopólico, porque posee el monopolio de la fuerza, además de la emisión de moneda de curso forzoso (que es un componente –muy importante– de la política monetaria), y también ante la política fiscal (fijando arbitrariamente impuestos, u otras formas destinadas a financiarse) o imponiendo restricciones arancelarias a la balanza de pagos (que impone limitaciones a la producción y al libre intercambio), y a su vez en la discrecionalidad en la asignación del gasto (cuestión no menor), ya que la política económica genera determinados resultados, no solo a corto plazo y en relación con algún grupo de intereses especial, sino también en el largo plazo y en relación al interés general de toda la colectividad. (Rallo, JR 2011, Prólogo) En una curva de distribución gaussiana en la que se representen las posibilidades de una población, seguramente –aún en países desarrollados– existirá en un extremo un grupo a la que le será imposible acceder a condiciones de vida digna, (medida en términos de ingresos), o de capacidades personales, o de patologías, u otros problemas que los incapaciten para cualquier acción con autonomía. En las sociedades desarrolladas este grupo es menor porque mayor cantidad ha podido acceder a la riqueza generada. Y es válido que en socorro de ese grupo vulnerable acuda el estado con servicios, suficientes y de calidad, a sabiendas que algunos deberán recibir asistencia permanente, por no contar

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con otra salida. No existe razón alguna para que el Estado no asista a los individuos cuando tratan de precaverse de aquellos azares comunes de la vida contra los cuales, por su incertidumbre, pocas personas están en condiciones de hacerlo por sí mismas. Como en el caso de la enfermedad y el accidente, o víctimas de calamidades como los terremotos y las inundaciones. Siempre que una acción común pueda mitigar desastres contra los cuales el individuo ni puede intentar protegerse a sí mismo ni prepararse para sus consecuencias, esta acción común debe, sin duda emprenderse. Como también contra disminuciones de sus ingresos que, aunque de ninguna manera merezcan, ocurren diariamente en una sociedad en régimen de competencia, contra unas pérdidas que imponen severos sufrimientos sin justificación moral, pero que son inseparables del sistema de competencia. Esta demanda de seguridad es otra forma de la demanda de una remuneración justa, de una remuneración adecuada a meritos subjetivos y no a resultados objetivos de los esfuerzos del hombre. (Hayek, F 2008b, Cap. IX, párr. 5) Pero también debería contemplarse que a mayor desarrollo cada vez un mayor número de los asistidos encontrará alternativas que les permitirán salir por sí de su condición. Las políticas populistas son un instrumento importante de los políticos que las promueven: muchos de ellos se sirven de los que necesitan para convertirse en el protector benevolente y benefactor que acude en su ayuda. El discurso político se enmarca en la defensa del bien común. El político populista obtiene su rédito de proponer la inclusión como objetivo, aunque no lo logre. Para sostener este pensamiento mucho han tenido que ver la difusión de las ideas keynesianas –que son de postulados accesibles– para la aceptación por amplios núcleos de la sociedad y también por parte de aquellos cuya intención real es la perpetuación de las políticas que finalmente pocas veces resuelven el problema de la gente, pero sostienen su dependencia del gobernante, dado su papel de intermediario con rendimientos marginales crecientes en cuanto a votos y adhesiones se refiere. Las democracias delegativas, no permiten recuperar la iniciativa personal, porque la decisión se ha puesto, casi sin límites, en el líder que usufructúa el beneficio. Se trata de una visión cesarista, plebiscitaria, de un ejecutivo que se cree investido del poder de gobernar el país a su arbitrio. (O´Donnell, G 1996:240) Las demandas de mayor intervención del estado derivan más que de suponer la ineficiencia y las fallas del mercado, de una posición anti-mercado porque se lo identifica

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con el egoísmo –que se reconoce en la naturaleza de los individuos– y con la voracidad por obtener ganancias. Se cree que los hombres tienen un comportamiento especulativo en el mercado y se vuelven mágicamente altruistas cundo ingresan a la función pública. No se considera que las acciones de los hombres son siempre especulativas, cualquiera fuere la acción que lleven a cabo. Y las decisiones gubernamentales siempre están tomadas por hombres. (Buchanan, J 1981:71) Los ciudadanos expresan sus preferencias por bienes colectivos y existe un mecanismo de agregación, señal que las agencias estatales han aprendido a descifrar y encuentran los mecanismos para satisfacer. (Krause, M 2011:100) Así se entiende su crecimiento. Librado a su propia evolución el Estado no cesa de crecer e invadir progresivamente sucesivas áreas, lo que no solo incluye a las referidas a las políticas públicas. Y a la vez no cesa de legislar, pero en la realidad las cosas no cambian demasiado o bien los efectos son lo contrario. (Meny, I y Thoenig, JC 1992:162) El juicio de la actividad de los cargos públicos es por tanto una opinión subjetiva y por tanto bastante arbitraria. Incluso la pregunta de si una oficina concreta es necesaria, si tiene demasiados o demasiados pocos funcionarios y si su organización es o no apropiada para su fin, es algo que solo puede decidirse sobre la base de consideraciones que incluyen algún elemento de subjetividad. En una organización burocrática, las cosas no son muy distintas. Como la contribución productiva del departamento individual, y por tanto del empleado individual, incluso cuando ocupa un puesto ejecutivo, no pueden evaluarse en este caso, la puerta está abierta al favoritismo y la inclinación personal, tanto en los nombramientos como en las remuneraciones. (Mises, L 2015) Los fracasos e ineficiencias de la acción pública son mucho más costosos y dañinos que los que supuestamente derivan de las fallas del mercado. (Huerta de Soto, J. 2002:237) En última instancia exponemos como el mismo estado tiene sus fallas, pero más aún su intervencionismo en la economía tiene graves consecuencias, que no se expresan de inmediato, sino que son diferidas en el tiempo, y que siempre intentan corregirse con nuevas medidas y programas. El estado es solo un intermediario: para cumplir sus funciones específicas y poder llevar adelante políticas públicas. Ello requiere su propio sostén y obtener recursos agregados para el financiamiento de cada función que asume. Una gran parte de ellos los obtiene de unos, que son los que producen, o los de mayores ingresos, para redistribuir a otros que son los beneficiarios. Pero algunos los obtiene de

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todos para asignar con discrecionalidad. En todos los casos deberíamos analizar no solo la asignación del gasto público, sino también las fuentes y formas de financiamiento. Para ello es necesaria la rendición de cuentas por las que el estado debe dar cuenta de sus acciones y a las que son tan remisos los gobernantes. El rol del estado –parafraseando a F. Bastiat– debe ser hacer cumplir la ley y el rol de la ley debiera ser proteger las libertades individuales y la propiedad privada. (Bastiat, F 2011:11). La ley, sin embargo, puede ser utilizada con fines distintos. Bajo este esquema, los límites del estado no son ni inamovibles, ni fijos si comparamos entre distintos países. Es posible que lo que una sociedad considera que son derechos cambie con el tiempo, ampliando o restringiendo la esfera de acción del estado. También es posible que los habitantes de distintos países consideren que tienen distintos derechos y por lo tanto el estado de cada país posee una esfera de acción diferente. Pero sea cual sea la acción del estado, sigue siendo el caso que bajo una república el estado no tiene más derechos que sus ciudadanos dado que es el pueblo quien delega obligaciones al estado. En las democracias delegativas lo que se han delegado son derechos, que asume el gobernante para decidir según el criterio de unos pocos, en nombre de muchos. Por supuesto, el ideal republicano no existe en el mundo real. Lo que sí existen son países que trasgreden unos más y otros menos estos límites institucionales. Lo que garantiza la libertad y la seguridad de la propiedad privada son los principios republicanos más que el acto democrático en sí. (Cachanosky, N 2015, Cap. 8, Sec. 8.2, (pp.146-148) Hasta fines del Siglo XIX la participación del estado en la economía era mínima. A partir la Social-Politik del entonces canciller Otto vonBismarck (1815-1898) inició un camino del que no se volvería atrás. Acosado por la situación real de desamparo que vivía gran parte de la población, como acosado por los sindicatos y por el avance en los círculos intelectuales que adherían a las ideas de C. Marx, optó por conceder a la población mejoras sociales –para evitar el conflicto– mediante diversos planes de asistencia. La idea se centraba en la dilución del riesgo de determinadas contingencias, mediante la protección de grupos específicos y el financiamiento se obtenía mayoritariamente de impuestos al trabajo (cotizaciones salariales). Estas ideas de protección social calaron hondo en la población y nos llegaron con los inmigrantes que optaron por formas de aseguramiento similares por grupos, para la protección ante riesgos específicos, pero agrupados por colectividades. Progresivamente la responsabilidad fue trasladada al estado y hoy forma parte no solo de importantes

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medios de protección, sino que ahora extendido responde al criterio de colectivismo protectivo en el que todos diluyen todo tipo de responsabilidades individuales (lo que no merece ningún reparo dado que en ello se basan las formas de aseguramiento), pero sí que siempre se busque el amparo, del estado al que se hace responsable final de lo que solo algunos son beneficiarios. La crisis del ´30 generó además una gran desconfianza sobre las soluciones que podía brindar el mercado y las teorías keynesianas, dirigidas a salir de la crisis mediante la intervención estatal, fueron también parte de lo que reforzó el modelo y el pensamiento colectivista. La siguiente acotación puede ser de utilidad: “…tal como ocurrió en 1929, el crash del 2008, fue el resultado directo del boom financiero inflacionario inducido por la Fed en la década previa,..” (Kaiser, A 2013, Cap. V, Sec. 1, párr.1) Como todo boom inflacionario el que implosionó en 2008 comenzó mucho antes (1999 a 2004) con el boom inmobiliario de EE.UU. –iniciado por B. Clinton– que se extendió a otros países de Europa, cuyas raíces fueron políticas, pero que llegó a su inevitable final. La inflación que era evidente, comenzó a subir y obligó a la Fed a retirar la liquidez que artificialmente había inyectado en la economía. Para ello tuvo que subir la tasa de interés desde el 1% a la que había llegado en el 2004, a más del 5% en el 2007. Pero ya era tarde para contener un colapso mayor. (Ibíd. 2013, Cap.VI, Sec.1, párr..1) Este punto tiene relación con lo que trataremos en el objeto de estudio de la presente investigación, ya que fue de ocurrencia en el año 2008 y al que asociamos como causa concurrente. A partir de la perspectiva intervencionista la clase política se encontró de parabienes, manipulando a su antojo las variables económicas y con las manos libres para “hacer” a su gusto políticas públicas declamando el bien común. Para el Presidente B. Clinton, ya en su segundo mandato: (1997-2001) demócrata y partidario de importantes reformas sociales se produjo el boom inmobiliario, resultado del argumento que cada ciudadano estadounidense debía poder tener su propia vivienda para lo que se otorgaron los famosos créditos subprime, (a tasa subsidiada) y que con el mismo criterio no fueron cancelados por los beneficiados. La crisis que se fue incubando tuvo orígenes políticos, aunque se atribuyera al mercado. Circunstancias que se inscriben en: “el socialismo ha muerto, pero el Leviathan vive todavía” (Buchanan, J 1999:180) La reacción de los países involucrados fue inmediata a diferencia de lo que ocurrió en la década del ´30, en vez de inyectar recursos para incentivar la demanda, la mayoría optó por sostener el equilibrio presupuestario. 151

Es decir que la intervención del estado –mediante la manipulación de la masa monetaria y las tasas de interés– fue la causa de la crisis que se atribuyó luego a las ineficiencias del mercado. En ambos casos las crisis del ´29 y la del 2008, fueron debidas a la intervención estatal, en ambos casos orientadas por el interés político y no por la evolución espontánea del mercado. Las políticas keynesianas fueron la justificación en el primer caso, necesaria para tener creciente intervención al compás del interés político. Pero no fue la misma en la segunda crisis en la que como hemos mencionado, la mayoría de los países comprendieron que el equilibrio presupuestario, el control de la oferta monetaria y de la inflación, eran lo importante y que ahora se reconocían como lo prioritario en política económica. Aunque esto impusiera diferentes límites a gobiernos diferentes y en diferentes condiciones. Por supuesto que siempre se explicó que los efectos no esperados eran culpa del voraz mercado, y que el salvador de las situaciones de crisis era siempre el estado que encontraba suficientes argumentos para su intervención. En muchas de sus conferencias F. Hayek abogaba por definir claramente el problema de la intervención del estado: “Yo creo que lo que se necesita es un conjunto claro de principios que nos permita distinguir entre el legítimo ámbito de las actividades de los gobiernos y el ámbito de la actividad gubernamental ilegítimo. Debería abandonarse la discusión a favor o en contra de la actividad del gobierno como tal”. (Caldwell, B. 2008, Introducción, Sec.4, párr.6.) Respecto de esos dichos J. M. Keynes leyó el libro Camino de servidumbre de Hayek, a quien le escribió con la anotación: “Ud. admite aquí y allá que se trata de una cuestión de saber donde trazar la línea. Ud. está de acuerdo en que esa línea ha de trazarse en algún punto y que el extremo lógico no es posible. Pero Ud. no nos indica de ningún modo donde trazar la línea divisoria” (Caldwell B 2008, Introducción. Sec. 5, Párr.4.) Ese es el punto: la delimitación de las atribuciones del gobernante y el intervencionismo del estado. Sería injusto no decir que a la par existía (y existe aún) una activa demanda social para que el estado intervenga y obviamente que los gobernantes y burócratas se sienten halagados, porque pocas veces reconocen sus limitaciones. A principios del Siglo XX las ideas socialistas y marxistas estaban en pleno auge. Tanto es así que muchos pensadores, con desánimo predijeron el fin del capitalismo y el inexorable advenimiento del comunismo. (Schumpeter, J 1983:180-192) Este autor describe una creciente oleada de hostilidad social hacia el capitalismo y que supone generada por el mismo. (Ibíd.:194)

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Y nuestro país no escapó al pensamiento colectivista que todavía perdura, disfrazado ahora con nuevos componentes democráticos populistas. Lo que incluso se observa en ámbitos universitarios –con un facilismo ideológico que asombra– en los que se postula una creciente intervención del estado en la mayor cantidad de ámbitos posibles, se busca refugio a las responsabilidades que debieran ser individuales en un colectivismo “protectivo” de riesgos potenciales, y fuertes actitudes corporativas, existe a su vez un marcado nacionalismo, asociado a una posición anti-mercado, cualquier asociación con los países desarrollados es vista con gran desconfianza, se presume que es posible “vivir con lo nuestro” (teorías de Prebish-Singer) y se espera que el estado benefactor de la solución a todos los problemas sociales, todo lo que es atractivo y fácil de aceptar por una mayoría, y que fue incentivado por los gobiernos de turno. Sea cual fuere la posición del decisor político, siempre se encuentra con este límite. Porque siempre existen grupos para organizar y estimular el resentimiento. (Ibid:197) Afortunadamente la historia tuvo una evolución diferente a la pronosticada muchos y por J. Schumpeter en su libro Capitalismo, socialismo y democracia y el socialismo extremo solo perdura como forma de gobierno en contados países, y en todos los casos ha demostrado su ineficiencia. En cada uno de muchos otros se debieron adoptar formas mixtas –las social-democracias– en las que la economía de mercado genera la riqueza necesaria, que el estado no puede ofrecer, a los fines de su supervivencia. Pero es de hacer notar que los países desarrollados lo son porque a pesar de la intervención estatal, el respeto a las instituciones permite que la producción de bienes públicos por el estado (servicios que son en realidad bienes comunes) mantenga alta calidad. El control social, así como el de organismos de control, cumple en esto un importante papel. El gasto fiscal –aunque constituya una carga para los contribuyentes– es así equilibrado y eficiente. No es lo óptimo pero cuando menos, en el mundo de hoy, se hace aceptable. En opinión de este autor existen otro requisito válido –además de la limitación de los poderes de los gobernantes y del intervencionismo estatal– que tienen un valor fundamental para el desarrollo económico y social de los países y la sustentabilidad democrática: se trata del mayor respeto a las instituciones formales, informales y sociales. Ellas son las que trazan la línea divisoria que permite el equilibrio y que en muchos países con democracias en déficit nadie respeta. (Hayek, F 2008b, Cap.III, Sec.2, párr.7) y debiera ser la respuesta y definición, que J. Keynes reclamaba a F. Hayek.

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6.4

El análisis económico de la acción política

El incremento intervencionista desde inicios del Siglo XX, constituyó una inquietud para J. Buchanan quien centró sus estudios en el estudio del funcionamiento real de los procesos políticos y la acción creciente del estado en la economía, dada la dificultad de los economistas en comprender estos fenómenos. (Ravier, A 2009:13) De los estudios de Buchanan –quien tuvo una gran influencia de T. Hobbes y en particular de K. Wicksell (1936)– nace la denominada Escuela de la Elección Pública (EEP) como la perspectiva de estudio de la acción política que surge de una extensión y aplicación de las herramientas y métodos de la economía para el estudio de la toma de decisiones públicas o colectivas. Si bien Buchanan tiene gran afinidad por L. Mises y F. Hayek, en especial con este último, sus caminos en muchos sentidos fueron paralelos. Su recomendación a los economistas fue que dejaran de preocuparse tanto acerca de la asignación de recursos y de la eficiencia, para concentrarse más en los orígenes, las propiedades y las instituciones del intercambio, y a considerarlas en términos amplios. (Ravier, A 2009:14) La dirección que deben mirar los economistas es todo lo que se refiere a la constitución de la política económica, desde la cual ver los roles y las restricciones en las que se mueven los agentes políticos con sus acciones. De igual forma atribuye a K. Wicksell ser el más importante precursor de la Escuela de la Elección Pública, por haber hallado en una disertación de 1896, elementos fundamentales para su teoría. (Buchanan, J 1987:243) Buchanan recibió el Premio Nobel de economía en 1986. Luego de varias publicaciones en las que se aproxima progresivamente en sus estudios sobre la política aplicando instrumentos de análisis económico. En 1972 publica The Public Choice Theory, en el que se encuentran los elementos constitutivos básicos de su teoría de la Elección Pública, la que fue también conocida como Escuela de Virginia. Así como múltiples obras entre las que se destacan El cálculo del consenso, escrito con G. Tullock en 1962, donde se describen los aspectos que según los autores se desprenden del análisis económico de la acción política en la vida democrática. O también en Los límites de la libertad: entre la anarquía y el Leviatán, publicado en 1975. La metodología de análisis de la que parte Buchanan es motivo de controversias en las ciencias sociales. Sin embargo no hay otra vía para comprender los fenómenos sociales que la comprensión de las acciones individuales dirigidas hacia otras personas y guiadas

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por el comportamiento que de ellas se espera. (Hayek, F 2009, Cap.I, Sec.3, párr..1) Sólo existen individuos: sólo los individuos piensan, razonan y actúan. Aquí radican los fundamentos del análisis que involucra a la Escuela de la Elección Pública (EEP), un fundamento que liga los estudios sociales a la realidad concreta: a los individuos, o, mejor, a sus ideas y sus acciones. La sociedad se apoya en instituciones que son ciertamente el resultado de las acciones humanas. Mientras que en la ciencia de la naturaleza se dan teorías sobre hechos, en las ciencias sociales el investigador se ocupa de ideas sobre ideas. Nos referimos a un hombre que presenta la razón individual como muy limitada e imperfecta. Por el contrario el falso individualismo es fruto de una exagerada confianza en los poderes de la razón individual y de un consiguiente desprecio por todo lo que ella misma no proyecta intencionalmente y que no resulta inteligible para ella. (Ibíd.: Cap.I, Sec 3, párr.4-10) Para las nuevas generaciones de la EEP existe una marcada interacción entre los procesos individuales y las instituciones en sentido recíproco o bidireccional. Si bien la acción de los individuos sin proponérselo moldea las instituciones, estas a su vez tienen efectos sobre su acción. Si la acción individual contraviene las normas que las instituciones suponen no alcanzarán sus objetivos porque encontrarán resistencias a la cooperación y recelos en los intercambios. Este proceso es tan válido en la vida moderna como lo fue para los piratas, que aún siendo criminales, constituyeron espontáneamente códigos de comportamiento que les permitiera la cooperación y una escala de jerarquías, que permitió el mejor provecho de sus fines. (Leeson, P 2009:19) De la misma forma que hoy se concibe a los individuos como de preferencias no estables tanto como muy alejado del originario homos-economicus, en una combinación imperceptible entre este y el homos-sociologicus, cuya maximización de utilidad puede adoptar diferentes formas para la satisfacción del interés de valoración subjetiva. Lo que a la luz de la teoría evolutiva parece cierto es que en la actualidad ni el hombre “economicus”, ni el hombre “sociologicus”, pueden sostenerse como entidades independientes. (Mayos, G 1994:193) Parece existir un camino intermedio en el que ambos confluyen: tanto el egoísmo o la auto preservación –del Homos Económicus– son compatibles con el espíritu asociativo, el altruismo y la cooperación que son propias del Homo Sociológicus. La ausencia de racionalidad, como de información completas y la existencia de pautas, normas sociales, mandatos culturales, así como otras que son propias de tipo biológico, hacen difícil 155

enmarcar al hombre en un único esquema de comportamiento. Aún dentro de pautas generales comunes, el peso relativo de cada uno de los valores mencionados tiene para cada individuo un orden prelativo de preferencias diferente, de elección subjetiva y racionalidad limitada, definida en parte y distinto grado por su cultura, educación, intereses, emociones, relaciones sociales, ideas, circunstancias de vida, inteligencia propia, ejemplos o influencia de otros, imitación, superstición, personalidad, etc. (Santanatoglia, E 2016, Cl. 3) H. Simon (1978) desarrolló en profundidad el principio de la Racionalidad Limitada según el que la mayoría de las personas son sólo parcialmente racionales y, de hecho, actúan según impulsos emocionales no totalmente racionales: “La capacidad de la mente humana para formular y resolver problemas complejos es muy pequeña comparada con el tamaño de los problemas, cuya solución es requerida, por un comportamiento objetivamente racional en el mundo real, o incluso por una aproximación razonable a esa racionalidad objetiva”. La Racionalidad de los individuos está limitada por: a) la información disponible b) sus limitaciones cognitivas y c) la cantidad finita de tiempo de la que disponen para tomar un decisión. En la realidad, los individuos no son capaces de encontrar una elección óptima, sino que ellos simplifican las opciones disponibles, satisfaciendo y no optimizando la decisión, buscando una solución satisfactoria más que una solución óptima. –una toma de decisiones “satisficing”– una combinación de dos palabras “satisfy” and “suffice”, es decir el logro de una satisfacción suficiente para las expectativas. (Santanatoglia, E. 2016, Cl.4) Es decir, que la toma de decisiones no es igual en todos los individuos. La multiplicidad de sus interacciones e intercambios, libres y voluntarios, aún sin que en cada decisión se obtenga un óptimo, es posible obtener una satisfacción suficiente de las necesidades, que es lo que orienta la evolución de las instituciones hacia un orden espontáneo. Orden que nos induce a ver que el mismo orden social no es un vínculo impuesto por el poder político, sino un vínculo endógeno que es producto de la interacción de la acción humana, y no el resultado de una programación consciente. (Infantino, L 2004:20-21) El andamiaje teórico la EEP se completa partiendo del concepto que la acción política es también un proceso complejo de intercambios, múltiples y continuos. La EEP se ha desarrollado como una teoría relativa al análisis económico de la acción política, pero puede inscribirse a su vez en el estudio de las causales de la insuficiencia

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de la gestión pública. Si bien se ha fundamentado la gestión pública en los denominados fracasos del mercado, hemos analizado que también existen fracasos y graves ineficiencias derivados de la acción pública, que son mucho más costosos y dañinos que los que supuestamente se derivan del mal funcionamiento del mercado. Pueden identificarse cinco motivos básicos desde la perspectiva de la EEP, por los que la gestión pública está condenada a reiterados fracasos, o al menos a ser significativamente más ineficiente que la gestión basada en la propiedad privada y en el mercado. (Huerta de Soto, J 2004:237) 1.

El efecto de la ignorancia racional. De acuerdo con este principio, parecería

racional (o menos costoso) permanecer ignorante sobre todas aquellas materias que son complejas y además están más allá de nuestro control. En efecto, los ciudadanos asignan el tiempo y el esfuerzo que requiere tomar decisiones y actuar a nivel político de idéntica manera a como asignan el resto de los recursos escasos de que disponen. De forma que solo estarán interesados en obtener información y en tratar de influenciar los resultados de la gestión pública única y exclusivamente cuando, se trate de materias de importancia suficiente para el interesado; o que el interesado piense que es capaz de influenciar el curso de las mismas de alguna manera. Así, es claro que el ciudadano medio ni se molestará en estudiar la mayoría de los problemas, porque se da cuenta de que virtualmente es imposible que pueda tener algún impacto personal sobre ese tipo de políticas, que aunque tengan proximidad, es poco en lo que puede por sí mismo influir. Este principio de la ignorancia racional se mantiene a pesar de la machacona propaganda y de los ingeniosos argumentos que los políticos utilizan con la finalidad de hacer valer su profesión e interesar a los ciudadanos (con obvios límites) en la marcha de los asuntos públicos. Y es claro que en la mayoría de los casos no tiene siquiera sentido hablar de una gestión pública democrática como alternativa a una gestión privada efectuada a través del mercado, cuando, de acuerdo con el principio que comentamos, está en el interés de la mayoría de los ciudadanos el mantenerse al margen de los procesos democráticos y burocráticos que dan lugar a las decisiones de tipo público. (Ibíd,:238) 2.

El efecto de los grupos privilegiados de interés. La gestión pública no se

encuentra viciada únicamente porque a la mayor parte de los ciudadanos les es conveniente desinteresarse de la misma, sino también porque, en muchos casos, pequeños grupos de interés fuertemente organizados pueden tener una gran importancia en las decisiones políticas y dar lugar a decisiones públicas contrarias a los intereses de la

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mayoría que nadie se molesta en defender. Estos grupos de interés se forman siempre que un conjunto determinado de personas percibe un interés muy importante para ellos en un aspecto muy concreto y específico de la gestión pública (por ejemplo la provisión de algún servicio para el Estado), y se dan cuenta de que al resto de los ciudadanos les es más conveniente permanecer al margen de cualquier polémica, abstenerse de estudiar las diferentes alternativas u opciones, porque su interpretación de la realidad tendría grandes costos, dada la información dispersa, la adhesión a ideas simples y fáciles de comprender, aunque estén erradas, pero que los políticos se encargan de reforzar. La suma de los efectos mencionados da lugar a que la gestión pública, prácticamente en su totalidad, sea el resultado agregado de la influencia ejercida por los grupos de interés, independientemente de que las decisiones atenten contra el bien común o interés general de los ciudadanos. Los grupos de interés obtienen beneficios que obviamente se restan a los demás, o a otras acciones que deberían ser prioritarias y estas conductas corporativas se logran en asociación con muchos políticos. (Ibíd.:239) En opinión de este autor este punto resulta de suma importancia, pues habilita lo que se conoce como “capitalismo de amigos” y que permite a los amigos del poder las mejores oportunidades de negocios con el estado (a cualquier nivel de la administración gubernamental), o bien traficando influencias y/o información sensible para beneficios particulares, con lo que ello representa en materia eventual de corrupción. Mientras otros empresarios no encuentran perspectivas de desarrollo para su producción. Lo que atenta contra las posibilidades de desarrollo y vulnera los derechos de propiedad. (IPRI, 2015) (Anexo Figuras N°10) 3.

Otro aspecto que se considera es la existencia de una relación “no vinculante”.

Esto es decir que, incluso aunque un votante se molestase en estudiar todos los temas públicos por considerarlos importantes y pensara en su intervención en la votación, la misma no sería decisiva entre los millones de votos de sus conciudadanos. Cuando se determina una política se produce la grave dificultad de que el votante en la mayoría de los casos no manifiesta su voluntad sobre temas concretos, sino que tan sólo elige a un representante, o una lista de ellos o un programa de partido político, en realidad compra un “paquete de medidas”, que determina en bloque la política de cada uno de los temas en cuestión. El problema de la representatividad de las preferencias presenta aquí un problema: probablemente esté de acuerdo con algunas y totalmente, como con otras solo parcialmente y con muchas otras estará en desacuerdo. Sin embargo su voto no revela esas preferencias. Está claro que existe, por tanto, una gran imprecisión y falta de

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conexión entre el voto realizado y la política llevada a cabo, lo cual también se descuenta a priori por parte del ciudadano. El efecto de la “relación no-vinculante”: casi todos creemos –o queremos creer– no por ingenuos, sino porque así nos lo indican nuestras expectativas y esperanzas que los representantes que elegimos responderán cabalmente a nuestra expresión de interés. Pero existe gran imprecisión y falta de conexión entre el voto realizado y la política llevada a cabo. El político hará lo que le crea conveniente – disfrazado o no– con independencia de lo que haya prometido. Si existieren reclamos o conflictos tendrá siempre a mano escusas para culpar a terceros o a condiciones imprevistas. Y tampoco se hará cargo de los resultados negativos que pudieran surgir. (Ibíd.:239) 4.

La miopía gubernamental es otro problema que ha sido largamente analizado. La

gestión pública está orientada siempre al corto plazo, para el político las perspectivas son de alcance relativamente corto, carece de información completa, depende de las burocracias estatales o consejeros, pero el tema crucial es que necesita de manera urgente votos, para las próximas elecciones. Y los votantes son los que votan hoy y no los que votarán en el futuro. Y no es porque sea mala gente, sino porque ese es su incentivo: ganar votos pronto para las próximas elecciones. (Ibíd.: pp.239) 5.

La ineficiencia del sector público tiene además otras causas. A diferencia de lo

que ocurre en el sector privado, en el que aquellas empresas que utilicen recursos de valor mayor (costes) que el valor de lo que producen pierden dinero y por tanto ven amenazada su existencia, en el caso de la gestión pública no existe ningún control autónomo de este tipo, sino que una determinada línea de acción pública se mantendrá con independencia de su eficiencia si es que recibe el suficiente apoyo político (generalmente de poderosos grupos de interés). Muy raras veces el funcionario público se beneficia personalmente de una mayor eficiencia en el sentido económico, no sólo porque es muy difícil de medir tal eficiencia en la gestión pública, sino también porque al funcionario, igual que al resto de los humanos, le mueven básicamente motivaciones de tipo individual en las que la remuneración, su posición dentro de la escala administrativa, el importe y el tamaño del presupuesto del que pueda disponer, la cantidad de funcionarios que están a sus órdenes, etc., son los factores determinantes de su actuación. Estos aspectos no son los únicos y no se dan por cierto en todos los funcionarios, pero en términos generales la buena actuación depende más de condiciones personales que de cómo están diseñados los incentivos en la estructura organizacional del estado. En conclusión, el incentivo político de la gestión

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pública es más bien el de expandirse de forma descontrolada que el de la eficiencia. (Ibíd. 240). En suma, puede considerarse que las aportaciones de la Escuela Austriaca, en general, y de la EEP, en particular, han dado lugar a un análisis mucho más realista del proceso de gestión pública y de la actividad política, como de las consecuencias de las políticas económicas erradas. En ello se pone de manifiesto que detrás de cualquier decisión pública siempre existen individuos o personas concretas (y no misteriosos organismos o entes) que son los que toman las decisiones movidos por unos incentivos o motivos individuales muy claros. Además, los estudios de estas escuelas han puesto de manifiesto que para que una decisión pública sea beneficiosa para la sociedad es preciso que exista una conexión entre aquellos que toman la decisión, los costes y los beneficios que se deriven de la misma –concepto de co-responsabilidad– debería ser una premisa a responder: “accountability” ante los organismos de control, que no siempre sucede. Está claro que en el mercado la gestión privada de los recursos a través de derechos de propiedad bien definidos garantiza una adecuada responsabilidad de las decisiones tomadas, mientras que en la democracia representativa se difumina y desaparece el nexo decisión-responsabilidad, por lo que no puede garantizarse a priori, y de hecho no sucede casi nunca a posteriori, que las decisiones tomadas sean las más adecuadas para el bien común. (Ibíd.:240) Se ha afirmado que el problema de la «tragedia de los bienes comunales» justifica la intervención y la gestión pública en relación con los mismos. Sin embargo, por los motivos expuestos, el resultado de esa gestión pública sobre los bienes comunales es mucho más ineficiente que el que se deriva de la gestión privada de los mismos a través del mercado y de la correcta definición y defensa de los derechos de propiedad sobre aquéllos. (Ibid.:243) Por supuesto que lo planteado no desconoce que existen funcionarios probos, pero debe asumirse que las condiciones que ofrece la gestión estatal, en especial en países con instituciones débiles, o democracias de particular tipología, las probabilidades de comportamientos oportunistas es mayor. La corrupción es también un tópico importante para el estudio desde la perspectiva de la EEP. Si bien este no es tópico de la presente investigación, vale hacer algunas consideraciones a los fines de comprender la importancia y la multiplicidad de temas abordados por la EEP respecto de la gestión pública. En este aspecto la corrupción es considerada el mal uso de los recursos públicos para la obtención de ganancias personales. La capacidad de regular, conceder, acordar por reglamentaciones exageradas

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y tediosas, tienden a facilitar acuerdos entre los funcionarios y los grupos de interés. Otras formas son el desvío de recursos hacia organismos asociados, o incluso el tráfico de influencias. (Ackerman, SR 2004:67) Todo ello afecta los derechos de propiedad. La corrupción puede adoptar muchas formas y es un riesgo más frecuente en unos países que en otros. Aquellos en los que se respetan en mayor medida las instituciones, sin estar libres de la corrupción, presentan una probabilidad o riesgo menor. La corrupción es considerada un elemento importante que afecta los derechos de propiedad, en el componente político y legal del IPRI. (Anexo Figuras N°10) (IPRI, 2015) Si bien existen autores como W. Block, P. Leeson o E. Stringham, que, llevan estos argumentos al extremo y proponen la reducción extrema o incluso la abolición del gobierno, en una posición que se conoce como anarco-capitalista –planteo que el autor no comparte– otros abogan por un estado mínimo, y que se pronuncian a favor de una agenda intelectual que acepte al gobierno como inevitable, por lo que la promoción del anarquismo libertario tiene una rentabilidad política de potencial limitado, y puede distraer las mentes abiertas que están en búsqueda de una agenda libertaria más productiva. La pregunta que surge es ¿cómo mejorar el funcionamiento del estado? Y la respuesta, a criterio de este autor, es atendiendo todos los instrumentos que mejoren la institucionalidad y el control de las acciones del gobierno. El potencial inmediato y los beneficios tangibles que puedan recogerse deben esperarse de diseñar, promover y poner en práctica mecanismos que limiten el alcance del poder de gobierno. (Holcombe, R 2007:46) R. Holcombe (2007), parte de la premisa que el gobierno es inevitable y por lo mismo la única solución que encuentra –dados los fallos e ineficiencias que el mismo tiene y la violencia depredadora que promueve– es el de limitar los poderes y el alcance de las funciones del gobierno, en vez de argumentar como los otros autores mencionados, que debería ser abolido por completo. (Ibíd.:47-48) Nos encontramos en la misma posición en la que J. Madison, ya en el Siglo XVIII describió en El Federalista, el objetivo de lograr un límite del poder de los gobernantes, mediante un sistema de controles y contrapesos. La diversidad en las facultades del hombre, donde se origina el derecho de propiedad, es un obstáculo insuperable a la unanimidad de los intereses. “…una democracia pura, por la que entiendo una sociedad integrada por un reducido número de ciudadanos, que se

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reúnen y administran personalmente el gobierno, no puede evitar los peligros del espíritu sectario,.. (…)…estas democracias han sido siempre incompatibles con la seguridad personal y los derechos de propiedad,.. (…)…” (Madison, J 2012, N°X:49 del 23 de Noviembre de 1787. En: Hamilton, A; Madison, J y Jay, J. [2012] El Federalista. N°10) En este capítulo J. Madison ya nos habla del papel de las facciones. El primer objeto del gobierno es la protección de esas facultades. La protección de facultades diferentes y desiguales para adquirir propiedad, produce inmediatamente la existencia de diferencias en cuanto a la naturaleza y extensión de la misma; y la influencia de éstas sobre los sentimientos y opiniones de los respectivos propietarios, determina la división de la sociedad en diferentes intereses y partidos. (Madison, J 2012, N°X:47 del 23 de Noviembre de 1787. En: Hamilton, A; Madison, J y Jay, J [2012] El Federalista. N°10) No puede negarse que el poder tiende a extenderse y que se le debe refrenar eficazmente para que no pase de los límites que se le asignen. Por tanto, después de diferenciar en teoría las distintas clases de poderes, según que sean de naturaleza legislativa, ejecutiva o judicial, la próxima tarea, y la más difícil, consiste en establecer medidas prácticas para que cada uno pueda defenderse contra las extralimitaciones de los otros. (Madison, J 2012, N°XLVIII:193 el 19 de Febrero de 1788. En: Hamilton, A; Madison, J y Jay, J [2012] El Federalista. N°48) (J. Madison en este texto cita a Montesquieu). Para que alguno de los poderes del estado no se convierta en opresor es “que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial deben mantenerse tan separados e independientes unos de otros, como lo permita la naturaleza de un gobierno libre; o en cuanto sea compatible con la sucesión de relaciones que ata a todo el edificio constitucional con un lazo indisoluble de unidad y concordia”. (Madison, J 2012, N°XLVII:190 el 19 de Febrero de 1788. En: Hamilton, A; Madison, J y Jay, J [2012] El Federalista. N°47) Finalmente J. Madison admite que la sola definición de la separación de poderes a través de límites constitucionales explícitos, no es suficiente salvaguarda contra las usurpaciones que conducen a la concentración tiránica de todos los poderes gubernamentales en las mismas manos. (Madison, J 2012, N°XLVIII:196 el 19 de Febrero de 1788. En: Hamilton, A; Madison, J y Jay, J [2012] El Federalista. N°48)

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En términos generales nos encontramos –si bien en contextos diferentes– en el mismo punto: como encontrar los límites a los poderes de los gobernantes y que los mismos rindan cuenta de sus actos. En opinión de este autor aquellos que proponen la abolición del estado –por los motivos que fuere– se encuentran muy cerca de aquellos que proponen otorgarle un poder absoluto. Nuestro planteo se basa en que el estado es una institución evolutiva surgida de la acción humana, pero no definida por el designio humano, de evolución hacia un orden espontáneo. El estado en las diferentes formas que adoptó a lo largo de la historia permitió –en mayor o menor medida– a los gobernantes en muchos casos extralimitarse en sus poderes, lo que influyó para que los procesos de cambio instituyeran gobiernos que reemplazaran al gobernante absolutista. Hasta mediados del Siglo XIX los gobiernos tuvieron limitada intervención en la vida social y económica de los países, salvo la carga impositiva que imponían. Pero desde entonces su intervención ha sido creciente y esto ha sido no ha sido más que un progresivo reemplazo de los poderes absolutos del monarca absolutista medioeval, por los poderes que la intervención creciente actual otorga al estado. Algunos autores (entre ellos el mismo J. Buchanan), proponen el estudio de mecanismos regulatorios del poder del estado –y/o de las mayorías– a través de un estricto sistema constitucional. Ya en el El Cálculo del Consenso, (escrito en colaboración con G. Tullock) expone la búsqueda de la construcción de la “unanimidad del consenso constitucional” que es una construcción que brinda un paraguas general para el resto del análisis. (Buchanan, J y Tullock, G 1993:34). Si bien la obra expone con claridad y amplitud lo que luego fueran los postulados de la EEP, también da inicio al análisis de la economía constitucional, preocupado por el avance intervencionista del estado en la economía. “..la maquinaria estatal usa casi 1/3 del PBI en 1972, y debe tenerse en cuenta que en 1910 era solo del 12%,…” (Ibíd.:48). En 2014 el gasto público en la Argentina alcanza al 33% del PBI, llegando a duplicarse entre 2004 y ese año. (IARAF, Informe 2015a:1). Y en el capítulo VI expone una teoría económica de las constituciones en las que plantea una regla de la unanimidad, que disminuiría los costes y facilitaría los acuerdos democráticos, a partir de una economía política constitucional. (Buchanan, J y Tullock, G 1993:90-111)

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En opinión de este autor, la existencia del gobierno es inevitable y necesaria, como producto de una evolución social que lo ha definido. Pero no se debe regresar a formas de colectivismo totalitario ya superado. El equilibrio entre las acciones del mercado y las acciones del estado debe ser establecido. Lo difícil es definir donde se traza la línea divisoria. (Caldwell B 2008, Introducción. Sec. 5, Párr.4) Para cada país existirá una situación particular, y un punto en el que se reconocen las fallas del estado por lo que la línea divisoria es más precisa y definida. En donde esto sucede es mayoritariamente en las democracias liberales consolidadas. Y es precisamente en ellas en las que se observa mayor respeto por las instituciones, clara separación de poderes, límites precisos a la acción de los gobiernos, rendición de cuentas, mejor desempeño de los instrumentos que la democracia requiere y como consecuencia mejores resultados en los indicadores. (BM, 2015), (IPRI, 2015), (Proyecto V-Dem, 2015), (Proyecto BTI, 2016) En las democracias delegativas estos aspectos son mucho más difíciles de lograr, porque se han delegado poderes y responsabilidades que por derecho pertenecen a los individuos y no deberían cederse sin más al administrador gubernamental (democracias delegativas). Pues en tales circunstancias es precisamente la Constitución la que tiene sucesivamente un mayor riesgo de ser violada. Por lo que en especial en condiciones de democracias defectives debería considerarse que: “…de ninguna manera la sola definición de límites constitucionales explícitos, es suficiente salvaguarda contra las usurpaciones,..” (Madison, J 2012,N°XLVIII:196 el 19 de Febrero de 1788. En: Hamilton, A; Madison, J y Jay, J [2012] El Federalista. N°48) Un análisis idéntico al que se efectúa para el mercado es aplicable al sector público. El argumento a favor de la acción gubernamental, para corregir los fallos del mercado se ve debilitado cuando no existe una buena razón para pensar que existe un incentivo especial para que las acciones gubernamentales sean eficientes, o en el mismo sentido, que no existen incentivos perversos para que las acciones del estado sean ineficientes, así sea ahora o en un futuro eventual. De igual forma la dificultad de desenmascarar o identificar la ineficiencia del sector público debilita el argumento a favor de la acción gubernamental. A veces la elección de las instituciones puede ser la elección entre dos males. Por ejemplo podemos esperar un monopolio del sector privado si la acción se deja en manos del mercado; pero una regulación perversa dado el interés especial de quien

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regula vuelca los efectos adversos hacia el sector público. Desafortunadamente el mundo en que vivimos es un lugar imperfecto, pero la comprensión de las limitaciones tanto del mercado como del sector público es importante para poder mejorar nuestras instituciones. Hubo una época en que los economistas creían implícitamente que el sector privado operaba según un modelo perfectamente competitivo. La realidad indicó que esto no era así. Hoy en día muchas veces suponemos implícitamente que el gobierno operará de tal forma que se cumplirá con la condición de la eficiencia ideal. Pero nuevamente la realidad nos dice algo distinto. La aplicación del análisis económico a la opción pública nos ayuda a entender porqué las políticas públicas a veces se desvían y como se podrían dirigir los incentivos de la política para mejorar la eficiencia de la acción gubernamental. (Gwartney, J y Stroup, R 2001:52)

6.5 Las políticas económicas

Las políticas económicas se refieren a las acciones que los gobiernos adoptan en el ámbito de la economía. Forman parte de las políticas públicas con la característica de mantener una permanente interacción entre los procesos que permiten la actividad que el mismo estado cumple posibilitando su financiamiento, la asignación de recursos a otras políticas públicas, como en una economía “mixta” a su vez impactando en el resto –no estatal– de la actividad económica, mediante una cantidad de regulaciones, impuestos y subvenciones. (Stiglitz, J 2000:12) El Estado tiene una posición en el mercado similar a la de otros actores, en el sentido que si desea realizar algún intercambio, deberá someterse a algunas de las condiciones que el mercado establece. Sin embargo dispone de otros recursos que pueden influir fuertemente sobre la oferta y/o la demanda, es decir que puede alterar mediante sus intervenciones la evolución natural del mercado. Los gobiernos de esta forma adquieren la potestad de intervenir en la economía. (Mises, L 1961:57-58) En la economía de mercado la función principal del gobierno debería ser proteger el ágil funcionamiento de la economía contra el fraude y la violencia. En la actualidad no tenemos una economía de libre mercado tenemos una economía mixta, en la que el estado además de su monopolio del poder que le confiere la fuerza y la creación de dinero de curso forzoso, también puede gestionar empresas. El poder de un individuo para gestionar

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una empresa deficitaria es limitado. Al gobierno el déficit no le afecta porque tiene además el poder de gravar a la gente con impuestos. (Mises, L 2007:56-57) El déficit permanente de las empresas que gestiona el estado lo conducen además a otras formas de financiamiento que también tienen consecuencias. El intervencionismo en la economía quiere decir que el gobierno no restringe su actividad a la preservación del orden o. como se decía un siglo atrás, a la “producción de seguridad”, sino que significa que el gobierno quiere hacer más, como por ejemplo interferir en el mercado. (Ibíd.:57) Por supuesto existen a este respecto diversas escuelas de economía y aún dentro de ellas diferentes posiciones respecto de diversos tópicos. Y como hemos visto las mismas se refieren casi sin excepción –desde la perspectiva económica– a la valoración e importancia que cada una atribuye a las fallas del mercado o a las que otorgan mayor peso a las fallas del estado. J. Stiglitz (2000) siendo un representante de ideas intervencionistas, reconoce y describe las fallas del mercado como también las que reconoce en el estado. (Stiglitz, J 2000:14-18) Y a su vez plantea que entre los economistas de hoy predomina la idea de una intervención limitada del estado, porque –asume– que el estado puede paliar pero no resolver los problemas más graves. (Ibíd.:19) Como en el apartado anterior también existe una gran controversia en “el grado” de intervención que el estado debe tener en la economía. El lugar en donde “se traza la línea” que impone los límites es de por sí muy difícil y depende de las concepciones de cada uno. Si es cierto que solo unos pocos sostienen la idea de la intervención absoluta del estado –la evolución de los países socialistas así lo impuso– y predomina mucho más la visión que el estado en la economía debe facilitar la liberalización y la privatización. (Ibid.:19) Otro tipo de intervencionismo significa que el gobierno no solo falla en proteger el libre juego del mercado sino que su intervención produce graves alteraciones en los precios, los salarios, los tipos de interés, en los beneficios, en todo. Y ello solo por pretender conducir a los empresarios a tomar caminos diferentes a la que hubieran elegido si hubieran seguido el deseo que tienen sus consumidores. De esta forma el estado restringe la supremacía de los consumidores. (Mises, L. 2007:58)

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Uno de los aspectos más importantes a resaltar es que las decisiones que toma el estado están respaldadas por la coerción, de la que carecen las instituciones privadas o las personas que solo pueden realizar intercambios libres, y voluntarios. No se trata pensar que la economía maneje la política, de hecho son procesos diferentes, pero íntimamente relacionados, por lo que hoy en casi todos los países del mundo –y tanto más cuanto más desarrollados– se entiende que la economía sugiere límites a la política, que con frecuencia son excedidos por gobernantes irresponsables, ya que las consecuencias inmediatas o alejadas de las malas decisiones en políticas económicas, hoy son reconocidas y terminan siendo gravosas para toda la población. Ya hemos mencionado que luego de la crisis del 2008 los países cambiaron de paradigma y se preocupan mucho más que por satisfacer demandas que exigirían un gasto público desmedido, en mantener el equilibrio presupuestario, evitar (o luchar contra) la inflación, ajustarse a políticas públicas sustentables, dejar que la tasa de desempleo alcance su equilibrio en el mercado, y llevando adelante ayudas limitadas, que se saben paliativas y por lo mismo transitorias, con contraprestación. No es intención de este autor analizar todas las perspectivas posibles existentes respecto de la política económica, es decir: las políticas que en materia económica se podrían llevar adelante como política pública desde el estado –empresa por otra parte que ni corresponde a este trabajo, ni sería posible por su magnitud– sino solo mencionar que llevaremos adelante los lineamientos de la Escuela Austríaca de Economía (EAE), porque son las que este autor adscribe, y que mencionaremos brevemente en aquellos tópicos que sean pertinentes a la presente investigación. El Dr. Jesús Huerta de Soto recibió el 2 de Mayo de 2009 el doctorado honoris causa en Ciencias Sociales otorgado por la Universidad Francisco Marroquín. En su discurso que dio lugar a la publicación de su libro La esencia de la escuela austriaca (2012), realiza algunas consideraciones que resultan de suma importancia para comprender los orígenes y evolución de la EAE. Expresa: La Escuela Austriaca es una escuela humanista y multidisciplinar, que desarrolla sus aportaciones teóricas partiendo del ser humano; es decir, de los hombres y mujeres tal y como son en realidad, y superando el paradigma del homo economicus maximizador de beneficios, que es el protagonista otros modelos. (Huerta de Soto, J 2012, párr.5) A su vez plantea la concepción de orden espontáneo, que se reorienta permanentemente en busca de nuevos equilibrios dada la complejidad de las fuerzas sociales y que no puede ser controlado ni diseñado, aunque si conocido. En este 167

mismo sentido la EAE explica cómo la intervención del Estado y la coacción alteran gravemente el proceso social. A su vez la Escuela Austriaca centra su análisis y sus investigaciones en los procesos de cooperación social que caracterizan al mercado, así como a las diferentes instituciones que permiten y dan forma a la vida en sociedad. En contraste con otras escuelas que consideran el mercado en equilibrio con definidos fallos –por ejemplo los neo y pos-keynesianos– u otras que lo suponen pareto eficiente y por lo mismo carente de fallos. La EAE postula que ambas posturas adolecen del mismo problema: una verdadera incomprensión de cómo funciona realmente el mercado. El mercado solo puede funcionar en busca de un equilibrio dinámico siempre que el estado respete la propiedad privada, se sostenga un estado de derecho y el gobierno se vea limitado en sus poderes. Otras escuelas tuvieron distinto rumbo y no pudieron percibir la orientación que la EAE estaba marcando. (Ibíd. 2012, párr..7-17) En el año 1922 L. von Mises publicó Socialismo, en el pronosticaba el fracaso del socialismo (cuando a pocos, dado su auge y el clima de época, se le hubiera ocurrido) apelando al argumento de la imposibilidad del cálculo económico ante la inexistencia de precios. Este hecho llamó la atención de los cultores de otras escuelas, que incluso mucho después llegaron a decir como S. Rosen (1993) “el colapso de la planificación central fue una sorpresa para la mayoría de nosotros”. Y ello porque no habían llegado a percibir el problema insoluble de cálculo económico que plantea el socialismo. (Ibíd.:18) Otras aportaciones de la EAE son la teoría del capital, el dinero y los ciclos económicos. Así como la espiral inflacionaria que produce la emisión monetaria y la manipulación del interés y la expansión del crédito por la existencia de una banca con reserva fraccionaria, que termina en una crisis o recesión económica con graves errores en la orientación de la inversión y desempleo. Y esta fue la interpretación (y predicción) que tanto L. Mises como F. Hayek hicieron de la crisis del ´29. Depresión que surge después de los desmanejos monetarios y financieros cometidos tras la fundación de la Reserva Federal en 1913 y, especialmente por el despilfarro de los años ´20 del siglo XX. (Ibíd.: párr..1921) La Escuela Austriaca nace en 1871 con la publicación del libro Principios de economía política de Carl Menger (1840-1921), este autor recoge una tradición de pensamiento que se remonta a los estudios de los teóricos españoles de la escolástica. (Ibíd.:párr 30)

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Con C. Menger nace la teoría subjetiva del valor, la teoría de la utilidad marginal, y la teoría del surgimiento espontáneo de las instituciones. En todas ellas hizo sucesivos aportes E. von Bohm-Bawerk (1851-1914), quien además explicó claramente los errores de la teoría marxista de la explotación. (Ibíd.: párr.32) A los mencionados como iniciadores de la EAE siguieron L. Mises (1881-1973) al que se le deben aportaciones trascendentes como la teoría del ciclo económico, la función empresarial, su crítica al intervencionismo, y además un método sistemático de análisis. Le siguió F. vonHayek (1899-1992) que recibió el premio Nobel de Economía en 1974, por sus trabajos que profundizaron los aportes de Mises, como por su particular dedicación al conocimiento y sus contribuciones a la teoría del orden espontáneo. A su vez Hayek fue un decidido crítico de la teoría económica keynesiana, a la que contrapuso sólidos argumentos. (Ibíd.:34-35) Es conocida la académica controversia entre Hayek y Keynes, respecto de la crisis de la década del ´30, en las que se Hayek buscaba explicar las causas, en función de sus teorías: la expansión de la masa monetaria y el mal manejo del crédito. Y Keynes la forma de superar la misma crisis. Ya en nuestros días menciona a un eximio representante de la EAE como M. Rothbard (1926-1995) impulsor del anarco-capitalismo e I. Kirzner. Pero el mismo J. Huerta de Soto, como otros pensadores de nuestros días representan fielmente –aunque con matices propios en algunos de ellos o en algunos temas– el pensamiento de la EAE, ya sea por sus aportaciones personales o por ser partícipes de instituciones “think-tank”, o universidades en las que se desempeñan como investigadores o docentes que tienen como base el pensamiento de la EAE. Los mencionados en opinión de este autor ni siquiera podían saber que estaban haciendo escuela. Las condiciones bélicas del Siglo XX obligaron tanto a L. Mises, como a F. Hayek a emigrar. El primero lo hizo a EE.UU y el segundo a la London School of Economics (UK), en donde siguieron difundiendo sus postulados, eran además poco conocidos e incluso combatidos. Y sin embargo sus prédicas tuvieron sus frutos y hoy en día no solo han llegado a tener muchos seguidores, sino que se han constituido escuelas y organizaciones que difunden sus ideas, con muchos pensadores que han tenido el honor de ser sus discípulos (varios receptores del Nobel de Economía) y otros que se han ido sumando. Muy probablemente ni sabrían que estaban fundando una escuela, que trasciende los límites de la economía para introducirse en terrenos complejos como la filosofía, la epistemología, la metodología en ciencias sociales y la política. También son 169

muchos los autores argentinos representantes de la EAE, que se desempeñan en ámbitos académicos –y al fin de no olvidar a ninguno omito su mención– pero este autor se permite hacer referencia al Dr. G. Zanotti, quien es Director de este trabajo de investigación y además de múltiples artículos ha escrito dos libros: Introducción a la Escuela Austríaca de Economía (2012) y Principios básicos de la Escuela Austríaca de Economía (2015), de los que solo haré mención del tratamiento de los temas que nos expondrán las bases conceptuales de la EAE en general y aquellos que se hacen procedentes a los fines del presente.. En el primero de ellos que G. Zanotti (2012) nos dice ya desde la introducción que puede reconocerse en A. Smith con su libro La riqueza de las naciones, (1776) partícipe de la ilustración escocesa, como el iniciador de la ciencia económica clásica. (Zanotti,G 2012:Cap I, Sec. 1, párr.1). Piénsese que A. Smith era profesor de ciencias morales y no economista y su primer libro fue precisamente Teoría de los sentimientos morales, escrito en 1759, es decir 17 años antes que el antes referido. Tal como antes se ha mencionado A. Smith no pudo resolver la teoría del valor: véase en el Cap. V de La riqueza de las naciones, (2015) y que continúa utilizando la teoría de David Ricardo del “valor-trabajo”. (Smith, A. 2015:Cap. V, Sec1, párr..2-3) Luego de varias alternativas de interpretación respecto del valor en uso (o de utilidad) y el valor de cambio, en 1870 tres investigadores

simultáneamente y en forma

independiente llegan a una nueva teoría del valor. W. S. Jevons, L. Walras y C. Menger: la teoría de la utilidad marginal, que constituyó una verdadera revolución al resolver viejos paradigmas. (Zanotti,G 2012:Cap I, Sec. 1, párr.7-8 y 11) En opinión de este autor no se ha dado la verdadera importancia que la teoría de la utilidad marginal del valor tiene, porque no se trató solo de una teoría económica que se postulaba para comprender el valor de las cosas, sino que tuvo un impacto en el desarrollo de las ideas: si la teoría de la utilidad marginal era cierta, no lo era la del valor trabajo. De ser esto así el andamiaje teórico de Marx acerca de la plusvalía y la explotación carecían de sustento. C. Menger fue el único de los tres que fue consecuente con la teoría subjetiva del valor (ateniéndose que el valor real era subjetivo y dependía del valor de uso, que a su vez determinaba el valor de cambio que cada uno estaba dispuesto a pagar por las mercancías de intercambio), fundando en Viena la conocida escuela neoclásica austríaca. Por ello es

170

C. Menger el padre de la EAE. (Ibíd.:párr..13-14) A C. Menger le siguió E. vonBohnBawerk que tuvo precisamente la oportunidad de refutar desde la nueva perspectiva al marxismo. L. Mises además de completar la teoría austríaca respecto de las teorías del dinero, de las tasas de interés y del ciclo económico dio a la economía política una base metodológica seria y precisa. (Idíd.:párr.17) El análisis austríaco comienza con el estudio de las consecuencias formales de la acción humana. Porque la esencia de lo económico está en la esencia de la acción humana. (Ibíd.: Cap. 1, Sec. 2, párr.4) Fue precisamente L. Mises quien escribió La acción humana en 1949, estableciendo las bases de la praxeología, como el estudio de las consecuencias formales de la descripción de la acción humana. (Ibíd.:Sec.3, párr.1) El autor profundiza en adelante estos postulados, que omitimos porque son solo relevantes desde el punto de vista filosófico y científico, en relación a las fuerzas que motorizan a las personas y a la economía –como por ejemplo: el origen de la sociedad, el mercado, la teoría de los precios, las leyes de oferta y demanda, elasticidades, y el cálculo económico, etc.– y a las que se ha hecho referencia antes. Es importante destacar que también se refiere a las consecuencias de la intervención estatal en la economía, que es posible dado que el estado posee el monopolio de la fuerza y pretende fijar por decreto (o algún funcionario de rango menor) los precios, lo que funciona como un factor exógeno al mercado que altera su natural propensión al equilibrio. Ya que un intento por fijar precios máximos genera una contracción de la oferta, que tiende a ser proporcional al precio. Y en el mismo sentido se expande la demanda. El resultado es la escasez, o sea que se ha agravado la situación en vez de mejorarla, ya que el efecto logrado es el contrario al que el decisor gubernamental supuso. (Ibíd.:Cap.2, Sec.10, párr.4-9) También analiza que los gobiernos comenzaron a estatizar el sistema de emisión monetaria. Esta situación, con el monopolio de la emisión en sus manos, el estado no tiene límites para la emisión de medios fiduciarios. Con lo que se introduce el primer elemento que conduce al origen del ciclo económico, como es la emisión de moneda en el mercado de capitales. (Ibid.:Cap.3, Sec. 3, párr.16-17) Este proceso se repite tanto como origen de la crisis del ´29, de similar manera en la crisis del 2008. “El boom inflacionario de la década del 2000 llegó a su inevitable final. La

171

inflación era evidente desde hace tiempo, comenzó a subir y obligó a la Fed a retirar la liquidez que artificialmente había inyectado en la economía. Para ello tuvo que subir la tasa de interés, desde el 1% del período 2003-2004 a más del 5% en 2007. Pero ya era demasiado tarde para evitar un colapso mayor”. (Kaiser, A. 2013:Cap.VI, sec.1, párr.1) En consideración de este autor la incomprensión de los gobiernos para entender este proceso y seguramente con la idea de obtener réditos generando en la población una falsa sensación de bienestar, atada a sus perspectivas de mayor consumo, es lo que les hace adoptar políticas keynesianas expansivas –que debieran ser de corto plazo, según el mismo Keynes y solo para casos excepcionales de crisis (y no está muy claro si este economista quiso decir solamente esto)– como una política deliberada permanente de estímulo a la demanda agregada. Para ello el instrumento es la creación (muchas veces “artificial” de mano de obra) y la emisión monetaria sin respaldo, que cuando supera los requerimientos de la demanda, hace perder valor a la moneda. El dinero es también un derivado evolutivo y tiene tres funciones: 1) servir como medio de intercambio, 2) o como reserva de valor y 3) como unidad de cuenta. Pero es una mercancía igual que cualquier otra y al incrementar su cantidad, pierde su valor unitario. Esto es decir que como medio de intercambio se hace cada vez más dinero para adquirir los mismos bienes. Ese es el proceso que conduce a la inflación. Al boom inflacionario (aunque existen medidas para disimularlo temporariamente) le sigue más tarde o más temprano la crisis. Al compás de esta situación las estadísticas de inflación baja mantienen los intereses que el gobierno debe pagar para endeudarse más bajos, pues los inversionistas que prestan dinero al gobierno esperan un retorno real de sus inversiones. A los gobiernos les conviene ocultar la verdad al público sobre el alza de los precios (que en realidad es: pérdida del valor de la moneda), aunque al mismo tiempo les conviene generar inflación porque les permite pagar su deuda simplemente imprimiendo dinero, que luego ocultan con estadísticas manipuladas y además esto les permite financiar sus programas de “bienestar social” fácilmente y con los beneficios políticos que suponen. Otro aspecto es que el gasto inflacionario de los gobiernos es confundido con crecimiento económico, pues la forma de medir el PBI incluye el gasto fiscal. (Kaiser, A. 2013:Cap.VI, sec.1, párr.2-7) El mismo autor expresa que la crisis financiera del 2008 –año al que remitimos nuestro estudio– fue el resultado de un diseño institucional basado en una premisa tan voluntarista como insostenible: la de que las personas tienen a priori un derecho de ser

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dueños de una casa. (Kaiser, A. 2013:Cap.V, sec.3, párr.1) Recuérdese el boom inmobiliario originado en EE.UU. (de los últimos años de los ´90 y principios del 2000), por B. Clinton que luego se extendiera progresivamente, en especial a Europa y luego al resto del mundo. Ya se ha mencionado este punto y además a que la forma de enfrentar el problema en 2008, fue diferente a la que sostuvo la larga crisis del ´30. Las políticas inflacionarias pueden ser causados por diversas decisiones del gobierno: a) emisión de medios fiduciarios, b) elevación artificial de los salarios y c) déficit financiero del presupuesto. En todos los casos estas decisiones significan mayor emisión monetaria (y los keynesianos con su tesis del déficit spending la recomiendan especialmente). (Zanotti, G 2012: Cap.3, Sec.4, párr.2-10) La inflación provoca inexorablemente el colapso del sistema monetario. El aumento de dinero provoca una pérdida del poder adquisitivo del mismo (los precios aumentan de manera distorsiva) e induce a la gente a desprenderse más rápido de su dinero. Esto a su vez significa un nuevo incremento de la oferta monetaria, dado que por la pérdida de su valor la gente atesora menos dinero. Esto conduce a una conducta protectiva que orienta a la gente a buscar refugio en monedas duras o de valores estables. Por otra parte la inflación es agravada por la expansión crediticia, que es otro componente del temido ciclo económico. (Ibíd.: Sec.5, párr.4-5) “Demos la moneda al gobierno y no haremos más que poner en su mano la llave que abre la puerta hacia la total interferencia gubernamental en la economía,…(…)…y un error en la política monetaria puede hacer fracasar todos los buenos intentos.” (Ibíd.: Sec.8, párr.1) No es intención de este autor desarrollar toda la teoría austriaca del ciclo económico, pero si adelantar que las políticas expansivas de la cantidad (oferta) de la masa monetaria, si no tienen un correlato en la demanda del mismo, conducen a una pérdida de valor del dinero, lo que representa el primer paso que inicia el ciclo económico. A ello sigue la inflación que altera el sistema de precios. (Mises, L 1968:510-515) En la sociedad ahorro e inversión se encuentran en el proceso denominado mercado de capitales. Ambos conforman una oferta y una demanda. Los inversionistas (demanda) están decididos a utilizar esos ahorros (oferta) para generar nuevos bienes y servicios. Para ambos las valuaciones se realizan por la utilidad marginal. Pero entre ambos se interpone el interés, que opera según la ley de preferencia temporal (que no es más que el precio que cada uno atribuye al diferimiento del consumo) y las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda. En un mercado libre se logra el equilibrio entre ahorro e inversión. Pero –según hemos mencionado– la pérdida del poder adquisitivo de la 173

moneda incrementa la tasa de interés, se hace imposible el cálculo económico y se estimula la fuga hacia monedas estables. Como consecuencia la oferta de bienes no solo se encarece de manera distorsiva, sino que además decrece su producción y oferta. (Zanotti, G 2012:Cap.4, Sec.3, párr.2-6) Este autor comparte la interpretación de los autores austríacos respecto que los factores distorsivos son exógenos, en su origen responden al intervencionismo estatal en el incremento de la masa monetaria mediante emisión y el manejo del crédito y las tasas de interés en la economía (a la baja) lo que da inicio a la crisis. El proceso descripto lleva a la contracción de la tendencia al ahorro y aumenta la demanda de dinero por parte de los inversionistas. Existe pues un artificioso excedente de demanda por sobre la oferta, disimulado por el exceso de masa monetaria emitida. (Ibíd.:Cap.4, Sec.3, párr.4) En este contexto al existir una distorsión de los precios por la inflación y una dificultad en el cálculo económico empresarial las inversiones se mal orientan. Pero este mismo aumento de los precios, hace suponer un aumento de la ganancia de los empresarios en un círculo artificialmente sostenido, ya que no existe el ahorro necesario para la formación de nuevo capital que sustente las inversiones. La fase que continúa es la depresión. (Ibíd.:Cap.4, Sec.3, párr.6) Este proceso fue conocido –como consecuencia de las políticas keynesianas– como estangflación: es decir, inflación persistente con recesión o estancamiento económico. Pero a pesar de su gravedad puede ser disimulado (un tiempo) como de equilibrio o sino solo mostrarse como una menor tasa de crecimiento, detrás de una falsa interpretación del PBI ya que el gasto público se computa en términos positivos, que compensa la menor tasa de actividad. Sin embargo la crisis en algún momento se hace evidente, porque una vez iniciado el proceso por la interferencia estatal, es imposible evitar sus consecuencias. (Ibíd.:Cap.4, Sec.3, párr.8) El presente no pretende ser un tratado de política económica, sino dar un marco general en el que se encontraba el gobierno argentino ante la crisis internacional que se avecinaba y que fue evidente en 2008. Pero sus condiciones previas y premonitorias no podían ser desconocidas por el Presidente N. Kirchner, por lo que es de suponer que las decisiones económicas que fueron adoptadas tuvieron en alguna medida que ver con buscar resguardo a dicha crisis, y la necesidad de financiar y sostener las políticas expansionistas del estado que habían sido ya iniciadas y no era la intención limitar. Lo anterior en la medida de analizar las causas de las políticas implementadas y a su vez en el supuesto de sus consecuencias. 174

Mucha bibliografía existe respecto de lo analizado, pero no es el caso de referirla toda, empresa ya de por si imposible e innecesaria a los fines de la presente investigación. Valga decir que si bien las causas primarias del ciclo son exógenas, el intervencionismo estatal no hace más que agravarlo en caso de pretender reemplazar el ahorro (la oferta) mediante la inyección de más moneda en el sistema (cualquiera sea el modo), pues lo que consigue es incrementar la distorsión de los precios, vía la inflación y retraer aún más la demanda, lo que condiciona la producción. Las consecuencias de este proceso han sido largamente analizadas y expuestas por L. Mises que el capítulo 4 de su libro Política económica (2007), en el que nos dice que solo existe un camino para solucionar los problemas financieros de un gobierno. Si necesita dinero debe obtenerlo gravando con impuestos a sus ciudadanos. Pero muchos gobiernos, por lo general casi todos, piensan que hay otro método para obtener dinero: simplemente imprimirlo. (Mises, L 2007:75) Lo que debería agregarse es que los impuestos son impopulares, por lo que tienen un límite útil para el gobernante y que se expresa por su preferencia entre financiar al gobierno legítimamente a costa de perder popularidad. (Ibid.:80) Si los salarios evolucionan al ritmo de la inflación, los individuos parecen no advertir el efecto dañino que se inflige a la economía., y afecta a unos grupos primero (los de menores ingresos), pero paso a paso continúa de un grupo de población a otro. (Ibíd.:78) Y refiere las palabras de Keynes “…el pleno empleo solo puede alcanzarse si hay inflación,..” Sin tener en cuenta que el único método por el que puede obtenerse una situación de pleno empleo es en un mercado libre, sin trabas. Esto es tan válido para todo tipo de trabajo como para todo tipo de mercaderías. (Ibíd.:88-89) L. Mises dedica toda la Parte VI de su libro La acción humana (1968) al intervencionismo estatal en el mercado y sus consecuencias. (Mises, L: 1968:863-1033) De su análisis se desprende que el intervencionismo distorsiona todas las variables que buscan el equilibrio del mercado, con el agravante de ser el que origina las temidas crisis que luego son atribuidas a las fallas del mercado. Sin embargo los partidarios del intervencionismo nos dicen que el estado debe intervenir siempre y cuando el juego libre de las fuerzas económicas pueda provocar efectos recusables desde el punto de vista social. Creen que compete al gobierno dictaminar en cada caso cuales cosas sean, y cuáles no sean socialmente deseables, quedando la burocracia ampliamente facultada para determinar si procede o no la intervención de los agentes estatales. Poco advierten que si así piensan están autorizando al gobierno a interferir en la actividad económica toda,..(…)

175

…si puede el estado intervenir allí y cuando lo estime oportuno, no hay ya esfera económica alguna que pueda ser regulada por el mercado. (Mises, L. 1968:871) Y las consecuencias son en principio la inflación que es una política deliberada, aunque la gente piense que es una política menos dañina que el desempleo. Pero el hecho es que en el no largo plazo la inflación no cura el desempleo. Si uno considera que la inflación es un mal, tiene que parar de provocarla. Y para ello se debe equilibrar el presupuesto del gobierno. (Mises. L 2007:91) En función del análisis de este autor la política económica tiene objetivos claros: 1) lograr el crecimiento económico, 2) mantener la estabilidad de precios y 3) lograr la mayor tasa de actividad económica y empleo. Para ello cuenta con los instrumentos de la política económica que los gobiernos muchas veces suelen manipular de manera irresponsable sin atender a sus consecuencias: 1)

La política fiscal que depende de un genuino equilibrio presupuestario entre los

ingresos tributarios y el gasto público. Es frecuente que los gobernantes tiendan a gastar más de lo que deben. La regla del equilibrio presupuestario ha sido destruida por la aceptación de las ideas keynesianas. (Buchanan, J 2001:28). Su interés está en lograr la adhesión del voto de los ciudadanos y a responder a demandas –o interpretaciones personales– que supongan mayor bienestar, a costa de no respetar restricciones presupuestarias. Ante los desbordes del gasto público, las posibilidades son pocas: a) intervenir en la política monetaria incrementando la emisión, b) incrementando los impuestos (medida antipopular), o c) el endeudamiento. Cualquiera de estas medidas tiene sus límites dadas sus consecuencias. Pero existen otras como: d) la venta de activos, e) las expropiaciones y e) las confiscaciones. Estas son mucho menos habituales, a su vez resorte del Poder Legislativo y restringidas a casos excepcionales. Los impuestos además no deberían ahogar la producción y ser proporcionales a la calidad del gasto: Este referido no solo a las preferencias y necesidades de los ciudadanos en cuestiones muy puntuales, más que a la utilidad de los gobernantes. Así como lograr la eficiencia y la eficacia en las políticas públicas que sean definidas como imprescindibles. (Gatty, J 2005:18-20) ¿Es acaso el gasto público –sometido a los intereses o irresponsabilidad de los gobernantes– y sus desequilibrios el responsable mayor de los desaciertos de la política económica?

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2)

La política monetaria, que depende en general de los bancos centrales, que

debieran ser independientes del poder político y cuya función primordial es mantener el valor de la moneda, y las reservas. La dependencia del poder político y de sus decisiones intervencionistas –para compensar el gasto público excesivo, o el déficit fiscal si este fuera el caso– permiten incrementar la masa monetaria y manipular las tasas de interés de las que depende el crédito. (La masa monetaria no es solamente el dinero emitido por el Banco Central sino también los agregados monetarios: M 0, M1, M3 y M4). Hoy pocos ponen en duda que la inflación es fundamentalmente un problema monetario. Y del mismo depende el inicio de los procesos originarios de las crisis económicas. (Benegas Lynch, A 2011, Parte II, Cap. VI, Sec. 33, párr.7-9) 3)

El sostenimiento de una balanza de pagos equilibrada en función de las

necesidades del país. La balanza de pagos refleja la relación entre importaciones y exportaciones de bienes, pero también la misma relación en el flujo de capitales. Un déficit en la balanza de pagos puede significar mayor ingreso de bienes de consumo o para la inversión productiva, que benefician al país en su conjunto por bienes de menor costo y mayor calidad (aún las críticas de los empresarios locales) que tienen dificultades para lograr la eficiencia, atados a altos impuestos y salarios. No es cierto que las barreras arancelarias protejan la industria nacional y el empleo: protegen los intereses de empresarios ineficientes. Cuyo mayor interés es ser monopólicos y subsidiados, constituirse en grupos de presión e interés, así como hacer negocios con el estado. El ingreso de industrias competitivas –aún no nacionales– es generadora de nuevos empleos. A su vez un déficit en la balanza de pagos puede ser beneficiosa si significa ingreso de insumos y equipamiento para reactivar industrias locales, o puede ser un mal síntoma de la salida de capitales por desconfianza generada en las políticas económicas locales. (Benegas Lynch, A 2011, Parte II, Cap. X, Sec.50-51) La Argentina ha transcurrido por sucesivas crisis: por lo menos son reconocidas cuatro como las más importantes en los últimos cien años. Luego de ser un país ubicado entre los primeros puestos, en el mundo, en ingreso per cápita, luego de la primera guerra mundial, ha deteriorado progresivamente su posición. En este período la Argentina asume un populismo político, al que se agrega la compleja situación internacional de los años ´30 y que lleva a postular la teoría de “sustitución de importaciones” (teoría de PrebischSinger), cuyos fundamentos eran el supuesto deterioro de los términos de intercambio. “Debíamos aprender a vivir con lo nuestro y debíamos producir lo nuestro”. La realidad

177

demostró con el tiempo la falacia de estas apreciaciones, pero en su momento y bajo su influjo se impusieron importantes barreras arancelarias a la importación, también con la idea de proteger la industria nacional. Ello constituyó un franco subsidio a la oferta nacional y el estado debió gravar mucho más a aquellas actividades que permitían ventajas comparativas: el campo y otros commodities. A la clase política también esta situación le era conveniente porque podía argumentar que defendía el precio de las tarifas en comparación con los estándares internacionales. Pero las industrias supuestamente competitivas tenían ahora más margen para la obtención de rentas dado que los incentivos estaban puestos en la baja producción y oferta de bienes a precios más costosos y con dudosa calidad, ante la falta de competencia. Cerrar la economía a la importación y someter a los exportables a la expoliación gubernamental no permite bajo un esquema de este tipo el crecimiento. La única salida que puede encontrarse es en esta situación el incremento de la demanda y es entonces cuando aparece el gasto público creciente que es inflacionario por sí mismo, que conduce al déficit fiscal y que solo puede mantenerse –y apenas por un tiempo– con creciente presión impositiva, o como ha sucedido siempre con emisión monetaria, o deuda (externa o interna) o mediante la utilización de reservas. El progresivo incremento del gasto que requieren estos programas expansivos, conducen inexorablemente al déficit fiscal, que es la consecuencia de un gasto que termina siendo mayor a los ingresos posibles. El déficit fiscal no puede ser soportado demasiado tiempo por ningún programa económico, ya sea porque la deuda no se puede pagar o porque se llega a un importante atraso cambiario, o el Banco central se queda sin reservas. Este esquema nos permite comprender no solo las cuatro crisis más importantes que ha tenido la Argentina: 1) el “rodrigazo” de 1975; b) el Plan de Martínez de Hoz que terminó con la crisis de 1981 y la devaluación de Sigaut: “el que apuesta al dólar pierde”; c) el final del Plan Austral en 1988 y d) la convertibilidad que finaliza con la crisis del 2001. En todos los casos existió un denominador común: una crisis en el financiamiento del fisco, compensada en cada caso de diversas maneras, pero siempre recurriendo a mecanismos espurios que alterando las variables económicas permitieron un empresariado subsidiado y como resultado una oferta de bienes escasa (lo que significa altos costos) y de baja calidad, a la par que los gravámenes recayeron sobre los sectores de mayores ventajas comparativas, lo que fue insuficiente para mantener el gasto público que por inflacionario se transformó a la larga en déficit. El déficit se financio con mecanismos que fueron más allá de las posibilidades de la recaudación impositiva –en

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especial endeudamiento o emisión monetaria– y que determinaron las crisis inflacionarias con sus inevitables y deletéreas consecuencias. (Espert, J L 2015:161) De esta forma vemos como en nuestra historia el pensamiento político se ha imbricado con las políticas económicas –que siguieron el modelo keynesiano– y que determinaron nuestros sucesivos fracasos. Pero también vale la discusión referida a las políticas –en este caso cambiarias– que llevó adelante el estado, por las que se intentó favorecer a unos (la industria nacional), con argumentos insostenibles hoy, mediante el proteccionismo arancelario y perjudicando con ello a todos, porque por un lado el financiamiento del estado recayó en mayor medida en el total de la población y en especial en los productores de exportables. Y por otro se privó a la población de mayor oferta y de mejor calidad en los productos, como hubiera sido de poder consumir sin barreras, la proveniente de importaciones, o incluso la nacional si esta última se hubiera visto obligada a competir por un mercado que se convirtió en cautivo, por sus prerrogativas proteccionistas. Las medidas adoptadas a inicios de los años ´30 consistieron en mecanismos de intervención en los mercados: control de cambios, restricciones a las importaciones, regulaciones a la producción del campo. La competitividad argentina fue progresivamente decayendo en el contexto internacional y el aporte de las potenciales ventajas que hubiera deparado la industrialización fue marginal. (Benegas Lynch, A y Jackisch, C 2002:86-87) En un mundo globalizado las políticas económicas no están desconectadas del contexto internacional. Los países necesariamente intercambian unos con otros. Las políticas económicas son un poderoso instrumento que tienen los gobiernos para posibilitar el desarrollo económico o para extinguirlo. Y en este punto volvemos a poner en discusión cual es el límite: “donde se traza la raya” de la intervención gubernamental. Y cuando esto sucede son los países con mayor calidad institucional los que han logrado un mayor desarrollo económico, político y social. (RELIAL, ICI, 2016), (MECON, Informe 2016), (BCRA, Informe de Política Monetaria 2016), (FMI Informe del Monitor Fiscal 2016), (Presidencia de la Nación, Informe: 2016:63 y sig.) El equilibrio macroeconómico no sólo depende del comportamiento presente de las políticas económicas sino también de su comportamiento futuro esperado. Si las decisiones de política económica siguen una regla sistemática creíble, los agentes pueden utilizarla para formar sus propias expectativas sobre la orientación futura de las medidas que adopten el Gobierno y el Banco Central. Cuanto más expansiva sea la política

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monetaria ejecutada por el gobierno, será tanto mayor la tasa de inflación esperada, la moneda pierde su valor y aumentará la demanda de mayores salarios determinados en el presente. La expansión del estado es sin duda consecuencia de la búsqueda de ventajas para algunos hombres preocupados por sus intereses particulares con aparente legitimidad, lo que hace que nadie parezca querer poner término a un gasto ineficiente, que además tiene como efecto inmediato la disminución de la satisfacción del conjunto. (Gatty, J 2005:74-77). Por ello es más conveniente, adoptar reglas estrictas de obligado cumplimiento, transparentes y creíbles a fines de satisfacer expectativas de estabilidad y coherencia en las políticas económicas. Si los políticos carecen de la suficiente capacidad para comprometerse de manera creíble en la adopción de tales reglas de cumplimiento en las políticas económicas, los resultados de su gobierno no serán los mejores. (Huerta de Soto, J. 2014:282-283) Precisamente el mundo se ha desarrollado y las cosas de las que hoy disfrutamos gracias a la innovación y la iniciativa creadora del hombre hubieran sido impensadas pocos años atrás. Pero esto no ha sucedido de igual manera en todos los países. A la par que existe un mundo desarrollado, existe un mundo en el que la miseria y el hambre son moneda corriente. Las diferencias están a la vista cuando se interpretan los informes mencionados. No es ello consecuencia de un capitalismo salvaje, ni de la explotación de unos países sobre otros (dogma Montaigne: sobre “la explotación de los países ricos sobre los países pobres”). Es consecuencia de que en unos son respetadas las instituciones, mientras que en otros no lo son en la misma medida. Y además sus políticas económicas establecen reglas de juego claras e imponen los incentivos adecuados al desarrollo, así como el estado encuentra límites en especial el referido a su equilibrio presupuestario. Tan es así que aún países que naturalmente poseen pocos recursos se las han ingeniado para superar el subdesarrollo. Es falso que se haya instaurado un capitalismo global. Lo que hay es un intervencionismo global, con todas sus secuelas: pobreza, desempleo, subdesarrollo, etc. con diversos grados, desde luego y no en todos los países, muchos de los cuales saben ya de la importancia de limitar la acción gubernamental. Pero lo peor es que todo eso se atribuye a un supuesto liberalismo económico,..(…)…nuestro país está muy lejos de haber alcanzado una economía de mercado. Mientras tanto la pobreza y la desocupación se mantienen y existen voces que piden ´más estado´ y avanzan como fruto, no solo de los grupos de presión, sino de una

180

incorrecta interpretación de la realidad, compartida tanto por gobernantes como por gobernados. (Zanotti, G 2015, Introducción, párr.5-6) Estas ideas han logrado un profundo arraigo en nuestra sociedad y es posible que sean un gran escollo a superar, para salir de los excesos de un estatismo que interviene y deprime todos los órdenes de nuestra sociedad. Es probable que las ideas colectivistas aún no siendo mayoritarias sean visibles por lo activamente promovidas. A ello se agrega que la utilidad marginal obtenida por los beneficios provistos por el conjunto, resultan mayores que los pasibles de ser obtenidos cuando es necesario restar el esfuerzo personal. Aunque ello implique sostener un status de dependencia. Las demandas de rentas monetarias son elásticas. El estado no debería poder regalar dinero fácilmente aún si quisiera hacerlo. Pero una expansión del gobierno ofrece muchas oportunidades de renta, por lo que debemos esperar que el comportamiento de maximización de utilidades de los individuos los lleve a desperdiciar más y más recursos al tratar de asegurarse las rentas o las ganancias que promete el gobierno. (Buchanan, J 2001:24-25). Cambiar lo institucionalizado no es tarea fácil. El objetivo a lograr debería ser enseñar a respetar las instituciones, mantener políticas económicas coherentes –y sustentables– por parte de los gobernantes y lograr con ello los objetivos mencionados de las mismas. Las políticas económicas son un instrumento vital para comenzar a dar estos pasos y lograr el desarrollo económico, la mejora institucional y ofrecer mayores y mejores oportunidades para el conjunto. Pero ese es un proceso que debe comenzar desde el mismo quehacer de los gobernantes, sin resignarse a aceptar el escenario hobbesiano en el que no hay medios para frenar sus pasiones. (Buchanan, J 2001:29)

6.6

Las instituciones y el derecho de propiedad

A medida que las sociedades se complejizan los individuos interactúan en ellas para lograr sus objetivos de satisfacción de preferencias, que pueden lograr mejor en cooperación con otros mediante la interrelación, la interacción y los intercambios. Tal relación solo puede darse ante la confianza recíproca que permite que los unos acepten su relación con los otros a sabiendas que cada uno cumplirá con los pactos explícitos y/o implícitos, que involucran toda relación de intercambio. Estas relaciones significan para cada uno de los individuos acciones que dan forma y construyen las instituciones colectivas, de manera espontánea, mediante intercambios complejos, que facilitan la maximización del bienestar de cada uno y el de todos. (Casas Pardo, J 2001:54) 181

Cada vez las acciones de los hombres se insertan más en procesos que pertenecen a la esfera colectiva, que por lo mismo requieren decisiones del conjunto que permitan el libre juego de las relaciones e intercambios, a los fines de maximización de preferencias individuales, cuya agregación dará por resultado una mejor evolución del conjunto. Se puede decir que este proceso que hace a lo social es finalmente político. (Ibíd.:55) Las instituciones así creadas surgen de la acción humana y son consecuencia de las acciones deliberadas de los hombres pero no de su designio creativo. Ya la antigua filosofía

taoísta

comprendía

la

intervención

de

cualquier

gobierno

como

contraproducente. Lao-Tzu (369-286 AC) llegó a esta conclusión incisiva: "Los tabúes más artificiales y las restricciones que hay en el mundo, hace a la gente más pobre. Cuantos más reglamentos y leyes más ladrones habrá. Lo más prudente, entonces, es mantener un gobierno simple y que no surta ninguna acción, ya que entonces el mundo solo se estabiliza. Por tanto, el sabio dice: No tomo ninguna acción sin embargo, las personas se transforman, y estoy a favor que la gente se adecúe a sí misma, no tomo ninguna acción y la gente se enriquece es precisamente la acción de los gobiernos la que limita la posibilidad de los hombres de crecer y alcanzar la felicidad.” (Citado por Rothbard, M 1990:45) Desde Lao-Tzu muchos fueron los intelectuales que abordaron desde diversas perspectivas la evolución espontánea de las instituciones privadas y colectivas como derivadas de la acción de los hombres, para cumplir ciertas funciones que les permiten alcanzar fines que no podrían lograr de forma individual. (Casas Pardo, J 2001:55) Las instituciones fueron desarrollándose en un ordenamiento espontáneo hacia fines determinados y persistieron mientras podían cumplirlos, lo que no se hace evidente a los ojos de los hombres. El hombre sencillo estará al tanto de un orden de los asuntos sociales sólo a un punto tal que ese orden haya sido arreglado deliberadamente; y está inclinado a culpar la ausencia aparente de un orden en mucho de lo que ve al hecho de que nadie ha ordenado deliberadamente esas actividades. Lo que acontece porque –ese orden– no puede ser percibido por nuestros sentidos y solo rastreado por nuestro intelecto, porque es un orden que, aunque es el resultado de la acción humana, no fue creado por los hombres acomodando deliberadamente los elementos en un modelo preconcebido. (Hayek, F 2002:1) Hubo un tiempo en el que se creía que todas las instituciones útiles que sirven para el intercambio de los hombres, como el lenguaje, la moral, la ley, la escritura o el dinero, se debían a un inventor individual o legislador o a 182

un arreglo explícito de hombres que consensuaban ciertas prácticas útiles. Ahora sabemos que tales instituciones han tomado forma gradualmente a través del aprendizaje de los hombres a actuar de acuerdo con ciertas reglas,... reglas que supieron largamente cómo seguirlas antes que hubiera alguna necesidad de formularlas con palabras. (Ibíd.:3-4) El hombre no conoce la mayoría de las reglas por las que actúa y aún lo que llamamos su inteligencia es en gran parte un sistema de reglas que opera sobre él pero que no conoce. El hecho importante es que este orden será una adaptación de forma tal que el individuo solo es consciente en alguna medida, ya que una multitud de circunstancias que escapan a su conciencia, permiten su acción y son sólo conocidas parcialmente para los miembros individuales pero no como una totalidad para ninguno de ellos; y que semejante orden resultará sólo porque, y en tanto que, los diferentes individuos sigan reglas similares en estas respuestas a las circunstancias particulares conocidas para ellos. Esto no significa, y no es necesario para la generación de un orden, que en circunstancias similares personas diferentes harán precisamente la misma cosa. Todo lo que se puede decir y se requiere es que en algún aspecto ellos sigan la misma regla, que sus respuestas sean similares en algún grado, o que estén limitados a un cierto rango de acciones que tengan todos atributos en común y que se adapten a las conductas esperadas por los demás. (Ibíd.:6) El cumplimiento de estas reglas generales asegura sólo el carácter general del orden y no su realización concreta y es el orden que cada uno espera para facilitar su actitud en una cooperación posible con los que comparten esas reglas. Y esta es la natural evolución de las instituciones, de las que conocemos tres formas diferentes pero que necesariamente interactúan en el contexto social y en los mismos individuos. Ellas son: las instituciones formales, las informales y las sociales. La organización del aparato de gobierno es también una institución –claramente formal– efectuada en alguna medida por medio de reglas. Pero estas reglas, las cuales sirven a la creación y dirección de una organización, como el gobierno, son de un carácter diferente respecto de aquellas que hacen posible la formación de un orden espontáneo. (Ibíd.:7) Tanto las instituciones como las reglas mutan en función de nuevas necesidades. Pero existen reglas básicas que facilitan las transacciones, los intercambios y la normal convivencia en la sociedad. Existen criterios que asignan a determinados bienes la condición de derechos. El término “derecho” tiene sentido solo si toda norma de orden individual crea el mismo correspondiente derecho entre todos los individuos. (Hayek, F 2013:303)

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A los derechos negativos, se han sumado los denominados derechos positivos, que reivindican beneficios particulares a los que se supone que todo ser humano tiene derecho, sin especificar quien carga con la obligación de proporcionar tales beneficios, o a través de que procesos deben proveerse. La sociedad es el producto de un orden social que no piensa por si misma, por lo que para responder a esas demandas debe recurrirse a una organización que persiga los planes designados por los gobernantes para satisfacer necesidades preestablecidas. De donde se sigue que los derechos negativos y los nuevos derechos positivos (sociales y económicos), no pueden alcanzarse al mismo tiempo: los nuevos derechos solo pueden establecerse por ley en conflicto con el orden social liberal que tiende a los viejos derechos civiles. (Ibíd.:305) Con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, se plasma la intención de unir los derechos negativos originales de orden social liberal con el surgimiento del estado social. En estas cláusulas a cada uno en cuanto miembro de la sociedad se le garantiza la satisfacción de exigencias positivas de determinados beneficios, sin que al mismo tiempo se imponga a nadie el deber o la carga de proporcionarlos. (Ibíd.:306) De esta forma su satisfacción cumple más una formalidad declarativa, que sugiere a todos los gobiernos lo que se espera satisfacer y que solo algunos (muy pocos), en diversa medida, pueden cumplir. Es evidente que todos esos derechos se basan en la interpretación que la sociedad es una organización construida deliberadamente, fruto del pensamiento constructivista racionalista. (Ibíd.:308) La evolución de la sociedad por el orden espontáneo no puede omitir la importancia que la cultura ha tenido en la misma. La cultura no es ni natural, ni artificial, ni algo tampoco genéticamente transmitido, o racionalmente diseñado Es una tradición de normas de comportamiento aprendidas que jamás fueron inventadas y cuya función no comprenden en general los individuos. La civilización ha sido de hecho posible esencialmente sometiendo los instintos animales innatos a aquellos usos no racionales que hicieron posible la formación de grupos ordenados de dimensiones cada vez mayores. (Ibíd.:524) La transición desde la pequeña tribu a la comunidad estable y finalmente a la sociedad abierta y con ella a la civilización se debió a que los hombres aprendieron a obedecer normas abstractas comunes, en lugar de guiarse por sus instintos innatos. Esto es lo que ha hecho al hombre capaz de mantener la convivencia, la cooperación y los intercambios: el aprendizaje de ciertas normas estratificadas de comportamiento, que permitían 184

seguridad y certeza relativa al comportamiento de los demás. No hubo ningún acuerdo, ni contrato, solo un aprendizaje progresivo y evolutivo, del comportamiento esperado para otorgar a la vida, a la libertad y a lo propio (la propiedad), la condición de derechos inalienables, que no requieren ser corroborados porque surgen de la condición de utilidad para el sostenimiento mutuo de las relaciones entre los hombres. No se trata de derechos naturales, tal la concepción de J. Locke seguida por muchos autores, desde la perspectiva iusnaturalista. Se trata de que los hombres aprendieron a respetarse mutuamente para hacer posibles otros fines que la sociedad permite y cada uno logra inserto en ella. (Ibíd.:531-538) Ningún miembro de la sociedad realizaría ningún intercambio con otro que no le respetase esos derechos básicos. Y entre ellos el derecho de propiedad surge como una consecuencia de la evolución social que reconoce su necesidad prioritaria porque es útil a los fines individuales y a la vida en sociedad. Se trata de un aprendizaje largo y costoso que se ha desarrollado desde nuestros ancestros más primitivos y que se ha transmitido de generación a generación porque su respeto ha servido para hacer creíbles y posibles los intercambios para obtener los fines que cada individuo requiere, así como permitir una armónica convivencia social. Precisamente el recorrido efectuado nos permite comprender: por un lado que los mencionados derechos son el resultado adquirido por un proceso evolutivo de aprendizaje para posibilitar los intercambios y la convivencia. Y por otro que finalmente los mismos se convierten en una necesidad, en un instrumento útil a la vida social y económica. Que de no ser respetados, las relaciones entre los hombres serían imposibles, dado que cada uno necesita tener certeza –antes que incertidumbre y afrontar riesgos– sobre la vigencia y el respeto de estos derechos básicos. La teoría evolutiva de las instituciones nos conduce claramente a interpretar que el aprendizaje adquirido por el hombre en su camino para lograr mejor sus fines le ofrece también a aprender que estos derechos son útiles a todos porque cuanto más respetados son en reciprocidad, mejores perspectivas de intercambios son posibles y en mejores condiciones. No se trata de acuerdos tácitos, ni siquiera que exista ningún acuerdo. Se trata de que cada uno percibe las necesidades propias, como las de los otros y de ello sigue que si quiere mantener relaciones de intercambio, cooperación y convivencia, es útil a todos defender y requerir la defensa por parte de los demás de estos derechos.

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Este aprendizaje nos llevó miles de años, desde las sociedades tribales hasta nuestros días y hemos hecho un largo recorrido en párrafos anteriores sobre este tópico históricoevolutivo, el hombre aprendió sucesivamente por ensayo y error. Comprendió que si no respetaba estas cuestiones –que luego todos comprendimos como derechos básicos– que tampoco luego le serían respetadas a él. Un regreso al estado de naturaleza era posible y de hecho en algún momento ese estado debió ser y se pudo haber convivido con él. Pero no era ventajoso para nadie, ninguno salía beneficiado: los intercambios, las interacciones, la convivencia se hacían imposibles porque todos eran ladrones de todos y la desconfianza era un sentimiento permanente, que dificultaba toda acción destinada a la vida social. Los individuos aprendieron que había cuestiones básicas que eran tan importantes para él como para los demás. Que de su respeto dependían los intercambios que posibilitaban el logro de sus fines. Y esto era de mayor utilidad que el permanente conflicto que el estado de naturaleza suponía, y que los mayores réditos se obtenían cuando progresivamente se entendía que respetando algunas cuestiones básicas a los demás, también les eran respetadas a ellos y que de esa forma los intercambios para lograr sus deseos y fines eran facilitados. Los hombres según sus preferencias buscan concretar determinados fines. Pero descubren de inmediato que es más eficiente y posible alcanzarlos mediante su asociación cooperativa con otros, con los demás, con sus semejantes, con otros individuos de la sociedad, que intentarlo solos. Y por lo mismo elige reunirse, asociarse y cooperar con aquellos que les facilitan sus objetivos y la satisfacción de sus deseos. Asociarse requiere la aceptación y cumplimiento de reglas. No fue necesario ningún monarca absolutista al que se subordinara la libertad para lograr protección y paz según el modelo hobbesiano. No fue necesario un Leviathan para que los hombres aprendieran evolutivamente que cuestiones les eran más útiles y facilitaban sus fines y sus relaciones de convivencia con los demás. El Leviathan tuvo su curso desde la perspectiva –también evolutiva del estado– cuando los poderosos, los más fuertes, los que tenían las armas, se erigieron en rectores de la vida de los demás, llegando en algunos casos a ostentar el poder más absoluto. En algunos países esta acción absolutista de los monarcas fue más intensa. Y contra ello se rebelaron los afectados en sus libertades, en sus posesiones e incluso en su vida.

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La escolástica en general y Santo Tomás de Aquino en particular, dan un paso adelante en la teoría y praxis de la limitación del poder político y en particular en la fundamentación de los derechos naturales Pero no lo son porque precisamente en ellos encontremos esas nociones con una amplia elaboración, sino porque la filosofía y la teología por ellos desarrolladas tienen virtualidades valiosas que en sí mismas favorecen el desarrollo de esas ideas, aunque históricamente no hubieran hecho eclosión en esos momentos. (Zanotti, G 2014, Cap.I, Conclusión, párr.1) No es difícil imaginar que la lucha contra el poder despótico de los monarcas absolutistas se iniciaría más tarde o más temprano, porque se desarrollaba bajo sus pies una sociedad mercantil capitalista, silenciosa pero crecientemente efectiva en la provisión de bienes. Ya en el Siglo XVII, así como Hobbes creía en el monarca absolutista como una necesidad para evitar la lucha permanente entre los hombres, fue J. Locke el que bregó contra ese poder omnímodo con la idea de imponerle límites. La superación del feudalismo nos permite entrar en la era moderna. Ya nos hemos referido a D. Hume, A. Smith, como a otros pensadores de la ilustración escocesa. Los autores de la ilustración escocesa fueron prolíficos en ideas y el pensamiento referidos al comportamiento humano, a su vez que mantuvieron conceptos similares, que aplicaron de formas diferentes. Probablemente hayan sido los primeros en vislumbrar la teoría evolucionista. Desde B. de Mandeville hasta A. Smith (2004) este mismo punto es tratado como “empatía”, que además y según su análisis es el que permite y facilita las interacciones entre los hombres y su evolución. (Smith, A. 2004, Parte I, Sec. I, Cap. IV) Y también al diferente proceso que siguieron muchos de los ideólogos de la Revolución Francesa, tales como D. Diderot o J. J. Rousseau, que plantearon que si la propiedad privada era el resultado del derecho natural, entonces era deseable que todos los hombres la disfrutaran por igual, por lo mismo se hacía prioritaria su distribución igualitaria y la posibilidad de pensar el Estado como el único propietario, tal sería el argumento que en su momento fue utilizado para justificar las expropiaciones a los señores feudales. (Rousseau, J.J. 1999b:338) Yque luego retomó el marxismo. Obviamente la propiedad privada no tiene sustento en el derecho natural, pero este concepto esgrimido por los pensadores de la Revolución Francesa, permitió cuestionar la idea de la propiedad, asumiendo que las diferencias entre los hombres que ella establecía

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eran injustas. Si una situación se supone injusta y pasible de ser corregida, pueden llevarse a cabo cualquier acción para “construir una situación deseada”. Este constructivismo racionalista nunca comprendió que era más su voluntad correctora de lo que se suponían males, que sus posibilidades de hacerlo por las limitaciones de la razón humana, por sus interpretaciones de corte utilitarista, por la imposibilidad de construir un mundo que satisfaga a todos –dadas las naturales diferencias entre los hombres de preferencias subjetivas– y porque para ello sería necesario vulnerar derechos como la libertad y la propiedad que son la consecuencia de un orden evolutivo espontáneo. Es seguro que a los pensadores de la Revolución Francesa no se les ocurrió en su momento, que el mercado es dinámico y retribuye según aspectos y condiciones diferentes a los que podrían atribuirse o desearse según su interpretación de la ley natural, así como que su justicia es retributiva. En su concepción las diferencias se consideraron injustas e indebidas, predominó el criterio de “igualdad”, resultado del iluminismo del Siglo XVIII, por lo que se argumentó sobre la necesidad de la abolición del derecho de propiedad y la instauración de la propiedad común. Así fueron de consideración diversas cuestiones en torno a la propiedad territorial, las preguntas: ¿acaso ella es o no de derecho natural?, ¿se admite y es recomendable el derecho de todos los hombres a una participación igualitaria en la propiedad?, ¿Cuáles son los límites de la propiedad privada legítima?, ¿es posible la propiedad comunitaria, la necesidad de redistribución de las tierras, así como pensar al Estado como el único “propietario”?, ¿Cuál es la justificación y el procedimiento de las confiscaciones?. Como es de imaginar todos estos planteos dieron origen a las ideas colectivistas que evolucionaron en el Siglo XIX e hicieron eclosión en el Siglo XX, llevando a muchos países a su propia destrucción política, social y económica. No cabía en este incipiente constructivismo racionalista, el análisis de un proceso de evolución institucional espontáneo, tal como ya estaba presente de manera incipiente en los pensadores de la ilustración escocesa. Antes que ellos ya el primer teórico político que “consideró al poder político como un subproducto de la economía” fue J. Harrington (1611-1677). Y hasta aquí se interpreta que los derechos individuales aludidos tienen el mismo reconocimiento. En realidad no es concebible la vida sin libertad y esta sin la que otorga el goce y libre disponibilidad de los bienes propios. Incluso en su obra The Commonwealth of Oceana, publicado en 1656 nos

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expresa de la necesidad de un equilibrio de los derechos de propiedad entre la corona y sus súbditos. Así Harrington constata que no hay libertad política si no hay libertad privada. Comprendió que la existencia de propiedad privada hizo posible la libertad política y el desarrollo de occidente, y que la falta de propiedad privada condenó a los pueblos del Este al atraso y la esclavitud. Aunque como era habitual en ese momento, se basa en una posición similar a la J. Locke en tanto se sustenta en la ley natural, distingue la existencia de una conexión entre la propiedad privada y la libertad política. (Citado por Infantino, L 2004:128-129) La lectura de J. Harrington nos permite vislumbrar la influencia de Maquiavelo en su obra, así como que él mismo formó parte del desarrollo del constitucionalismo moderno. (Lovett, F. 2012:70-73) Estas fueron las primeras aproximaciones –contemporáneas de J. Locke– que nos conducen a la conexión entre propiedad, libertad y desarrollo. Aunque no pudieran en ese momento ser vistas como un proceso que se alcanza como consecuencia de la evolución de las relaciones necesarias en la sociedad y que a su vez hacen a la sociedad posible. No comprender el proceso por el que la propiedad es el resultado de un proceso evolutivo que los hombres comprenden que es útil a sus fines, amerita también la intervención política. Porque a los gobernantes se les hace difícil comprender que la propiedad es una institución social, producto de un proceso evolutivo que seguramente aún no ha finalizado, no dudando en justificar su comportamiento afirmando que simplemente tratan de impedir que las instituciones sociales evolucionen caótica y arbitrariamente. (Hayek, F 1990:70) Necesitamos reglas en la sociedad porque sin ellas “la vida sería solitaria, pobre, sucia, brutal y corta” como T. Hobbes nos dijo hace más de tres siglos, en El Leviatán. Las reglas definen los espacios privados dentro de los cuales cada uno de nosotros puede llevar a cabo sus propias actividades. Es así deseable y necesario que las reglas impongan límites mutuos para que cada uno obtenga de los intercambios y la vida social el máximo posible de la utilidad esperada. (Brennan, G. y Buchanan, J 1987:42-43) Pero son los individuos la unidad única de conciencia de la que arranca toda valoración. No se pretende negar de ninguna manera la influencia que la sociedad o la comunidad pudieran tener sobre cada uno. La estructura social a su vez reconoce que sin los individuos que la componen es solo una abstracción. Son los individuos los que deben ser considerados fuente de valor y la coherencia requiere que todas las personas sean tratadas de manera equivalente, como individuos capaces de expresar y realizar sus propias valoraciones 189

entre opciones diferentes. (Ibíd.:59-60) Pero mayoritariamente todos optan por encontrar los medios para pasar de una situación dada a otra que consideran mejor. Para ello sus objetivos pueden ser mejor cumplidos en conjunto con otros mediante la cooperación y los intercambios, que posibilita la vida social. Tanto el estado, el dinero, el mercado, o la propiedad, como tantas otras cuestiones que nos son comunes en nuestra vida diaria, no aparecen de la nada, ni son producto del designio humano, sino que son instituciones que se establecen naturalmente porque son convenientes a todos para el cumplimiento de los objetivos de cada uno y una vida posible en sociedad. Luego –mucho más tarde de establecidas evolutivamente– el derecho les otorga un ordenamiento legal, tanto a requerimiento de los jurisconsultos, o los legisladores o el poder político. (Martínez Messenger, C 2013: Cap. XIII, Sec, 2, Párr. 3-5) Esos objetivos o fines podemos logarlos mejor mediante los intercambios que tienen como prerrequisito la confianza en una conducta esperada. Esa conducta es precisamente lo que el hombre ha aprendido en su evolución para alcanzar mejor y más fácilmente sus fines. Los prerrequisitos que sostienen la confianza y permiten los intercambios son instituciones que se materializan luego en el derecho positivo, pero que lo preceden como una necesidad de los hombres para alcanzar sus fines, por medios cooperativos en la sociedad y se expresan en el respeto mutuo a los derechos individuales: la vida, la libertad y la propiedad. Si una sociedad no respeta la propiedad es imposible el ahorro. La sociedad global moderna entiende que estos valores resultan imprescindibles para el crecimiento individual y consecutivamente de la sociedad. Aunque no en todos los países han sido respetados de la misma manera. Aquellos en los que la libertad y la propiedad han sido sacrificadas en nombre de la igualdad, han debido recurrir al totalitarismo y la coerción. Pero sus resultados sociales, políticos y económicos no han sido los mejores. Porque sus principios han violado todo lo que sabemos desde la socio-biología, la antropología y la psicología de la naturaleza humana, construyendo barreras en todos los órdenes sociales. Y corresponde hacer una especial referencia al resultado de la abolición de la propiedad privada. Cuando en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels arguyen que el gobierno monopolizaría el bienestar nacional, prohibiendo a los ciudadanos la acumulación de propiedad, no midieron los efectos de lo que aseguraría su propia

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destrucción, porque engendraron una apatía sociopolítica, como una anemia perniciosa. (Pipes, R 2002:20) El ahorro es imposible sin derechos de propiedad plenamente establecidos y respetados. (Mora Villalón, J J 2007) Y también se hace imposible que por su carencia el mismo se oferte en el mercado de capitales. La ausencia de esta oferta encarece el crédito para la demanda (los inversores, los productores y/o los emprendedores), por lo que disminuye la inversión productiva. Ante derechos de propiedad mal definidos y no respetados las perspectivas de producción disminuyen. Se limitan así las posibilidades de desarrollo. El problema es entonces de oferta y de nada vale incentivar la demanda. La diferencia entre prosperidad y pobreza reside en la propiedad. (Hoskins, L y O´Driscoll, G 2006) El concepto de propiedad no comprende tan sólo la posesión de bienes, sino que incluye también la relación de un individuo con su propia persona, su cuerpo, su vida y su libertad y con su propio trabajo. (Barceló, J 1993:258) El concepto de propiedad está ligado a la personalidad. En la mayoría de las personas no es tan simplemente asimilado el concepto de propiedad como el que expresara J. Locke como “…una continuidad de la propiedad del propio cuerpo cuya extensión es lo que por él y sus manos produce,…”. Sino porque la propiedad es lo que él puede obtener y hacer suyo, lo que lo hace expresión de su personalidad. Y que es importante para cada uno poder prever el desarrollo de futuros proyectos o planes, tanto como fue posible hacerlo y sentirlo en el pasado en relación a lo que sus posesiones actuales le permiten y en la satisfacción de sus expectativas futuras. Los objetos que constituyen la propiedad son parte de esos planes, por lo que la personalidad depende de poder concretar esas expectativas. (Radin, MJ 2002:10-11) Una extensión de lo anterior es que la propiedad es en suma un componente importante que forma parte de la “realización personal” y del propio reconocimiento como persona, por si y por su contexto social. No se trata de una visión hedonista del placer de tener, sino de la importancia del logro obtenido como mérito y recompensa al esfuerzo personal. La propiedad es el fin que nos habíamos propuesto conseguir en ese proceso de intercambios que la sociedad permite. Así como, de igual manera, es el recurso disponible para proyectos de desarrollo futuro. Por ello no debe sorprender que desde las sociedades primitivas en las que el concepto de propiedad era menos extenso, hasta la sociedad de nuestros días, los patrones bajo los que

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los derechos de propiedad emergen sean proporcionales al crecimiento de la sociedad y relacionados al incremento de los beneficios que brindan. (Posner, R 2002:57) Cuando las perspectivas de libertad y propiedad son ampliamente reconocidas en una sociedad, las fuerzas creadoras, la innovación y la inventiva del hombre se liberan. Y pone todo su empeño en lograr sus fines, que en gran parte están dirigidos a obtener beneficios, aunque también hay quienes con fines altruistas reportan otro tipo de beneficios, y en su quehacer el hombre agrega valor a sus acciones que necesariamente requieren de otros hombres, a los que sin proponérselo también beneficia. Las sociedades así se permiten crecer y desarrollarse porque, siguiendo un proceso de ensayo y error, evolucionan hacia las acciones en mayor medida maximizan el bienestar de cada uno. Si no se estimula –o se aplasta esta fuerza creadora en el hombre– las sociedades sufren las consecuencias de la apatía, el desánimo y el desinterés. Es más sabio utilizar las potencialidades del hombre libre, que generará beneficios directos o indirectos a todos, que pretender bajo coerción que se someta a la voluntad de todos –o un buró directivo– que destruirá su iniciativa y no logrará la mejora de ninguno. La libertad económica y sus componentes –incluyendo la propiedad– es así un fin en sí mismo, porque es útil a todos. (Friedman, M 2002:75) En nuestro caso cuando nos referimos a la propiedad hablamos de la relación de posesión existente entre un hombre (o grupo) y las cosas que puedan considerarse como propias y a la vez enajenables en una sociedad. ¿Qué son los derechos de propiedad? Los derechos de propiedad permiten el usufructo de un activo, excluyendo a su vez su uso por otros. Los derechos de propiedad están en el centro de la estructura de incentivos de las economías de mercado. Ellos determinan quién asume el riesgo y quien obtiene beneficios. De esa forma se estimulan el ahorro y la inversión que ante expectativas se supone que valen la pena. Los derechos de propiedad promueven el esfuerzo del trabajo, y crean marcos propicios para contratos creíbles y ejecutables. La propiedad es el premio el esfuerzo y al buen juicio. Su defensa ayuda el crecimiento económico y la creación de riqueza. Además, una amplia distribución de los derechos de propiedad puede contrarrestar cualquier concentración de poder en el sistema político así como contribuye a la estabilidad social. (World Bank 1996, Cap.III:49) La propiedad privada, es lo que ofrece nuevas oportunidades de renta e inversión. Se trata de una institución fundamental para el

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crecimiento económico y el desarrollo social, que no se encuentra libre de riesgos ya sea por parte de terceros que –de manera ilícita– pretenden apropiarse indebidamente de activos o incluso por parte del Estado el que posee instrumentos para intervenir en el mercado y/o imposiciones que van más allá de lo justificable, tanto como expropiaciones o confiscaciones, que pueden llevarse a cabo aún desestimando la Constitución Nacional. La protección de la propiedad privada como salvaguarda contra la coacción de estado puede en esa situación requerir medidas especiales, ya que la moralidad de la acción dentro de la esfera privada no es objeto adecuado del control coactivo por parte del Estado. (Hayek, F 2008a:191-192) Sin embargo los límites no son precisos y con frecuencia se encuentran interrogantes: ¿Cuánto de lícito es intervenir en el mercado?, ¿Cuáles son los procesos que vulneran el derecho de propiedad?, ¿Cuáles son las causas que orientan a los gobiernos a apropiarse de recursos privados?, y ¿Cuáles son las consecuencias de no respetar un derecho inalienable e imprescindible para el desarrollo económico? En todos los casos se recurre a argumentaciones como la redistribución de la renta, la necesidad de mayores recursos para cumplir necesidades de la población (el dictador benevolente), que superan restricciones presupuestarias, o la maximización del bienestar general. ¿Puede acaso el administrador político decidir sobre un argumento tan impreciso como “el bienestar general” y disponer sobre la propiedad de otros? ¿Cuál es el límite de las imposiciones y sus fundamentos? Los modelos teóricos así como algunos trabajos empíricos, generan una interesante riqueza respecto a posibles fundamentaciones de diversas políticas públicas. En particular, permiten interpretar con mayor flexibilidad (y realismo) el impacto de determinada política impositiva, la cual no puede establecerse sin considerar el incumplimiento tributario como un factor importante. (Arias, R 2010:57-58) Nuestra Constitución Nacional contempla explícitamente en el Artículo N°17: “La propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en la Ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones tal como se expresa en el Artículo N°4. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de Ley o de sentencia fundada en Ley. Todo autor e inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal Argentino.

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Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie”. (CN, Infoleg MECON Ley N°24.430) Este artículo si bien no explicita la fundamentación de los impuestos, si deja bien en claro que los mismos son fijados por el Congreso Nacional, que la expropiación debe ser solo en consideración de utilidad pública e indemnizada previamente y que la confiscación queda suprimida como opción. Sin embargo los gobiernos acostumbran a intervenir en la economía. El solo hecho de no resguardar el valor de la moneda constituye un acto lesivo a la propiedad, de la misma forma que imponer restricciones al comercio (también resguardado constitucionalmente: Art°14), o las imposiciones extraordinarias sin intervención del Congreso nacional, así como las confiscaciones, atentan directamente contra la propiedad privada, vulnerando el espíritu de la CN. A la par de los artículos mencionados existen otros –como también pactos internacionales– que imponen al gobierno la asistencia y protección de otros derechos denominados sociales (o de segunda generación), que constituyen una erogación mayor a los gobiernos y que si bien forman parte del cuerpo normativo, en nuestro país, no se cumplen en la medida de lo deseable. Las actividades de gobierno se financian legítimamente con impuestos que son las cargas obligatorias que las personas y empresas deben pagar para financiar el estado. No entraremos en disquisiciones sobre teoría de las imposiciones. Solo recordar que se trata de una carga tributaria que desde la antigüedad los gobernantes tuvieron como fuente de recursos, para solventar al estado, por los ciudadanos. Que constituyó una permanente puja entre quienes necesitaban más y quienes querían aportar menos. Y que trajo innumerables conflictos e incluso revoluciones y revueltas. El centro de la discusión debería llevarse a la legitimidad del gasto, que siempre queda dispuesto por la discrecionalidad del gobernante. Y bien pudiera exigirse el pago de impuestos, como hicieron los monarcas, para el sostenimiento de una vida ostentosa, o para el financiamiento de la guerra, tal cual estaban embarcados los señores feudales. O aún hoy en día suele ocurrir frente a interpretaciones tan amplias como las que se desprenden del bienestar general o del interés público, que también ingresan en la órbita del decisor político que bien puede atender a la satisfacción de demandas y necesidades específicas o a otras que constituyan

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su prioridad, pero no mejore las condiciones de vida de la gente. Otra cuestión a atender es definir si las políticas que se implementan son efectivamente útiles al bienestar general, o no existe relación aceptable entre el gasto y los resultados. Y en el primer caso: como ha sido definida y mensurada esa mejora del bienestar general. Y en el segundo si han existido otros procesos e intenciones que direccionaron el gasto, o que permitieron un exceso de los límites presupuestarios. Y en este último caso si se han determinado las causas de este exceso. Todo ello sin entrar en consideraciones sobre los desvíos espurios sobre los recursos de todos, producto de la corrupción. Toda forma de imposición que, vale decirlo, está respaldada por el aparato de coerción del estado, es una forma de financiar las acciones que este realiza y se le reconocen como válidas. Pero es ámbito de discusión hasta donde pueden llegar sus excesos, que pueden creerse justificados en la asistencia de los derechos de segunda generación, de los que depende una interpretación difusa y mal definida. Por otra parte en circunstancias como las de nuestro país en las que las condiciones sociales en muchos aspectos distan de ser óptimas, la justificación del gasto aunque no brinde los resultados esperados, puede ser discrecionalmente ilimitada. En este aspecto hay dos aspectos a resaltar: el primero es que si bien el presupuesto del gobierno lo determina el Congreso Nacional no existe correspondencia por parte del Poder Ejecutivo para rendir cuenta de los eventuales excesos en los que incurra, salvo ante los organismos de control que son frecuentemente ignorados (en especial en democracias en déficit), o cuando el gobernante asume el dominio del poder público. Y en segundo lugar con la Ley N°26.124 de 2006, a la Jefatura de gabinete se le han otorgado poderes de reasignación de partidas a criterio del Poder Ejecutivo y sin intervención ni limitaciones que pudiera imponer el Congreso. Tampoco el Congreso tiene facultades para poner límites a la política monetaria (Art. N°75, inc.6: “Establecer y reglamentar un Banco Federal con la facultad de emitir moneda”), y el volumen de esta emisión –cuando el Banco central no es independiente– queda sujeta al Poder Ejecutivo y sus requerimientos. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (Ley N°26.739/2012) establece en su Art. 3°, inc. b) que tiene entre sus atribuciones regular la cantidad de dinero y en el inc. c) Actuar como agente financiero del Estado Nacional. El primero queda sujeto a conceptos técnicos vinculados al volumen de la masa monetaria y al sostenimiento del valor de la

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moneda. Dice el Art. 2° mantener la estabilidad monetaria. Pero si a su vez es agente financiero del Estado Nacional, un simple artificio contable permite que las acreencias de ese financiamiento sean compensadas con bonos, que constituyen una deuda a futuro y permite la emisión. Aunque el Art. N°11 El BCRA podrá hacer adelantos transitorios al Gobierno Nacional hasta una cantidad equivalente al 12% de la base monetaria,…(….)… o hasta el 10% de los recursos en efectivo que el Gobierno Nacional haya recaudado en los últimos 12 meses. (Min. Justicia Ley N°26.739/12) Toda esta normativa puede ser transgredida porque los datos son manipulables, la norma no es clara respecto de cuantas veces y en cuanto tiempo puede repetir el procedimiento de financiamiento del estado y porque cualquier acreencia que el BCRA tenga es contabilizada con bonos de vencimiento futuro del Tesoro Nacional, que se devalúan por la misma inflación. Estas condiciones otorgan alta discrecionalidad a la emisión y volumen de la masa monetaria y otorgan poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo obre los recursos que puede disponer para su financiamiento, aún las consecuencias deletéreas que su exceso en el gasto ocasione. (Anexo Figuras N°20) Existe siempre un difícil equilibrio, entre las políticas fiscal, monetaria, comercial, y cambiaria. Entre las que existen tensiones y perspectivas de sustitución. (Piffano, H 2012:22) Puede observarse en la Figura N°20 que la masa monetaria se incrementó significativamente en los años 2007 y 2008. Sin embargo el proceso continuo y durante los cuatro años (2012 a 2015) la base monetaria –que cuenta los pesos circulantes y los encajes de los bancos– creció a un ritmo de 31,2% anual (puntualmente el 39% en el 2012; 23,8% en el 2013; 22,5% en 2014 y 40,5% en 2015), obedeciendo principalmente a los pedidos que hacía el ex-Ministro de Economía para cubrir el déficit fiscal, que no paraba de crecer. Durante el mismo período, y de manera íntimamente relacionada, se registró una inflación de 25,3% en 2012; 28,3 en 2013; 38,5% en 2014 y 27,8% en 2015; medida por el índice de inflación que publicaba el Congreso. (Casa Rosada, Informe El estado del Estado 2016:73) Como se puede apreciar la expansión del gasto público requirió de crecientes recursos, aumentando la masa monetaria, que condujo a la inflación. La misma fue disimulada para la población porque se mantuvo el incremento de los salarios a la par, con lo que se pudo mantener una falsa sensación de bienestar. La manipulación de estas variables con fines políticos afectan de manera indirecta los derechos de propiedad.

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Los programas sociales actuales redistributivos son costosos e ineficaces, a lo que se suma el empleo público como alternativa de subsidio al desempleo. Todas estas políticas del gasto merecen ser rediscutidas en nuestro país, pues si bien alcanzan a ser una ayuda perpetúan el subdesarrollo y por lo mismo forman parte de un círculo vicioso. La alternativa parece ser solo alcanzar un grado tal de desarrollo económico que permita un ingreso mínimo aceptable para lograr una vida digna para todos. Igualar hacia “arriba”, es decir: generar más riqueza para subir el piso de ingresos, parece más racional que continuar con magros planes de ayuda que perpetúan la dependencia e impiden la superación, así como constituyen una carga perpetua y creciente en el gasto público. Por otra parte debe considerarse que existen tres niveles de imposición: impuestos municipales, impuestos provinciales e impuestos nacionales. Los impuestos pueden ser aceptados por los ciudadanos para contribuir al sostenimiento de un gobierno en sus facultades esenciales, pero cuando el gasto se incrementa (o no se reduce en circunstancias de crisis) constituye una carga difícil de soportar para los ciudadanos ya que disminuye la capacidad de ahorro y como consecuencia la inversión necesaria a la producción. El gobierno no hace así, más que profundizar la crisis. Como se mencionó J. Harrington ya en 1656 nos expresa la necesidad de un equilibrio de los derechos de propiedad entre la corona y sus súbditos y ello incluye los impuestos, que en alza vulneran arbitrariamente el equilibrio y la propiedad, volcando la balanza a favor del gobierno. Respecto de la política fiscal no podemos omitir referirnos a la Curva de Laffer. La curva de Laffer es la relación que existe entre el peso de la carga impositiva y las perspectivas de recaudación: puede incrementarse la carga hasta un punto en el que la actividad deja de ser rentable (o la carga impositiva es excesiva), a partir del cual la recaudación cae por caída en la producción. También es a su vez una sencilla aplicación de la curva de oferta y demanda. Subir los impuestos encarece el precio de los productos y por lo mismo cae la cantidad demandada. Los impuestos son una carga a la propiedad. En un elemental análisis el alza continua de los impuestos llega a un punto en el que disminuye lo recaudado porque: el precio supera largamente lo que la demanda está dispuesta a pagar por un producto y se pierden las posibilidades de venta. O bien el costo de producción se hace tan alto que disminuye su renta y se abandona la producción. En

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términos del análisis tributario, esto significa que una reducción de la alícuota legal de los impuestos inducirá a un aumento de la base imponible del mismo, de forma que el aumento proporcional de la base más que compensa la reducción proporcional de la alícuota; de allí que el monto recaudado resulte mayor y no menor a lo obtenido por el gobierno en la situación previa, es decir, antes de la reducción de la alícuota. (Piffano, H 2012:161) Si la política fiscal se empeña en subir impuestos el gobierno termina gravando sobre una base de intercambios cada vez menor. En ambos casos la presión impositiva tiene un límite, que ella misma impone y no puede superar. Los productores pueden recurrir a la evasión o la elusión para mantener su oferta a la espera de mejores tiempos. Otro tipo de incentivos que sugiere la menor presión impositiva es –no solo una mayor base imponible– sino a su vez una mejor disposición de los contribuyentes a cumplir con sus compromisos. (Ibid.:161) Para resumir la política fiscal debe tender a la estabilización macroeconómica, que consiste en fijar el nivel del gasto público considerando el largo plazo, dejando que la recaudación fluctúe con los ciclos, de modo de ahorrar recursos en los momentos de auge para poder contener los momentos de depresión. Es decir que el gobierno debe mantener los niveles de gasto dentro de niveles sostenibles en el largo plazo. Si ese no fuera el comportamiento del gobierno seguramente invertirá el sentido de la política fiscal convirtiéndola en discrecional y de ello surgirá en conflicto de inconsistencia temporal en las fases depresivas del ciclo. (Ibíd.:1461-1463) En cualquier caso y más allá de las imposiciones legítimamente asumidas cuando el gasto público excede sus posibilidades de financiamiento genuino, vía impositiva o endeudamiento posible, puede recurrir a mecanismos espurios por lo ilegítimos que atenten contra la propiedad de las personas. La preferencia de los gobernantes es siempre a incrementar el gasto dada su tendencia al corto plazo, provocando costos futuros que son complejos y difíciles de identificar. (Gwartney, J y Stroup, R 2001:44) La política monetaria y fiscal expansiva puede usarse para calentar la economía y reducir la tasa de desempleo en el coro plazo. Sin embargo sin mediar demasiado tiempo la inflación aflorará y un nuevo ciclo económico dará comienzo. (Ibíd.:46) Hoy en la mayor parte del mundo los países han comprendido que la libertad y la propiedad se convierten en valores imprescindibles para el desarrollo y que este es

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necesario, porque es lo que brinda mayores oportunidades para todos –aunque no fuere en igual medida, ni al mismo tiempo– y que el gobierno puede aportar mucho haciendo poco y destinando recursos genuinos para sus funciones específicas, que no son todas en las que interviene: no siendo con mucha frecuencia ni eficaz ni eficiente en ninguna de las que debiera y poniendo barreras al normal desarrollo de la economía. Seguramente en tales condiciones la pobreza y la exclusión, que azotan nuestro país, podrían ser menores. Las políticas distributivas en estos casos son válidas en tanto tiendan a hacerse innecesarias. De igual forma la existencia del gobierno no debe ser minimizada. Por el contrario el gobierno es esencial para establecer las reglas de juego en las que debe desenvolverse el mercado y este a su vez debe proveer el desarrollo y la riqueza para que la actividad del gobierno sea menos necesaria. (Friedman, M 2002:79) Una buena sociedad requiere que sus miembros acuerden que las condiciones generales y las reglas pueden gobernar las relaciones entre ellos y en el mismo sentido ser árbitros de diferentes interpretaciones, que el gobierno debe subsanar. Ese es el principal objetivo del gobierno –además de sus funciones específicas– proveer de significado a las reglas e intermediar las diferencias entre los individuos, y en especial participar en el punto en el que algunos pocos no puedan jugar. En resumen debe presumirse que la actividad económica requiere de que el gobierno pueda mantener la vigencia de la ley y el orden, prevenir la coerción de unos individuos sobre otros, refuerce el cumplimiento de los contratos voluntariamente realizados y el significado de los derechos de propiedad, como el respeto a la propiedad misma, tanto como un marco de referencia de las políticas monetarias. (Ibíd.:86) El sistema económico produce bienestar, y la ley y el análisis económico se encuentran abocados a encontrar la forma en que este sistema puede incrementar ese bienestar y ampliarlo con una distribución aceptable. Pero el sistema político muchas veces puede hacer retroceder los avances productivos y complicar el análisis económico. Y los países tienen sistemas económicos mucho más eficientes cuanta mayor estabilidad política posean lo que denominamos la eficiencia económica de la estabilidad política. (Roe, M 2002:105) Al comienzo del Siglo XX Argentina se encontraba entre los países de similar estándar de vida al de los países de la Europa occidental: su PBI/cápita era el 9° entre los más altos del mundo. (Llach, J y Lagos, 2014:18) Entre 1922 y 1924 el PBI creció a un sorprendente 29,2%. (Rubinzal, D 2013:128). Sin embargo su economía declinó hasta 199

hacerse cercana a los países del tercer mundo. Su PBI/cápita cayó al puesto 43° en el mundo. (Llach, J y Lagos, 2014:24-26). Como otras naciones Argentina no persistió en el desarrollo de una sociedad civil fuerte y derechos de propiedad satisfactorios. Como antes se ha mencionado las políticas populistas se agregaron a las ideas económicas vigentes en la década del ´30. Los emprendedores dejaron de invertir y el capital dejó de acumularse. Sin instituciones que protegieran la propiedad y la inversión (o mantener un sector público adecuado) dejó de sostener el desarrollo. Pero se sugiere en recientes estudios la posibilidad que el colapso de Argentina responda a cuestiones mucho más profundas, como es la hipótesis de que se trata de un país inestable políticamente. La protección de la propiedad y las expectativas de inversión no eran malas al comienzo del Siglo XX. En realidad era un país muy productivo. El problema de Argentina está en que el medio de su productividad era el latifundio (en realidad el arrendamiento agrícola), y las empresas urbanas buscaron la protección que desestabilizó la política argentina y facilitaron la decadencia de la cual todavía no se ha recuperado. (Ibíd.:106-107) Las históricas contingencias que hicieron el estilo americano de explotación agrícola familiar fueron mucho más intensas que en Argentina. La depresión tuvo en Argentina un gran impacto y mucha gente emigró a las ciudades, en donde para ser protegidos reclamaron el control de los precios (en especial de los alimentos), rechazaron las inversiones extranjeras, y también se anuló la burguesía rural, perdiendo dos potenciales fuentes de capitalización. Las instituciones productivas quedaron así limitadas por el retroceso político, llevando a la población a ser comparativamente más pobre. Existe un significativo contraste con lo sucedido en otras dos sociedades: Alemania entre 1870 y 1880, o como Italia entre 1960 y 1970, que lograron estabilidad política y pudieron volcar sus esfuerzos en empresas manufactureras que multiplicaron la producción y el crecimiento. Un tema similar a lo ocurrido en el Siglo XIX en Europa. (Ibíd.:108-109) Finalmente se deben tener en cuenta siempre los efectos secundarios que la acción política puede tener en la política misma y en la vida social. (Ibíd.:114) Nuestro país no pudo sostener su posición en el mundo porque no solo desestimó los derechos de propiedad, sino también porque las inversiones y la política contribuyeron especialmente en ello. Cuando los gobiernos intervienen sucesivamente y ejecutan políticas que vulneran instituciones que requieren ser respetadas o se desaprovechan desaprensivamente oportunidades que podrían beneficiar al conjunto, y aunque puedan disimularlo, pierden al tiempo en alguna medida el apoyo de los ciudadanos.

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El concepto de ´consecuencias no deseadas´ es uno de los componentes básicos de la economía. La ´mano invisible´ de Adam Smith, es la metáfora más famosa de las ciencias sociales, (e intrínsecamente se enlaza con la evolución y cambio permanente de las instituciones), se trata de un ejemplo de una consecuencia no deseada positiva. Pero existen otras consecuencias no deseadas, o de resultados negativos. Se trata de externalidades de efectos indeseables, que se han interpretado como argumento a favor de la intervención del estado para su resolución. Los bienes o servicios que generan beneficios apropiables y/o internalizables exclusivamente por cada persona o individuo, sin que generen externalidades, se pueden proveer eficientemente a través del sistema de mercado. Pero muchos intercambios con diferentes tipos de bienes tienen externalidades negativas. A. Pigou a principios del Siglo XX fue un reconocido estudioso de la economía del bienestar. De sus estudios surge la idea de compensación de las externalidades mediante impuestos a las que fueren negativas e incentivos a las positivas. Obviamente resultaba muy difícil cuantificar el modelo de compensación pigouviano. Pero dio origen al Teorema de Coase, cuyo mentor R. Coase recibió el Premio Nobel de Economía en 1991, por sus estudios sobre los costos de transacción. Su teorema básicamente nos dice que ante externalidades negativas las partes llegarán fácilmente a un acuerdo si los derechos de propiedad están claramente definidos y los costos de transacción son bajos (o aceptables). El teorema de Coase ha sido motivo de controversias en ámbitos del derecho y de la economía, y puede ser aplicado en muchos casos pero deja otros como los del daño ambiental o ecológico sin posibilidades de cálculo, por lo que su aplicación encuentra límites. Aunque el estado en estos ámbitos se ha encontrado con el mismo dilema: no existe posibilidad de cálculo reparatorio, sino de prevención del daño. (Piffano, H 2012:51-58)

En la mayoría de las economías en

transición la asignación de los derechos de propiedad es a la vez compleja y parcial; que bien podría ser ineficaz y conflictiva. Es por lo que el mercado –en estos casos– carece de mecanismos que mejoren su eficiencia. Hoy la consideración y análisis del derecho de propiedad es importante por lo que los mismos representan para el desarrollo económico y social, y/o para la interpretación de las políticas públicas. Muchos autores, como veremos, se han ocupado del tema y de sus implicancias, lo que dio origen a la Escuela de los Derechos de Propiedad (EDP), que tiene múltiples puntos de convergencia con la EEP cuyo análisis enriquecen desde la perspectiva del análisis económico de la acción política.

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En la política, las normas suelen tener una gran importancia y posibilitan un accionar propio y de coalición de grupos que interactúan con la sociedad. Estas reglas con frecuencia sustituyen al consentimiento y al intercambio voluntario que existe en el mercado. Pero en la política, los objetivos de las personas gobernantes son similares a las metas que tienen como consumidores, productores y proveedores de recursos cuando se desempeñan en su vida privada. Y mantienen la misma conducta cuando participan como votantes, políticos, burócratas y grupos de interés. En el sistema político, como en el mercado, la gente se comporta por procesos especulativos, que apuntan a la satisfacción de sus preferencias de índole subjetiva y de ordenamiento prelativo individual, con una secuencia temporal que interviene en sus variaciones y que en todos los casos tiene un costo. Esta acción en todos los casos se lleva adelante con conocimientos limitados, en un marco de incertidumbre. Pero no puede sostener la idea que el gobernante es solo un benefactor que se preocupa exclusivamente por el bienestar general. La actividad política tiene beneficios, pero también tiene costos, que son siempre resultado del comportamiento político y provoca algunos problemas previsibles para los ciudadanos. (Stroup, R 2008) Hoy, luego de múltiples interpretaciones y una vez superados los criterios de las sociedades que propugnaron la propiedad colectiva, finalmente los derechos de propiedad se inscriben como derecho humano, que naturaliza las características de la acción humana y la potencia cuando son bien protegidos y sus delimitaciones son las que define el estado de derecho. En interpretación de este autor no se trata de un derecho natural. En nuestra legislación se inscribe como un derecho positivo –derivado del derecho romano– producto de una convención social, que lo establece y legitima por la legislación vigente. En nuestro país existe un gran número de juristas y pensadores que adoptan esta visión positivista, que omite que se trata de un derecho derivado de un proceso evolutivo y por lo mismo un derecho negativo. Nuestra legislación le otorga luego el status que lo consolida. En otros países se aplica el realismo jurídico, que tiene a su vez dos vertientes: una la estadounidense –la más numerosa y consolidada– que tiene figuras como O. H Holmes, J. Frank, R. Pound, F. Cohen y T. Arnold entre otros y que identifica el derecho con la eficacia normativa de las decisiones judiciales respecto de los fallos fundados, es decir: la práctica cotidiana del derecho. Y otra (también identificada con el realismo jurídico) es la escandinava que define el derecho en función de lo que los ciudadanos consideran 202

deseable, niega la cientificidad de la jurisprudencia y señala que los actos jurídicos son actos sociales. Es denominada también escuela de la ´sociología jurídica´. Por nuestra parte nos centramos –tal hemos mencionado– para la interpretación del derecho de propiedad, en el contexto de la escuela evolucionista, que explica el desarrollo de las instituciones (y el derecho de propiedad como una de ellas), de evolución espontánea derivada de la interacción entre los individuos a partir de procesos de ensayo y error, de las que subsisten las que pueden resolver los requerimientos sociales. (Hayek, F. 2013) Siendo un derecho negativo nuestra legislación lo legitima luego positivamente. Ello requiere comprender que han sido necesarias ideas que provienen de diferentes campos complejos y cuyo desarrollo aportes de varias disciplinas. Tanto la biología, como la sociología y la economía fueron vertientes desde las que se desarrolló este proceso interpretativo que nutre la teoría. Lo que a la luz de la teoría evolutiva parece cierto es que en la actualidad ni el hombre “economicus”,.. ni el hombre estrictamente “sociologicus”, pueden sostenerse como entidades autónomas. (Mayos, G 1994:193) La posición de este autor adhiere a que existe un camino de interpretación intermedio en el que ambos parecen confluir: tanto el egoísmo o la autopreservación (propias del Homos económicus), son compatibles con el altruismo, la cooperación y el espíritu asociativo (del Homo sociológicus). La ausencia de racionalidad, como de información completas y la existencia de pautas, normas sociales, mandatos culturales, así como otras que son propias de tipo biológico, hacen imposible enmarcar al hombre en un único esquema de comportamiento, de acuerdo a lo que hemos desarrollado en el presente trabajo. Los trabajos de A. Plant y continuados por otros tales como Ronald Coase, Armen Alchian, Harold Demsetz, Gary Becker, Steven Cheung y Steve Pejovich, dieron origen – como se mencionó– a la “Escuela de los Derechos de Propiedad”, con fructíferos aportes referidos a: costos de transacción, teoría de los contratos y la firma, así como las consecuencias e implicancias económicas, psicológicas y sociales que derivan de los derechos de propiedad. Si los derechos de propiedad adquieren la consideración de inalienables en la actualidad, luego de un largo proceso evolutivo que los ha colocado en el centro de la escena económica, es precisamente por la importancia que tienen para facilitar transacciones 203

licitas y creíbles dentro de un marco de incertidumbre, con lo que se facilita a los individuos el logro de sus fines. Es este mecanismo de interacción social el que mejora las perspectivas de todos, aún en diferente medida y diferentes momentos. Pero no puede negarse que si a cada uno le es posible mejorar su posición con cada alternativa de intercambios, la sociedad en su conjunto se ve beneficiada. Los gobiernos no pueden ignorar los beneficios de los intercambios y particularmente los que derivan del respeto de los derechos de propiedad. Cuando ellos son vulnerados, aunque se aduzca cualquier motivo, se pierde la confianza y se alejan las posibilidades de ahorro, y de inversión, con lo que se deprime el desarrollo. La Alianza por los Derechos de Propiedad en su 9ª edición, publicó el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI). Los derechos de propiedad son uno de los factores más importantes para determinar la libertad y la prosperidad económica de un país. Los derechos de propiedad fuertes sostenidos por un entorno político estable se han convertido en una segunda naturaleza para las civilizaciones occidentales. El IPRI ahora incluye 129 países y abarca 98,66 por ciento del producto interno bruto del mundo y el 93.56 por ciento de la población mundial. El IPRI 2015 clasifica a los países en tres componentes principales: Entorno Legal y Político (LP), Derechos de Propiedad Física (PPR), y los derechos de propiedad intelectual (DPI). El componente LP cuenta con cuatro subcomponentes: la independencia judicial, estado de derecho, la estabilidad política y control de la corrupción. El componente PPR cuenta con tres subcomponentes: los derechos de propiedad, registro de propiedades y facilidad de acceso a los préstamos. Por último, el componente de derechos de propiedad intelectual cuenta con tres subcomponentes: Protección de la Propiedad Intelectual, protección de patentes, derechos de autor y la piratería de nivel. (De Soto, H 2015) El International Property Rights (IPRI, 2015), amplía su concepción con una explícita diferenciación entre propiedad y derechos. Las consideraciones del International Property Rights son mucho más amplias ya que parten del supuesto que son múltiples las variables que intervienen en la legitimación y en la variabilidad de los derechos de propiedad. Y que la propiedad física –tal como

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describe H. De Soto– de bienes es solo uno de sus aspectos, que puede ser influido por muchas otras cuestiones. Resulta fácil de comprender como una Justicia independiente, o la aplicación del Estado de Derecho (rule of Law), o que exista estabilidad política o luchar contra la corrupción son fundamentales para que los derechos de propiedad no se vean afectados, limitados, y defendidos. La ausencia de una Justicia independiente o el ejercicio del Estado de Derecho permiten vulnerar la vida en sociedad y el derecho de propiedad, sin garantías de defensa efectiva y compensación válida. A su vez vimos como M. Roe (2002) al describir el deterioro de la Argentina pone de manifiesto que uno de los procesos que más influjo tuvo en la evolución económica de nuestro país fue la inestabilidad política. (Roe, M 2002:105) Y casi es innecesario extenderse sobre lo que significa la corrupción para lesionar el derecho de propiedad. Todo recurso que se extrae indebidamente del sistema de modo ilegítimo, se resta a otro (u otros) en tanto bienes y/o servicios de los que podría ser beneficiario. La corrupción es una exacción indebida a cada individuo y a la sociedad en su conjunto que afecta la propiedad. Pero el tratamiento de estos tópicos (LP) exceden el marco de la presente investigación y además deben ser parte de otra extensa tarea de estudio. De la misma manera no será de nuestro tratamiento el subcomponente derechos de propiedad intelectual (DPI), dado que nuestro objeto de estudio empírico se refiere a otro tópico, como es el que se expuso en los objetivos del presente. El subcomponente derechos de propiedad (PPR) es el que de manera específica se refiere a nuestro objeto de estudio en el sentido en el que determinadas políticas públicas que se llevaron a cabo en el año 2008, intentaron en un caso y concretaron en otro la afectación de derechos de propiedad de importantes núcleos de la población argentina. Me refiero a las políticas que condujeron al “conflicto con el campo” por la resolución N° 125, y a la “estatización de las AFJP” por la Ley N° 26.425, en tanto la protección física de activos. Por su parte autores recientes aportan evidencia empírica sobre la existencia de un círculo virtuoso entre la libertad económica (que tiene como sustrato principal el derecho de propiedad), las libertades civiles y los derechos políticos con el crecimiento económico. (Aixalá, J & Gema Fabro, E. 2009:168-172). Ello explicaría por qué es deseable el mayor

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respeto a estas instituciones para el logro de un mayor bienestar social y como las intervenciones estatales a menudo resultan un obstáculo más que un beneficio. Las funciones que el Estado adopta requieren de un financiamiento apropiado. Un gasto público desmesurado es deletéreo para la economía y se origina en malas decisiones políticas. Las políticas económicas permiten compensar por un tiempo, los desfasajes que pudieran producirse, sustituyendo el desequilibrio fiscal con otros instrumentos de política monetaria o cambiaria. Pero las inconsistencias que se producen en el equilibrio presupuestario –regla de oro de la economía– consecuencia de irresponsables decisiones políticas (de no existir otras causas que lo justifiquen), tienen un impacto deletéreo para la economía que surgirá a corto plazo. Los gobernantes deberían aprender a dominar su indebida tendencia a gastar más de lo que deben, porque el daño de querer compensarlo, puede conducirlos a políticas que ocasionen daños irreparables a los individuos y a la sociedad.

7. Análisis del objeto empírico de estudio: Políticas Públicas (seleccionadas) 2008 7.1. Consideraciones preliminares El 28 de Octubre de 2007 se consagraron Presidente y Vice la fórmula Cristina Fernández de Kirchner y Julio C. Cobos, con el 45,3% de los votos. La asunción de la presidenta se produjo a pocos meses de haber estallado una profunda crisis internacional, que por aquellos días todavía no hacía sentir sus efectos sobre la economía nacional. (Rubinzal, D 2013:710) Sin embargo los síntomas ya se habían hecho sentir en varios países –en particular EE.UU.– desde fines de 2006 y principios de 2007, situación que no era desconocida por los gobiernos, e incluso no podía ser ajena al nuestro, ya que la crisis se extendió rápidamente hacia otros países –en especial de Europa– haciendo su eclosión en 2008, pero ya muchos como Alemania y el mismo EE.UU. estaban tomando las primeras medidas para su control. Esto parecía contrastar con la suba de los precios internacionales de los commodities, lo que favorecía a la Argentina. Aunque el modelo presentado y que había permitido el incremento de la imagen del matrimonio presidencial comenzaba a presentar algunos problemas como el inicio de un proceso inflacionario, una suba en los costos, y un agotamiento de las condiciones internas que habían permitido un inicial desarrollo. (Rubinzal, D 2013:710)

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El gobierno no pareció dispuesto a abandonar el camino expansivo iniciado, aunque la ortodoxia económica aconsejaba la apreciación del cambio, la suba de tasas para disminuir las expectativas y/o “enfriar la economía”, en verdad lo opuesto a lo que el matrimonio Kirchner –como una continuidad de concepción política– parecía que pensaba concretar. En primer lugar porque desconfiaba de recetas que atribuía al pasado y creía –como era su conveniencia en cuanto a lograr mayor adhesión popular– que se debía sostener la demanda (lo que estaba en las antípodas de esas propuestas ortodoxas), a sabiendas que ello implicaba mayores recursos. (Rubinzal, D 2013:711) Cuando este autor se refiere al matrimonio presidencial quiere expresar que el Presidente N. Kirchner, en el 2007 todavía ejercía la presidencia y al asumir su La Sra. Presidente, continuó participando activamente de las decisiones gubernamentales desde su asunción, por lo que ambos se sucedieron en una suerte de continuidad política. Se habían obtenido logros que se esgrimían como banderas políticas. El pago de la deuda ante el FMI en 2005, y la posición ante las empresas privatizadas fortalecieron el espíritu nacionalista y permitieron afirmar el discurso sobre el modelo nacional y popular. En democracias delegativas –como hemos mencionado– las relaciones entre el gobernante y sus seguidores se ven así fortalecidas en el sentido que se asume que el líder es el defensor de los intereses nacionales. Desde esta perspectiva la Presidente Cristina Fernández de Kirhner, heredó una creciente adhesión popular que con inteligente acción política había iniciado su esposo, con un estilo de “confrontación calibrada”, frente distintos actores que se presentaron –progresivamente– como enemigos del modelo. (Baldioli, A y Leiras, S 2012a:270) Este formato político confrontativo, es típico de las democracias populistas. No hay populismo sin una construcción discursiva de un enemigo. (Peruzzotti, E 2015:395) Importantes núcleos de población se sumaron a un esperado camino hacia el desarrollo. El matrimonio Kirchner era el artífice de la nueva esperanza. Ni Cristina Fernández de Kirchner ni su esposo pensaban desperdiciar esta creciente adhesión popular que se iniciaba y que constituiría su capital político más preciado y leal. La construcción de poder se efectuó sobre la base de un clientelismo omnipresente, atando todos los cabos al carro de la redistribución que se manejó discrecionalmente. (Rojas, M 2012:157) Pero los problemas comenzaban a insinuarse: la inflación que se había mantenido cercana al 0,5% mensual durante todo 2006, tuvo un incremento en noviembre (1%) y luego otro en diciembre (1,5%). A partir de abril de 2007 ya superó definitivamente el 1,5% y continuó 207

en alza hasta que en Agosto de 2007 alcanzó el 3,5% mensual. (Lindenboim, J 2007) (Anexo Figuras N°19), Ello –como sucede habitualmente– no fue advertido inmediatamente por la población, que acompañó luego la elección presidencial. Pero si lo fue para el gobierno que optó por ocultar y deformar la información hasta llegar a la intervención del INDEC. El incremento de la tasa de inflación acompañó el gasto público –que comenzó a ser financiado con emisión monetaria– casi de manera simultánea. (Anexo Figuras N°9 y 18) A comienzos de 2007, el gobierno adoptó una decisión estratégica de profundo efecto sobre el rumbo de la economía a partir de entonces. Ella fue utilizar de manera significativa el impuesto inflacionario. Esto es, recurrir a la emisión monetaria como fuente de financiamiento del gasto público, alternativa que había estado vedada durante la vigencia del régimen de convertibilidad. Esta decisión fue acompañada de otra: el gobierno debía aprovechar los beneficios que le reportaba el impuesto inflacionario, pero debía evitar pagar los costos políticos de esta medida. Es así como, el 30 de enero de 2007, fue relevada de su cargo la entonces directora del Índice de Precios al Consumidor luego de que se negara a introducir cambios en el procedimiento de cálculo del índice, que se apartaban totalmente de la metodología en vigencia; y se procedió a intervenir de hecho el organismo. (CENE, N°133) La argumentación acerca de las inconsistencias de los procedimientos metodológicos de evaluación queda desvirtuada y pone en evidencia la manipulación que desde el momento de la intervención se efectuó a través del organismo. Al analizar comparativamente en el gráfico (Anexo Figuras N°19) se verifica la variación mensual de la estimación promedio de trece jurisdicciones (desde Jujuy hasta Tierra del Fuego) con la del Gran Buenos Aires. La enorme brecha que separa a ambas series no puede atribuirse a los “malos empleados” del INDEC (como fueron calificados por altos funcionarios), ni a los supuestos titulares de bonos de la deuda de la Argentina (que, por otra parte, los compraron en las condiciones ofrecidas por el propio gobierno nacional), sino lisa y llanamente esa brecha deriva del reflejo de la realidad en trece jurisdicciones, frente a un número “operado” respecto del Gran Buenos Aires. (Lindenboim, J 2007) En Agosto/2007 mientras el análisis promedio de trece provincias revelaba una inflación de 3,5%, el gobierno informaba el 0,52%, por un relevamiento hecho sobre el conglomerado del Gran Buenos Aires.

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Un país sin datos creíbles, condición derivada de la manipulación de sus estadísticas, no resulta confiable por una parte, ni permite a los inversores realizar el cálculo económico necesario para estimar rendimientos: dejan de existir puntos de referencia ciertos. La manipulación de las cifras de inflación, lejos de moderar las expectativas inflacionarias, contribuyó a aumentarlas y, por tanto, agravó el problema básico. Adicionalmente, erosionó la credibilidad del Estado argentino en los mercados financieros internacionales. (Leiras, M y Cruzalegui, I 2009:226) Esta manipulación del índice de precios tiene vastas consecuencias. Permite por ejemplo ´inflar´ los éxitos del gobierno haciendo aumentar ficticiamente el PBI, o hacer disminuir la cifra de pobreza. (Rojas, M 2012:161) Pero la encrucijada ya estaba planteada: por un lado el gobierno intervenía y se llevaban adelante políticas expansivas del gasto, que fue financiado inicialmente con importantes recursos que provenían tanto de las exportaciones de commodities (cuyo precio permanecía alto en su cotización internacional), como de la emisión monetaria. La base monetaria por emisión inició su expansión en 2006 que pasó de $ 54.823 Millones a $79.816 millones en 2007 (con un incremento del 43%) y continuó en ascenso hasta llegar a $98.279 mill en Enero de 2008, (sumando un incremento del 24% en su variación interanual), según Datos del Banco Central RA. (Anexo Figuras N°20) Lo que dio inicio al proceso inflacionario que se intentaba ocultar. Estos dos procesos incrementaban el ´circulante´ y por lo mismo –aún la percepción de bonanza– el incremento de la inflación comenzó solapadamente a instalarse. La inflación no es como habitualmente se cree un aumento descontrolado (o generalizado) de los precios. La inflación es la pérdida de valor de la moneda: si los precios suben es porque son necesarias más unidades monetarias para alcanzar su valor. La inflación es un fenómeno esencialmente monetario. El gobierno estaba dispuesto a continuar con sus políticas expansivas, desestimando sus efectos. Pero para ello necesitaba mayores recursos ya que la espiral inflacionaria de este tipo de políticas no encuentra límites. Y a su vez debía ocultar a la población los efectos deletéreos que sus políticas provocaban, por ello la intervención del INDEC. Por otra parte otra amenaza se cernía sobre las políticas del gobierno y esto era la incipiente visualización de la crisis internacional, que además podía llegar a poner en riesgo –por la previsión de caída de la demanda– los ingresos provenientes de las exportaciones.

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En esta encrucijada el gobierno optó por continuar con su política expansiva que le otorgaba popularidad, buscando nuevas fuentes de financiamiento.

7.2 La Resolución N°125 El 11 de Marzo de 2008 se dio a conocer el texto de la Resolución N°125, sobre la que inicialmente solo existieron moderadas críticas. Sin embargo los productores entendían que el gobierno con esta norma se apropiaría de gran parte de la renta y que en muchos casos (como puntualmente el caso del trigo) haría imposible afrontar sus costos si se elevaba el nivel de impuestos. En ese marco comenzaron las conversaciones para discutir diversos aspectos entre los funcionarios del Ministerio de Agricultura y las entidades agrícolas. Hasta entonces las relaciones habían sido distantes con las entidades rurales más importantes –como la Sociedad rural Argentina (SRA)– y el gobierno, aunque siempre existió algún grado de recelo expresado en la renuencia a asistir, tanto N. Kirchner como C. Fernández de Kirchner, por ejemplo a los actos tradicionales de la exposición Rural de Palermo. (Burgueño, C 2015:132) La Resolución fue firmada por el entonces Ministro de Hacienda M. Lousteau, quien anunció que su sanción imponía un nuevo sistema de retenciones móviles a la exportación y sujetaba su aumento o disminución a la evolución de los precios internacionales. Las retenciones a las exportaciones primarias fue una medida de excepción que revitalizó E. Duhalde en Abril de 2002, luego de un intenso debate interno, pues no debía gravarse la producción y debían mantenerse los incentivos al campo. Finalmente las necesidades del momento se impusieron y se aceptó la propuesta del Ministro J. Remes Lenicov y las retenciones que habían sido utilizadas por primera vez durante el gobierno de Bartolomé Mitre en 1862, volvieron a la economía argentina, ahora para castigar a la producción estrella: la soja. (Burgueño, C 2015:133) La serie de acontecimientos que siguieron a la decisión de imponer la Resolución N°125 y que llevó a los Kirchner a involucrarse directamente para vencer las resistencias de los productores, así como controlar la acción de los medios de comunicación y de ese modo a la clase media, así como volcar a todos los que ahora constituían su capital político, fueron desde todo punto de vista impensados. Su repercusión alcanzó no solo a los actores directamente involucrados (los productores), sino que tuvo efectos que significaron cambios inesperados en los consensos sociales, en la coalición de gobierno y

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luego en todo el arco político. Sin embargo el gobierno no pareció comprender estos hechos y se empecinó en su postura. (Novaro, M.; Bonvecchi, A. y Cherny, N. 2014:297) El problema descripto pareciera tener dos elementos sustantivos. Por un lado la concepción de los Kirchner de cómo se construye poder político en base a la confrontación, que por otro lado forma parte de todos los modos de gobiernos populistas y en este caso llevó a una polarización extrema. Mientras que por otro se pensó que no existían límites para controlar a los sectores díscolos y con ello ampliar la influencia oficial sobre la opinión pública. Esto puede parecer paradójico ya que hasta este momento las formas de relación del gobierno habían sido de ´confrontación controlada´ y siempre siguiendo línea de menor resistencia. (Ibíd.:297). Es por lo que resulta difícil de comprender el cambio de estrategia, en el sentido de profundizar el conflicto, cuando en verdad las necesidades del fisco y su eventual desequilibrio hubieran podido ser controladas y equilibradas con algunas medidas compensatorias y limitada restricción. Pero lo que aquí aparece es en realidad la interpretación que se trataba de un desafío político. La equivocada valoración de sus fortalezas por parte del gobierno fue lo que lo llevó a plantear el conflicto en sus extremos de pueblo-antipueblo. (Ibid.:298) Lo que en verdad constituía una amenaza y fue visible para el gobierno era el contexto internacional y la incertidumbre que se vislumbraba de su evolución. Por eso mismo la Resolución N°125 ya en sus considerandos expresa: “Que los precios internacionales de cereales y oleaginosas han registrado un significativo aumento en los últimos años, con una elevada volatilidad de sus tasas de variación interanual. Que la persistencia de un escenario semejante podría repercutir negativamente sobre el conjunto de la economía a través de mayores precios internos, menor equidad distributiva y una creciente incertidumbre en lo que respecta a las decisiones de inversión del sector agropecuario” (MECON, Infoleg Resolución 125/2008) Las apreciaciones de los considerandos son en sí mismas una declaración de incertidumbre frente a la evolución del escenario internacional. Pero también que ese escenario puede repercutir negativamente sobre la economía, lo que nos dice es que si los incentivos están puestos en exportar puede desabastecerse el mercado interno o incrementarse los precios, cuestión que carecía de sustento habida cuenta que la mayor parte de estos commodities se destinaban a la exportación y no destinadas al consumo interno. Así como y en la misma línea se impusieron restricciones de todo tipo a las importaciones, lo que encareció los insumos que el campo utiliza en la producción. El

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argumento del precio interno de los alimentos que el gobierno esgrimió no era aplicable a la soja que se exportaba en más del 95% de la producción. Y muy poco para el girasol cuya mayor parte también se exportaba. Es decir que los argumentos que esgrimían los considerandos de la resolución no eran creíbles en cuanto a la veracidad causal de la Resolución. La economía comenzaba a hacerse escuchar por la misma intervención previa de políticas expansionistas del gobierno. La Resolución se dicta en función de una Ley N°22.415 de 1981, que delega funciones del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo por el Código aduanero y pone en funcionamiento un nuevo sistema de retenciones móviles que variarían según los precios de los granos y oleaginosas, con escalas. Pero dados los precios del momento –y en caso de mantenerse– significarían un fuerte incremento inmediato en la tasa de exportación. El cálculo efectuado por las entidades agropecuarias en el sentido comparativo respecto a lo que hubiera significado la imposición de las retenciones que la Resolución N°125 promovía fue: “nuestro cálculo era –según la fórmula que incluía– que la soja pasaría del 35% al 45% y el girasol del 32 al 40% o más. Y agregan “..la 125 era la coronación del sistema de apropiación de un hipotético excedente de renta,.. porque cuando se implementa todavía no se estaba vendiendo,.. se vende a partir de marzo,.. lo que sucede es que el gobierno efectuó el cálculo de ese potencial exceso y aunque la cosecha ya tenía una retención alta,.. por ejemplo la soja tenía un precio sostenido –e incluso venía subiendo en su precio– entonces en el gobierno (requerido de recursos) se dijeron: Bueno,.. si ahora hay más,.. nosotros queremos una parte mayor de lo que hay. Y si los precios bajan ya los convenceremos, de que cuando baje el precio les iríamos bajando también” (Anexo Entrevistas: AN:333) Por otra parte la Resolución N°125, en su primer párrafo nos dice que los precios de los cereales y oleaginosas han sufrido un significativo aumento, con alta volatilidad y que de ello resulta imprevisible la conducta de los productores. Pero no se puede pensar que la conducta de los productores cambiaría demasiado respecto de sus decisiones de inversión, como tampoco de sus decisiones de consumo, por el hecho que variara el precio de lo exportable. Eventualmente su consumo que es fundamentalmente local está vinculado a su renta. Y es por ello que al mismo tiempo que comenzaron las movilizaciones muchos intendentes y gobernadores, cuyas jurisdicciones dependen de la actividad agropecuaria, vieron con preocupación las consecuencias que la resolución traería a sus pueblos y provincias. (Anexo Entrevistas: AN:333)

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El conflicto se extendió rápidamente y de forma inesperada para el gobierno, que incluso llegó a anunciar modificaciones a la norma. La primera el 31 de Marzo prometiendo subsidios y reintegros a los pequeños productores y la segunda el 29 de Mayo reduciendo las retenciones marginales que afectaban los mercados futuros. Pero las entidades consideraron que los cambios eran insuficientes o inadecuados y el conflicto se extendió en el tiempo, pero fundamentalmente se profundizó en cuanto a las formas de protesta. (Burgueño, C 2015:133) Por otra parte, los productores, de implementarse la Resolución, se hubieran encontrado en graves dificultades dado el incremento de los costos internacionales de los insumos. Y peor aún para los pequeños productores no propietarios, que debían cubrir entre sus costos el arrendamiento cada vez más costoso. Y a su vez la fecha en la que se anunció la norma tuvo un grave impacto porque en diciembre de 2007 los productores habían hecho sus cálculos respecto de los costos que deberían afrontar en marzo del 2008, por lo que dependían de la mayor rentabilidad posible de esa cosecha. Otro aspecto a considerar fue que si bien la soja había alcanzado en febrero una cifra record de u$s510 la tonelada, no sucedía lo mismo con otros cultivos cuyos márgenes de rentabilidad habían venido disminuyendo. Esto sucedía especialmente con los productores no sojeros, al considerar los costos de insumos y transporte. (Novaro, M.; Bonvecchi, A. y Cherny, N. 2014:300) El conflicto tuvo unos primeros 20 a 25 días de negociaciones –que muchos dirigentes agropecuarios interpretan como dilaciones por parte del gobierno– pero luego giró cuestionando la legitimidad de las retenciones, como también se puso en discusión y se evidenciaron las crecientes necesidades del fisco y la rentabilidad del agro. Pero enseguida se conectó a otros asuntos referidos al modelo de financiamiento público, al régimen federal de coparticipación impositiva, el rol de los medios de comunicación, el papel de los grupos de interés, la relación entre productores y consumidores, y hasta el mismo carácter del kirchnerismo y su interpretación ideológica de lo que el campo significaba en cuanto capital y en cuanto a renta considerada “extraordinaria” como reza la misma Resolución ministerial. El caso del sector agropecuario, muchas veces se ha interpretado erróneamente al concepto de “renta” como similar a una “ganancia extraordinaria” al compararla con las ganancias “normales” de actividades de similar riesgo. (Piffano, H 2009:5) Esa confusión provoca dos consecuencias importantes: a) impide la identificación de las compensaciones económicas esperadas y separables de dos factores de la producción diferentes: capital y tierra, como si se tratara de un mismo

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factor (capital). b) La sobre-imposición sobre una renta considerada un beneficio extraordinario al sumarse a la retribución normal del capital, reduce el valor de la tierra – absorbiendo una parte importante de la renta– al punto de correr el riesgo de su confiscación, o sea a la expropiación indirecta del suelo, pues en un extremo de la imposición, el valor de mercado de la tierra (no necesariamente su valor social o precio sombra) en ausencia de renta privada (es decir, en ausencia de la porción de la renta social apropiable por su propietario después del pago de impuestos) tendría valor cero. (Piffano, H 2009:5) La distinción principal que no hacen quienes diseñan las políticas impositivas es la dilucidación sobre cuanto la imposición sobre la renta, resultado de la actividad rural, afecta la propiedad rural. Este error consiste en que el gravamen en exceso sobre la actividad rural (factor de producción reproducible), grava en el sentido de pérdida de valor de mercado a un factor absolutamente fijo y no reproducible (la tierra). (Ibíd.:8) La consecuencia es una afectación indirecta al derecho de propiedad. El verdadero conflicto se sucede como consecuencia de esta exacción que los productores (como los arrendatarios) percibieron no solo a su renta, sino al capital que permitía su actividad y que es irreproducible: la tierra. Es decir: al quitar rentabilidad a lo producido se quita valor al capital que es capaz de permitir la producción, y muy particularmente al caso de la tierra. Se debe ser muy cuidadoso en lograr el equilibrio impositivo de tal forma que no altere los incentivos a la producción (actividad rural), ni afecten por otro lado –directa o indirectamente– los derechos de propiedad sobre el capital (la tierra). Por lo expuesto queda claro que la propiedad privada del factor de producción tierra puede ser afectada por la política fiscal consolidada fruto de las políticas tributarias que adopten los gobiernos. Porque toda imposición a la tierra provocará una reducción de su valor, es decir, no importando cual de los impuestos o que conjunto de impuestos habrán de gravar el resultado de la actividad rural. (Ibíd.:10) Así podemos entender que se olvida una consecuencia común de todos los impuestos que gravan a la actividad rural: que todos habrán de ser amortizados finalmente en el valor de la tierra. (Ibíd.:40) Es por esa razón que la discusión sobre el tema de la confiscatoriedad de cualquier impuesto que afecte el valor de la tierra, se torne altamente relevante, no solo desde lo económico, sino también lo jurídico-político, dado que finalmente el único límite a la imposición parece ser exclusivamente la ley, porque no existe límite económico. (Ibíd.:11)

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Desde el punto de vista jurídico, la Constitución Nacional, ampara el derecho de propiedad estableciendo la prohibición de la confiscación de bienes (CN: Art. 14 y 17). La Corte Suprema de Justicia por su parte ha interpretado que la incautación se concreta cuando el impuesto traspasa el 33% del valor de la propiedad o de la renta (CSJN Fallos: 209:114, 125/126 y 210:310, 320, entre muchos otros). Dentro de esa línea, los magistrados de la CSJN han insistido en que esta pauta del 33%, ha sido reconocida reiteradamente a través de la jurisprudencia del Tribunal, de manera que se considera confiscatorio todo aquel caso en que la presión fiscal excede el señalado porcentaje. O sea, que cuando el gravamen supera el límite indicado aplicado éste sobre el valor real del activo, “que equivale al valor de la renta privada generada por la tierra”, se alteraría en su sustancia el derecho patrimonial que abarca, para el caso concreto del campo, el dominio o arrendamiento de la tierra y de los bienes que ella produce. (Ibíd.:11-12) Y el derecho de propiedad es constitucional porque deriva de una institución social útil a los hombres. Ante el conflicto el saldo inmediato fue que el liderazgo oficial que tanto había costado construir a N. Kirchner entró en crisis. Las encuestas mostraron una abrupta caída en la popularidad del matrimonio presidencial, fruto de la virulencia con la que reaccionó ante las primeras protestas y también porque fue la primera vez que se enfrentó a un actor social articulado, legitimado sorpresivamente por masivas movilizaciones que se extendieron por rutas, pueblos y ciudades de la región pampeana, como en menor medida también en las grandes ciudades. (Levy Yeyati, E y Novaro, M 2013:68) El esfuerzo kirchnerista estuvo dirigido a dividir a los productores –que en esta ocasión se unieron aún representando diferentes entidades– y en enfrentar a los productores mezquinos que en realidad eran ´terratenientes´ representantes de la oligarquía con los ciudadanos amenazados por el alza del precio de los alimentos. Si bien el gobierno ya tenía sus seguidores que aceptaron estas consignas, en términos generales fracasó en ambos intentos. (Ibíd.:68) Lo que el kirchnerismo no tuvo en cuenta (porque tenía del campo la misma idea de formato ´extractivo´ que se da en el proceso de extracción de petróleo), que el campo no solo no es ´extractivo´ ya que se requieren inversiones de producción, y mucho trabajo aún mecanizado hoy en día. Y por otra parte constituyó –como hemos mencionado antes– un importantísimo factor en la producción, desde los albores de nuestra Nación y debió soportar por lo mismo grandes exacciones por parte de los gobiernos, en comparación con una industria precaria, subsidiada y monopólica. En resumen ha sido un 215

actor preeminente en la producción y en la contribución tanto al fisco, como al desarrollo de las economías regionales y la vida misma de muchas poblaciones que dependen casi exclusivamente del consumo local de los productores agropecuarios. Los mismos gobernadores e intendentes apoyaron las protestas de los productores. A pesar de la importancia que el sector agropecuario ha tenido en el aparato productivo del país, su representación política ha sido muy pobre, a diferencia de los sindicalistas o los lobbys industriales. Esto contribuyo a la equivocada valoración que de las secuencias del conflicto tuvo el matrimonio Kirchner, que se empeñó en continuar profundizando el conflicto. En su discurso del 1° de Abril del 2008 –paradojalmente en un Acto por la Convivencia y el Diálogo en la Plaza de Mayo– la Sra. Presidente Cristina Fernández de Kirchner denunció que lo que se estaba viviendo estaba teñido por intenciones golpistas y desestabilizadoras. En su discurso expresó: “…las mismas organizaciones que hoy se jactan de poder llevar adelante el desabastecimiento del pueblo llamaron también a un lockout patronal allá por febrero del ´76,…(….)…Pero esta vez no han venido acompañados de tanques, esta vez han sido acompañados por algunos ´generales multimediáticos´ que además de apoyar el lockout al pueblo, han hecho un lockout a la información, cambiando, tergiversando, mostrando una sola cara,…” (Casa Rosada, Discurso de C. F. de Kirchner 1/4/2008) El conflicto alcanzó a académicos e intelectuales, como a muchas organizaciones de la sociedad. Carta Abierta, surgió en marzo de 2008, en defensa del gobierno democrático amenazado por el conflicto suscitado por las patronales agropecuarias, y distinguiéndose siempre por la preservación de la libertad de crítica. Se trata, pues, de una iniciativa ciudadana, plural, democrática, horizontal y participativa, que se expresa por medio de su Asamblea y por sus escritos públicos conocidos como Cartas Abiertas. Según reza en su página web. (Carta Abierta, 2015) La actividad de esta asociación de intelectuales sostiene como puede verse en la serie de comunicados y ´cartas´ en las que expresa su adhesión al gobierno y ya desde la primera carta expresa que: “… hoy asistimos en nuestro país a una dura confrontación entre sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes y un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta y estrategias de intervención en la economía. La oposición a las retenciones -comprensible objeto de litigio- dio lugar a alianzas que llegaron a enarbolar la amenaza del hambre para el resto de la sociedad,…(…)…. Un clima destituyente se ha instalado, que ha sido

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considerado con la categoría de golpismo.” (Carta Abierta N°1, de Marzo de 2008) En la que expresa ya desde su primera carta de presentación el término “destituyente”, con el que no sugería ninguna acción violenta, pero si el de desestabilización política por cuestionamiento al poder del gobierno de decidir sobre lo que era necesario y recomendable al pueblo. Se nos quiso decir que en realidad se trataba de la lucha de los poderosos que buscaban domesticar la democracia y eventualmente deslegitimar al gobierno, así como en la misma se hace una acendrada crítica del papel de los medios de comunicación y los peligros que enfrenta una Latinoamérica que debe dejar atrás los lineamientos neoliberales que se le impusieron. (Carta Abierta N°1, 3/2008:2-3) La visión que expresaron a través de esta carta sirvió a su vez de argumento para justificar la ilegitimidad de muchos reclamos. La palabra destituyente se convirtió en una muletilla que se aplicó a todo conflicto en el que el gobierno pudiera ver comprometida su posición o su discurso. Desde esta postura no es posible aceptar reclamos, se imposibilita el diálogo y la crítica responsable. Desde entonces el gobierno asoció toda crítica o cuestionamiento a una intención destituyente. Esta misma convicción victimizante permitió al gobierno mostrarse como encarnación misma de los intereses del pueblo y de la misma democracia agredida. Y el conflicto suscitado por la Resolución N°125 –o también conocido como “conflicto con el campo”– no escapó a esta lógica que oscilaba entre el enfrentamiento llevado hasta sus últimas instancias y la victimización frente a los oscuros intereses que esta fracción minoritaria representaba. Las entidades rurales habían tenido ya experiencias que les resultaron lesivas a los intereses de determinados sectores, como lo sucedido con los productores de carne cuando entre 2005 y 2006, se intervino su mercado, o cuando lo mismo sucedió con el mercado lácteo y el trigo. Estas experiencias previas sirvieron para que las entidades agropecuarias se agruparan, coordinaran acciones y se decidieran a actuar en conjunto. (Novaro, M.; Bonvecchi, A. y Cherny, N. 2014:300) La lógica que fomentó y facilitó este agrupamiento fue la actitud crecientemente activa del gobierno, tratando de controlar los precios, e interviniendo los mercados al solo fin de incrementar su recaudación. Ello facilitó la coordinación de base de las entidades rurales que llevó adelante una protesta de alcance inédito. (Ibíd.:303) El gobierno hizo un gran esfuerzo por asociar la protesta a los intereses de grandes terratenientes, ´pools´ de

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siembra y otros oscuros intereses. Lo que fue un claro error conceptual pues el sector agropecuario desde los ´90 había llegado a convertirse en un sector que se podía adaptar a circunstancias cambiantes, lograr a su vez un alto grado de competitividad mediante la innovación y la incorporación de tecnología y a su vez ser el menos concentrado de la economía ya que cerca de 300.000 productores eran el potencial humano activo. (Anexo Entrevistas: AN:333) Previo a la sanción de la norma de referencia se desató una interna en el gobierno entre quienes presumían el conflicto y quienes deseaban incluso llegar a retenciones mayores. El mismo N. Kirchner suponía que las retenciones podían llevarse hasta el 63,4%, tal la posición del Secretario de Comercio G. Moreno. Mucho más tarde el Ministro de Hacienda M. Lousteau explicó esa situación y reconoció que el gobierno quedó atrapado en una disputa que interpretó como política. También el campo se colocó en una difícil posición porque se inclinó por endurecer la lucha y por otra porque vio al gobierno como un conjunto sin diferenciar aunque había quienes pretendían llegar a algún acuerdo y que incluso el porcentaje de retenciones establecido en la norma podía ser compensado. Tampoco supieron que sectores del gobierno querían llevar más allá las retenciones, pero que no eran todos. De cualquier manera para el matrimonio Kirchner retroceder ya era imposible porque se hubiera interpretado con una derrota política insuperable. Cualquier decisión del gobierno es cuestionable y opinable. Pero ambos sectores se pusieron en una situación de confrontación desde la que ya era imposible retornar. Además en el gobierno se veía la falta de credibilidad que progresivamente se instalaba en sectores medios de la sociedad que habían votado por Cristina Fernández de Kirchner, porque este sector fue el primero en percibir la inflación incipiente, pero crecientemente acumulativa. Esto fue explicado por el Ministro M. Lousteau casi dos años después del conflicto, en el año 2009. (Burgueño, C 2015:134-135) El 12 de Marzo el campo anunció el paro nacional agropecuario, que incluía la suspensión de las ventas de granos y hacienda, así como actos en las ciudades y a la vera de las rutas, tractorazos, etc. Como la Resolución no contemplaba diferencias entre grandes y pequeños productores, ayudó a la convergencia de las cuatro entidades rurales, que aunque con intereses diferentes, pasaron a formar el bloque económico, empresarial privado de mayor fuerza ante los embates del gobierno Kirchnerista. Y todo por no dar el brazo a torcer cuando se vio que el conflicto escalaba a niveles impensados. Para el kirchnerismo esto no era sino un estímulo: entrar en un campo de batalla política en el que solo uno podía vencer. Pasara lo que pasara, para el

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kirchnerismo que siempre había logrado dominar las situaciones adversas y no acostumbrado a la oposición a sus decisiones, el estímulo que lo llevaba a la lucha que entendió solo política, era “a todo o nada”. (Ibíd.:135) El volumen de las exportaciones argentinas se multiplicó de manera impensada a partir del precio internacional y el volumen de los commodities, pasando en 2004 de u$s 40.000 millones a u$s 66.000 millones en 2007. Ello significa en solo tres años un crecimiento de más de un 60%. (Rojas, M 2012:165). Pero al mismo tiempo el gasto público había sufrido un incremento sustantivo, pasando de un 28,7% del PBI en 2004, hasta llegar al 37,2% del PBI. (Ibíd.:177). El problema era que vislumbrar un contexto internacional potencialmente adverso ya que la crisis que hizo eclosión en 2008, se vislumbraba en los ámbitos gubernamentales, hizo pensar que el modelo instaurado de expansión podría encontrar límites si los ingresos por exportaciones no mantenían su ritmo y ello no permitiría mantener o aumentar el gasto a criterio del gobierno al faltar sus perspectivas sustitutivas y dada la dificultad de acceso a crédito internacional. Piénsese que si bien se había pagado gran parte de la deuda externa, en lo que se conoció como reestructuración parcial de la deuda pública, que involucró una quita nominal importante de las obligaciones fiscales, aunque ello quedaría atenuado por los fuertes pagos generados por los cupones vinculados al PBI, que acompañaron a la emisión de los bonos reestructurados. Antes de fin de año el gobierno decidió cancelar antes de su vencimiento el total de las obligaciones remanentes con el FMI por un total de u$s10.000 millones. (Damill, M y Frenkel, R 2015:121) Muchas otras estaban todavía presentes. Además N. Kirchner sin sutilezas había inclinado la balanza de las relaciones internacionales al rechazar la posibilidad de integrarse al ALCA, en un acuerdo de libre comercio de toda América, el 5 de Noviembre de 2005, tanto como lo hicieron otros presidentes de la región. Es decir que el gobierno parecía encontrar progresivamente su propia encerrona, ya que debería solventarse con emisión monetaria, y de no triunfar en el conflicto con el campo encontraría límites al ingreso tributario. El nivel de crecimiento del gasto público y las dificultades para su financiamiento fue tan importante que parecía imposible aumentarlo más y generó una gran vulnerabilidad fiscal ante cualquier circunstancia que afectara la capacidad recaudatoria del estado y esto se hizo visible ya desde los inicios del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. (Rojas, M 2012:178) Ya en 2007 se insinuaban las políticas del gasto público orientado al incremento sostenido de los subsidios a empresas,

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el gasto social en forma de asistencialismo y el progresivo incremento del empleo público, todos ellos instrumentos clásicos del clientelismo político. (Ibíd.:179) A pesar de estas condiciones no solo el discurso político que suponía el rescate de la crisis del 2001, cuyos efectos habían dejado una huella indeleble en la sociedad, sino que una mejora por insignificante que fuera después de la caída era sumamente valorada. Por ello es que los logros obtenidos por un muy buen desempeño macroeconómico (2003-2007) permitan decir que se trató de un lustro virtuoso. No solo se había logrado un crecimiento sostenido e importante del PBI, siendo el gasto publico disimulado, porque los salarios medios medidos en dólares se incrementaron a un ritmo mayor que los salarios reales y se mantenía un tipo de cambio competitivo, así como las reservas del Banco Central, alcanzaron cifras record. (Damill, M y Frenkel, R 2015:128-129). Aunque el germen de futuros problemas se estaba incubando y ya se hacía visible para algunos, con determinados problemas macroeconómicos. El más importante es como hemos referido la inflación y la forma que se encaró fue determinante de que el esquema macroeconómico comenzara a perder coherencia y obligara a cambiar el rumbo en forma progresiva. La política fiscal venía adquiriendo un ritmo crecientemente expansivo, al que se agregó las presiones de la demanda originadas en el gasto privado. Por otra parte se hizo presente un aumento de los precios internacionales, que dieron mayor impulso al proceso inflacionario. La aceleración inflacionaria sería la principal amenaza para el principal instrumento del programa macroeconómico: el tipo de cambio real competitivo y estable, debido a que en un marco inflacionario sería cada vez más difícil preservar el nivel de esa variable. (Ibíd:133) A fines del 2008 la Argentina fue afectada por una fuerte caída en los precios de los commodities exportados, lo que a su vez impactó en los ingresos tributarios sobre las exportaciones. (Ibíd.:136) Si bien esto aconteció después, es precisamente lo que el matrimonio Kirchner se anticipó a suponer como un suceso probable, por lo menos es imposible obviar que esta posibilidad ya era considerada por el matrimonio gobernante, ante los primeros indicios de lo que luego se instalaría claramente como la crisis internacional del 2008. La crisis global se transmitió a través de dos canales principales: el de los flujos de comercio por un lado y el financiero por otro. Los cambios en el sistema financiero se reflejaron especialmente en la salida de capitales privados. Los egresos netos de capitales privados según se registran en el balance cambiario alcanzaron montos muy importantes desde el segundo semestre del 2007. (Ibíd.:138). Este proceso agregó incertidumbre sobre el impacto del shock externo esperado, sobre la evolución de la economía y en especial sobre las perspectivas de sostener la expansión del gasto 220

público. Que N. Kirchner ya tenía una idea y determinadas expectativas sobre la incertidumbre que implicaba el futuro inmediato es un tema que requiere poca discusión. En un discurso en Junio de 2007 expresó: “Para los tiempos que vienen hay que garantizar un dólar competitivo” (Levy Yeyati, E. 2015:232) Mantener un dólar competitivo quiere decir mantener el nivel de exportaciones y sus rendimientos, tanto como el que reportan las retenciones. Además ello supone mantener un dólar que compense los desfasajes que ocasiona la inflación y además poder mantener la inflación contenida reduciendo la tasa de emisión. Esto es lo mismo que requerir fuentes alternativas de financiamiento al gasto público. En el conflicto planteado con el campo la primera derrota que sufre el gobierno es el control de la calle. N. Kirchner tomó el conflicto como un problema personal y fue el quien decidió comandar la estrategia oficial. Lo importante era demostrar que al gobierno no lo condicionaba nadie y mucho menos negociar bajo presión, y que las decisiones, buenas o malas eran aplicadas hasta el final. Por su parte los ruralistas montaban carpas y no comercializaban ni hacienda ni granos, como tampoco dejan circular camiones cargados con esos productos. Pronto se hizo evidente el desabastecimiento en varias de las grandes cadenas de supermercados. El matrimonio gobernante montó actos de réplica en la Plaza de Mayo y en el Congreso para criticar al campo como desestabilizador y destituyente, apoyado por grupos mediáticos y la oposición. A la par una voz se destacó entre todas como fue el dirigente entrerriano de la FAA, A. de Angeli, que con su implícita simpleza conquistó a los mismos productores, como a distintas voces de la oposición. La coalición opuesta al gobierno se consolidaba. Y finalmente cuando el gobierno se negaba seriamente a negociar y en pleno conflicto el 25 de Marzo de 2008, Cristina Fernández de Kirchner dio un encendido discurso en la Casa de Gobierno que terminó por generar el quiebre de cualquier negociación y que quedó en la memoria de muchos aún los no directamente involucrados en el conflicto. (Burgueño, C. 2015:136137) Dijo: “…recuerdo a esa Argentina de los años 2003, 2002, 2001, miles de argentinos en piquetes, cortando cales, rutas, porque les faltaba trabajo, porque hacía años que habían perdido su trabajo o, en el 2001, porque se habían apropiado de los depósitos de los pequeños ahorristas de la clase media. Eran los piquetes de la miseria y la tragedia de los argentinos. Este último fin de semana largo nos tocó ver la contracara, lo que denomino los piquetes de la abundancia, los piquetes de mayor rentabilidad. La Argentina ha cambiado, se ha transformado de aquella tragedia, a esto que parece casi

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un paso de comedia”. (Burgueño, C. 2015:138) (Casa Rosada, discurso de C. Fernández de Kirchner 25/3/2008) Esa misma tarde los cortes y protestas comenzaron a multiplicarse. En pocas horas la mitad del interior de la Argentina estaba sublevada contra las declaraciones descalificatorias que salían de quien entones era la Presidente en ejercicio. A la definición ´piquetes de la abundancia´ se sumaron las calificaciones de ´golpistas´, ´amigos de la dictadura´, ´agrogarcas´, y toda otra calificación imaginable. (Ibíd.:139) Debe considerarse que el sector con el que el gobierno confrontaba no era insignificante en la economía. Precisamente en ese momento el campo se encontraba en su momento de auge luego de décadas de decadencia. Y que su desarrollo aportaba a las múltiples poblaciones, ciudades y provincias del país. De hecho siempre se escuchaba la misma frase: “… si al campo le va bien,..al pueblo le va bien,..porque si a los productores les va bien gastan esa plata en el consumo interno en los pueblos en que viven y el resto lo reinvierten en el mismo campo en el que producen,…” (Ibid.:139) Ese fue el motivo por el que muchos intendentes y gobernadores apoyaron la protesta y finalmente –como veremos– la votación en el senado. Antes la Sra. Presidente ya en su discurso del 31 de Marzo de 2008 denominó a la soja como: “…la soja es en términos científicos, prácticamente un yuyo que crece, digamos, sin ningún tipo de demasiados cuidados,..” (Casa Rosada. Discurso de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner 31/3/2008) y (Ibid.:142), lo que enmarcaba al conflicto en la descalificación y el desconocimiento de lo que el campo había significado siempre en su peso relativo en la producción. Con diversas alternativas el conflicto se extendió en el tiempo, hasta que el 5 de Mayo el gobierno reabrió las exportaciones de carne vacuna por cupos. La Mesa de Enlace (como se denominaba a la agrupación de las cuatro entidades agropecuarias) pudo entonces reunirse con el gobierno. El gobierno admitió errores y prometió su pronta resolución. Pero se pidió no hacer público lo conversado, lo que la Mesa de Enlace no podía garantizar. En poco tiempo se supo la matriz de lo conversado y N. Kirchner ordenó continuar la batalla y calificó a los integrantes de la Mesa como “gente no confiable”. (Ibíd.:144) El 25 de Mayo los ruralistas eligieron Rosario para su movilización, hasta donde llegaron 200.000 productores de todo el país. Mientras el gobierno hacía un acto en Salta, donde

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Cristina Fernández de Kirchner, ante 50.000 personas reclamó por “los intereses de la Patria”. (Ibíd.:145) El gobierno ante los requerimientos presupuestarios que sus políticas expansivas le imponían, la identificación pronta de la inflación que ya se insinuaba francamente y la percepción de un escenario complejo, como siempre entendió que debía resguardar e incrementar los flujos de su caja para mantener y perpetuar el poder. (Novaro, M.; Bonvecchi, A. y Cherny, N. 2014:305) y dado que en el 2007 ya había incrementado en dos oportunidades sus porcentajes sin que se generaran protestas importantes, imaginó que podía volver a hacerlo, más aún en un momento en que los precios internacionales estaban en alza sostenida. Y dado que eran pocas las alternativas que tenía por delante: o endeudarse, o reducir el gasto (a lo que no estaba dispuesto porque este era el núcleo del modelo), o resignarse a que se consumiera el saldo ya remanente del superávit primario: optó por llevar esta confrontación de intereses hasta sus últimas consecuencias. (Ibíd.:306) Nunca imaginó la importancia de la protesta que la Resolución N°125 desencadenaría. El 16 de Abril se produjo una quema masiva de pastizales en la zona del Delta de los que fueron acusados los productores agropecuarios por integrantes del gabinete. Las bases de los productores reaccionaron presionando a los dirigentes que fueron desbordados. La Mesa de Enlace puso el 2 de Mayo como fecha tope para logar un acuerdo. Y la confusión entre diferentes posiciones del gobierno se hizo evidente, cuando varias medidas como la liberación efectiva de las exportaciones de carne, el anuncio de incrementos que se aplicarían sobre los reintegros y otros con los que se pensaba descomprimir la situación. Pero el Secretario de Comercio G. Moreno amenazó con aplicar la Ley de Abastecimiento, lo que agudizó el enfrentamiento. El Ministro M. Lousteau propuso a la Sra. Presidente la alternativa de derogar la 125, bajar el gasto y contener la inflación, tal como en su oportunidad le sugiriera Miguel Peirano, como propuesta de política económica a N. Kirchner de quien fuera Ministro de Economía y Producción desde el 17 de Julio de 2007 –luego de la renuncia de F. Miceli– hasta el 10 de Diciembre de ese mismo año. (Levy Yeyati, E y Novaro, M 2013:87), lo que el matrimonio presidencial rechazó. En la concepción del matrimonio presidencial se rechazaba cualquier medida que se entendiera como un ajuste. Las críticas recíprocas continuaron y se agravaron en los términos y en las acciones de protesta. Estos episodios fueron seguidos atentamente por los líderes territoriales, que eran acorralados no solo por 223

las protestas en sus distritos, sino porque en la Resolución N°125 no veían beneficio alguno –las recaudaciones impositivas no eran coparticipables– y si muchos perjuicios a la actividad de sus jurisdicciones atada a la renta agropecuaria. Incluso algunos como C. Reutemann se pronunciaron a favor de la protesta. Y a su vez la popularidad del gobierno como la imagen de la Sra. Presidente habían caído 10 puntos en solo un mes. Por su parte la agrupación La Cámpora encontró su espacio en una sociedad radicalizada, lanzando una embestida contra Ernestina de Noble, H. Magnetto y el Grupo Clarín, quienes habían hasta entonces habían mantenido una estrategia de apaciguamiento. El gobierno sumaba así un enemigo más en la disputa. (Ibíd.:88-89) Esta nueva situación no fue valorada adecuadamente por el gobierno, pues fue la que inició el largo conflicto con Clarín y que se extendió luego a los demás medios de comunicación. (Novaro, M.; Bonvecchi, A. y Cherny, N. 2014:322) Entre episodios de limitada tregua, paros, movilizaciones y violencia discursiva verbal transcurrió el mes de Mayo. Tampoco faltaron acciones judiciales ya que algunos ruralistas que participaron de los cortes fueron citados a declarar por un fiscal, lo que provocó el agravamiento de las protestas en Chaco, Salta y La Pampa. La detención de De Angeli en una protesta, disparó una nueva escalada, un nuevo paro y espontáneos cacerolazos en varias ciudades del país. El propio N. Kirchner y grupos de militantes kirchneristas se convocaban en Plaza de Mayo prestos a resistir. (Ibíd.:93) Hasta que finalmente y ante la irreversibilidad de la situación, los ruralistas plantearon lo exigible de que interviniera el Congreso. (Ibíd.:91-92) El Vicepresidente J. Cobos y varios gobernadores piden al gobierno un cambio de actitud ante el conflicto. (Ibíd.:94) Desde el punto de vista normativo la Resolución N°125 encontraba sustento en la Ley del Código Aduanero que databa de 1981, dictada por la dictadura militar, por lo que no podía considerarse un instrumento democrático. (Novaro, M.; Bonvecchi, A. y Cherny, N. 2014:322) Careciendo de sustento legal reconocido o cuestionado –en este caso en varios aspectos– el conflicto ingresaba en que una norma de menor jerarquía (una Resolución) subvertía la pirámide normativa, asumiendo lo que no era de su competencia: imponer retenciones a las exportaciones. (Anexo Entrevistas: FC) Por otra parte contradice cualquier precepto económico gravar lo que favorece la balanza comercial. (Anexo Entrevistas AA:285)

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El 17 de Junio el gobierno dio un giro sorpresivo, ante el marcado desabastecimiento que se hacía evidente, un freno a la actividad económica y el campo totalmente movilizado, la Sra. Presidente, anunció por cadena nacional, que para que las retenciones móviles se convirtieran en ley enviaría la Resolución 125 al Congreso. (Burgueño, C 2015:145) Se abrió un proceso legislativo que duraría un mes, en el que el gobierno argumentó que las retenciones móviles eran imprescindibles para su sustentabilidad fiscal y que sin ellos la propia gobernabilidad estaba en riesgo. Por lo que el proyecto debería aprobarse sin modificaciones: “a libro cerrado”. Pronto se comprobó que este era un nuevo error porque le impedía acomodarse a los vaivenes del trámite parlamentario: cuando empezaron a surgir divergencias entre los mismos legisladores del bloque oficialista. (Novaro, M.; Bonvecchi, A. y Cherny, N. 2014:329) A su vez surgieron proyectos alternativos provenientes de sus propios aliados los denominados “radicales K”, que no podían ser considerados. (Ibíd.:331) ¿Qué se encontraba detrás de un conflicto de grave evolución política y social, que el gobierno presentaba como una lucha de poder político y de expresión de la negativa de los productores a contribuir con los intereses nacionales? En realidad el gobierno para construir poder político había recurrido a una política económica que inicialmente mantuvo el denominado ´superávit gemelos´, respetando el equilibrio presupuestario y fomentando las exportaciones que fueron en un primer tramo superavitarias. Esto permitió desarrollar al gobierno una política económica expansiva que permitió un alto consumo interno, y superávit comercial, con tasas de crecimiento anual entre el 7 y 9% del PBI, entre 2003 y 2006. Después de lo acontecido en el 2001 la población entendía esas mejoras como significativas e importantes a su bienestar. La construcción política y el logro de adhesiones llevó al matrimonio Kirchner de la mano de un discurso que reforzó los esquemas populistas de la población y una palpable (aunque endeble) bonanza económica. El matrimonio entendió que su caudal político respondía a verdaderos logros y no daría marcha atrás en sus decisiones. Pero una abrupta caída del PBI se observa entre el 2006 al 2007. (Anexo Figuras N°21), a su vez el crecimiento de un enemigo silencioso: la inflación, que a corto plazo tendría como consecuencia el retraso cambiario y todo esto acompañado de un sostenimiento del gasto público con tendencia incremental en porcentaje del PBI. (Anexo Figuras: N°5). Frente al agotamiento de las condiciones internas, la suba de los costos así como limitaciones en el sector energético, la ortodoxia recomendaba retroceder en las políticas implementadas apelar a la a la apreciación

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cambiaria y a la suba de tasas, para contener las expectativas inflacionarias, lo que induciría un enfriamiento de la economía. No siendo ajenos a la situación, pero decididos a no dar ningún paso atrás, la idea que acompañó el inicio del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue el de lograr un acuerdo marco con los principales actores económicos. Pero esta idea debió dejarse rápidamente de lado ante los graves conflictos que la Resolución N°125 desató entre los productores agropecuarios tal como hemos detallado. Nunca los Kirchner pudieron prever que el conflicto por la Resolución N°125, alcanzaría semejante grado, ya que en Noviembre de 2007 habían llevado los derechos de exportación a la soja del 27 al 35% sin que las manifestaciones de rechazo fueran de importancia. (Rubinzal, D 2013:711) No solo el volumen de los exportables sino que su precio internacional aumentaron en diferentes porcentajes para cada tipo. Por ejemplo en el período 2003 y 2006 el precio del trigo se incrementó un 39%, el del maíz un 24% y el de la soja un 9%. Las causas de tan impactante incremento pueden encontrarse en la demanda creciente de China e India, como la que era destinada a la producción de biocombustibles. En este contexto las retenciones móviles pretendían no solo desacoplar la evolución de los precios internos de los internacionales (como un efecto menor porque la mayoría eran bienes exportables), pero lo importante era la recaudación de fondos adicionales lo que permitiría mantener la política expansiva, ahora con la intención de implementar subsidios destinados a empresas para reducir los precios de los productos que si formaban parte de la canasta alimentaria. (Ibíd.:712) En opinión de este autor estas son formas directas de subsidiar la oferta, cuyas consecuencias son: mantener la escasez, limitar moderadamente el alza de los precios (y por corto plazo), pero en particular mantener una oferta de baja calidad. Se trata de una forma indirecta de control de precios, distorsiva por sí misma, que no resuelve el problema de fondo. El gobierno supo de inmediato que estaba en una encrucijada porque la misma norma a la que apelaba, no se encontraba legitimada por norma jurídica que tuviera reconocimiento, dado que la Ley Nº 22.415 de Código Aduanero, había sido dictada el 2 de Marzo de 1981, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, por el Gral. J. R Videla, cuando las imposiciones deben quedar constitucionalmente en manos del Poder Legislativo. (Ministerio de Justicia de la Nación Ley N°22.415) El mismo gobierno –aunque no explícitamente– comprendió que este argumento era letal para justificar la Resolución N°125 tal como reza en sus

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considerandos y que por lo mismo era viciada de total nulidad, por lo que se vio forzado, a aceptar remitirla al Congreso donde supuso tener la suficiente fuerza como para legitimarla. Si bien se optó por este camino, se debe considerar que la justificación de un impuesto no puede depender exclusivamente de lo que opine el Congreso, por apropiada y oportuna que resulte la ley tributaria que se sancione. De lo que se trata es que el Art. 28 de la CN se expresa que “…ningún principio, derecho o garantía, reconocido en los anteriores artículos, podrá ser alterado por leyes que reglamenten su ejercicio.” (Piffano, H 2009:14) Es decir que de sancionar una ley que supere el 33% de imposición –según los fallos mencionados de la CSJN– la misma ley sancionada pasaría ese límite y violaría derechos constitucionalmente establecidos. En el Congreso se produjeron todo tipo de especulaciones, alianzas y presiones para lograr cada parte el favor de los legisladores. El oficialismo logró el 5 de Julio de 2008, un triunfo muy ajustado en la Cámara de Diputados con 129 votos a favor contra 122 votos en contra y 2 abstenciones. Lo que se trataba de una victoria muy ajustada a la que el oficialismo no estaba acostumbrado. Necesitaba a cualquier precio una contundente victoria en el Senado para que su postura fuera legitimada con la fuerza necesaria. (Burgueño, C 2015:145) El resultado en la Cámara de Diputados mostró que el oficialismo había perdido 14 diputados, miembros de su bloque y que en su mayor parte eran bonaerenses. (Novaro, M.; Bonvecchi, A. y Cherny, N. 2014:331) La presión sobre los senadores se intensificó. Los ruralistas se nuclearon en torno al Monumento a los Españoles y los aliados al oficialismo marcharon hacia la Plaza de Mayo. (Rubinzal, D 2013:714) N. Kirchner intentó estrechar el círculo de adhesiones y retomó su campaña contra Clarín. (Novaro, M.; Bonvecchi, A. y Cherny, N. 2014:332). Por otra parte la división del trabajo entre los Kirchner concentró en el ex-Presidente el rol más duro contra el campo y ello permitió a la oposición encontrar un blanco fácil de crítica basado en el “doble comando”. (Ibid.:320) El trámite pasó al Senado como Proyecto de Ley en revisión ratificando la Resolución del Ministerio de Economía y Producción N°125/08 y sus modificatorias y creando un régimen compensatorio que alcanzaría a pequeños productores. (Congreso Nacional, 2008:Expte.42/08)

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La creación de un Fondo de Redistribución Social, que acompañó al proyecto oficial y que alcanzaría a las provincias, no fue suficiente argumento para gobernadores e intendentes acosados, a sabiendas que el mismo condicionaría nuevas negociaciones con el gobierno. El FRS requería de una nueva ley de acuerdo con el Art. 4 de la Ley Nº 25.152 (Ministerio de Justicia) y el Art 13 de la Ley Nº 25.917 (Ministerio de Economía), que, arguía, se sustentaría con la recaudación impositiva excedente de los derechos de exportación de la soja y derivados, cuando éste superase el 35% de las retenciones, y que se proponía destinar a obras, como en otros rubros para las provincias. La discusión legislativa fue de importancia pero el tema de los derechos de propiedad fue poco considerado en realción a la Resolución 125. Una descripción de las pocas intervenciones y sus argumentos, que se llevaron a cabo en las sesiones del Senado son referidas en el resumen de las sesiones de la HCSN (VT16-07-2008-OR-09) (en pp.341) El 17 de Julio la votación decisiva se decidió en el Senado y terminó empatada en 36 votos por grupo. La reconstrucción de ese momento señala al Vicepresidente J. Cobos como impulsor de un cuarto intermedio para presentar un proyecto alternativo, lo que fue rechazado tajantemente por los Kirchner. (Levy Yeyati, E y Novaro, M 2013:96) Ante la situación el Vicepresidente J. Cobos se vio obligado a desempatar. A las 04:24 de la madrugada el Vicepresidente tomó la palabra y dio a conocer su voto “no positivo”, con lo que frustró las aspiraciones del gobierno. (Ibid.:714) y (Burgueño, C 2015:148) El voto del Vicepresidente ahondó la crisis política de la coalición gobernante. Algunos autores mencionan que el matrimonio Kirchner barajó la perspectiva de abandonar el poder. En realidad, el gran error estuvo en haberse habituado a un estilo político de concentración de poder, con los gobernantes provinciales sometidos por medio de la Coparticipación Federal Impositiva (RCFI), a los ATN y a la obra pública distribuida desde el gobierno central, un partido en el gobierno de reconocimiento verticalista y un Poder Legislativo a su vez dependiente del poder político. Finalmente la derrota provocó la renuncia del Secretario de Agricultura Javier de Urquiza (reemplazado por Carlos Cheppi) y del jefe de Gabinete definitivamente enfrentado a los Kirchner. (Novaro, M.; Bonvecchi, A. y Cherny, N. 2014: 332) Lo que fue considerable es el debilitamiento de la coalición gobernante y el conflicto ofreció un propósito claro y así permitió articular a los distintos sectores sociales y partidarios opuestos a las políticas de los gobiernos del Frente para la Victoria. Por primera vez desde la asunción de Néstor Kirchner, esa

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oposición encontró una expresión institucional eficaz. (Leiras, M., y Cruzalegui, I. 2009:236-237) Pero en este caso, en opinión de este autor, es importante analizar la composición del voto o contribución electoral y votos sobre la Resolución 125 según Provincia. (Representado por Leiras, M., y Cruzalegui, I. 2009 en Tabla N°4:241). De dicha tabla se desprende que en la votación de Diputados pareciera –aún con algunas voces discordantes– que estos lineamientos fueron seguidos con mayor obediencia (aunque siendo tan pequeña la diferencia también podría interpretarse por el grado y forma de representación de muchas provincias). Pero en el Senado los votos de los legisladores que representaban a provincias afectadas directamente por las retenciones, los conflictos que traían aparejados y la rentabilidad que se esperaba que el sector agropecuario volcara en ellas, el voto fue diferente y permitió a la extensa región productora expresarse por el voto en contra del proyecto oficialista. Con el Decreto No 1176/08 firmado por la Presidenta se dejó sin efecto la Resolución N°125. E incluso incluyó en su texto un continuo de críticas a las entidades agropecuarias y legisladores de la Cámara Alta, así como se refirió también a “la igualdad de oportunidades como un eje” de su Gobierno, o como también lo era “procurar mayor equidad en las relaciones económicas y en la distribución del ingreso”, a lo que agregó, respecto del crecimiento de los precios internacionales de alimentos, que el resultado de la votación alejaba “la posibilidad de adquirirlos a los sectores populares” y expresaba, asimismo, que la Resolución N◦ 125 “fue un pretexto para un violento lockout que inició una escalada de cortes de ruta, desabastecimiento, acciones verbales y físicas”, entre otras cosas. (Comelli, M; Castro García, MC; Godfrid, J; Schvartz, A; Ciccolella, M y Negro, M 2010:190) La simple lectura del Decreto mencionado da cuenta en su texto de cuestiones que exceden lo formal. Las consecuencias fueron más allá de lo político. El gobierno debió esmerarse mucho para recuperar el capital político perdido, por lo que apeló a diversas estrategias. A pesar de ello los indicadores macroeconómicos sufrieron en la Argentina los efectos de la crisis internacional ya instalada y además algunas distorsiones internas como la fuga de capitales que alcanzó entre mediados del 2007 a diciembre de 2009, la suma de u$s 45.837 millones, o las cifras de inflación que fueron abiertamente manipuladas con el INDEC intervenido, la baja de los precios internacionales y de la demanda de los commodities, (por ejemplo la soja tuvo un valor de u$s 609,- por tonelada en Julio de 229

2008 y cayó a u$s 311,- en Agosto de 2009), como a su vez la persistencia de la deuda con los hodouts, por lo que el gobierno ante este panorama, pasó a nuevas estrategias de negociación. (Rubinzal, D 2013:718-719) El conflicto a su vez no permitió usufrutuar los beneficios que el precio de los commodities alcanzó en 2008, ya que dado el mismo, los productores decidieron no liquidar su producción desaprovechando las ventajas que en ese momento el mercado internacional les ofrecía. Finalmente ni el gobierno obtuvo lo que quería ni los productores alcanzaron la renta esperada. (Burgueño, C 2015: 149) En opinión de este autor el perjuicio fue tanto por un mal manejo político, como por un error conceptual de la economía, las políticas intervencionistas del estado para llevara delante políticas económicas expansivas (de corte populista) y de la incomprensión acerca de cómo se comportan los actores involucrados. Pero finalmente la pérdida fue para todo el país. El conflicto se enmarcó entre dos ideas contrapuestas: la de un país productivo y un país prebendario. (Novaro, M.; Bonvecchi, A. y Cherny, N. 2014:312) Un grupo minoritario de diputados nacionales abandonó definitivamente el bloque kirchnerista. Tras el liderazgo de Felipe Solá, ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires y antiguo aliado del gobierno, se conformó un bloque denominado Nuevo Peronismo. (Leiras, M., y Cruzalegui, I. 2009:242) Sin embargo a su manera el gobierno capitalizó algún aspecto político de su derrota: le dio mayor cohesión a su coalición, que reconstruyó con bases peronistas orgánicas, sindicales y la incorporación de independientes de izquierda, así como del funcionariato rentado del estado, donde se consolidó la tropa propia, en detrimento de la burocracia de carrera. Se creó así un polo de leales incondicionales K. (Novaro, M.; Bonvecchi, A. y Cherny, N. 2014:339) Porque necesitaba rápidamente reconstruir la imagen perdida a lo largo del conflicto y en ello se embarcaron funcionarios, La Cámpora, Carta Abierta, los movimientos de derechos humanos y otros movimientos sociales. (Ibíd.:339) Sin embargo el costo económico del comportamiento político deriva de haber persistido en insistir con una política fiscal y tributaria, que debió darse por concluida, porque ya mostraba los peligros de tirar de una cuerda gastada. Porque los impuestos al agro no son un impuesto a la riqueza o a las ganancias, sino a la producción. Ello significa que se cargan sobre productores dispersos, que no forman precios y que individualmente reciben más o menos estímulos, a su esfuerzo y corren con el riesgo ante eventuales pérdidas de una mala cosecha, a lo que se suman márgenes acotados por la presión fiscal y el

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aumento de los costos de los insumos para la producción. Lo que el gobierno pretendía era valerse de un instrumento mucho más fácil de administrar que recurrir a otros impuestos que además de encontrarse altos resultan mucho más impopulares. Por lo mismo optó por el pragmatismo de intentar imponer retenciones a los commodities a la sazón de alta demanda y precio, para mantener recursos para sus políticas expansivas, que aunque comenzaban a ceder ante la realidad, no estaba dispuesto a abandonar. (Levy Yeyati, E y Novaro, M 2013:98) El campo a su vez sobrevaloró su victoria. Como hemos mencionado cuando se inició el conflicto la soja cotizaba en la bolsa de Chicago a u$s 609 la tonelada y al finalizar apenas alcanzaba la mitad. (Novaro, M.; Bonvecchi, A. y Cherny, N. 2014:333) Que ello significara mayor intervencionismo estatal, aún intentando politizar el conflicto, no pudo ocultar las fuertes distorsiones macroeconómicas que ocasionó su intervención, ya que a la inflación que desde ese momento se sostuvo e incrementó lentamente (medida por consultoras independientes, ya que el INDEC intervenido se esforzaba en ocultar), se sumó una importante fuga de capitales y un importante retraso cambiario. (Ibíd.:335) Desde la perspectiva de este autor la acción gubernamental en este caso intentó vulnerar el derecho de propiedad de cada uno de los productores dada la intención de apropiarse de una mayor parte de su renta. La intención en este caso fue frustra, aunque perjudicó a todos, a los productores porque cuando quisieron exportar se encontraron con que el precio y la demanda habían disminuido. Al mismo gobierno que comenzó a recurrir a otras fuentes de financiamiento para sostener fines no eficientes y discrecionales, según su propia interpretación de la realidad. Y finalmente al país en su conjunto, al que de alguna manera se le intentó convencer que las distorsiones –que comenzaron a afectar su economía– fueron provocadas por un simple “...el que se ha derrumbado es el mundo que sostenía que este modelo estaba equivocado,..” (Casa Rosada. Discurso de la Sra. Presidente el 1 de Marzo de 2009), intentando poner las culpas afuera de las consecuencias del despilfarro, la irresponsabilidad presupuestaria y la intervención distorsiva en la economía. Tal como se dice cuando llegan las facturas y a la hora de pagar los abusos de una orgía en la que se nos hizo creer que todos éramos ricos. (Escurero Rodriguez, R y Cano Bueso, J 2013:10) Al afectarse negativamente por decisiones políticas la evolución de la economía, se afectan los derechos de propiedad de todos los ciudadanos, porque se afecta la riqueza y la renta de todos. En el caso de estudio de concretarse la ley que se propuso para 231

convalidar la Resolución N°125, los productores, hubieran sido afectados en sus derechos de propiedad no solo por la afectación de la renta resultado de la producción, sino de manera indirecta por la afectación del capital: el valor de la tierra. Por otro lado fue afectado el conjunto del país por producción no exportada –dado el riesgo de las retenciones propuestas– en un momento en que los commodities alcanzaron precios record. Lo anterior nos alerta sobre la intervención irresponsable de los gobiernos que puede no tener en cuenta las consecuencias de no respetar una institución como son los derechos de propiedad. En el caso de estudio, la renta de los productores no llegó a verse afectada, porque el gobierno no logró su objetivo de imponer las retenciones por ley, pero si por las circunstancias y oportunidad en el que desenvolvió el caso. En lo sucesivo las variables macroeconómicas continuaron un derrotero negativo. No es posible saber en qué medida el conflicto con el campo pudo contribuir a este proceso, pero si pudo instalarse la idea que para mantener sus políticas expansivas el gobierno requeriría cada vez más recursos y la desconfianza frente a sus potenciales maniobras, son parte de la construcción de un país creíble o no. Un país no creíble –al igual que los individuos que no respetan las reglas que la convivencia social impone– se excluye progresivamente del concierto internacional. La discusión anterior no excusa, desde luego, la falta de respuesta del gobierno ante las circunstancias que siguieron al conflicto. Su credibilidad política podía ser recompuesta internamente, pero la evolución económica, solo podía ser disimulada o amortiguada por escaso tiempo. A largo plazo y de continuar con sus políticas populistas el fracaso estaba signado, porque aquellas están ligadas al gasto público (con todos sus medios de coerción e imposición a mantenerlo), es decir: que requiere cada vez más recursos para su sustentabilidad, hasta hacerse insostenible su financiamiento sin recurrir a medios espurios, lo que finaliza en una crisis. Ésta es, a juicio de este autor la crítica más apropiada al discurso exculpatorio oficial. Queda claro que los errores del gobierno fueron muchos. “En la esfera económica, un acto, una costumbre, una institución, una ley no engendran un solo efecto, sino una serie de ellos. De estos efectos, el primero es sólo el más inmediato; se manifiesta simultáneamente con la causa, se ve. Los otros aparecen sucesivamente, no se ven,…” (Bastiat, F. 2015, Prólogo, párr.1) Y muchas cosas son las que se vieron de inmediato y aunque no se les dio la dimensión e importancia que requerían, tuvieron consecuencias difíciles de cuantificar, pero finalmente fueron contributivas a un progresivo deterioro

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político, social y económico, que es lo que no se vio inmediatamente, sino que sus efectos fueron sucesivos y resultaron mucho más importantes, que un simple traspié legislativo. En la página 358 del presente se agrega un resumen de los principales argumentos planteados en el Senado de la Nación en el tratamiento de la Resolución N°125 (Versión Taquigráfica-16-07-2008-OR-09). Como puede observarse el tema de los derechos de propiedad fue escasamente tratado. Las intervenciones tuvieron otro derrotero dejando este tema como de apreciación marginal, a pesar que en reuniones de comisión los senadores ya habían sido advertidos de la confiscatoriedad que significaban aquellas imposiciones que superaran el 33%, dados fallos precedentes de la CSJN.

7.3 La estatización de las AFJP Los Kirchner no estaban dispuestos a acomodarse fácilmente a la nueva escena política. Por el contrario buscarían escapar de los realineamientos críticos, manteniendo la misma línea de polarización. (Novaro, M.; Bonvecchi, A. y Cherny, N. 2014:341) A medida que el panorama económico internacional se hacía evidente, los Kirchner buscaron renovar su gabinete, por lo que fue reemplazado el Ministro de Economía Martín Lousteau. En esa tramitación le fue propuesta la cartera a Miguel Peirano quien la rechazó con los mismos argumentos con que lo había hecho el año anterior: la salida de G. Moreno y la recomposición de la gestión técnica del INDEC. (Ibíd.:342). El elegido para dirigir el Ministerio de Economía fue C. Fernández de muy bajo perfil y que permaneció solo un año en el cargo: desde el 25 de Abril de 2008 –día posterior a la renuncia de M. Lousteau– hasta el 7 de Julio de 2009. La recomendación que se le hizo a la Presidente, por muchos economistas cercanos, fue que ante el rápido deterioro de la economía internacional, debía resolver los problemas pendientes de la deuda, al menos con el Club de París, por lo que la Presidenta anunció un pago con reservas del BCRA por u$s6.700, cuando sucedía la quiebra del Lehman Brothers y la absorción de Merrill Lynch, por parte del Bank of América en los primeros días de septiembre de 2008. (Ibíd.:342), medidas acompañadas por la apertura del canje para los holdouts. La crisis internacional impactó a la economía argentina desde tres perspectivas. En primer lugar, el menor crecimiento mundial redujo el precio de las materias primas agrícolas, lo cual deteriora los términos del intercambio afectando negativamente la tasa

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de crecimiento del PIB (el precio de los commodities argentinos venían cayendo desde inicios del 2008, en septiembre la soja cotizaba a u$s 314 por tonelada), debido al “efecto riqueza” que causa el deterioro de los precios relativos. Además, la caída de los ingresos tributarios en concepto de retenciones (en este caso solo se había liquidado un parte de la cosecha y a un precio menor de su valor a principios de año) Esto es decir: menor cantidad y menor precio unitario. Lo que tiene efecto sobre las exportaciones con reducción del superávit comercial. Los otros dos canales de trasmisión son el aumento en el riego país que también impacta negativamente sobre el PIB y mayor presión a la depreciación del peso. (Gaba, E. 2008:53) El incremento del riesgo país es determinante para los servicios de la deuda como para el acceso a nuevos créditos y se había incrementado progresivamente desde Septiembre de 2008. El 21 de octubre último, el gobierno anunció además el proyecto de eliminación del Régimen de Capitalización de las AFJP y su traspaso al Régimen de Reparto del sistema previsional lo cual origina un nuevo aumento del riesgo argentino, esta vez por una causa interna. (Ibíd.:56) La crisis internacional produjo un cambio importante de paridades de monedas entre socios comerciales (y vecinos) de la Argentina, que debieron devaluar fuertemente su moneda. Esta situación pone en desventaja a las relaciones comerciales con estos países, por lo que la presión hacia la devaluación se incrementa. (Gaba, E 2008:57) Este panorama económico menos favorable para Argentina reconoce como determinantes fundamentales por un lado el choque externo negativo y por otro el mayor riesgo idiosincrático debido a políticas públicas poco previsibles. (Gaba, E 2008:60) Según Tortul, M (2011) la crisis se transmitió hacia Argentina y la región simultáneamente por dos canales: el financiero, por la salida de capitales y la restricción al crédito internacional y el comercial, por la contracción del comercio internacional y la consecuente caída de los precios internacionales. Argentina constituye un caso particular dentro de Latinoamérica pues al mismo tiempo que se consolidaban los efectos de la crisis, cobraba mayor intensidad una dinámica interna con efectos propios sobre el desempeño económico del país. (Tortul, M 2011:147) Después de la crisis del 2001 varios factores contribuyeron a la recuperación del país a partir del segundo trimestre del 2002. En particular son de destacar 1) un contexto internacional muy favorable, con gran liquidez internacional y tasas de interés muy bajas,

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así como por el enorme incremento de la demanda de commodities, y 2) un tipo de cambio real alto, en un contexto de tipo de cambio flotante administrado y de permanente exceso de divisas (dado por la consolidación de las exportaciones y por la obligación de liquidar divisas en el mercado local), el Banco Central en el afán de evitar la apreciación nominal del peso mantuvo una tendencia compradora prácticamente sostenida hasta mediados de 2007 con lo que aseguró así un acervo de reservas históricamente alto. El superávit fiscal también estuvo asociado al tipo de cambio alto pues se originó básicamente en el aumento de los ingresos en concepto de retenciones a las exportaciones. (Ibíd:148) También tuvo su importancia el “impuesto al cheque” (impuesto a los débitos y créditos bancarios). La interacción de estos factores fueron determinantes que contribuyeron al éxito de la economía argentina durante el período 2002-2006. (Tortul, M 2011:148) Pero el tipo de cambio alto tuvo un costo importante que se expresó en la inflación. La inflación fue inducida por la rápida expansión de la demanda por encima de la oferta. Es decir, que la inflación es endógena y se manifiesta en el largo plazo en un régimen con un sostenido crecimiento de la base monetaria. Por lo tanto era preciso controlar el ritmo del crecimiento con políticas monetarias de control, que no fueron llevadas a cabo y por supuesto se acentuaron complicando al modelo desde fines del 2007. Los frentes que agravaron la situación fueron la aceleración de las presiones inflacionarias y la manipulación de las estadísticas oficiales a partir de enero de 2007 y el conflicto con el sector agropecuario y la apreciación del tipo de cambio nominal en el segundo trimestre de 2008. (Ibíd.:149) La crisis del sector financiero se extendió al sector productivo: la quiebra de la General Motors simbolizó claramente que los sectores productivos eran fuertemente afectados. Entre noviembre y diciembre de 2008 se anunció que tanto los 27 países de la eurozona como la economía norteamericana habían entrado en recesión. La crisis internacional, (que se había insinuado progresivamente desde 2007) complicó el frente financiero de la Argentina, a pesar que a diferencia de lo ocurrido en los ´90, existía una menor dependencia del ahorro externo. El bajo endeudamiento privado era también en esta ocasión un dato positivo para enfrentar la crisis. (Rubinzal, D 2013:717) En opinión de este autor es probablemente esta situación la que llevó al gobierno argentino a pensar podía diferenciarse de la debacle internacional, mostrar que sus políticas eran acertadas y acelerar sus decisiones expansivas, aunque esta posición se encontraba también cuestionada por quienes anteponían algunas dudas. Finalmente

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triunfó la de quienes eran cercanos a la primera alternativa. Esta se fundaba en la posibilidad de encontrar nuevos fondos frescos para el financiamiento. La desconfianza en la población se manifestó en el incremento de la fuga de capitales que se acentuó entre los años 2007 y 2008, sin detenerse en lo sucesivo. Entre Abril y Septiembre del 2008 la fuga de capitales privados fue de u$s14.000 millones. (Anexo Figuras N°17 y 23). A mediados de 2008 el gobierno volvió a venderle bonos (Boden 15) al Estado venezolano. (Rubinzal, D 2013:718) Lo cierto es que las políticas domésticas se sustentaban en un creciente gasto público dado por: la política fiscal expansiva, los subsidios al sector privado para contener los costos al público de los servicios, que intentaba disimularse y que el mismo gobierno generaba, a lo que se sumaba el impacto de la crisis internacional. (Tortul, M 2011:150) La economía argentina comenzó a sentir en su real magnitud la crisis internacional en el tercer trimestre del 2008. En ese período se registró el menor crecimiento de los últimos cinco años. (Rubinzal, D 2013:723) Las respuestas del gobierno ante la crisis, fueron variadas: desde la implementación de trabas al ingreso de productos extranjeros, que pudieran competir con la oferta local, o el otorgamiento de subsidios, hasta la inyección de fondos tendientes a sostener la demanda agregada. (Rubinzal, D 2013:724) Que fueron denominadas “anti-cíclicas”. Finalmente a contramano de lo que hizo el mundo afectado directamente por la crisis que implementó una importante contracción del gasto, equilibrio presupuestario y que el empleo busque su natural equilibrio, con escasas medidas de apoyo. El problema que no se menciona frecuentemente es que las políticas expansivas que los gobiernos adoptan tienen un fundamento político: promueven una circunstancial sensación de bienestar en la población porque habilitan el consumo. No es necesario aclarar que el gobierno necesita siempre de un buen humor social. En países de bajo desarrollo no es fácil lograr esta situación, si las restricciones son mayores que las facilidades al consumo. Y aún más si muchos grupos de población de bajos ingresos no pueden ni siquiera alcanzar recursos básicos para su sustento. La política más atractiva que puede solventar esta circunstancia es inyectar recursos en la economía para sostener la demanda, tal cual lo preconizara J. Keynes. (Keynes, J 2013, Libro III, cap. 8, 9 y 10) Esto parece mucho más atractivo que sugerir el ahorro en épocas de bonanza –como tuvo la Argentina entre 2002 y 2006, con tasas de crecimiento del PBI cercanas al 9%– para afrontar las situaciones de crisis, vinieran de donde fuere. Esto está vinculado a la miopía gubernamental que la EEP describe. 236

Las políticas expansivas requieren recursos para solventar la espiral inflacionaria del gasto público que se genera. Como se ha mencionado los recursos genuinos de los que los gobiernos disponen son los impuestos. Otra alternativa es el endeudamiento, que de por sí no es desatendible, y puede ser un importante instrumento. El problema es el destino que se le da a los recursos que por vía de la deuda se obtienen, como la factibilidad de ser solventados en el largo plazo. Para dar un ejemplo de lo anterior: existen países con una alta deuda externa (en relación a su PBI) pero son capaces de solventarla, mientras otros con pequeña deuda (en %PBI), no pueden afrontarla y perpetúan su endeudamiento. Otras perspectivas que los gobiernos tienen para mantener su gasto en tendencia creciente son la emisión monetaria, cuya contraparte es la pérdida del valor de la moneda y origina el fenómeno inflacionario. El problema central es que las políticas económicas expansivas fracasan en el largo plazo, incluso en resolver el problema del empleo. (Ravier, A 2015:22) La expansión de la economía de manera indefinida es insostenible; los cambios en la estructura intertemporal de la producción son contraproducentes. Las escases de recursos y una continua demanda elevada de consumo presente, acaban transformando la expansión en depresión (Garrison, 2005:119, citado por Ravier, A. 2015:12). Ante la crisis y pesar de la política de distanciamiento del sistema financiero internacional que había adoptado el gobierno argentino, bajo un criterio de desacople, nuestro país continuó con las mismas políticas (mientras nuestros vecinos contenían la expansión), queriéndose demostrar que mientras el problema lo tenía el resto del mundo, nuestra economía –”el modelo” tal como se denominaba– se encontraba saludable y floreciente. A ello contribuía el alto nivel de reservas que superaba los u$s 50.000 millones, por lo que el BCRA no solo podía respaldar un tipo de cambio apreciado de nuestra moneda mientras los otros países de la región devaluaron. Pero el gasto público continuaba su tendencia alcista, entre 2008 y 2009 se incrementó en más de 3% del PBI, llegando a u$s130.000 millones (Ferreres, O 2014) (Anexo Figuras N°4, 5, 6 y 9), el empleo asalariado cayó 1,9% (Informe IDESA N°353) y (Anexo Figuras N°7) y el resultado del sector público nacional tuvo, por primera vez en 2009, un déficit de 2.1% del PBI si se le restan los aportes provenientes del ANSES, Banco Central y PAMI. (Informe IDESA N°643) y (Anexo Figuras N°12)

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La inflación por otro lado, dada la intervención del INDEC y hasta que consultoras privadas comenzaron tardíamente a elaborar sus propios informes, o el IPC/Congreso (creado en 2011), siguió en alza. Sin embargo existen algunos análisis que fueron recopilados para dar cuenta de lo que acontecía respecto de este indicador. Por ejemplo para el año 2008 la inflación anual que informó el INDEC (en términos de comparación interanual) fue de 7,2%, mientras que las estimaciones de The Billion Price Project @MIT superan el 21%. (PriceState, 2015) y (Anexo Figuras: N°22) Igual dato nos proporciona el IPC/Congreso con datos proyectados. (IPC/Congreso, 2008) Lo que el autor intenta describir es que la situación sin ser buena porque los indicadores así lo ponen de manifiesto, la idea política era la de mantener la adhesión popular apelando a la sensación de bienestar que proporciona el consumo y manteniendo los indicadores en las sombras, a sabiendas que cualquier desfasaje podría ser disimulado o atribuido a otros. Pero el colapso del precio de la soja y los otros commodities, como la caída de la recaudación por causa de la crisis volvieron a jaquear la caja del gobierno, por lo que se hizo imprescindible encontrar fondos que ayudaran a sostener las políticas que no se pensaban abandonar. Agotado el superávit fiscal, la atención se desplazó hacia el flujo y finalmente el stock de los ahorros previsionales. (Levy Yeyati, E y Novaro, M 2013:115) Como antecedentes corresponde mencionar que en 1982 Chile como caso pionero, inicia la reforma de su sistema previsional pasando de un sistema clásico a un sistema de capitalización individual, al que seguirían muchos otros países de Latinoamérica –como por ejemplo: Perú, Colombia, Uruguay, Bolivia, México, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana– y nuestro país. (Auguste, S y Urbiztondo, S 2008:1) El rol principal de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) es el de administrar financieramente los fondos acumulados de los afiliados hasta el momento del retiro. Las AFP son empresas con fines de lucro, por lo cual cabe suponer que sus decisiones y estrategias en torno a las características de los servicios prestados –incluyendo su precio– estarán orientadas hacia la maximización de sus propios beneficios en un determinado horizonte temporal, dentro de las opciones abiertas a partir de las reglas y restricciones impuestas por la legislación. (Ibíd.:2) Es importante destacar que, en tanto que los afiliados no son neutrales al riesgo, el servicio de administración de carteras que brindan las AFP tiene la característica de un producto diferenciado, donde entra en consideración no sólo el retorno esperado de la 238

inversión, sino su riesgo (y eventualmente otros momentos de la distribución de retornos). Por esta razón el marco teórico apropiado es el de competencia en una industria de productos diferenciados, donde el mayor o menor grado de diferenciación está directamente influenciado por las regulaciones sobre las posibilidades de inversión de las AFP. Así, las comisiones que cobran las AFP y la distribución de retornos (esperados) que logren obtener en sus fondos administrados son dos piezas fundamentales del sistema, y ambas se determinan endógenamente como resultado del equilibrio de mercado, según las características propias de cada contexto y conjunto de regulaciones vigentes. Del mismo modo en que las regulaciones moldean las reglas de juego que determinan el equilibrio de mercado, las conductas competitivas que adoptan las AFP también determinan los efectos finales de las regulaciones. (Ibid.:2-3) Hay varias justificaciones para el carácter obligatorio de los aportes, y ellas están directamente relacionadas con las razones económicas para la existencia de la seguridad social. Entre estos aspectos cabe destacar los problemas de miopía y de inconsistencia temporal. Bajo el argumento de miopía, las personas no ahorran lo suficiente para su vejez de acuerdo a sus propios parámetros de bienestar. Por otro lado, cuando el Estado se hace cargo de las personas cuando éstas abandonan el mercado de trabajo, desincentiva el ahorro de las personas para su vejez aún cuando éstas no son miopes. Así, la “inconsistencia temporal” en la intervención pública frente a quienes no ahorraron para la vejez (asistiéndolos sin importar eventuales anuncios en contrario para incentivar la realización de aportes) constituye un motivo de intervención regulatoria en sí mismo. (Ibíd.:5) Si el afiliado pone más peso en el presente que en el futuro, puede no destinar los recursos suficientes hoy para tomar una decisión informada (no valorar la información) cuando el beneficio que obtiene de esa decisión es percibido en el muy largo plazo. (Ibíd.:5) A principios de los años ´80 la ecuación previsional comenzó a mostrar signos de insustentabilidad financiera, por dos razones: por un lado la informalidad en el mercado de trabajo y el desempleo, así como por otro lado los cambios demográficos que produjeron una evolución de la pirámide poblacional en el sentido de su envejecimiento (es decir: un mayor número de personas alcanzaban las edades mayores). Esta situación determinó que los aportes de los trabajadores formales no alcanzara para sustentar el pago de las jubilaciones y pensiones, lo que significaba una creciente carga fiscal y/o ajustando mediante el recorte al poder adquisitivo de las jubilaciones, es decir: pagando menos de

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lo prometido (lo que originó innumerables juicios al estado). La persistencia y evolución gravosa de estas complicaciones llevaron a que se implementara en línea con las recomendaciones de organismos internacionales de crédito, en 1993 una reforma, que consistió en pasar de un sistema de reparto a uno mixto, denominado Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, (SIJP). En el mismo el aporte de los trabajadores contribuían a un fondo individual de capitalización con administración privada (las Administradoras de Fondos de Pensiones o AFJP) y las contribuciones de los empleadores financiaban una Prestación Básica Universal (PBU), que preservaba la lógica de reparto: un medio para que aquellos que no habían logrado ahorrar contaran con una jubilación mínima. (Levy Yeyati, E. y Novaro, M 2013:115) Estos fueron los fundamentos de la la Ley N°24.241/93. La intención objetiva pasaba por generar un incremento de recursos en el mercado de capitales, permitir el financiamiento del estado mediante menor endeudamiento externo (ya que las nuevas AFP podían ser acreedoras mediante la compra de nuevos bonos del estado, lo que resulta un diferimiento de las obligaciones del gasto público) y disminuir las nuevas cargas que por nuevas jubilaciones recaerían en el fisco, aunque se resignaba el flujo de fondos de una gran parte de los activos y este fue el motivo de consecuencias paradojales. Así esta reforma tuvo como consecuencia aún más presión sobre las cuentas públicas, porque mientras una porción importante de los aportes de los trabajadores activos se giraba a las AFJP, los ya jubilados seguían cobrando del sistema estatal. Por lo que como mecanismos de compensación se optó por: el incremento de la edad jubilatoria, la reasignación de impuestos coparticipables (un 15% que de otro modo hubiera ido a las provincias) y la colocación de deuda pública en las mismas AFJP (que se convirtieron en acreedoras de última instancia del estado) (Levy Yeyati, E. y Novaro, M 2013:116) En cuanto a las cajas de jubilaciones y pensiones provinciales, numerosas de ellas fueron transferidas a la órbita nacional –en particular aquellas que ya eran deficitarias– e integradas al SIJP. Los serios condicionamientos fiscales a partir del año 1997 limitaron la posibilidad por parte del gobierno nacional de continuar con la política de absorción de estas cajas provinciales. Hasta ese año 10 cajas fueron transferidas, la mayoría presentaba abultados déficits. (Bertranou, F; Grushka, C y Rofman, R 2001:33) De las cajas no transferidas, una buena parte se encuentran hoy (2001) con desequilibrios importantes (por ejemplo, Córdoba y Santa Fe), mientras que el resto presenta situaciones actuariales

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no muy favorables para el corto y mediano plazo (por ejemplo, Provincia de Buenos Aires). (Ibíd.:34) Previo a la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Reforma del Sistema Previsional en 2007 representó el primer cambio significativo desde el año 1994, cuando el antiguo régimen (leyes 18.037 y 18.038) fue reemplazado por el sistema mixto de régimen de reparto (estatal) y de capitalización (privado) por la sanción de la Ley 24.241. En marzo de 2007 se promulgó la Ley 26.222 que, entre otras reformas, permitió por un tiempo limitado (hasta el 31/12/2007), el traspaso de afiliados al régimen de capitalización al sistema estatal de reparto. (Elía, VV 2008:2) De nuestros estudios surge que el varón maximiza su jubilación traspasándose al régimen de reparto a los 43 años, mientras las mujeres a los 34 años. (Ibíd.:10) Para nuestro estudio se tomaron datos de la ANSES de los afiliados al SIJP en febrero de 2008. Del total de casos (cerca de 11 millones), sólo se trabajó con los afiliados al régimen de capitalización y los que realizaron efectivamente la opción durante 2007 de manera voluntaria, dejando fuera del análisis tanto a los cotizantes “indecisos” y a los individuos que se traspasaron al régimen de reparto ya sea por realizar actividades enmarcadas en leyes especiales (cerca de 175.000 afiliados) o por tener tener saldos insuficientes en sus cuentas de capitalización individual y una edad mayor a 50/55 años (cerca de 925.000 casos). (Ibíd.:12) Los traspasos voluntarios de la base ascienden a 1.083.864 casos, pero luego de corregir la base por campos sin respuesta o por datos erróneos, los afiliados totales que se analizan ascienden a 3.990.666 (de los cuales 710.409 afiliados al sistema de capitalización realizaron la opción por el régimen de reparto). (Ibíd.:12-13) La Ley N°26.222 del 27 de Febrero de 2007, modificó la Ley N° 24.241 (y el Decreto N°1306/00), que otorgaba la opción en el régimen jubilatorio y de pensiones, estableciendo en su Art. N°2: “Las personas físicas comprendidas en el artículo 2°, podrán optar por el Régimen Previsional Público o de Reparto o por el de Capitalización, dentro del plazo de noventa (90) días contados desde la fecha de ingreso o la relación laboral de dependencia o a la de inscripción como trabajador autónomo. En caso de no ejercerse la referida opción, se entenderá que la misma ha sido formalizada por el Régimen Previsional Público”. Y en su Art. N°14: “Los afiliados que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley se encontraren incorporados al régimen de

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capitalización, podrán optar dentro de un plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la reglamentación de este artículo, por el Régimen Previsional Público. El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará las condiciones que deberán observarse y los procedimientos administrativos aplicables para hacer efectivo el ejercicio de esta opción”. (Ministerio de Justicia, Ley N° 26.222) Esto es decir, que la Ley N°26.222/07 es el primer intento del gobierno por apropiarse de los flujos de fondos de los aportantes “nuevos” y de los que pertenecían al sistema de capitalización mediante un sutil mecanismo como es el de tener que confirmar su decisión, caso contrario pasarían al sistema previsional público. En forma obligatoria –sin dar ninguna oportunidad de opción voluntaria– en el caso de aquellos de más de 55 años (los hombres) y 50 (las mujeres) y su haber de capitalización no superara los 250 MOPRES, pasarían automáticamente al sistema previsional público. (Art. N°3, Ley 26.222) Como aclaración el Módulo Previsional (MOPRE) es la unidad de referencia del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, instituido por el Decreto N°833/97: que reza: “Sustituyese el Art. 21 de la Ley N°24.241, reemplazando el aporte medio previsional obligatorio (AMPO) por la nueva unidad de referencia denominada Modulo Previsional (MOPRE), que tendrá un valor que será fijado anualmente y regirá desde su vigencia para todas las jubilaciones y pensiones que se otorguen en lo sucesivo”. (Ministerio de Justicia, Decreto N°833/97) A pesar de todas estas restricciones y limitaciones –que solo pusieron en evidencia que el gobierno desestimaba la opción original y que la misma debía ser refrendada– más del 76% de los afiliados a los que cabía la opción, decidió permanecer en el régimen de las AFJP. (Elía, VV 2008:27) En las conclusiones del trabajo la autora interpreta que los datos muestran que refiere en su investigación le permite concluir que, en general, los individuos se han comportado siguiendo una conducta maximizadora de ingresos. (Ibíd.:22) Este autor considera que, sin desmerecer esas conclusiones, no debería omitirse que –además de la maximización de ingresos– existieron otras circunstancias que determinaron la conducta de los afiliados a las AFJP, en particular la percepción del riesgo que implicaba la apropiación de sus aportes previsionales por parte del gobierno y lo que ello significaría en tanto incertidumbre, respecto de la depreciación o recuperación de sus haberes jubilatorios futuros, dado que ya existía un descrédito de lo que el régimen de reparto significaba. (Anexo Entrevistas: a LS) En realidad se podría considerar una conducta protectiva. No no poder hacerse de los flujos que el sistema de capitalización

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administraba para el gobierno constituyó un fracaso. Fue por ello que decidieron pasar a la acción con una ofensiva implacable. El anuncio tuvo el argumento de “estatizar un sistema fracasado”. (Novaro, M.; Bonvecchi, A. y Cherny, N. 201:348) El 21 de Octubre de 2008 la Sra. Presidente Cristina Fernández de Kirchner anunció la re-estatización del sistema previsional, a la par que una extensa moratoria para la población mayor que no tenía los aportes mínimos, comprando “años de aportes” en condiciones muy ventajosas. Los ahorros acumulados en las AFJP pasarían a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que ya se había constituido en Julio de 2007, complementario de la Ley N°26.222 y contó con una cartera provista por los que volvieron al sistema de reparto. Pero no constituían todo lo que el gobierno pretendía. El padre de la estatización fue A. Boudou recientemente promovido a Director de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) en reemplazo de S. Massa que había sido nombrado Jefe de Gabinete. (Levy Yeyati, E y Novaro, M 2013:117) La estatización aportaba dos nuevas fuentes de financiamiento. Por un lado el gobierno se hacía de los flujos mensuales de las cotizaciones previsionales que iban a las AFJP, que a la sazón representaban unos $11.500 millones por año (ya descontados los pagos por haberes jubilatorios a los beneficiarios en esa condición). Y por otro lado se apropiaba de los ahorros previsionales acumulados en las AFJP –es decir: el stock– cuya composición de cartera el gobierno mantuvo en su composición y que totalizaba $78.000 millones, de los cuales el 60% eran títulos públicos. (Ibíd.:117) Cifras nada despreciables, porque el gobierno no solo se hacía de fondos, sino del stock de las AFJP y finalmente al recuperar sus títulos comprados por las AFJP se eximía de su pago. Por otra parte casi un 40% de los títulos habían sido invertidos en empresas de las que ahora el gobierno adquiría participación societaria. Además estos fondos amortizarían el impacto del Programa de Regularización Previsional que desde el año anterior estaba acrecentando fuertemente el número de beneficiarios del sistema, sin que tuvieran otra forma de financiamiento que el fisco. (Novaro, M.; Bonvecchi, A. y Cherny, N. 2014:347) No debe olvidarse que entre Agosto y Septiembre el gobierno procedió a la intervención y re-estatización de Aerolíneas Argentinas, con un discurso de recuperación de una “línea de bandera”, a lo que siguió la ley N°26.425 de reforma del Sistema Jubilatorio, que dejó sin efecto la Ley N°24.241. (Novaro, M.; Bonvecchi, A. y Cherny, N. 2014:346-347)

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El discurso que el gobierno esgrimió fue exitoso y referido a que la medida sería de importancia para una recuperación de recursos destinados al desarrollo nacional. (Levy Yeyati, E y Novaro, M 2013:117) Pero en especial porque el discurso y propaganda oficial se centró en el prometido aumento de la cobertura que nunca se produjo, (omitiendo que ello respondió a la caída del mercado de trabajo de los ´90 con aumento del desempleo y precariedad laboral, lo que ocasionó bajas y moras en los aportes, y que resultaron barreras imposibles de superar). Por otra parte los recursos acumulados por las AFJP, no fomentaban el desarrollo del mercado de capitales y más del 56% de su cartera estaba invertida en títulos públicos y muy poco fue destinado a proyectos de inversión. (Rubinzal, D 2013:731-732) El autor omite el contexto recesivo 1995-2002, en el que se desarrollaron las primeras perspectivas de inversión. Por ello es destacar que a partir de 2002 adquirieron un creciente protagonismo. Al respecto otros autores destacan que al momento de su desaparición las AFJP tenían un papel destacado en el mercado de capitales. Las AFJP al momento de la LeyN°26.425 suscribían el 95% de las obligaciones negociables, el 75% de las acciones y el 50% de los fideicomisos financieros de la deuda pública. A partir de estos datos no resulta de extrañar que analistas y periodistas consideraran que a partir de ese momento el certificado de defunción del mercado de capitales argentino estaba sellado (Fisanotti, L 2011:1) La evolución de las inversiones una vez superada la crisis comenzó a recuperarse hasta que en octubre de 2008 el monto de las operaciones alcanzaron los u$s 10.277 millones, cayendo de manera inmediata un 76% dada la sanción de la Ley de re-estatización. (Ibíd.:2) Obviamente esa suma era apetecible, porque constituía un stock importante del que el gobierno podía apropiarse. Por lo mismo la sanción de la Ley N°26.425 generó un cambio en la dinámica del mercado de capitales argentino al eliminar el conjunto de operadores más relevante del medio: las AFJP. (Ibíd.:6) El proceso de inversión, su financiamiento e intermediación, la acumulación de capital y el crecimiento económico, se encuentran relacionados entre sí. De la misma forma existe correlación entre la tasa de ahorro y la tasa de inversión en el largo plazo, y que hay elementos adicionales que pueden explicar el crecimiento y que no han sido capturados por dicho modelo. En esto coinciden desde A. Smith hasta C. Marx. (Dapena, J P 2009:57) Los modelos de crecimiento requieren –entre otros determinantes– de la acumulación del capital para sostener el desarrollo económico. Esta acumulación se da en la medida que exista un adecuado medioambiente donde los recursos de ahorros puedan canalizarse

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de manera eficiente hacia la inversión productiva, lo que sucede en los mercados de capitales desarrollados. Los modelos de crecimiento más sofisticados y recientes incorporan cuestiones vinculadas con las instituciones, la estructura de incentivos, y las infraestructuras sociales. (Dapena, J P 2009:19) Este proceso que intentaba lograrse y comenzaba a evolucionar favorablemente desde 2002, con un importante rol a cumplir por parte de las AFJP, fue interrumpido por la ley sancionada, a pesar del discurso oficial. La EAE ha hecho importantes aportes en este sentido de relación implícita entre el ahorro y la inversión. (Hazlitt, H 2011, Cap. XXII, Sec. 2, párr. 2) (Krause, M 2014, Cap. XIII, Sec. 3, párr. 4-10) En opinión de este autor este ha sido uno de los daños más importantes que la ley sancionada ocasionó al futuro de la economía: aumentó la incertidumbre, disminuyó la tasa de inversión, aumentó la fuga de capitales, la salida de más de $7.000 millones de depósitos bancarios y el Juez Griesa congeló u$s800 mill de inversiones de las AFJP en EE.UU. como resguardo a los acreedores impagos. (Levy Yeyati, E y Novaro, M 2013:119) Y que el gobierno argumentó que eran fondos de los afiliados. De igual manera el discurso oficial apuntó a las comisiones que las administradoras cobraban (el 35%) y que no se mejoraba el servicio a los afiliados. (Rubinzal, D 2013:732) En realidad no se dijo que cualquier sistema de aseguramiento cobra comisiones como corresponde a cualquier seguro privado y que ello se extiende por todo el lapso de tiempo de ocurrencia del aseguramiento. En un mercado en el que todos tienen alta incertidumbre (dados los cambios y volatilidad de la política argentina) todos tienden a proteger sus activos. Y las administradoras de fondos también se cubrieron de cualquier posibilidad de cambios. Las comisiones promedio del sistema rondaron el 3% del salario o el 33% del aporte efectuado, desde la puesta en marcha de la reforma hasta fines de 2001, cuando se redujeron los aportes personales al 5% por el decreto 1387/01. (Ministerio de Justicia de la Nación). El cobro de comisiones queda establecido en los artículos 65 y 66 de la citada Ley N°24.241 al referirse que “las Administradoras fijarán libremente el esquema e importe de las comisiones vigentes”, la presunción era crear un sistema competitivo. Pero el equilibrio entre la competencia y la incertidumbre resultó en lo que se omite decir: si las comisiones se cobran en parte (o totalmente) como un porcentaje de los fondos acumulados, los gastos en comercialización son menores, al igual que la cantidad de vendedores, ya que en ambos casos el coeficiente estimado es negativo y estadísticamente significativo. Y las comisiones en todos los países incluidos en nuestro estudio fueron similares, (Auguste, S y Urbiztondo, S 2008:48) y ello con la

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obligación de administrar los fondos durante todo el proceso de aseguramiento de los beneficiarios. Ello quiere decir que las AFJP cobraron una comisión para realizar la administración de todo un proceso, que la ley sancionada las eximió de cumplir. (Anexo Entrevistas: a LS) ¿Qué significa esto? Que a diferencia de lo usual en un fondo de inversión, que cobra todos los meses una pequeña comisión sobre el stock de ahorros invertidos, las AFJP cobraban la comisión por la gestión de fondos al momento de hacerse el aporte. En otras palabras en vez de cobrar un poco cada año cobraban todo al principio. (Levy Yeyati, E y Novaro, M 2013:123) Por lo que la Ley sancionada las eximió de cumplir toda la administración del proceso administrativo al que estaban obligadas, desde que se realizaba el primer aporte hasta la extinción del beneficio jubilatorio. El monto total cobrado por las AFJP en todo el período de su existencia ascendió a $21.000 millones. (Rubinzal, D. 2013:732) A pesar de ello en este caso la discusión alcanzó un alto voltaje interno en el Congreso, además de impugnaciones judiciales, debido a que no se respetaban los fallos de la CSJN sobre el tema, lo que generaría y eran de esperar, pese a las modificaciones introducidas durante el trámite legislativo, una nueva ola de litigios previsionales. (Novaro, M.; Bonvecchi, A. y Cherny, N. 2014:347) Una descripción de las múltiples intervenciones y sus argumentos, que se llevaron a cabo en las sesiones del Senado –a diferencia de la resolución 125– son referidas en el resumen de las sesiones de la HCSN (VT16-07-2008-OR-09) (en pp.342) Todas estas medidas como también la aprobación del presupuesto 2009, sin correlato con la real estimación de los valores de inflación y crecimiento, o la inclusión de superpoderes, dan cabida al supuesto que el gobierno no solo quería recuperar la iniciativa, sino también hacerse de recursos, para lo que además contaba con mayorías parlamentarias. (Ibíd.:347) En la votación del proyecto se observa en este caso una gran cohesión. Lo innovador del caso argentino (entre otros países) está dado porque la figura clave es el jefe partidario subnacional el cual delega (no ya el legislador) ciertas potestades al poder central/nacional en función de que esto favorezca a sus propios objetivos e intereses (en forma de transferencias monetarias, subsidios, lugares en la Administración Pública Nacional, por citar solo algunas acciones propias del patrimonialismo). (Coronel, A A y Zamichiei, B 2010:4) En este caso y a diferencia de la votación por la Resolución 125, en la que se pudo hacer sentir el peso de los intereses de los caudillos territoriales, la votación tuvo otros matices. El proyecto fue enviado a la 246

Cámara de Diputados el 7 de Noviembre y aprobado por 160 votos afirmativos contra 75 negativos y 2 abstenciones. Así aprobado el proyecto pasó a la cámara alta donde tras doce horas de debate se votó el 19 de Noviembre obteniendo su aprobación por una amplia mayoría de 46 votos afirmativos, contra 18 votos negativos y 1 abstención. Así el oficialismo logró sancionar la ley N° 26.425 en menos de un mes luego de ser anunciada. “Este es el Plan B para financiar las cuentas del Estado”, decía E. Sanz en su intervención. (Levy Yeyati, E y Novaro, M 2013:120) En la página 359 del presente se agrega un resumen de los argumentos planteados en el Senado de la Nación en el tratamiento de la estatización de las AFJP, Ley 26.425 (Versión Taquigráfica-20-11-2008-OR-18).

Donde

se

pueden

analizar

allí

diferentes

posicionamientos ideológicos y políticos, que constituyeron el marco de discusión.. La repercusión en la prensa fue importante, pero no desbordante. Algunos economistas se hicieron eco del problema. Pero no sucedió lo mismo entre la gente. Ya fuera porque se trataba de montos pequeños, o porque los inversores en su gran mayoría no consideraban sus fondos acumulados como un ahorro, por lo que el traspaso de los mismos al sector público, a cambio de la promesa de un beneficio indefinido en el futuro, no fue percibido por los aportantes como una confiscación o una pérdida financiera. (Ibíd.:121) En opinión de este autor el beneficio marginal esperado de los ahorros efectuados es poco lo que pierde ante la preferencia temporal y un hipotético recupero futuro. Y por otro lado en muchos –en especial los de bajos aportes– creyeron que las comisiones a su vez eran confiscatorias. Todo lo cual eliminó lo que pudieran haber sido protestas y manifestaciones. Por otro lado los, en este caso damnificados, se encontraban dispersos, con muy limitada información y ninguna organización, como importante distinción de lo que había sucedido con el campo. La Sra. Presidente Cristina Fernández de Kirchner había expresado el día del anuncio: “Sé que va a haber muchas presiones de toda índole y naturaleza, porque son pocos los intereses y grandes los dividendos”, con lo que se anticipaba a lo que no ocurrió. (Ibíd.:121) El gobierno supo instalar la idea que no se podía confiar en el capitalismo financiero. Apenas los diez directivos de las administradoras existentes se aprestaron a organizar una tibia resistencia, la Justicia allanó sus oficinas, suspendió sus operaciones durante una semana y también se sugirió una investigación por “administración fraudulenta”. Cualquier otro recurso como el de apelar a la Justicia quedó así desactivado. El único reclamo importante fue el de los 11.000 empleados del sector, lo que el gobierno 247

mostró enseguida voluntad de atender, adelantando que serían trasladados o absorbidos por el sector público. (Novaro, M.; Bonvecchi, A. y Cherny, N. 2014:348) Las empresas de AFJP a su vez prefirieron no confrontar con el gobierno en particular dada la distribución temporal de los costos y los beneficios. Se frustró así la posibilidad de formar un mercado de capitales de largo plazo en torno a las administradoras, por lo que no volvieron a cumplir un rol importante ni en el financiamiento público ni en el privado. Y si bien el rendimiento de los bonos se había ido recuperando después de la renegociación de la deuda del 2005, en la que las AFJP habían sido la principal contraparte del gobierno, eso no alcanzó para cerrar la brecha entre la contabilidad expuesta y su valor real. (Ibíd.:349) La prensa no tuvo excesivas manifestaciones salvo unos pocos economistas que alertaron contra la medida por ser confiscatoria, haber sido convalidada poco antes por los mismos afiliados, dar un fuerte golpe al mercado de capitales –importante para las inversiones– y minar la confianza al flujo de capitales. En realidad se trató de un gran robo: son entre 13 y 15 mil millones de pesos al año en recaudación y unos 100 mil millones en fondos administrados. El 60 por ciento de los aportes jubilatorios de las AFJP están invertidos en riesgo público, por lo cual de esta forma ya está estatizado el 60 por ciento del riesgo de la jubilación. El deterioro del rendimiento del retorno para los afiliados ha sido principalmente el riesgo público. Por lo tanto, con la crisis actual, el sistema viene perdiendo por el derrumbe de las cuentas públicas, que hoy está por debajo del 50 por ciento de lo que valía hace un año atrás. Hace poco hubo un proceso donde los afiliados podían elegir y casi todos eligieron permanecer en el sistema. El discurso oficial decía proteger los recursos de los jubilados y dedicarlos al desarrollo nacional, cuando en realidad solo deseaba paliar el déficit fiscal. (Anexo Entrevistas: LS) Las AFJP fueron creadas –como hemos mencionado– no solo para responder a una ola de privatizaciones según la matriz ideológica que recorrió nuestro continente. Lo fueron para generar ahorro interno y ampliar el mercado de capitales, para posibilitar que aquellos que más pudieran mantuvieran la capitalización incrementando sus perspectivas para su jubilación futura, y para evitar las controversias sobre aquellos que percibían que el estado en nuestro país nunca había cumplido satisfactoriamente con las promesas previsionales. Es decir para proteger a los individuos de la inoperancia o aprovechamiento estatal. Sin embargo las administradoras se rindieron prematuramente cuando el Presidente Kirchner y el Ministro Lavagna les exigieron inicialmente, en 2006, aportar fondos para obras de infraestructura

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y luego a ampliar sus aportes comprando bonos del tesoro nacional, que por la crisis en 2008 ya tenían un 20% de desvalorización. (Ibíd. Anexo Entrevistas: LS) La estatización de las AFJP mejoró notablemente la situación financiera y patrimonial estatal, ya que permitió un incremento de la recaudación previsional y la reducción del stock de deuda pública en manos de las AFJP (alrededor de u$s 20.000 millones). A su vez pudo constituir y financiar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) con el stock acumulado de las AFJP. (Rubinzal, D 2013:733) Todos estos efectos eran deseables para el gobierno ante sus alicaídas finanzas y más aún ante la ya instalada crisis internacional. La estatización dio vía libre para aplicar esos fondos, ahorrados a lo largo de quince años, de manera discrecional a todo tipo de proyectos y a tasas subsidiadas (incluyendo los préstamos efectuados al mismo gobierno). El mal llamado dinero de los jubilados, para todos los fines prácticos pasó a engrosar las arcas del fisco. Previsiblemente, el traspaso licuó de manera paulatina el valor de estos recursos que, si bien subieron por la inflación, cayeron en términos de poder adquisitivo o en términos de salarios promedio. (Levy Yeyati, E y Novaro, M 2013:118) En Marzo de 2011 la ANSES dio a conocer un informe sobre el FGS, en el que se refiere al Decreto 897/07, que le dio origen FGS del Régimen Previsional Público de Reparto, estableciendo sus fines, integración y funcionamiento. (ANSES, 2011:6) Posteriormente, en diciembre de 2008 al sancionarse la Ley N°26.425, que dio comienzo a un nuevo régimen previsional, estableciendo la unificación del SIJP en un único Régimen Previsional Público denominado SIPA.(Ibíd.:8) Cuya administración y control depende de 1) El Consejo del FGS que tiene como objetivo monitorear los recursos del sistema. 2) La Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social que tiene como objetivo supervisar el manejo financiero de ANSES, a través del Congreso de la Nación. 3) La Gerencia de Control del FGS, dependiente de la Subdirección de Operación del FGS, que tiene como misión velar por que la administración y ejecución de las inversiones y operaciones del FGS se hayan realizado conforme al marco de la normativa vigente y los procedimientos previstos. 4) La Unidad de Auditoría Interna de la ANSES que es responsable de examinar y evaluar las actividades desarrolladas por la Organización, en lo relativo a la administración del FGS del SIPA. 5) La Sindicatura General de la Nación que dicta las normas de control interno que deberán ser coordinadas con la Auditoría General de la Nación, y supervisa su aplicación. Así como dispone la 249

realización de auditorías financieras, de legalidad y de gestión, también de estudios referidos a la regularidad jurídica, de investigaciones especiales, pericias de carácter financiero o de otro tipo, y consultorías sobre evaluación de programas, proyectos y operaciones. 6) La Auditoría General de la Nación que verifica el cumplimiento contable, legal y de gestión del FGS en el marco de su objetivo principal que es asistir técnicamente al Congreso en el control del estado de las cuentas del sector público. 7) La Defensoría del Pueblo de la Nación audita el funcionamiento del FGS en su misión de defender, proteger y promocionar los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración o de prestadores de servicios públicos. (Ibíd.:10-11) Y refiere que de esta manera, al 9 de diciembre de 2008 el actual FGS del SIPA quedó integrado por un fondo de $80.209 millones provenientes de la transferencia de los saldos de las cuentas de capitalización de las AFJP y un fondo de $17.873 millones proveniente del sistema de reparto del SIJP, totalizando un monto de $98.082 millones. (Ibíd.:12) Pero en Marzo de 2011 (fecha del informe) y dado el artículo 5º de la Ley 26.222, se incorporó un nuevo criterio de inversión que determinó la utilización de los activos del FGS para el financiamiento de Proyectos Productivos o de Infraestructura (Inciso q), con el objetivo de impulsar el desarrollo de la economía real, contribuyendo de esta forma al crecimiento de la economía en su conjunto. (Ibíd.:14) Luego del primer año de gestión, el financiamiento de Proyectos Productivos alcanzó $8.400 millones, destinándose estas inversiones a proyectos de energía y obra pública (95%) e incentivos a la industria automotriz (5%). “..Al cierre del segundo año de operación, el monto invertido en el “Inciso q” ascendió a $19.483 millones, indicando el un incremento en términos interanuales de 132%, lo que fue un gran impulso por el accionar del FGS a través del financiamiento de Proyectos Productivos vinculados a la economía real, (Ibíd.:15) resultando que los fondos invertidos en títulos públicos según el inciso a) no podrá superar el 50% del activo del fondo”. (Ibíd.:21) Lo que el informe dice en realidad es que el FGS sirvió a los propósitos del gobierno en el sentido de permitirle una mayor intervención en la economía dirigiendo la producción mediante subsidios a la oferta según su criterio o interés particular. Esto reviste interés desde el punto de vista político porque la intervención del estado subsidiando la oferta siempre obliga a poner atención en que el gobierno convierte el subsidio de un fondo 250

público en un bien político ya que actúa como intermediario, con todo lo que además puede acarrear respecto a la trasparencia de los procesos. Pero si bien esto es muy importante, lo más sustantivo es que hasta el 50% de ese fondo podía estar destinado a la compra de títulos públicos negociados a una tasa negativa (respecto de la inflación real) y que ello comprometía el capital y recursos futuros de los jubilados. Porque los mecanismos de control llegaron a ser inoperantes y además la compra de títulos públicos llegó a superar el monto establecido. Por otra parte existen estudios que rebaten este informe. La información oficial respecto del FGS no permite conocer el rendimiento de los fondos administrados con claridad. ANSES publica la evolución nominal del fondo y su composición pero la forma de valuar los activos no refleja las cotizaciones de mercado. Además, se incluyen algunos aportes nuevos de una parte de los aportes personales al sistema. Las cifras publicadas por ANSES están expresadas en pesos corrientes. Corregidas por la inflación minorista medida por el INDEC. Pero debe notarse que desde 2007 la inflación relevante en la Argentina no es la medida por el INDEC, por lo cual utilizando un índice de inflación alternativo el FGS creció en términos reales sólo un 18% desde diciembre del 2008, y que incluso cayó un 8% si se toma junio de ese año como punto de partida. En tercer lugar, la rentabilidad del stock de activos recibido por ANSES es algo peor que la estimación anterior debido a que el FGS incluye diversos reintegros de capital; si se los separa el crecimiento real desde diciembre del 2008 se reduce a 14% y sufrió una contracción real del 12% desde junio de ese año. En cuarto lugar, considerando la rentabilidad promedio obtenida por los fondos de pensión (AFP) de 8 países de América Latina, el stock inicial del FGS hubiera tenido una rentabilidad acumulada del 25% desde diciembre del 2008 y del 19% desde junio, esto es, entre 3 y 5 puntos anuales en promedio por encima de la rentabilidad lograda bajo la administración de la ANSES. (Artana, D y Susmel, N 2015:67) Obviamente si este análisis es verosímil, lo que se sustenta solo en cálculos económicos, se habría privado a muchos de los actuales y futuros beneficiarios del sistema de gran parte de sus ingresos potenciales, lo que de no ser contra-fáctico, resultaría atentatorio contra los derechos de propiedad. Por lo anterior y otras consideraciones expresa que de haber continuado el sistema de capitalización y suponiendo una evolución similar al total de aportes y contribuciones, los aportes a la capitalización hubieran aumentado entre el 1.2% del PIB y el 2.2% del PIB aproximadamente. Ese monto es similar al superávit que muestra el sistema al considerar

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todos los ingresos que recibe (impuestos al trabajo y rentas generales). Por lo tanto, una interpretación alternativa a la moratoria previsional para la nacionalización, es la capacidad financiera que tuvo y tiene la ANSES de destinar recursos a otros programas bajo su administración (por ejemplo, paliar el déficit del sistema de asignaciones familiares o la asignación universal por hijo). El problema es que la contabilidad oficial no registra el mayor gasto futuro de atender a la totalidad de los jubilados y pensionados. (Ibíd,:13) El estudio mencionado concluye que la nacionalización del sistema de capitalización argentino fue innecesaria y populista porque siempre es tentador aumentar gastos hoy hipotecando el futuro. (Ibíd.:15) Finalmente y en base a los datos aportados concluye que la administración centralizada de los fondos previsionales a cargo del Estado ha sido menos eficaz que la descentralizada a cargo de los privados. Ello podría evitarse con instituciones adecuadas que controlen la politización en las inversiones (cosa que no ocurrió en la Argentina después de 2008). Es posible que el menor costo de una administración centralizada pueda reducir algo la diferencia. Pero en el caso argentino la poca transparencia en la valuación de los activos sugiere que la diferencia puede ampliarse. (Ibíd.:16) Aquellas pocas voces que adhirieron a la defensa del derecho de propiedad de los aportantes y la importancia de la seguridad jurídica para atraer inversiones, tuvieron dificultades para no ser asociados a un mundo financiero que encarnaba la inmoralidad y la pulsión destructiva, de la que convenía mantenerse alejado. (Novaro, M.; Bonvecchi, A. y Cherny, N. 2014:352) La Justicia no ha quedado al margen de esta política del gobierno y la CSJN hizo lugar a varios fallos contra el Estado Nacional. Entre ellos los autos: “Villarreal -Mario Jesús c/ PEN-PLN Y MAXIMA AFJP s/ amparo" con el objeto de que no se disponga de los aportes voluntarios que se encontraban en su Cuenta de Capitalización Individual [en la referida administradora], que son de [su] exclusiva propiedad",…(…)…De manera que solo resulta posible en el caso remediar la violación de los derechos particulares declarando la inconstitucionalidad del art. 6° de la ley 26.425, en razón de su inoperatividad atento a que la Administración omite expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias (art. 99 inc. 2 de la Constitución Federal). Corresponde en consecuencia la devolución de los fondos oportunamente depositados como única manera de enmendar la situación de omisión normativa que ha causado la violación de los derechos constitucionales de la parte actora señalados en el

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considerando 7°. Por ello, oída la señora Procuradora General de la Nación, sé declara procedente el recurso extraordinario federal, se declara la inconstitucionalidad del artículo 6° de la ley 26.425 y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas. (CSJN, 2014

Fallo Villarreal,

Mario

Jesús/Amparo.

Copia

textual

del

fallo: ADJ-

0.093419001419950991) El Fallo de la CSJN se funda en que la Ley 26425 y la Resolución 290/09 de ANSES daban al aportante la posibilidad de elegir entre transferir esos fondos a la ANSES para mejorar su jubilación, o enviarlos a una Administradora de Fondos y Aportes Voluntarios y

Depósitos

Convenidos

(AFAVYDC)

para

su

resguardo

y

administración.

(Consideraciones 5° y 6° del fallo). Sin embargo, ANSES no habilitó esta opción porque nunca publicó el listado de las administradoras autorizadas y tampoco mejoró el monto de la jubilación del actor al no considerar sus aportes voluntarios, lo que se encuentra reñido con el sistema de derechos. (Consideración 7° del fallo) Subraya además el legislador no tuvo en cuenta diversos aspectos que vulneran derechos al otorgar al estado la potestad de decidir y reglamentar sobre fondos que son particulares. (Considerando N°8 del fallo) Y que este incumplimiento lleva más de 6 años, desde la promulgación de la ley en el 2008, lo cual constituye un tiempo irrazonable y se configura como omisión de autoridad pública. (Considerando N°11 del fallo) Y que ello constituye una violación continuada del derecho de propiedad del jubilado, vulnerando derechos constitucionales del actor. (Considerando N°13 del fallo) Por lo mismo el Tribunal resolvió que correspondía la devolución de los fondos oportunamente depositados. El fallo fue firmado por los Dres. C. Fayt, R. L. Lorenzetti y J. C. Maqueda y en disidencia por la Dra. E. Highton de Nolasco, que asoció su fallo a las consideraciones de la Procuradora general de la Nación. El fallo ponía en situación crítica a la decisión adoptada porque –no solo declaró inconstitucional el Art. 6° de la Ley N°26.425– sino que remarcó la omisión de deberes de funcionarios los públicos involucrados y tal como previeron algunos legisladores muchos recurrirían a la Justicia para hacer valer sus derechos. Otros casos a los que se ha podido acceder son los fallos “Lerner” y “Bover” en los que la CSJN ratifica la doctrina "Villarreal" que ordena la devolución de los fondos, y que se hace extensiva aún a personas que no han cumplido todavía las condiciones para acceder a la jubilación ordinaria. De manera que la orden de devolución de los fondos voluntarios es para todos, cualquiera sea su situación previsional. Muchos otros no tuvieron éxito en su gestión porque tribunales de distintas instancias adujeron que los depósitos "obligatorios" no

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debían ser devueltos a los trabajadores afiliados ya que estaban destinados exclusivamente a la financiación de una futura jubilación o pensión. (Facal, C 2015) Como se ve la doctrina fue diferente para los aportes voluntarios de la que se aplicó a los aportes obligatorios. Además los casos no fueron demasiados, por la complejidad normativa y porque era muy difícil enmarcar los efectos en una confiscación (en la que el beneficiario no tiene compensación alguna) o en una expropiación cuya compensación era prometida por el estado por beneficios a futuro. En ninguno de los fallos las sentencias fueron cumplidas por el Estado Nacional. Ni en otros como el caso Badaro que sentó jurisprudencia en lo referido a la movilidad de las jubilaciones, como los que le siguieron, hasta acumular miles de juicios por el mismo concepto, que recién en 2014 la ANSES se dispuso a saldar progresivamente, mediante un calendario establecido. Pero no fueron atendidos ninguno de los que se referían al reintegro de los aportes voluntarios, a pesar de los fallos de la CSJN. (Anexo Entrevistas: a FC 307) En opinión del autor cualquiera de las dos circunstancias merece consideraciones particulares. Si se trata de una expropiación lo que el actor debe esperar es una forma de compensación que le satisfaga y lo que el estado ha hecho ha sido solo una promesa a futuro y mientras, ha utilizado los recursos previsionales a otros fines (incluso su propio financiamiento), si en tal caso lo que se propone es un cambio de administración, la libertad de elección ya había sido hecha por parte de los beneficiarios en ocasión de dictarse la Ley N°26.222 en la que el 76% optó por el destino de sus recursos. Por otra parte el Artículo N°17 de la CN nos dice que “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. Esto quiere decir que si fuere una expropiación la misma debió ser indemnizada previamente (lo que no sucedió) y no es cuestión de compensarla con promesas futuras de incierto cumplimiento. Tampoco es comprensible que las jubilaciones de quienes no han aportado –en vez de ser soportadas por rentas generales, como debería ser aconsejable– se carguen sobre las cotizaciones de quienes si lo hacen, es decir en el fondo común, porque ello disminuye el monto percibido por el que ha hecho sus aportes. De esta forma los gobernantes hacen su política recargando sobre todos –e igualando “hacia abajo”– lo que debería ser una carga fiscal. (Artana, D y Susmel, N 2015:16)

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Lo anterior es violatoria de los pactos internacionales pues cualquier accionar confiscatorio resulta violatorio de los artículos 1, 8, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica. A su vez cualquier accionar gubernamental, que disminuya los recursos actuales o sus perspectivas futuras y no encontrare debida justificación, resulta atentatorio sobre el derecho de propiedad. La justificación en este caso podría ser la existencia de una Ley que propone un cambio en la administración y una difusa compensación a futuro, pero se contrapone a la elección libre y voluntaria que los beneficiarios involucrados habían efectuado pocos meses antes por efecto de otra Ley N°26.222. (OEA 1969, Art. 7° del Pacto de San José de Costa Rica) La Constitución Nacional se refiere en el Art. 4 a los recursos del Tesoro Nacional y las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente establezca el Congreso a la población. (Luchessi, C 2005:36) La equidad significa que cada contribuyente debería pagar su justa parte para colaborar con el sostenimiento de los gastos públicos. (Ibíd.:37) En sus artículos 28 y 33 la CN establece la garantía de razonabilidad, es decir que importa la interdicción de su contravalor, que es la arbitrariedad o irrazonabilidad en el ejercicio de los poderes públicos. (Ibíd.:37) Ello se expresa en la negativa a alterar por leyes los principios, garantías y derechos reconocidos en los artículos precedentes. (Art. 28 CN) De los artículos 14 y 17 se desprende el valor y tutela que nuestra Constitución Nacional ha otorgado al derecho de propiedad y a la caracterización que de la misma ha hecho la CSJN (Ibíd.:38) La CN se refiere al derecho de propiedad en el Art. 14, protegiéndolo en el Art. 17 en donde se expresa respecto de la confiscación de bienes que queda borrada para siempre del Código Penal Argentino. (Ibíd.:41) La confiscación cualquiera sea el modo, es un cerco limitador del derecho de propiedad. El límite del derecho de propiedad está integrado por el instituto confiscación. Más allá de ese límite deja de haber derecho de propiedad individual. (Luchesi, C 2005:60-61) Si bien la Ley N°26.425 facilitó en gran medida las alicaídas arcas del fisco, esto tuvo su costado oscuro y el dividendo negativo fue doble: por un lado se incrementó la fuga de capitales, menos ahorro futuro y descapitalización del ahorro pasado. Pero estos costos futuros pasaron inadvertidos. (Levy Yeyati, E y Novaro, M 2013:128-129) Pocos comprenden que el derecho de propiedad es uno de las instituciones más importantes con que cuenta nuestra sociedad para subsistir en armonía y sin desconfianzas. Ello permite relaciones creíbles basadas en la confianza. Y que cualquier

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intento de socavarlo desvirtúa las relaciones de convivencia, introduce incertidumbre en las relaciones entre los hombres, horada las relaciones e introduce incertidumbre en la evolución de los intercambios. Si somos capaces de ver la sociedad como un proceso evolutivo que se hace útil a los fines de los hombres, podemos comprender entonces que ella es el resultado nunca finalizado y siempre en evolución, de los intercambios –de todo tipo– que los hombres requieren para sí e infinidad de estos es lo que enriquece a todos. Si ciertos prerrequisitos son respetados entonces la sociedad evoluciona en un ámbito cooperativo posible. Si el derecho de propiedad, como institución desarrollada a lo largo de miles de años y respetada porque permite y facilita la convivencia y la cooperación entre los hombres, es vulnerada o incluso apenas cuestionada, la vida democrática se ve teñida de sospechas, los intercambios se vuelven de dudosa credibilidad y el desarrollo del conjunto se imposibilita, ya que las condiciones que se establecen facilitan el no cumplimiento de los contratos, lo que es expresado en la inseguridad Jurídica resultante, que hace a los individuos y al país no creíbles entre sí, ni para los demás, para las relaciones e intercambios. Ello es más cercano a una sociedad cuasi-hobbesiana, que a una sociedad moderna, que requiere de los demás para desarrollarse. Ese fue el espíritu de nuestros convencionales cuando instauraron en nuestra CN el respeto al derecho de propiedad.

8. Conclusiones Todos los aspectos que son parte de las conclusiones han sido expuestos en el texto de la investigación. El presente trabajo aborda una variedad de temas que pueden parecer inconexos, pero que guardan entre sí una intima vinculación. Gran parte del marco conceptual tiene una secuencia que debería analizarse a partir de la teoría evolutiva de las instituciones, para comprender que a través del tiempo el hombre ha comprendido que para hacer estables y creíbles sus relaciones, las que le permitían la mejor forma de alcanzar sus fines –y esto extendido a todos los hombres, en una infinitud de relaciones de intercambio libres y voluntarios– alcanzaba a todos, en el sentido que ello les permitía una mejor función de utilidad, en una relación que fortalecía a la misma sociedad. Fue de esta forma que surgieron y se perfeccionaron reglas y normas, que fueron aprendidas por un complejo mecanismo de ensayo y error, se internalizaron y así fueron adoptadas. Las mismas mejoraron la utilidad de los fines buscados por cada uno y persistieron, por útiles a todos. Las que no lo hicieron fueron descartadas.

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Así es que el hombre en su desarrollo y en su propio sentido evolutivo perfecciona sin proponérselo, sin que responda a ningún designio humano estas reglas que inicialmente son convenciones que facilitan la convivencia. Pero con el tiempo son legitimadas por las costumbres, por la cultura, por la aceptación que se tiene de ellas y finalmente por las leyes. De esta forma determinadas instituciones son formales, como el estado y sus varias organizaciones, o la moneda, etc. Y existen otras, que no requieren reglamentaciones ni formalización alguna, porque la sociedad las ha aceptado como tales, porque responden a sus necesidades. Como existen las sociales, que son normas de comportamiento y que se refieren a lograr una mejor convivencia social en función que son aceptadas por otros y facilitan las relaciones, como para ser aceptado uno mismo por otros y mantener un vínculo de relación exento de conflictos. Si por ejemplo algún individuo nos invitara a una cena y alguno de los presentes no tuviera un comportamiento adecuado –que puede ser de los más elemental– como mantener la boca cerrada al comer, o emplear términos no acordes en el lenguaje, o es grosero en sus relaciones, es muy probable que no vuelva a ser invitado. De esta forma se puede comprender el estado, el gobierno, la moneda, el lenguaje, el conservar (en nuestro país) la derecha al conducir, los modos, las costumbres, las formas de relacionarse, el cumplimiento de las promesas (en lo informal) y de los contratos (en lo formal), como ejemplos de un proceso evolutivo de las instituciones, que hacen viable la vida en sociedad, porque introducen certidumbre en las relaciones, frente a riesgos futuros de contingencias no deseadas. Los derechos de propiedad son así interpretados, no como el resultado de leyes previamente establecidas, ni por contratos que nunca se han firmado, sino como una institución –resultado de años de evolución, producto del ensayo y el error– a la que el hombre ha llegado a reconocer finalmente, como útil a sus necesidades y a las de todos. Porque su respeto y protección introduce certidumbre en los intercambios necesarios que se dan en la sociedad. Si alguien tuviera la percepción de que lo que ha conseguido y considera suyo no está a buen resguardo, buscaría protegerlo, pero además una serie de dudas y de desconfianza se instalaría rápidamente para con los demás, para con los que pueden llegar a ser sus potenciales depredadores. Esta desconfianza nos acerca más a la anarquía o al estado de naturaleza hobbesiano, que a una sociedad en la que la acción humana, lo que cada

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individuo busca es precisamente poder desarrollar: sus propias actividades en el conjunto dedicándose a su propio trabajo e intercambiando con otros todo aquello que hace a su función de utilidad en el alcance de sus fines particulares de vida. Cada sociedad logra sus propias normas o instituciones. Cada una logra formas de convivencia que son su óptimo, para en un momento dado, en continua tendencia a lograr las mejores formas de convivencia. Tal como todos, los hombres por si mismos buscan lograr sus propios objetivos de vida, que no son solo económicos, y en la misma convivencia logra comprender que para ello requiere de los demás y que los procesos de cooperación ayudan a todos, mucho más fácilmente a sus fines. Ello requiere de cada uno un aprendizaje permanente, para lograr mejores óptimos: un camino de aprendizaje continuo por una situación que logre mejores resultados para todos. Eso es precisamente –ya que nos toca convivir en sociedad– lo que resulta de una mejor vida en convivencia. Se trata del objetivo final de la democracia misma. No es necesario aclarar que los hombres no todos están dispuestos a emprender este camino de la misma manera, lo que implícitamente requiere del respeto a las normas y a las instituciones. Como es de suponer cuanto más y de mejor forma este camino sea recorrido, mejores serán las instituciones y la democracia resultante. Y viceversa: cuanto menos sean respetadas las instituciones, las democracias resultarán más débiles, deficitarias o defectuosas. Como no todos los hombres son iguales es de esperar que unos tengan –por educación, por compromiso, por comprensión, por su psicología, por su cultura, por imitación, por hábitos sociales, o por tantos otros motivos– mayor propensión a respetar las normas. No se trata que los gobiernos sean malos en sí mismos, se trata que están formados por hombres y no todos los hombres son ángeles, ni todos están dispuestos a entender las mismas normas como su respetabilidad, o la intensidad de sus preferencias en cumplir ese respeto. Así que cuando hablamos de las fallas del estado, o las acciones del gobierno nos estamos refiriendo al riesgo de encontrar hombres que nos gobiernen que no aspiren, no sepan o no puedan cumplir con lo que la sociedad espera de ellos, o con las mejores decisiones que favorezcan a la sociedad. Y peor aún en los casos que los gobernantes privilegian sus intereses personales. En ese sentido la representatividad tiene mucho que aportarnos, porque cuando elegimos lo hacemos por un paquete: una serie de medidas, con las que seguramente acordaremos

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en parte, como estaremos en desacuerdo en otras tantas. Por lo que en la mayor parte de los casos encontraremos aspectos que no nos satisfacen. Esto no sería de extrema importancia si no fuera que el incumplimiento de las funciones de los gobernantes o sus decisiones desacertadas, constituyen una carga para el desarrollo social, económico y político del país. Cuando la referencia se hizo a la democracia argentina, se puso de manifiesto que de acuerdo con muchos autores, adoptaba características populistas (E. Laclau) o en otro lenguaje se trata de un tipo de democracia delegativa (O´Donell, G 2011), en la que se ha delegado un absoluto poder decisorio en el líder, existe alto decisionismo sobre las cuestiones públicas y las relaciones con el mismo son de importante sumisión. De alguna manera ambos autores decían casi lo mismo, con la salvedad de que el primero la defedía y el segundo la hacía causal de nuestra decadencia. No quiere decir que la democracia argentina haya sido siempre así. Aunque puede existir una tendencia general para que así suceda. Es decir que debieran llevarse adelante nuevos estudios para analizar el porqué de esa tendencia (en caso de realmente existir), así como por otra parte analizar cuando esa tendencia posibilita que algunos aprovechen de ella y otros no. Porque no en todos los gobiernos ha sido igual. En consideración de este autor existe realmente esa tendencia que como se ha descripto nos viene de antigua data, pero solo algunos logran capitalizarla y convertirse en líderes que pueden hacer gala de un alto poder y/o un poder concentrado para la toma libre de decisiones que –incluso no respetan las instituciones– y pueden afectar al conjunto. En tales casos la democracia entra en déficit y se limita su desarrollo, quedando supeditada al alto decisionismo gubernamental, y con baja institucionalidad. El sustento ideológico es el reforzamiento de que la voluntad popular es garantido y solo expresado por las mayorías populares y que son ellas las que se manifiestan a través de la voz indicutida de su líder y que ese poder popular no puede encontrar reparos, ni siquiera en decisiones de los otros poderes del estado. Son democracias de fuerte base mayoritaria que solo respeta las decisiones verticalmente devenidas del líder. En el caso de los gobiernos del matrimonio Kirchner, este fue un proceso creciente, probablemente originado inicialmente en la baja legitimidad eleccionaria de origen del Dr. N. Kirchner y luego acentuado progresivamente a lo largo de los dos períodos de la Sra. Presidente Dra. Cristina Fernández de Kirchner. 259

No puede decirse que no se trató de un período democrático. De hecho muchos instrumentos de la democracia fueron respetados, mientras otros no tanto, y aunque no fueran vulnerados se recurrió a presiones y todo mecanismo legal para lograr una gran concentración de poder, que define las democracias dominantes. (Ollier, M M 2015) Ello encuadra nuestra democracia –en ese período– como una democracia de tipología delegativa, con fuerte incidencia de las mayorías populares, alta concentración del poder, y déficit en el respeto instituconal. Estas características de valoración cualitativa, fueron a su vez complementadas con datos de tipo cuantitativo de organismos específicos para lo que se han desarrollado indicadores como el Indice de Calidad Institucional (ICI). (Krause, M 2016b) Obviamente que no es fácil ser gobernante, ya que debe recurrirse a discursos y acciones que alcancen a las preferencias de las mayorías. De otra forma no se obtiene el favor popular y sus votos. Y el matriomonio Kirchner fue así como hizo propio el posicionamiento de una democracia populista, por lo mismo no tuvo más que recurrir a una característica que la misma tiene: construir siempre un enemigo. En el gobierno del Dr. N. Kirchner esto fue más atenuado, aunque la confrontación estuvo siempre presente, pero parecía saber el momento en el que detener sus avances para acordar. Eso no es lo que sucedió en el conflicto con el campo por la Resolución N°125, en donde decidió llevar la batalla al “todo o nada”. (Anexo Entrevistas: AN:333) A su vez, los resultados eleccionarios fueron respetados, aún la intentona frustra de reelección indefinida que se pretendió iniciar desde Misiones, como se había logrado antes en Santa Cruz. A su vez hizo suya la postura de defensa de los Derechos Humanos, que significaban una idea cara a los sentimientos de todo el pueblo argentino. Pero en los aspectos económicos es donde se encuentra su adhesión franca a proyectos populistas claros, de vertiente keynesiana y que en el caso que nos ocupa son de suponer el de mantener una sensación de bienestar en la población, que por lo mismo estará mayoritariamente satisfecha y agradecida. Las políticas económicas son el core de las políticas públicas, nada más que porque son las que permiten el desarrollo económico y social (o no, que es su contraparte), y a su vez las que permiten la sustentabilidad de las otras políticas públicas.

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Las políticas económicas expansivas, de corte keynesiano requieren de crecientes recursos, con su consecuencia a mediano plazo: la inflación –el enemigo silencioso– que inicia un ciclo que se continúa con distorsión del sistema de precios y retracción de la oferta. Tal como se vio en los años posteriores al del presente análisis, 2008. Para sostener la sensación de bienestar se apeló a mantener los salarios al nivel o por encima de la inflación, lo que agravaría el problema, pero mantenía altos índices de aprobación en gran parte de la ciudadanía. La inflación continuó en alza en ese momento y la intervención del INDEC alcanzó a disimularla, pero a largo plazo se recurrió al cepo cambiario que fue una necesidad consecuente de mantener el mismo esquema expansivo. El problema que N. Kirchner debió afrontar luego de un sostenido crecimiento (20032006), con tasas del PBI cercanas al 9% lo que le permitió disponer ingentes recursos, fue que –como no puede ser de otra manera– percibir un panorama económico menos favorable para Argentina por el incipiente contexto de crisis internacional que impactaría a corto plazo negativamente y que pondría en riesgo su proyecto político. Por otro lado el mayor riesgo endógeno debido a políticas públicas poco previsibles en sus resultados, dado el enorme impulso expansivo, que el mismo había dispuesto y la inflación inducida por una política monetaria expansiva, dirigida a sostener una política fiscal de gasto público creciente para mantener la demanda por encima de la oferta de bienes. Es decir, que la inflación es endógena y se manifiesta en el largo plazo en un régimen por un sostenido crecimiento de la base monetaria. Es probablemente esta situación la que llevó al gobierno argentino a pensar podía diferenciarse de la debacle internacional, mostrar que sus políticas eran acertadas y acelerar sus decisiones expansivas. El creciente gasto público dado por: la política fiscal expansiva, los subsidios al sector privado para contener los costos al público de los servicios, que intentaba disimularse y que el mismo gobierno generaba, fueron causa que desde fines del 2006 ello se expresara con una creciente inflación. El gobierno intentó disimular esta circunstancia con la intervención del INDEC. Las políticas expansivas que los gobiernos adoptan tienen un fundamento político: promueven una circunstancial sensación de bienestar en la población porque habilitan el consumo y ante la aceleración de la circulación monetaria se hace más intensa la preferencia por el consumo presente en detrimento del ahorro. No es necesario aclarar que el gobierno necesita siempre de un buen humor social. El gasto público –que no es

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objeto de análisis en esta investigación, sino sus fuentes de financiamiento y las formas en las que en dos casos puntuales el gobierno vulneró (o intentó hacerlo) el derecho de propiedad– continuó aumentando (Anexo Figuras, N°5, 6, 9 y 18). Pero tiene otro condimento el ideológico, que habilita políticas intervencionistas, las que alteran variables económicas, al intervenir sobre el comportamiento económico de los individuos. Las consecuencias pueden verse rápidamente y disimularse, pero con tiempo a largo plazo, se hacen evidentes y no se puede retrocer. (Anexo Entrevistas: AA: 286) En ese constexto y con La Sra. Presidente Cristina Fernández de Kirchner recién asumida, el matrimonio gobernante no pareció querer retroceder en lo que habían sido sus banderas, y que les permitió su legitimación social. A lo largo de este trabajo el autor se ha propuesto llevar adelante, poniendo en primer plano la relevancia de la acción política y el riesgo de las decisiones que pueden depender de concepciones, ideología o aún la psicología de los gobernantes y terminen por vulnerar el derecho de propiedad (en nuestro caso la resolución 125 y la estatización de las AFJP) Y ese riesgo depende de probabilidades inciertas que determinan que la población quede cautiva de sus políticas, en particular en lo que a política económica se refiere y más aún si existe alto decisionismo y bajo respeto a las instituciones, en democracias dominantes. Se ha analizado puntualmente el derecho de propiedad, porque siendo reconocido como una institución imprescindible para el desarrollo económico y social y así establecido constitucionalmente, es precisamente este derecho el más cuestionado y vulnerado en las democracias populistas. En este punto es necesario reafirmar que el International Property Rights a través del IPRI 2015 otorgó a la Argentina un valor de 4,0 ( en una valoración de 0 a 10) lo que nos ubica globalmente en el puesto 107 entre 129 países. Y regionalmente en el puesto 19 entre 22 países. Y 4,1 en lo referente a PPR. (IPRI, 2015) Lo anterior significa que este indicador pone de manifiesto lo que intuitivamente no es fácil de suponer: que en la Argentina el derecho de propiedad es poco respetado. Y desde esa perspectiva se analizan dos políticas instituidas en el año 2008: la Resolución N°125 que da origen al conocido “conflicto con el campo” y la Ley N°26.425 de reestatización las Administradoras de Fondos de Pensión y Jubilaciones (AFJP), porque se

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parte de la hipótesis que en ambos casos el derecho de propiedad fue en alguna medida, desestimado y/o vulnerado. Desde esta perspectiva se parte del supuesto que N. Kirchner y la recientemente electa C. Fernández de Kirchner, habiendo llevado adelante por los motivos expuestos las políticas expansivas, que son en si mismas inflacionarias en la demanda de recursos, con un fuerte liderazgo ya establecido, frente a un escenario internacional desfavorable e incipientes signos de desequilibrios endógenos, decidieron que la mejor política a seguir era más de lo mismo, pero para ello se hacían necesarias nuevas fuentes de financiamiento, ya que las otras –como la presión tributaria– además de impopular estaba en el tope de sus posibilidades, como las posibilidades de emisión por sus consecuencias. El gobierno no pareció dispuesto a abandonar el camino expansivo iniciado, aunque la ortodoxia económica aconsejaba la apreciación del cambio, la suba de tasas para disminuir las expectativas y/o “enfriar la economía”, en verdad lo opuesto a lo que el matrimonio Kirchner creyó su conveniencia en tanto y cuanto a lograr mayor adhesión popular. Para ello pensaba que se debía sostener la demanda (lo que estaba en las antípodas de las propuestas ortodoxas), a sabiendas que ello implicaba mayores recursos. Así es que en primer lugar se dispuso avanzar con un incremento de las retenciones a la exportación de cereales y oleaginosas cuyo precio había alcanzado topes en los mercados internacionales y el total de la producción acompañaba a la demanda. La Resolución N°125 se dicta en función de una Ley N°22.415 de 1981, que delega funciones del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo por el Código aduanero. Fue dictada por la dictadura militar, por lo que no podía considerarse un instrumento democrático. Dado que la Ley Nº 22.415 de Código Aduanero, fue sancionada en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, por el Gral. J. R Videla. Este argumento fue letal para justificar la Resolución N°125 tal como reza en sus considerandos y por lo mismo era viciada de total nulidad. El matrimonio Kirchner no pensó que encontraría tanta resistencia, pero no solo fueron los directamente afectados los que se comprometieron en la lucha, pequeñas poblaciones, y gobernadores, como intendentes, cuya actividad económica dependía del campo y su producción, también fueron parte del conflicto. Dos aspectos importantes merecen destacarse aquí: por un lado el poder de “lobby” que lograron las entidades agropecuarias

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para lograr sus objetivos de protección ante lo que consideraron un atropello del gobierno y por otro la ignorancia racional que logró superarse en este caso. El conflicto fue intenso y prolongado con descalificaciones por ambas partes. Por lo que el gobierno finalmente se se vio forzado, a aceptar remitirla al Congreso, donde fue aprobada en la Cámara Baja y luego de empatar en votos en la Cámara Alta, el VicePresidente J. Cobos desempató por la negativa. En este caso ya existían fallos de la Cámara respecto de los excesos tributarios a los que el gobierno desoyó. Igualmente no pudo concretar su intención de imponer mayores retenciones y con ello desestimó lo que, de concretar sus intenciones, hubiera vulnerado: el derecho de propiedad. ¿Dónde y como –de lograr sus propósitos– hubiera lesionado el derecho de propiedad? En la confusión existente respecto del proceso de producción de la tierra que: a) impide la identificación de las compensaciones económicas esperadas y separables de dos factores de la producción diferentes: capital y tierra, como si se tratara de uno mismo. Ya que solo se considera el factor capital. y b) La sobre-imposición sobre una renta considerada un beneficio extraordinario al sumarse a la retribución normal del capital, reduce el valor de la tierra –absorbiendo una parte importante de la renta– al punto de correr el riesgo de su confiscación, o sea que la expropiación indirecta del suelo, pues en un extremo de la imposición, el valor de mercado de la tierra (no necesariamente su valor social o precio sombra) en ausencia de renta privada (es decir, en ausencia de la porción de la renta social apropiable por su propietario después del pago de impuestos) tendría valor cero. Porque el factor capital (tierra) es un factor absolutamente fijo y no reproducible. La consecuencia es una afectación indirecta al derecho de propiedad, por via conficatoria de su valor. No se tiene en cuenta que el factor producción (aún hoy altamente tecnificado) es un valor con renta diferente. La discusión sobre el tema de la confiscatoriedad de cualquier impuesto que afecte el valor de la tierra, se torna altamente relevante, no solo desde lo económico, sino también lo jurídico-político, La Corte Suprema de Justicia por su parte ha interpretado que la incautación se concreta cuando el impuesto traspasa el 33% del valor de la propiedad. De cualquier manera perdió el pueblo argentino en su conjunto y no solo el campo y el mismo gobierno. Porque ese año prácticamente no se exportó y a lo largo del año 2008 el precio de por ejemplo la soja disminuyó a la mitad. Ello significó una gran oportunidad

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perdida. Pero por otra parte ¿como pueden verse estos episodios a los ojos de los inversores ya fueren extranjeros o nacionales?: que en nuestro país no se respetan las instituciones,.. el gobierno por mantener sus políticas puede recurrir a medios espúrios, por lo que no se hace confiable a sus inversiones e intereses. Este daño no puede medirse. El gobierno ávido de recursos no tuvo en cuenta estos factores, pero no pudo lograr sus objetivos. Quedaba entonces encontrar otro/s. Y es así como se sanciona la Ley N°26.425 el 20 de Noviembre de 2008, de reestatización de las AFJP. Ya habían existido antes intentos de lograr que los aportantes al sistema de las AFJP se pasaran voluntariamente al sistema público de reparto, con la sanción de la Ley 26.222/07 (Anexo Entrevistas: a FC 307) Este fue el primer intento del gobierno por apropiarse de los flujos de fondos de los aportantes “nuevos” y de los que pertenecían al sistema de capitalización mediante un sutil mecanismo como es el de tener que confirmar su decisión, caso contrario pasarían al sistema previsional público compulsivamente. Y en forma obligatoria –sin dar ninguna oportunidad de opción voluntaria– en el caso de aquellos mayores de 50 y 55 años de edad, como otros. El intento fue fallido porque el 76% de los aportantes decidieron mantenerse en el régimende de capitalización. El gobierno puso relativa atención en ese momento a este episodio contrario a sus intereses, pero al perder la batalla contra el campo decidió avanzar contra las AFJP. El trámite parlamentario no tuvo demasidas complicaciones. Algunos gerentes de AFJP intentaron organizar alguna oposición, pero ello fue abortado por el gobierno, lo que es una gran deferencia con la Resolución 125. El gobierno apeló al discurso a que esos fondos eran para el desarrollo del país y que no podía confiarse en el capital especulativo. Si se asistiera a que el gobierno imponía un nuevo administrador de los fondos de pensión podría aceptarse como una coacción y no más que eso. Pero varios estudios revelan que de haber continuado el sistema de capitalización y suponiendo una evolución similar al total de aportes y contribuciones, los aportes a la capitalización hubieran aumentado de 1.2% del PIB a 2.2% del PIB aproximadamente. (Artana, D y Susmel, N 2015) Lo que significó una considerable pérdida para los aportantes bajo la administración de la ANSES, en comparación a los rendimientos que obtenían bajo la administración de las AFJP, por lo que se habría privado a muchos de los actuales y futuros beneficiarios del sistema de gran parte de sus ingresos potenciales, lo que resultaría atentatorio contra los derechos de propiedad. “Cualquier accionar gubernamental, que disminuya los recursos actuales o sus 265

perspectivas futuras y no encontrare debida justificación, resulta atentatorio sobre el derecho de propiedad” (CADH del Pacto de san José de Costa Rica, Art. 7°) Existieron múltiples fallos con diferencias respecto de los aportes obligatorios de los voluntarios. Uno de los fallos de la CSJN declaró inconstitucional el Art. 6° de la Ley N°26.425 “…el legislador no tuvo en cuenta diversos aspectos que vulneran derechos al otorgar al estado la potestad de decidir y reglamentar sobre fondos que son particulares”. Y en otro tramo: “…desde la promulgación de la ley en el 2008, lo cual constituye un tiempo irrazonable y se configura como omisión de autoridad pública. (Considerando N°11 del fallo) Y que ello constituye una violación continuada del derecho de propiedad del jubilado, vulnerando derechos constitucionales del actor….” Algunos fallos tuvieron que ver con la devolución de los aportes voluntarios de los aportantes, pero ninguno fue cumplido por el gobierno. La doctrina fue diferente para los aportes voluntarios de la que se aplicó a los aportes obligatorios. Además los casos no fueron demasiados, por la complejidad normativa y porque era muy difícil enmarcar los efectos en una confiscación (en la que el beneficiario no tienen compensación alguna) o en una expropiación cuya compensación era prometida por el estado por beneficios a futuro. En ninguno de los fallos las sentencias fueron cumplidas por el Estado Nacional. Pero el Artículo N°17 de la CN nos dice que “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. Decir “previamente” anula el argumento de resarcimientos futuros. Se trató –según el criterio de este autor– lisa y llanamente de una confiscación, o eventualñmente de una expropiación sin declaración previa de utilidad o necesidad pública, sin el resarcimiento acorde a satisfacer a los beneficiarios previamente, con una promesa de resarcimiento futuro o con la incorporación compulsiva a un derecho previsional que solo puede fundarse en las leyes que lo instituyeron. Por otra parte es de considerar gravemente atentatorio a la libertad individual, el no haberse respetado la opción de libre elección de permanecer en el sistema elegido que otorgaba la Ley N°26.222. En cualquiera de los casos el derecho de propiedad fue vulnerado, lo que resulta atentatorio contra lo que la CN permite. La nacionalización del sistema de capitalización argentino fue innecesaria y populista porque siempre es tentador aumentar gastos hoy hipotecando el futuro. Aquellas pocas

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voces que adhirieron a la defensa del derecho de propiedad de los aportantes y la importancia de la seguridad jurídica para atraer inversiones, tuvieron dificultades para no ser asociados –tal como se ocupó el gobierno– a un mundo financiero que encarnaba la inmoralidad y la pulsión destructiva, de la que convenía mantenerse alejado. En este caso el gobierno logró su cometido logrando ingentes recursos de flujo y stock para financiar el fisco y mantener sus políticas expansivas. En este caso la diferencia con el anterior (el conflicto con el campo) los afiliados a las AFJP no tuvieron posibilidad de organizarse para conformar un grupo con suficiente poder de “lobby” y defender sus intereses, y ello mismo permitió que su conocimiento de la situación permaneciera disperso. La diferencia de posicionamiento de los grupos afectados –los productores agropecuarios y los afiliados a las AFJP– es por una parte el aporte de esta investigación y lo que se supone aspecto central en la diferencia de resultados para las decisiones del gobierno. Pero ello tuvo un costo enorme que no se dimensiona si no se analizan los objetivos institucionales. En la presente investigación la Teoría de la Elección Pública (TEP) ha sido utilizada para descubrir similitudes y diferencias en cuanto a modalidades de los procesos y de los resultados. Por otra parte se han tratado de poner de manifiesto las diferentes formas por las que es posible vulnerar el derecho de propiedad. El derecho de propiedad cuyo estudio ha sido poco abordado por economistas y cientistas políticos, por lo que en el presente se analiza la teoría de su origen, desarrollo e importancia instrumental. Así como el reconocimiento de su trascendencia vinculada al objetivo de lograr transparencia y previsibilidad en las relaciones sociales y los intercambios. El gobierno del matrimonio Kirchner ha mostrado poco respeto institucional. Esa es una característica que puede tener mayor o menor importancia dependiendo de lo que se trate. Pero sus políticas económicas no fueron las recomendables para un país que requiere un desarrollo sustentable. Prefirió subsidiar la oferta de una industria ineficiente y vulnerar derechos de los que producían con esfuerzo o de los que ahorraban, para hacer las inversiones que esa producción requiere. En el caso del derecho de propiedad la Resolución N°125 fue un intento frustro de imponer mayores retenciones a la producción, pero que de haberse logrado hubiera vulnerado via un exceso impositivo (además de sustraer mayor parte de la producción) el valor final de la tierra por un proceso confiscatorio indirecto.

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En el caso de la Ley N°26.425/08 se trató de una clara violación del derecho de propiedad (argumento incluso sostenido por la CSJN) que prosperó por varios motivos. Entre los más importantes, es que se hizo primar el criterio de igualdad y ponía en culposos a quienes habían tenido la oportunidad de aportar en concepto de ahorros. Y por otro los afectados estaban poco organizados como para conformar un grupo con poder de lobby para oponer mayor resistencia, permaneciendo además su conocimiento disperso y sin ninguna capacidad para defender sus intereses, expresados ya en ocasión de la Ley N°26.222/07, ante el embate del gobierno, por lo que este tuvo éxito en este objetvo. Lo anteriormente expresado supone ser interpretación según lo formulado por la EEP e incluso una ampliación de sus postulados, ya que en la posición de información y conocimiento, así como su agrupación en la mesa de enlace, que lograron los productores del campo, no fue en este caso para lograr beneficios particulares en asociación con el poder político, sino por su inversa para defenderse de los atropellos del estado. La comparación entre las dos políticas objeto de este estudio puede ser visualizada en la figuras N°25 (pp:364) y la aplicación de la Theory of Public Choice en el análisis se puede observar en la figura N°26 (Anexo figuras N°25) (pp:365-366) La evaluación que el International Property Rights Alliance efectuó para nuestro país respecto de los derechos de propiedad (IPRI, 2016) son vistos en las figuras N°27 y 28 El costo mayor lo pagó el país cuando ante inversores de cualquier naturaleza fuimos considerados como socios de poca credibilidad, impredecibles, poco respetuosos de las normas institucionales –lo que naturalizó la inseguridad jurídica– y en particular de un dercho inalienable, como es el derecho de propiedad. Sin embargo los embates contra el derecho de propiedad continúan. En ocasión de dictarse el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley N°26.994/2014), no llegó a plasmarse la propuesta que se deslizó en la Comisión Bicameral, sugiriendo la incorporación de un artículo que considerara la “función social de la propiedad”. De haberse hecho esto posible, los gobiernos o sus facciones hubieran tenido siempre a su mano la disponibilidad se concretar cualquier tipo de atropellos contra la propiedad de manera discrecional o arbitraria, pero siempre en nombre y defensa de una pretendida igualdad. Las consecuencias de la ausencia de respeto al derecho de propiedad están a la vista y son siempre negativas para el desarrollo individual y social de un país.

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VI Anexo Entrevistas  A.A. (Economista. Especializado en Políticas Públicas) 1ª. Entrevista: 22/10/2015

CF: Estimado, vamos a hablar de varias cosas, que ya te hice conocer referidas al tema de mi tesis, aunque como economista especializado en Políticas Públicas la primera pregunta se refiere a tu concepción sobre la democracia argentina en el período de estudio de mi tesis según te he comentado. AA: Mi definición personal de democracia, es fácil y sencilla, de la que parto es la posibilidad de cambiar los gobiernos en forma pacífica, con la participación de los ciudadanos, para lo que es necesario que exista el voto,… pero en definitiva la idea es que exista la posibilidad de proponerse y la de proponer,… a partir de allí uno puede seguir profundizando esto si se admite que existen otras condiciones que permiten proponerse libremente y proponer libremente, y allí es donde veo que tiene un enorme peso todo este tema del intervencionismo. Y en la Argentina ya lo hemos visto, en más de una ocasión, aunque creo que la más grave y evidente fue cuando el Secretario de Comercio Interior G. Moreno, decidió llamar a las principales cadenas de comercialización en la Argentina y prohibirles hacer publicidad en los principales medios de difusión, sobre todo en aquellos en los diarios no afines al gobierno y lo peor es que efectivamente lo hicieron, es decir las cadenas dejaron de hacer publicidad en los medios. Y uno ante este hecho se termina por preguntar:¿y por qué? O sea ¿Qué interés pueden tener las empresas de coartar la libertad de prensa? Es decir la afectación en este caso también de esa libertad de proponerse y proponer para que exista democracia. Y eso está dado precisamente por lo que llamamos intervencionismo económico, está decisión aristocrática de algunos funcionarios que consideran que ellos saben más que todos los demás ciudadanos y por lo tanto están en condiciones de decirle que deben hacer o dejar de hacer y de esa forma ellos (los ciudadanos) van a ser más felices, o la sociedad va a ser más feliz. Y claramente ese poder era el que tenía G. Moreno: el poder llevado al extremo de ser impuesto sin necesidad de una norma escrita que lo avalara. O incluso él mismo o un funcionario que trabajaba para el decirle a un empresario a qué precio tenía que vender su producto, a que precio tenía que comprar sus insumos, a quien le tenía que vender sus productos. Un funcionario que tiene semejante poder –que significa poder de daño– porque el empresario cuando lo llaman para hacerle estas imposiciones en definitiva sabe que para él de lo impuesto resultará un daño, porque él sabe mucho más que este funcionario como administrar su empresa. Y eso simplemente por la capacidad de daño 302

que tiene el Estado, representado en este señor funcionario. Y tiene que ver también con arbitrariedades: con este poder arbitrario de decirle a quien produce como debe proceder con su empresa. CF: La primera pregunta que me surge es: ¿Cuál fue el objetivo? AA: La idea fue claramente fue perjudicar a los medios independientes que en ese momento eran considerados contrarios al gobierno, porque según el gobierno estaban difundiendo ideas contrarias a el. Había todo un enfrentamiento en particular con uno, o dos, pero lo hicieron extensivo a todos, porque no debía parecer una medida selectiva. Pero la publicidad se hacía en los de mayor tirada que eran precisamente los considerados medios opositores. CF: ¿no tuvieron ninguna alternativa de escaparse de la coacción? AA: No para los medios involucrados,.. aunque de alguna manera,.. CF: Me refiero a las empresas,.. Porque la situación las afectaba a ellas en esa idea de proponerse,..y proponer,.. AA: Ahhhh,.. por supuesto! también debe haber tenido impacto sobre las empresas, pero en la medida que habrán sido perjudicadas en ese sentido y perder potenciales clientes, habrán encontrado alguna otra forma de protegerse. Pero yo venía desgranando el concepto que para que exista democracia no debe existir intervencionismo,.. que también deberíamos definirlo, porque el estado en la medida que defina algunas cuestiones siempre va a tener algún grado de intervención en la vida de los ciudadanos. Ahora ¿dónde deben estar los límites de esa intervención? Los límites deben –a mi juicio– estar, en que el estado debe fijar reglas de juego y controlarlas de tal forma que nosotros nos respetemos nuestros derechos mutuamente y el estado nos respete a su vez nuestros derechos. Cualquier intervención que vaya más allá de eso es lo que yo llamaría intervencionismo, algo que es absolutamente arbitrario, aunque con el criterio de proteger los derechos de los ciudadanos va a terminar dañándolos, aunque sea en pos de un objetivo superior y loable que el funcionario o el político de turno justificara, pero que eso implica claramente quien define cual tipo de reglas son viables y cuáles no. A partir de allí se ingresa en un terreno de “realidades” que no tiene fin. Eso tiene mucho que ver con este tema de ciertas formas aristocráticas de ejercicio del poder, porque implica que alguien es superior a los demás como para poder definir como cada uno de nosotros va a ser feliz,.. incluso mejor que nosotros mismos,.. algo notable! 303

Así que si descendemos unos escalones y podemos llegar al tema económico: como nosotros vamos a lograr un mejor bienestar económico, aunque lo sepamos o lo busquemos por nuestro camino, un funcionario puede venir y decir “no,.. lo que en realidad los va a hacer más felices es esto otro,..” y propone o lleva adelante políticas económicas que considera adecuadas, aunque finalmente nos perjudiquen. CF: Ese es un punto precisamente para extenderse,… AA: Un ejemplo está en las decisiones que se adoptan para la previsión del tránsito de cada uno para su vejez. Eso también pasó en la Argentina, a principios del 2008 el gobierno ofreció a todos los ciudadanos la posibilidad de pasarse del sistema de capitalización al sistema de reparto,.. el porcentaje de aceptación fue ínfimo,.. CF: no,..el 76% de los asegurados en el sistema de capitalización envió por telegrama su deseo de continuar en el mismo,… AA: Porque hubo algún sector que tuvo condiciones diferentes, pero a los que estaban en el sistema se les ofreció,.. y finalmente por las buenas o por las malas como sucedió después: a finales del 2008 se pasó a todos compulsivamente, y se anula el sistema de capitalización y el estado se queda hasta con las acciones de las empresas en las que las AFJP habían sido obligadas a invertir, incluso a financiar al propio estado. De esa forma no solo se quedó con los aportes de los que habían optado, los aportes obligatorios y los voluntarios, sino que a su vez se quedó con el capital acumulado y en lo que al mismo estado respecta no tuvo que pagar su deuda. Una evidente confiscación, incompatible con la democracia. Eso nos marca como estos señores que se consideran superiores a los demás, han decidido en definitiva como han prever para nuestra vejez y lo lamentable es que si yo me equivoco –por haberme quedado en el sistema de capitalización– es mi error y mi costo,.. pero si ellos se equivocan es “su error”,.. pero es “mi costo”! Hubo quienes no tuvieron esa opción,.. pero los que si la tuvieron ahora deben asumir el riesgo que les imponen otros. Eso es definitivamente intervencionismo que afectan a las empresas, pero afecta también a los ciudadanos, como en esta decisión que habían tomado libremente. CF: Visto así es realmente grave,.. la misma Constitución Nacional imposibilita las confiscaciones. AA: Por supuesto,..Pero lo que quería remarcar es como el tener este poder arbitrario de decirte lo que tenés que hacer en términos de tu empresa,…por ejemplo si yo te habilito o 304

no a importar un producto,.. si te fijo un precio máximo para tus productos,..si te dejo exportar, que necesites un permiso para exportar tu producto, termina implicado darle al funcionario un poder que afecta a la democracia, porque a través de esa acción se produce un daño que afecta la democracia, limitando al perjudicar a los medios –una forma de coacción– la libertad de expresión y a su vez perjudicando al empresario. Entonces claramente –si bien este es un ejemplo que se ha dado acá– pero tus acciones dependen de una decisión del poder político, del Estado,.. o incluso el mismo clientelismo político, vas a pensar dos veces antes de decidir si vas a actuar en supuestos intereses mayores del conjunto o en preservar tu plan,.. de vuelta: eso afecta directamente el principio de la democracia,.. la democracia en el sentido de limitar tu capacidad de elegir libremente,.. a eso apuntaba solamente con ese ejemplo. CF: Que no debe ser el único,.. porque yo también estoy trabajando en el caso del conflicto con el campo,.. AA: Por supuesto,.. menos mal que en ese caso no lo lograron,.. pero si hubo claramente la intención de quedarse con parte de la producción agrícola. Lo que pasa es que este gobierno estaba desesperado por tener más dinero para sostener sus políticas. Después tenemos infinidad de ejemplos: sin lugar a dudas las más graves son las DJAI (declaraciones juradas anticipadas de importación),…después vamos a hablar del cepo,.. pero sin ninguna duda las DJAI son graves y dañinas porque un funcionario –otra vez– decide que es lo que se va a poder importar, y quien puede hacerlo y en que medida. Este señor te dice si vos podés o no, traer un producto de afuera. De hecho pone en riesgo tu empresa. Por ejemplo ¿como no vas a aceptar –si tenés esa dependencia– y te llama y te dice no pongas publicidad en tal o cual medio,.. o echa a ese economista que te asesora? ¿Cómo no le vas a hacer caso? si luego te dice: “Uyyyyyy,.. me olvidé de aprobarte tu declaración jurada y me parece que me voy a olvidar un tiempo más!!” Y la consecuencia es que puede que tengas tener que cerrar tu empresa. YO: Me parece que estamos hablando que todo el intervencionismo depende de la arbitrariedad de un funcionario,.. pero dejamos de lado hasta ahora si ha habido un objetivo económico concreto,.. por ejemplo tanto en el caso de las AFJP, como de la 125 la intención parece haber sido hacerse de caja, es decir: adueñarse de los recursos

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AA: Yo creo que el que te dice eso es cierto que será su argumento, pero es desde el punto de vista ideológico que el tema para el gobierno tiene justificativos, porque es un tema de “solidaridades” justamente eso los pone como defensores del conjunto,.. con el tema del campo, bueno,… no lo consiguieron porque la resistencia fue muy fuerte y finalmente el Congreso dio marcha atrás. Pero el de los jubilados es precisamente lo que han hecho. Aunque finalmente deban conformarse con ingresos mínimos. O brindarle recursos al estado para que haga otras cosas,.. y eso sí han hecho,..para restarle recursos a especuladores privados (como los llaman),.. tiene eso sí el de fondo también el tema ideológico, aunque el que lo inventó lo hizo por razones económicas, sin lugar a dudas. En el caso de las AFJP como en las DJAI, existen argumentos conceptuales, no tendrá lógica, pero según ellos la escasez de divisas en la Argentina es un problema que no tiene que ver con el gobierno en sí, como que fuera un problema exógeno, entonces lo que suponen que tienen que hacer es “administrar esas reservas” que circulan en el país para permitir seguir creciendo,.. o sea que hay justificativos de fondo,.. aunque uno podría decir: Pero si no estuvieran interviniendo en el mercado prohibiendo exportaciones, poniendo retenciones, o poniendo un cepo cambiario no habría ninguna necesidad de hacer lo que crees que hay que hacer y lo hacés impunemente. Digamos que tiene causas que los explican, pero no los justifican, porque las consecuencias son nefastas! La misma intervención del gobierno promueve las causas con las que luego justifican nuevas intervenciones. Con seguridad las cosas estarían más caras, pero estarían. CF: Eso les traería un problema con el poder adquisitivo de la gente,.. digo sus salarios. AA: En un país que no produce o produce poco, los salarios terminan siendo altos en términos de adquisición de productos, porque estos son baratos en términos de PPA. De vuelta y avanzando un poquito más, el tema del cepo cambiario nuevamente responde a eso: a no entender cómo funciona la economía y al no entender tomas cada vez nuevas medidas,.. como por ejemplo usar las reservas del banco Central para financiar las consecuencias que provoca el cepo, financiar el gasto público con emisión que genera una fuerte depreciación de la moneda,.. a partir de allí, por no entender que todo eso provoca un proceso inflacionario, con presión sobre el tipo de cambio,.. surge el cepo. El cepo es precisamente –y otra vez el mismo concepto de intervención– “cuidar las divisas”,… nosotros vamos a cuidar las divisas del país. El problema de todo este tipo de esquemas es que las divisas no son de toda la sociedad y de todo el país. Son de unos

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señores que producen y exportan y traen divisas,.. son de otros señores que ven oportunidades de inversión en la Argentina y traen divisas para inversiones,.. son de otros señores que dicen que es fabuloso viajar por la Argentina, vienen y gastan sus divisas en el país,.. o señores que ven oportunidades de negocio y piensan en traerlas para financiar sus emprendimientos aunque fuera a través de un crédito,.. etc. CF: Es decir perjudica la inversión ,.. o la misma actividad económica AA: Y seguro! En la medida que todos ellos ven las dificultades que les impone un cepo para traer divisas, esas operaciones no se realizan y tenemos la escasez de divisas que ellos después –por esa misma escasez– terminan justificando un mayor nivel de intervencionismo y por lo tanto es una historia de nunca acabar. Porque parten de la idea que esas cosas “son de la sociedad”,.. cuando en realidad son de los individuos (la gente) que efectivamente las produce. Lo mismo pasa con los ahorros, por lo que no tenemos un sistema financiero que funcione, porque si cada vez que asume un gobierno para ver qué y cómo hace con los ahorros, que también usa para financiarse y desconoce que los ahorros no son de la sociedad, ni de la Argentina, sino que son de los individuos. ¿Y qué hacen los individuos ante esta situación? Los individuos dejan de ahorrar, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta, que para salir del trance si ahorran lo hacen en moneda extranjera. Con lo cual efectivamente el ahorro en la Argentina deja de existir. Yo creo que hay toda una ideología detrás que hace ver como que la producción, la generación de riqueza, los ahorros, los ha hecho la sociedad. Pero lo que efectivamente es que lo ha hecho gente, y lo ha hecho con un objetivo, y que si uno le trunca esos objetivos lo único que está haciendo es –en definitiva– perjudicar no solo al individuo, sino al conjunto,… porque si yo dejo de ahorrar o ahorro afuera del país, perjudico al conjunto. CF: Esa es una consecuencia no vista pero muy grave AA: No hay que ser muy vivo para comprender que si llegan menos créditos, va a haber menos inversión,.. si uno deja de exportar porque estos señores limitan las exportaciones mediante retenciones abusivas (porque con un cepo cambiario me pagan menos de un tercio menos que lo que corresponde), entonces se va a dejar de exportar. Sí, uno se va a perjudicar, pero en lo posible hasta el punto de mi conveniencia, pero el conjunto se va a perjudicar más porque se deja de generar riqueza. Esa riqueza en definitiva perjudica al conjunto porque de haberla recibido cualquiera estaría invirtiendo en algún emprendimiento, o incluso la estaría gastando en lo que fuera. Aunque quisiera invertirla

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afuera luego tendría oportunidad de repatriar el capital y los beneficios obtenidos. Pero para eso deben darse las condiciones que sean favorables. Finalmente esas acciones libres terminan beneficiando al país o al conjunto, en el sentido de convertirnos en “más ricos”. O en el caso de importar insumos necesarios para la producción, cuando encuentro trabas y limitaciones, para producir acá, lo que genera pérdida de puestos de trabajo, menor producción y menor riqueza, no solo el empresario, sino para el conjunto. CF: esta intervención justificada desde el punto de vista ideológico es fundamental y debe sustentarse en que está destinada a permitir un mejor sistema de redistribución de riqueza en el conjunto social, lo que pasa es que parece es que la intervención lo que hace es precisamente todo lo contrario, porque aún en el supuesto de acordar con la redistribución (sobre la que hay mucho para discutir), la pérdida de riqueza para el conjunto hace que haya menos para todos,.. pero especialmente menos hacia los que se espera redistribuir. Sin embargo muchas sociedades se han desarrollado así así,… AA: Bueno allí te corregiría algo,… no se han desarrollado,.. han evolucionado,.. seguramente si no hubiera habido intervencionismo se hubieran desarrollado más. CF: Si claro,.. eso quise decir. Confundí desarrollo con evolución. AA: Pero si,.. algunas avanzaron de una manera, luego retrocedieron y adoptaron otra con menor o mayor intervencionismo,.. en las democracias populistas siempre el intervencionismo es mayor. En todo caso uno puede direccionar inicialmente algunos aspectos intervencionistas sobre la economía,.. pero cuando se desarrolla debe dejar esos instrumentos y ese grado de intervencionismo. Lo que uno se debería preguntar es ¿porqué lo que hoy cuando tenemos una economía desarrollada, pero los incentivos para actuar dentro de la economía son los mismos que antes, el intervencionismo parece bueno y antes era malo? No,.. francamente lo que pasa es que el intervencionismo era antes tan dañino como ahora, lo que pasa es que uno debería preguntarse es: ¿Cuánto más desarrollado sería este país si no hubiera tenido tanto intervencionismo? O ¿Cuánto antes se hubiera desarrollado este país si no lo hubiera condicionado el intervencionismo? El intervencionismo tal como lo definimos al principio siempre es dañino,.. siempre genera alguna distorsión en la economía que alguien que ha invertido o piense hacerlo termine invirtiendo mal porque tiene los incentivos inadecuados y una visión distorsionada de las oportunidades óptimas. Ejemplo de esto es lo de Tierra del Fuego:

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decidir prohibir la importación de una serie de productos electrónicos, y eximir de impuestos a la zona (a los productores locales), para producir algo que nadie lo demanda, encima que son solo ensambles de insumos que si son importados, y además a miles de Km de transporte de los centros urbanos donde está la demanda. Una aberración total que solo significó tener armadurías absolutamente ineficientes, tener que pagar costos de flete sin sentido para poder tener nosotros celulares,, televisores, y otros productos electrónicos a precios que son dos o tres veces más caros que los de el mundo y encima de tecnología inferior. En definitiva ¿Cuál es la razón de este despropósito? CF: Bueno,.. sirve para decir nos auto-abastecemos,.. producimos,.. sustituimos importaciones,.. bahhh,… un discurso político. AA: Está bien ¿es solo político o tiene una raíz ideológica? y ¿cuál es el sentido si desde el punto de vista económico hemos generado una asignación de recursos absolutamente ineficiente? O sea, cuando se saquen esos incentivos que distorsionan, esas armaderos van a desaparecer, vamos a tener que pagar lo que no pensábamos y por otro lado generando a los argentinos un daño fenomenal por pagar ahora a mayores costos y de menor calidad. Esto es lo que hace ineficiente al aparato productivo. CF: Claro son las dos cuestiones,.. si es político es necesariamente ideológico. Y todo esto de intervenir, recuperar recursos ¿no podría vincularse a la idea del tirano benefactor del Estado de Bienestar y fundamentalmente a permitirse manejar recursos a expensas del gasto público? Lo que quiero decir, es que el gasto público es el centro del objetivo ideológico y que el intervencionismo es un instrumento para lograrlo,.. AA: Si uno quiere encontrar razones para explicar el intervencionismo puede encontrar muchísimas,.. claramente entre las cosas que hacen al intervencionismo están también intereses privados,.. hay intervencionismo que me perjudica y hay otro que me beneficia. Los señores que están ahora en Tierra del Fuego produciendo o ensamblando productos están haciendo una fortuna fenomenal, con un esquema absurdo, rodeados de normativas para que los beneficie, aunque sea malo para el conjunto. Los señores de la industria automotriz también estaban chochos con el régimen que los protegía. Allí hay un intervencionismo claro, pero perjudicial, ellos ganan fortunas pero nosotros tenemos que pagar un automóvil caro, cuando debería pagar lo mismo que valen en el mercado internacional. Pero parece que tenemos que pagar más por los autos porque es importante

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tener industria nacional de autos,.. cuando en el mundo los países que producen autos son solo 17,.. entonces tenemos que estar entre los 17, pudiendo estar en los 185 restantes, pero más allá de eso uno puede encontrar intereses privados que impulsan medidas de este tipo, para beneficiarse. Igual pasa en todas las formas de intervencionismo. Por ejemplo también podemos encontrar intereses similares dentro del sector público, que dudo que tengan que ver con el gasto público, sino más bien son de otro tipo por el poder de darle esos beneficios o restringírselos a otros implica que mi birome vale mucha plata o sea el beneficio también puede ser para el funcionario, por ejemplo: ¿Cuánto me vas a dar para que yo apruebe y te firme eso que vos querés que yo te firme y que te beneficia? Y existe porque va a estar alguien del otro lado dispuesto justamente a pagarlo. Pero este es otro terreno y pienso que deberían establecerse mecanismos para controlar o limitar la corrupción, porque evidentemente aun existiendo los organismos de control lo importante es no generar normativas que hagan que “la birome valga un montón de plata”,.. “que mi firma no valga mucho”. Ahora yo trato de evitar ingresar en este terreno, porque si partimos de ella entonces no hay discusión posible: sos un delincuente y se acabó! Por eso creo que si está el basamento ideológico, que yo creo no apunta tanto a darle más poder al funcionario,.. sino que lo que sucede es que la misma gente que piensa que es el estado el que tiene que decidir y decidir en estas y otras cosas porque somos los que lo decidimos mejor y lo hacemos para bien del conjunto,.. tiene de fondo pensar por ejemplo que no se nos ocurriría pensar a nosotros, que es que es el estado el que genera crecimiento. Entre otras cosas con el intervencionismo,.. decirte que es lo que tenés que hacer y cómo, para que este país crezca más. Y como tenés que vender, y como tenés que ahorrar! Y además detrás está la redistribución del ingreso. Esta ideología,.. da para estas dos cosas,.. por eso no me extraña que vayan para el mismo lado, porque cuando se ve cómo crecen (la idea de intervención y la idea de redistribución) crecen juntas y es porque tienen la misma causa que es la ideología, que se plantea en términos que para que todos podamos vivir mejor, y como es el estado el que sabe hacerlo, entonces el intervencionismo puede usarse para plantear la redistribución del ingreso. Pero el otro instrumento termina siendo el gasto público, ya que la intervención posibilita incrementar recursos para lo que el estado quiera, más allá de las intervenciones que permiten aprovechamiento personal a los funcionarios. El intervencionismo sirve para redistribuir ingresos. El otro es el gasto público.

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CF: Parece que volvemos al principio y el gasto público es alimentado de varias formas y el intervencionismo es uno de los instrumentos. AA: Si pero hay muchas formas de distribución que no alimentan el gasto público, por ejemplo cuando te fijo las tarifas de los servicios públicos estoy redistribuyendo,.. bueno y a la vez un gasto al estado por medio de los subsidios. Otro instrumento de redistribución es el Banco Central en tanto se vuelve una caja que fabrica billetes,.. y esto la inflación que presiona sobre el tipo de cambio, entonces como volviendo al principio tenemos el cepo. El cepo es el esquema más dañino que han generado en términos de intervencionismo porque hace una distorsión fenomenal en la economía. Y no solamente en los exportadores, también en alguna medida en la limitación de las importaciones, pero el fondo está en que el precio de los bienes,… todos (excepto que tengan un alto nivel de protección) dependen del valor del dólar oficial. Lo que quiero decir es que si comerciamos bienes y yo exporto (y en el mercado dada la competencia el precio va a ser uno solo, salvo si se transforma en un bien doméstico) los bienes, dado que el cepo fue inventado para disimular la depreciación de la moneda, van aumentado de a poco sus precios que no reflejan la verdad, ya que no pueden competir con el bien que se exporta a precio dólar artificialmente disminuido. No importa quién es el que exporta, todos siguen a este señor en el sentido del precio de “sus” productos a “sus” precios Lo importante es que dada la competencia el precio va a ser uno solo. Pero los costos de este señor productor están empujados hacia arriba por la inflación. Conclusión ahora tenemos todos los precios de los productores de bienes vendiendo a precios artificialmente bajos lo cual beneficia a los consumidores,.. Allí generaste otra transferencia de ingresos de manera redistributiva. Y eso simplemente con una intervención: el cepo, que tiene la causa de disimular la inflación manteniendo el precio del dólar artificialmente bajo. Así nosotros vivimos fenómeno,.. comemos manzanas riquísimas y a un buen precio, pero el productor las tenía que tirar!! El ahogo a la producción está en el leve incremento de los precios que deben seguir el incremento del dólar y los costos que lo aprisionan de manera impresionante. Eso está pasando en todas las economías regionales,…nosotros comemos aceite de oliva muy bueno,.. pero los señores que siembran las aceitunas no saben que hacer con ellas. Lo mismo pasa con el vino comparando a precios internacionales,.. pero los productores tiran las uvas. Las intervenciones terminan por dañar al conjunto social. En el fondo la pérdida de productividad es el resultado de una intervención impresionante y dañina.

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CF: Obviamente esto detiene la actividad económica. Incluso cuando venía para acá me encontré con una manifestación de empleados de “Cresta Roja”, una empresa emblemática que creo que cerró. AA: Bueno,.. eso está ´pasando en todo el país. Incluso en las zonas marginales de productos, en los que deberíamos ser muy eficiente, como por ejemplo la soja,.. el sector agropecuario en toda la zona marginal este y noreste de la Argentina está con producción mínima. Eso sucede con los productos que te decía: las aceitunas, las uvas,..eso es también una transferencia que finalmente nos afecta como conjunto. Porque si estos señores no producen bienes, no siembran,.. está bien ahora nosotros la pasamos artificialmente bien,.. pero a la larga vamos a ser más pobres. CF: Me pregunto ¿por qué los productores no se desprenden aumentando los precios desprendiéndose de los mecanismos de control que existen en el dólar? AA: Y no pueden porque en la medida que alguno de sus competidores pueda exportar y lo hace según el dólar artificialmente bajo, lo que termina sucediendo es que si sube el precio no va a poder exportar y si no exporta ¿adónde va a vender? Va a vender en el mercado interno, generando un exceso de oferta en el mercado doméstico y a quien no le va a vender: afuera si su precio pretende ser mayor que el que exporta. Porque sino el que exporta te copta tus clientes en el mercado interno. Por eso no importa lo que decidas,.. con que uno solo sea exportador, todos los demás productores de ese bien tienen que ajustar sus precios. Vamos ahora a los importadores de bienes,.. los que pueden importar, no aquellos que por ser solo bienes domésticos, les hemos puesto encima un caparazón,.. las importaciones que son bienes comercializables porque las podemos traer, más allá del arancel que me quieran poner, con aranceles razonables el techo de lo que vas a poder vender en el valor del dólar por lo que vale afuera el dólar. El día que quieras subir los precios vas a tener que vender menos porque no vas a poder vender, pero siempre van a resultar más favorecidos los que importan. Obviamente las distorsiones que se producen con este intervencionismo son absolutamente artificiales. Hoy en realidad lo que pasa es que el gobierno, sin ninguna causal (más que política: que no se note la inflación que el mismo ha causado) más que decir: “esto vale lo que yo digo que vale”, sin ningún justificativo económico, ni sustento en el mercado,.. es más lo distorsiona, con lo cual la distorsión directamente está gestada por la política cambiaria! Y el cepo es básicamente un control de cambio. No está totalmente desvinculado por supuesto, porque el exceso del gasto público yo diría ya es abrumador,… 312

CF: y con una presión impositiva de 39% y una emisión casi descontrolada que a medida que sube hace incontenible la inflación,… AA: La presión impositiva alcanza al 45% ya,…una cosa es que plantees intervenciones que son el resultado del gasto público como sería el cepo, y otra cosa es el resto de los esquemas, como por ejemplo fijar un precio máximo, fijar una tarifa, o decirle a un productor como tiene que invertir, o a otro como tiene que producir, o a otro donde tiene que invertir la plata, o que tiene que hacer con ella,..esas cosas no tienen como fondo más gasto público, pero si tiene como trasfondo esta ideología en la que el gasto público es una necesidad,.. es decir: hay un montón de medidas que no tienen nada que ver con el gasto público pero que responden a esa forma y potestad del gobierno que supone tener la totalidad del conocimiento y que se cree capaz de decidir par el bienestar de todos. Ello surge de la idea que es la sociedad en su conjunto la que produce, la que genera bienes, la que ahorra, la que genera las divisas, la que invierte,… a partir de esta idea base de que eso es así, porque no entienden que los que producen riqueza son los individuos mediante sus intercambios libres y voluntarios. Seguramente vas a encontrar muchos filósofos y politólogos que pueden explicar esto mejor que yo,.. pero esa es la base. Claramente estos señores dicen: “bueno,.. si todo esto lo hace la sociedad y a mi me elige la sociedad para que lo administre, entonces puedo decidir sobre todo”. Pero si a uno de nosotros se nos elige no diríamos eso, pensaríamos que deberíamos administrar lo que es del estado y lo que es común, lo que es verdaderamente común. Por ejemplo un administrador de edificios, nosotros vamos a pretender administrar los espacios comunes, las escaleras, los ascensores,…pero no me voy meter en un departamento a decir de que color tienen que pintarlo,.. “tenés que pintarlo de color amarillo patito y vas a vivir mucho mejor,.. porque yo tengo así pintado el mío y vos no sabés lo feliz que vivo,…” Esa es la gran diferencia en términos de pensamiento o de ideología que nos separa con estos señores gobernantes, que cuando administran el estado tienen que administrar tu ahorro, que no es un bien común. Yo produzco mi ahorro con mis ingresos y con mi trabajo y/o para un empresario también con su capital es un bien privado es de cada uno que lo genera y no es un bien común y no le corresponde al estado decirle lo que tiene que hacer, ni administrárselo a él. Para ello como lo que se produce es de todos,.. entonces hay que administrar todo! Esa es la base. Y es el estado el que puede y debe hacerlo. Aunque yo haya estudiado economía alguien debería preguntarse porque yo puedo administrar mejor los bienes de otro aunque no haya estudiado economía. Además parte de una visión bastante

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materialista, porque aunque yo pudiera hacerlo más rico, a lo mejor lo que ese hombre desea no es eso y tener más tiempo para otra cosa. Porque una persona es mucho más que plata. Porque al obligarte a hacer más plata pero como yo digo, yo te voy a forzar a tomar decisiones que vos no tomabas –más allá de lo que hace a la eficiencia– sino que hace a tu vida entera, porque yo te voy a imponer mis decisiones para que vos a lo mejor dejes de dormir la siesta para tener más TV plasmas en tu casa,.. si lo que a vos te gustaba era dormir la siesta. Tal vez yo logro que el tenga más TV plasma en su casa pero nunca más durmió la siesta!!! ¿Y eso lo va a hacer más feliz? No! Lo obligo a tomar decisiones que seguramente no son las deseadas por él. Evidentemente hay una suerte de pensamiento aristocrático de gente que se considera superior a los demás y no solamente superior al resto de los humanos, sino que esto para mi significa una soberbia, que bueno,.. no es que yo me siento superior a vos,.. sino a todo el conjunto,.. a todos los vos!! CF: Pero en la sociedad se ha reforzado esa idea que el estado intervenga aún en las pequeñas y habituales cosas,… AA: Bueno a veces correspondía que esté,..eso forma parte de la función que le delegamos al estado. Pero no solo le delegué la función,.. sino también la plata para que haga lo que tiene que hacer,.. pero es cierto que en muchas otras ocasiones que no tiene necesariamente el estado la responsabilidad de intervenir porque no está dentro de las funciones básicas que se le delegaron, hay un reclamo de la gente para que el estado resuelva algún problema que claramente no le corresponde al estado pero eso se debe a una cultura formada a lo largo de los años,.. pero eso se ve menos en aquellas sociedades en la que los ciudadanos son más responsables,.. cuando se es más maduro: la condición básica de madurez es ser responsable! Ser consciente de los límites, hacerse cargo de las cosas,.. una persona madura,.. muchas personas maduras hacen una sociedad madura. Y las sociedades maduras no están buscando permanentemente un papá para que le resuelva las cosas o para que las cuide. Parece lo que pasa con un chico,.. cuando le pasa algo va buscando al papá y llorando para que lo ayude,.. eso es resolvémelo!! CF: Pero eso sucede porque a la sociedad se organiza en forma democráticas que lo facilitan, o porque le resulta cómodo o lo heredó culturalmente,…además es contradictorio en nuestro país en donde tenemos una Constitución Nacional redactada por Alberdi basada en principios liberales y por otro tenemos una democracia populista con esta enorme dependencia del estado,..esta última proviene seguramente de la organización feudal española de la conquista,… 314

AA: Si,.. tenemos una Constitución basada en la responsabilidad ciudadana,..y un caudillismo que s esencialmente paternalista,.. porque eso espera el que es caudillista: paternalismo! Y el paternalismo es yo me protejo bajo tu ala y vos tenés que resolver mis problemas,.. me quedo tranquilo y solo tengo que apoyar lo que vos decidas, de mi plata yo hago lo que quiera, pero de lo que es de todos te hago responsable a vos! Y lamentablemente lo que se pierde de vista es que cuando le delegaste al caudillo las responsabilidades, también le delegaste los derechos!! El líder y el caudillo es papá y se hace cargo de las responsabilidades, pero el hijo no tiene derechos. Tiene si los derechos básicos,.. pero el derecho a decidir lo tiene papá!! Pretendemos tener una Constitución de ciudadanos maduros (responsables), cuando finalmente trasferimos derechos y caemos en una dependencia que nos hace absolutamente inmaduros. Hay sociedades maduras que tienen los mismos años que nosotros. Claramente esto tiene que ver con que se mezclaron con ideologías y pensamientos que también tuvieron que ver en la influencia que tuvieron sobre los intelectuales, sobre nuestra cultura,…lo que nos ha conducido a tomar este rumbo totalmente paternalista,.. aunque después nos quejamos por las consecuencias: los avasallamientos de nuestros derechos,.. pero la verdad es que nosotros delegamos también

nuestras

responsabilidades.

Las

consecuencias

son

fundamentalmente

económicas del intervencionismo,.. que te ponen en una situación en la que quedamos mucho más lejos de aquella posición en la que podríamos haber llegado a estar y esto es por aquellas malas decisiones que se toman desde el estado que afectan a las decisiones privadas. Si termino produciendo menos porque me lo imponen las malas decisiones del gobierno, entonces estamos mucho más lejos de aquellas situaciones ciertas de poder aprovechar los recursos que nos darían mayor bienestar económico. CF: Muchas gracias Aldo tus apreciaciones han sido muy interesantes y personalmente muy nutritivas, lo que te agradezco infinitamente. Dado que tu tiempo es limitado por el momento cortamos acá. Luego convenimos encontrarnos en otro momento.  AA: 2a Entrevista: (23 de Febrero de 2016) (Continuación de la anterior)

CF: Bueno,.. ahora que nos re-encontramos por segunda vez ajustemos el tema a los derechos de propiedad relacionado con la estatización de las AFJP,.. Bahhh,.. la Ley N° 26.425,..que nos quedó pendiente

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A.A: Bien,.. este tema tiene muchos bemoles,.. me imagino sabés de la Ley N°24.241 del ´94, porque este es el antecedente legal y yo participé de su redacción. La ley tenía intención de estipular incentivos para que las empresas destinaran un porcentaje de los fondos percibidos hacia la inversión. Lo que creo respecto de este punto es que allí existió el error que el porcentaje posible de invertir en el exterior era mínimo. Obviamente el objetivo fue por un lado formar un importante mercado de capitales. Y por otro –que debió ser y no se logró– estimular a que cada uno se viera incentivado a ahorrar en pos de que logre una vejez digna. CF: ¿Porqué te parece un error que el porcentaje posible de invertir en el exterior?,.. A.A. Porque eso es lo mismo que tener todos los huevos en la misma canasta. Una vez que el gobierno los confiscó: no queda nada más. Otro error es que en realidad las comisiones eran altas en el sentido que se cobraban cada vez que uno aportaba y sobre lo aportado, con el criterio que ellas administraban permanentemente los fondos hasta que uno se jubilara y después también. En realidad el error era que las comisiones debieran cobrarse sobre el total de la masa dineraria aportada para ser administradas de manera continua. La acción del gobierno hizo que se quedaran con el dinero que habían cobrado (de una vez) sin hacer la administración que suponía continua y a lo largo del tiempo. CF: O sea doble error,.. cobraban una vez sobre cada parte aportada en vez de sobre el total y mes a mes,.. y el segundo que una vez que cobraron la estatización les quitó el peso de cumplir con lo que debían por haber cobrado. A.A. Si,.. así es,.. o mejor dicho: así fue! Gracias al gobierno las AFJP cobraron sobre un trabajo que no terminaron de hacer. Otro aspecto fue un porcentaje que recibían las provincias –eso fue un claro arreglo político– porque algunas habían cedido sus cajas del seguro social previsional provincial a la Nación,…bueno,.. muchas de ellas ya estaban fundidas. Al incorporarse esos fondos que hubieran pertenecido a las provincias,.. como otros entuertos,… las provincias debían cobrar una compensación. Respecto de la composición de los fondos de las AFJP eso debe estar en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad Previsional en la web del ANSES. Hay que tener en cuenta que los aportes no eran solo las cotizaciones salariales,.. mucha gente hizo aportes particulares (privados) de su propio bolsillo porque entendieron que el sistema funcionaba como un

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sistema de ahorro,.. si bien no eran todos, ni los más, mucha gente puso una enorme cantidad de dinero que también fue confiscada. CF : Estas fueron las mismas causas que motivaron esta acción de gobierno es la misma que impulsó la fallida Resolución 125 AA: Si,.. y que yo he representado en un gráfico: el déficit fiscal comenzó a insinuarse ya desde fines de 2005 con una creciente disminución de la brecha ingresos/gastos, aunque todavía no había déficit fiscal,.. en el sentido que vieron que los gastos aumentaban más rápido que los ingresos. Y esta brecha se iba achicando cada vez más, porque el gasto público se incrementó mucho y aceleradamente, mientras que los ingresos no lo hacían en la misma medida. El supuesto era que el déficit iba a llegar pronto. Seguramente esto y en ese momento debido a la inminencia de las elecciones. Y administraron bien hasta el 2005, pero después se desmadraron el gasto fue creciente hasta que perdieron el control. Ya a principios del 2008 quisieron hacerse de los fondos de las AFJP. Una de las medidas que tomaron fue que aquellos que no llegaban a un mínimo de aportes – es decir: los de aportes más bajos,… que eran un gran número– pasaban directamente al sistema de reparto. Esto fue quitarle ya un gran número de aportantes a las AFJP, que aunque tuvieran aportes bajos, significaban una gran cantidad de dinero. Pero la cosa siguió igual gastando cada vez más y hoy a pesar de la alta presión impositiva llegamos a fines del 2015 con el record de tener el déficit de las cuentas públicas equivalente al 7% del PBI. CF: Y eso sin argumento ninguno,.. AA: No por supuesto la de quitarle los aportantes de menores ingresos no tenía un argumento válido, fue incluso una norma de menor jerarquía que modificaba la reglamentación de la ley vigente. Pero se querían quedar ya antes de empezar el problema con esos recursos. Y eso no fue suficiente,.. como necesitaban hacerse de los fondos, hicieron la propuesta de que la gente se pasara al sistema de reparto, con un mecanismo inverso: no había que suponer que el que quería pasarse iniciaba el trámite,.. sino al revés el que se quería quedar –donde ya estaba– debía ir al correo y hacer un trámite que consistía en firmar una carta documento para informar su intención de quedarse en la AFJP en la que estaba. El 76% de la gente hizo el trámite para expresar su intención de quedarse en el sistema de capitalización. Les salió el tiro por la culata,…entonces no tuvieron más remedio que si no era por las buenas,.. sería por las malas,.. y se planteo la ley de reforma del sistema.

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CF: Pero la crisis no se dio,..o sí? AA: No,.. la crisis, no era una crisis en ese momento. Era solo una visualización que se iba hacia ella. Si las cosas seguían así: se necesitaba gastar más y los ingresos no acompañaban,.. obviamente la crisis aunque no se diera en ese momento, seguramente llegaría!!! Y llegó en el 2008,.. por eso las medidas que adoptaron y no solo tuvieron que hacerse de recursos, sino que también en 2007 habían intervenido el INDEC porque la emisión monetaria para financiar el gasto público, también había crecido y seguiría creciendo, por lo que necesitaban ocultar en especial el impacto inflacionario que ello significaría. Tan importante fue el desbarajuste político-económico que no solo confiscaron en este caso los aportes de la gente,.. sino que aún los recursos voluntarios que por serlo –de los que también se hicieron– eran estrictamente personales, tampoco los devolvieron. Creo que hay alguna resolución judicial que obliga al gobierno a su devolución, pero nunca la cumplieron. CF: ¿Y todo ello no tuvo repercusión en la conducta de la gente?,..¿No tuvo repercusiones en las variables macroeconómicas? A.A. Por supuesto,.. esto tuvo muchas consecuencias –no hay medidas de este tipo que se tomen que resulten inocuas– no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. Por ejemplo el Índice Riesgo País” aumentó dada la percepción de riesgo de la gente. En 2008 las cifras del INDEC comienzan a ser manipuladas y son dibujadas, de tal forma que no reflejaran la realidad de lo que estaba pasando. Ya el riesgo país había empezado a subir con el problema de la Resolución N°125. Obviamente no solo se alteran los datos de la inflación, sino que a su vez esto modifica la interpretación del PBI que se muestra mucho más alto que el real. Se sabe que el PBI se expresa en una moneda estándar –en este caso el u$s– y si este se fuerza estable y a menor precio porque se controla su valor, el PBI aparece “inflado”. Otro indicador es el EMAE1, que tiene una importancia relativa en el sentido que también en 2008 comienza la crisis internacional, por lo que hay que ser muy cuidadoso con su lectura. Por su parte Osvaldo Ferreres creó el IGA, que es el Indicador General de Actividad, que tiene mucha credibilidad y todavía los economistas lo usamos. CF: Hablando de los aspectos legales, el gobierno utilizó muchos argumentos para justificar la reforma del sistema jubilatorio,… 1EMAE: Estimador Mensual de la Actividad Económica

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AA: Si,.. el gobierno negó la confiscación,… porque cambiar una ley no es inconstitucional! La inconstitucionalidad radica en la confiscación de los recursos. También en ese tema el gobierno encontró un argumento, decía: “..que esos recursos no pertenecían a los aportantes individualmente y que además eran un “derecho en perspectiva,..” Eso quiere decir que los adheridos tenían la expectativa de cobrar en algún momento a futuro,.. o incluso podría ser que no. Y eso los convertía en un “derecho en perspectiva”,.. CF: Eso suena a disparate! AA La argumentación en sí misma es un rebusque para justificar lo injustificable!! El planteo es el mismo que el que hace un plazo fijo. Obviamente el que hace un plazo fijo hace un depósito de sus propios recursos, durante un tiempo por el que obtiene un beneficio, que solo cobra al vencimiento del plazo establecido. ¿Se puede confiscar un plazo fijo?: No!!! El adherido al sistema de capitalización funcionaba igual: tenía un fondo de ahorro, del que además podía disponer en cualquier momento y eligiendo incluso cualquier administradora para que los administre. CF: Pero la gente aunque fue estafada no se manifestó como en la Resolución 125 AA: La gente salió a expresarse con la 125, pero no lo hizo con la Estatización de las AFJP, por lo que llamo el efecto Madoff (que era el presidente de una firma de inversión en EE.UU.) que fue acusado de fraude por u$s 50.000 millones y condenado en 2009 por ese delito. Ya la gente sabe que en estas cuestiones el riesgo es grande. El precursor fue Carlo Ponzi, que creo lo que hoy conocemos como el “esquema Ponzi” que es una operación fraudulente de inversión pagando intereses a los inversores con nuevos inversores. La estafa consiste en un proceso en el que las ganancias que se obtienen se producen gracias al dinero aportado por ellos mismos o por otros nuevos inversores que son engañados por esperar grandes beneficios. El sistema funciona solamente si crece la cantidad de nuevos clientes. Y en la conciencia de la gente esto ya estaba incorporado y antes de que sucediera nada decía: “..ya van a encontrar la forma de meter la mano en esa caja y llevársela,..” Es decir: ya estaba dado por hecho que te iban a robar. También cuenta que el sistema previsional ya había quebrado en 1988. El Presidente Alfonsín legaliza la quiebra mediante la Ley de Emergencia Previsional y esto también estaba presente. Otro aspecto importante fue el aspecto comunicacional –de ambos: el gobierno y las mismas AFJP– porque no se preocuparon en explicar como funcionaba el sistema y

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la gente creía que los aportes jubilatorios no era una previsión a futuro para garantizarse una vejez digna,.. la gente creía que los aportes eran un impuesto para poder trabajar,.. y lo mismo asumía cuando comenzaron las AFJP. No hubo campaña para concientizar que lo importante era el ahorro y el esfuerzo personal para lograr algo mejor,.. En fin fue un final anunciado,.. sin dudas una confiscación ajustada a las necesidades del gobierno!! Y la gente no protestó demasiado no solo por los motivos que di,.. sino también por una visión de un futuro alejado,.. poco valorado y con la convicción íntima que “alguna vez se harían de la forma de quitárselo”!! Tengo compromisos con los que seguir,.. me disculpo,.. Te mando los gráficos que hice al respecto!! CF: Muchas gracias,.. me siento no solo asombrado que pueda actuarse con tanta impunidad, sino a su vez agradecido con tu aporte. AA: Por nada Eduardo quedo a tu disposición. ---------------------------------------------------------------------------------

A. R. (Ph. D. Cientista Político. Filósofo, Economista) (07/10/2015)

CF: Estimado Dr le he hecho conocer el tema de investigación en el que estoy involucrado. Se de sus trabajos e investigaciones sobre la democracia y en especial el Estado de Derecho por lo que estoy a su disposición para que me clarifique con sus ideas. AR: El problema a central en la actualidad en las democracias modernas es el de comprender el antagonismo subyacente que subsiste entre las denominadas democracias mayoritarias y la vigencia del rule of Law. Esta concepción de la vida social –que no tiene una traducción precisa– pero que podría interpretarse como “el imperio de la ley” comenzó su desarrollo en Inglaterra a partir del pensamiento de los pensadores de la ilustración escocesa, pero su verdadero desarrollo fue posible en los Estados Unidos a partir de su independencia. El planteo central es que el gobierno es un gobierno de hombre para ejercerse sobre los hombres,.. es decir de unos sobre otros. En este contexto el estado resulta una ficción: una evolución del que se adueñan algunos hombres que gobiernan para poder ejercer el poder de gobernar a los otros. CF: Bien,.. pero eso nos remite a otra cuestión que sería el origen y desarrollo del estado, tanto como institución, como instrumento de ejercicio del poder,…

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AR: Exactamente,.. dado que los hombres son como son y su tendencia es a extender su poder sobre los otros, entonces hay que limitar su poder político. Esto es mucho más evidente cuando logran la adhesión y complacencia de las mayorías, por el método que fuere. Pero fundamentalmente apelando a la absoluta o relativa ignorancia de los ciudadanos sobre aspectos, políticos, sociales y económicos que hacen al buen funcionamiento de una democracia, por lo que se puede lograr la complacencia con los intereses del gobernante, constituyendo mayorías que luego imponen su voluntad. La conocida regla de la mayoría puede tener efectos perniciosos, porque un voto mayoritario puede imponer condiciones restrictivas sobre los demás, sobre sus libertades y sobre sus derechos naturales. CF: En ese caso Ud. me plantea varios problemas. En primer lugar si Ud. dice “… porque el hombre es como es,..” nos está remitiendo a una sociedad de tipología hobbesiana y es probable que hayamos superado mucho de ello,…y en segundo lugar Ud. me dice lo que muchos han estudiado –entre otros Tocqueville– acerca de la tiranía de las mayorías y… AR: Precisamente si hablamos del hombre es evidente que no puede hablarse hombres iguales en su comportamiento,.. en todo caso el estado de naturaleza solo puede hacer referencia a algunos aspectos que nos son comunes y que igualmente no están presentes en todos los individuos con igual intensidad,.. pero sí es evidente que algunos más otros menos conservamos un común egoísmo –sin que ello excluya también comportamientos altruistas, que también obedecen a satisfacer los propios deseos aunque su consecuencia final sea pretender ayudar o colaborar con otros (aunque también hay veces que logran consecuencias opuestas a los deseos expresados o supuestos)– y eso es lo que hace que estemos siempre en riesgo de que ese egoísmo se haga presente, a veces sin límites, que cuando es alimentado por el poder político, y los gobernantes tiendan a considerarse todopoderosos, y autoritarios,.. casi absolutistas cuando tienen la oportunidad,…y más aún si cuentan con el apoyo de las mayorías, el riesgo del mismo –de ese poder despótico– se incrementa y sus consecuencias no son buenas. Esas son las que hoy conocemos como democracias mayoritarias, que si aún más son populistas pueden imponer su voluntad a su gusto, avasallando a las minorías e imponiendo regímenes tiránicos. Su opuesto es el rule of Law.

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CF: en estas ideas ¿cuáles serían los medios para lograr un mayor equilibrio y lograr limitar el riesgo de que eso suceda?,.. digo limitar el riesgo porque es evidente que el mismo estará siempre presente. AR: la limitación está en el rol fundamental del Poder Judicial, conocida como el Judicial Review. Cuando el poder judicial está unido o vinculado con algún lazo de dependencia al poder político,.. entonces la justicia es política!!! Las mayorías no tienen derecho a vulnerar a los deseos, intereses y preferencias de las minorías. Es cierto que cuando uno asume jugar el juego electoral y las reglas están establecidas las decisiones que se toman son las que deciden las mayorías. Pero en las reglas del juego está el tema: las reglas son las leyes, que otorgan derechos pero también obligaciones y entre estas últimas está el respeto por determinados derechos que deberían ser inviolables, que son los derechos individuales, que pertenecen al individuo –que es pre-existente a la constitución de la sociedad– y que por lo mismo no los resigna ante ella cuando la integra. Por eso los derechos individuales siempre deben ser defendidos. Fíjese que incluso en nuestra Constitución Nacional, en el artículo N°19 de manera deducible o parafraseado, se plantea el derecho de cada uno a la búsqueda de su propia felicidad. Hoy el socialismo en sus variadas formas y algunas que se dicen democracias, en nombre de la voluntad de las mayorías (o las asambleas que pretenden representarlas, encarnadas en el Poder Ejecutivo y el Legislativo) tienden a violar los derechos individuales. Se ha llegado el caso de sostener que el Poder Judicial no puede considerar nula o anticonstitucional, algunas normas o leyes votadas por mayorías parlamentarias, o por el mismo Ejecutivo. El argumento es que ellos encarnan la voluntad del pueblo y no así el Poder Judicial. Madison en su carta N°51 expresa: “…cuando la facción más poderosa se puede unir para violar los derechos de la facción más débil, es porque la sociedad se encuentra en estado de naturaleza,..donde el más débil está a merced del más fuerte y su violencia,..” CF: Evidentemente estamos en un problema de larga data y de difícil solución,.. y es cada vez más palpable que en muchas democracias –en especial en países menos desarrollados, o de menor cultura democrática– la tendencia a pensar que debe prevalecer la voluntad de las mayorías, a costa de cualquier otra consideración, ha ganado mucho terreno,… ¿Podría pensarse en establecer un verdadero rule of law en nuestro país? AR: Respecto de lo que dice –y que es cierto– es consecuencia de un larvado socialismo, que ha avanzado e introducido esas ideas a las que mucha gente no encuentra argumentos 322

para rebatir. Además en la Argentina la Constitución de 1853 y su reforma de 1860 instituyó el rule of law de la que se deduce como consecuencia y eso permitió limitar el poder de los gobernantes, que imperara el estado de derecho y que la Argentina de principios del Siglo XX estuviera entre los diez países más ricos, en PBI per cápita, del mundo. Ya Tocqueville nos había dicho: “.. la riqueza de las naciones depende más de la libertad de sus ciudadanos que de la riqueza de sus tierras,..” Y esto es muy importante porque el rule of law no tiene un significado literal traducible,..no es un concepto genérico, sino que es específico por el que se establecieron conceptos y patrones jurídicos específicos. De allí se dedujo que el capitalismo era un sistema económico,.. pero los sistemas son éticos, políticos y jurídicos. Entonces la economía es una consecuencia de la suma de los comportamientos individuales, según en donde y en el marco en que se desarrollan. El capitalismo es la consecuencia de la libertad individual. CF: ¿Cómo cree Ud. que podríamos llegar a instalar el rule of law wn la Argentina? AR: Ya dijo Séneca: “..para quien no sabe donde va no existen vientos favorables,...” En primer lugar debe plantearse a los políticos que no se deben violar los artículos N° 14, 17 y 19 de la Constitución Nacional. En segundo lugar hacerles comprender que existe una enorme diferencia entre el rule of law y la justicia actual en la Argentina: esta última no tiene independencia del poder político ya sea del Ejecutivo como del Legislativo,.. claro se plantean: ¿Quién controla el poder Judicial?,.. pero eso es fáctico y debe darse al Poder Judicial autonomía y autarquía,.. pero particularmente independencia, porque su función esencial es posibilitar un estado de derecho. Y para ello los jueces deben no deben poder ser destituidos, salvo que ellos mismos infrinjan las leyes; deben tener estabilidad más allá de los gobiernos y no deben ser elegidos por el pueblo,.. y esta última es otra argumentación a favor de las voluntades mayoritarias, que impone límites al poder judicial y lo somete al poder político. CF: En verdad, también el problema de la democracia es el de la representatividad AR: Si,.. ese es el problema para determinar quien gobierna,.. pero finalmente el conflicto se da en el cómo se gobierna!! Y el cómo se gobierna es función de control del rule of law, a través del Poder Judicial, cuando existe verdadera separación e independencia de poderes y todos deben cumplir con la Constitución y las leyes,.. incluso el mismo poder Judicial. Eso es un estado de derecho,.. y no un estado sin derecho cierto y transparente,.. más allá de toda circunstancia política. Por ello el socialismo que alguna vez intentó

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denominarse democrático porque invocaba la voluntad de las mayorías, en busca una democracia obrera, que a través de la dictadura del proletariado alcanzaría un hombre nuevo, libre de las contradicciones del capitalismo, es inconstitucional. Su misma búsqueda del poder –ahora bajo formas más democráticas que las de una revolución– por el simple hecho, aunque hay muchos más argumentos, de alcanzarlo a través de invocar una dictadura. En la Argentina se han buscado muchas formas de domesticar al poder judicial, incluso la constitución del Consejo de la Magistratura es una amenaza constante a la independencia de los jueces para elaborar sus fallos, porque están a tiro del disgusto que puedan provocar en el poder político. De cualquier manera eso es cómo han evolucionado nuestras instituciones judiciales y el solo hecho que el Poder judicial este condicionado por el poder político, nos aleja mucho del rule of Law. Hay que tener en cuenta que los países desarrollados lo son porque el rule of Law impera de manera incuestionable. Su desarrollo económico es la consecuencia inevitable que los individuos pueden dar rienda suelta a sus capacidades creativas en plena libertad, porque están protegidos entre sí y de las arbitrariedades de los otros o de los intereses del gobierno: impera el estado de derecho que alcanza a todos por igual. CF: ¿Cuáles cree Ud. que son las características más importantes que debería tener una democracia para ser garantía de instituciones de calidad AR: Casi todos se han centrado en el análisis de modelos democráticos, haciendo hincapié en el “corpus democrático” y solo recientemente los análisis se han ocupado de los componentes que hacen posible la calidad y que dependen en gran medida de la forma de gobierno, o mejor que ello de cómo es el comportamiento de los que nos gobiernan. No existe un modelo “ideal”, que satisfaga a todos, pero sí que existen bases conceptuales ineludibles que hacen a una democracia más o menos eficaz. Entre estos componentes es importante que en la interacción entre el líder y sus seguidores no se le confieran poderes excepcionales, que las elecciones provean de suficiente legitimidad de origen,… que exista reconocimiento de los límites institucionales y que no se vulneren las instituciones. Otro aspecto es el estricto respeto a la separación de poderes. Y en especial que no exista discrecionalidad en la adopción de las políticas públicas. La discrecionalidad es producto de la concentración de poder. El gobernante debe ocuparse de pocas cosas que son inherentes al estado. Querer instituir políticas públicas de cualquier tipo lo único que hacen es beneficiar a quien las implementa porque genera dependencia y cleintelismo. El gobierno en ese sentido debe ocuparse de aquellos que verdaderamente sean incapaces de

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valerse por si mismos. Pero no más allá de eso. También es importante el funcionamiento y el financiamiento del sistema de partidos. La orientación ideológica, el ejercicio del poder político, si este es monopólico o no. Y como fundamental, el respeto a las libertades y en particular a la libertad de prensa, el respeto a los derechos de propiedad. Y que exista una adecuada voz y rendición de cuentas (Accountability) por parte de los gobernantes, no solo electoral sino también por una efectiva evaluación de parte de los organismos de control gubernamental y la libertad económica. La libertad es un bien deseable y posible a todos. La igualdad solo es posible en el ámbito de lo político –un individuo es un voto– y en el marco de lo jurídico: la igualdad ante la ley. Lo demás es demandas de la sociedad igualitarista y demagogia de los políticos. CF: Muchas gracias,. Muy esclarecedora su entrevista,.. seguiremos charlando,… AR: No hay de qué,.. estoy a su disposición. Y un agraegado para chicanearte: Uds. Los médicos se creen los inventores de la evolución, con Darwin y Lamarck, etc. ¿pero sabés que estaba leyendo Darwin mientras desarrollaba su teoría?,.. La riqueza de las naciones de A. Smith,…así que las ciencias sociales precedieron a las naturales en sus descubrimientos!! (Risas) CF: Gracias Dr….. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

FC (Abogado. Dr. en Derecho Constitucional. Entrevista en Noviembre 4 de 2015)

CF: Hola F……Bueno hemos conversado ya dos veces sobre temas generales y ahora que te he hecho llegar el tema de mi tesis quería ver sus opiniones desde lo jurídico,.. por ejemplo y para ir comenzando: ¿Cuál es el papel que ha cumplido la justicia respecto de los derechos individuales? FC: Para esta primera pregunta que hay que empezar por un plano teórico. Yo lo denomino el orden jerárquico normativo: 1. La Constitución Nacional, 2. Los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, los tratados de DD.HH. que tienen jerarquía constitucional, luego el resto de los tratados internacionales y 3. Las leyes nacionales, y así sucesivamente todo el orden normativo que le sigue,.. los Decretos Nacionales, las Resoluciones, disposiciones, etc.. y luego toda la legislación provincial. Esta pirámide legal está totalmente transgredida, muchos ciudadanos no la tienen presente, muchas personas jurídicas no la tienen presente y muy especialmente el estado en los últimos años no la ha tenido presente. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos 325

Resoluciones Ministeriales violando leyes nacionales o Decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete o aún menores violando normas de índole constitucional. Un segundo punto que se debe marcar es la violación de los derechos de las personas físicas y jurídicas –de la más diversa naturaleza– entre ellas las personas físicas que violan los derechos de otros o personas jurídicas que violan los derechos de otros. Este principio básico según el cual los derechos de una persona terminan en donde comienzan los de los demás,.. está totalmente tergiversado. Y en la tercera columna o digamos en último término está el poder judicial,que por la división de poderes permite que todo lo demás, sustentado y tenga resguardo y las personas físicas y jurídicas tengan la posibilidad de que sus derechos sean preservados. Si el estado –en la primera columna– es el primero en violar los derechos porque ni siquiera respeta la pirámide normativa, como por ejemplo: un secretario de comercio ordena prohibir las exportaciones de carne,.. pero sin embargo la CN garantiza el libre ejercicio de la industria y el comercio, que puede ser reglamentado por ley, pero nunca puede ser reglamentado de tal forma de contravenir la sustancia del derecho, es decir: nunca puede suprimir el derecho,…como también sucede con el derecho de propiedad,.. la libertad de expresión,.. y demás. Podrá eventualmente reglamentar y estableciendo límites, pero que no contravengan la sustancia del derecho. El único derecho no reglamentable es el derecho a la vida,… el resto todo es reglamentable, tal como dice la misma CN,.. pero en ningún caso esa reglamentación puede contravenir la sustancia el elemento básico en el que se sustancia el derecho. Lo que pasa en la Argentina es que dentro de esa alteración de la pirámide de normas que representa el sistema jurídico argentino, se violan derechos en individuales al punto tal de violarse derechos constitucionales. La Justicia no ha frenado esta situación,.. no la ha encauzado,.. en la segunda columna que te mencionaba –la de las personas– y sus conflictos, las personas entre sí o reclamándole al Estado. Por ejemplo las personas tratando de frenar el avasallamiento de sus derechos por otras personas o inclusive por el Estado ¿han tenido en la justicia un mecanismo para evitar que esto ocurra o bien para lograr una reparación cuando esto ya ha sucedido? Y la verdad es que no,.. esta protección no ha ocurrido,.. la verdad es que la crisis institucional es fenomenal y la verdad es que el poder judicial, en última instancia tiene una enorme responsabilidad en que así haya sucedido. CF: ¿De qué manera se han violentado las libertades y los derechos fundamentales? Y dijo algo respecto al derecho a la vida que me perdí,…

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FC: Bueno,.. el derecho a la vida es un derecho absoluto,.. no admite ser reglamentado, en su propia sustancia está inscripto que no existe ninguna alternativa a su vigencia absoluta. En cambio el derecho de propiedad, el de comerciar libremente, la de circular, … como entrar y salir del país libremente, son todos derechos constitucionales pero tienen la normativamente posibilidad de ser reglamentados. El Art. 14 de la CN comienza diciendo “…los siguientes derechos sujetos a la reglamentaciòn,.. y los enumera estarán sujetos a la reglamentación por las leyes que dicte el Congreso,.. el art. 28 de la CN dice más o menos lo mismo con la limitaciòn que no se altere la sustancia del derecho,.. el derecho a la propiedad está sujeto a reglamentación,… luego es la Justicia la que tiene que establecer si la reglamentación dictada por los diferentes estamentos del estado es razonable o no y si en su caso la misma reglamentación ha violado el derecho de propiedad. Por ejemplo: las mismas leyes impositivas,… la Corte establece que es confiscatorio el ordenamiento legal o aquellas normas de cualquier tipo que alteran en lo sustancia legal el derecho de propiedad y para ponerlo en números la Corte ha dicho que cuando la imposición supera el 35% del valor de un bien la presión impositiva es confiscatoria. Pero ¿por qué fija el 35%? Bueno porque en un momento se fijó una línea para determinar que es confiscatorio y que no lo es! Este porcentaje lo fijó la Justicia a partir de la Doctrina de la Corte Suprema. Después podemos discutir todo lo que uno quiera acerca de si el porcentaje esta bien o no,.. ¿Cuál es el porcentaje correcto? ¿el 50, … 30,..60%? ¿hasta donde afecta tu derecho de propiedad?,.. ¿Qué tan rentable es tu bien como para poder pagar un determinado porcentaje?,.. porque una cosa es tener un bien o un activo que te genera una renta del 100% y otra es tener uno con el que apenas se puede subsistir. CF: ¿Quién determina esos porcentajes? FC: Bueno,… en este caso la Justicia. Es en realidad la Doctrina de la Corte Suprema. Si uno tiene una renta del 20%,…obviamente en un cálculo en el que se deduzcan los costos,… hablamos de “rentabilidad” y tiene que pagar un impuesto que es del 40%, esto es claramente una confiscación! Cada tema es un debate particular. Lo cierto es que hoy en mi visión la tergiversación en la jerarquía normativa es fenomenal,.. pocos jueces están juzgando mirando la CN en última instancia,.. están con la letra chiquitita o en inciso de determinada norma o disposición que muchas veces es solo una resolución ministerial,… y peor cuando lo es solo de una provincia. Y en realidad esto hay que interpretarlo armònicamente en el contexto general del mismo sistema. Esta tergiversación ha

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generado inseguridad jurídica. Mucha inseguridad jurídica y de la mano de esta inseguridad jurídica el desconocimiento del derecho por parte de los ciudadanos! Cuando las propias leyes establecen,.. el Código Civil y Comercial actualmente nos dice que la ley se presume conocida para todos. Nadie puede alegar para excusar un incumplimiento legal el desconocimiento de la norma. La ley se presume para todos. Creo que hay pocos abogados que conocen todas las leyes vigentes,… Ja,.. parece cómico o fuera de lugar pero esto es así. Hay una enorme dificultad en el armado del sistema legal,.. hay mucho para mejorar en esa línea y esa tergiversación normativa ha provocado –en mi visión– un clima propicio para la violación de las libertades individuales, de los derechos subjetivos en general, tanto por la actuación del Estado –máxime cuando el Estado ha intervenido activamente en determinadas actividades de la sociedad o de las empresas o en sus actividades económicas o sociales– y a la ve z, o como contra cara cuando entre los ciudadanos, entre las personas físicas y/o jurídicas en su interactuación en la sociedad hay muchas violaciones normativas generadas precisamente por su inseguridad jurídica,.. donde hay una base –que insisto– hay una tergiversación de normas, una resolución ministerial que por ejemplo contraviene una ley nacional, o un derecho establecido por la CN o va en contra de un derecho constitucional y por otro lado la inestabilidad normativa. El cambio de reglas permanente que genera a su vez desconocimiento e inseguridad. CF: Eso me habilita a dos preguntas. La primera de ellas es ¿Cuál es el motivo para que esto suceda? Porque si todos los ciudadanos deben conocer las leyes,.. mucho más los funcionaios! Y la otra está vinculada al concepto, que se nos dice ahora en especial, que no es el Poder Judicial el que puede modificar o contravenir aquellas normas que son dictadas por los otros poderes,.. porque ellos son los verdaderos reperesentantes del pueblo,.. de lo que le pueblo quiere,. Y lo que el pueblo quiere es los que sus representantes hayan decidido,..el argumento sería que ellos son los representantes de la voluntad popular FC: Es así,…porque si todos los ciudadanos tienen que conocer las leyes,.. mucho más se supone los funcionarios,.. y por lo tanto sería un absurdo pensar que pueden avanzar en el sentido de violarla,.. violar la pirámide normativa, o desconocer la CN o realizar actos dispositivos que la contravengan es una contradicción en sí misma,..en el sentido de violar la piràmide normativa y desconocer la diferente jerarquía de las normas. Lo que pasa es solo que piensan en ampliar las competencias o incumbencias de su sector y para

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ello deben maximizar las normas del sector en el que se desempeñan,…Y otro problema es el que está vinculado a la concepción que el poder judicial no es quien debe modificar o contravenir cualquier disposición que se supone los representantes del pueblo hayan decidido. Porque precisamente son los representantes de la voluntad popular,..aquí existe una doble contradicción, entre ambas preguntas. Respecto de la primera pregunta a mi me parece que los funcionarios del poder ejecutivo de las provincias y de la nación en algunos casos por desconocimiento y en otros por necesidad del contexto político que viven. Lo que tratan de hacer es pensar en maximizar la aplicación de las normas en el sector en el cual trabajan. Quiero decir que el funcionario de ARBA tiene como principal meta recaudar y va a recaudar todo lo que pueda, va a pensar todos los mecanismos, más allá de la potestad que el estado le otorga de recaudar a ciertas actividades según su base constitucional, va a pensar al máximo todo lo que le permita cumplir su objetivo. Entonces por ejemplo tanto ARBA como la AFIP han dispuesto una gran cantidad de embargos sin orden judicial. Eso genera una inseguridad jurídica fenomenal. La Corte Nacional y la Corte de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, han declarado inconstitucional esta facultad que se arrogaron con normas jerárquicamente inferiores los organismos recaudadores para hacerse del patrimonio de los ciudadanos sin orden judicial. Sin intervenciòn de la justicia,.. y lo siguen haciendo! Entonces a mi me parece que hay muchos funcionarios que aún desconocen incluso los fallos de la Corte y aunque el tema no derrama a todos los casos, continúan haciéndolo y muchas veces lo extienden a otros ámbitos y lo hacen discrecional y arbitrariamente. Cada tanto por ejemplo traban cuantas corrientes de algún particular o empresa por oren de algún funcionario u organismo de gobierno. Yo tenìa un profesor que nos decía: ¿Y arriba de la pirámide normativa que hay,.. digo arriba de la CN que hay?,.. bueno, si uno es creyente está Dios,.. pero en nuestro país incluso por encima de Dios ¿quién está?,… la AFIP,… (risas) Para la AFIP lo único que hay es la AFIP y el resto no existe. La pregunta que uno debe hacerse es ¿porqué los funcionarios hacen esto,.. cuando en realidad son los primeros que deberían tener respeto a las leyes?,.. porque esto también lo dicen la leyes: a mayor conocimiento mayor responsabilidad,.. entonces la presunción de conocimiento de las normas en cabeza de un funcionario es mucho más fuerte, se agudiza, el funcionario debería usar esta pirámide normativa mucho mejor que cualquier otro ciudadano que no está en la función pública. Sin embargo por desconocimiento, falta de capacitación o por

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el contexto político o lo que fuere podríamos hacer un larguísimo listado de normas de menor jerarquía, por ejemplo ministerial, que contravienen y violan flagrantemente derechos constitucionales. La inestabilidad de las normas es el otro punto,.. mucho cambio normativo,…el cambio de reglas es constante,.. uno termina por no saber donde está parado,..¿qué PYME puede funcionar hoy en Argentina sin tener dos contadores que estén todo el día mirando que resolución emite la AFIP o el ANSSES en materia de seguridad social?,..o las tasas que inconstitucionalmente con el solo fin de recaudar se intentan imponer,.. o también las que imponen los municipios, la tasa de publicidad por ejemplo en muchas jurisdicciones,… entra un inspector de un municipio de la Provincia de Buenos Aires a un quiosco y ve un cartel de “Coca-Cola” y dice Usted tiene que pagar un impuesto por publicidad por ese cartel. Todo eso genera tergiversaciòn,.. normas impuestas segùn requerimientos y circunstancias polìticas del momento,.. y la gente no sabe a que atenerse. Y esto muchas veces es más difícil resolverlo intentando litigar que resolviéndolo de alguna forma aunque sea indebida. Vemos como esta alteración de normas, la multiplicidad de las mismas, la ausencia de respeto a la pirámide normativa, trae aparejado a la inseguridad jurídica un fenómeno ligado a la corrupción. CF: Eso sin mencionar los costos de transacción que eso genera!!! FC: Pero por supuesto,.. inmensos,.. ya los economistas se ocupan mucho de eso y tienen razón, los costos de transacción no son un daño colateral,.. están implícitos en toda esta maraña jurídica! Respecto de este punto hay mucho para trabajar: instrucción cívica, hay que introducir en las carreras universitarias conceptos sobre los aspectos más importantes de la CN,.. hay que capacitar a los funcionarios, si es posible capacitarlos antes de que lleguen, CF: ¿O hay que pensar en algún límite?,.. en el sentido que todo poder debe tener algún límite,.. no es posible quedar expuesto a las arbitrariedades de los funcionarios. FC: En el sistema republicano el resguardo final de todos por supuesto que es así y eso implica la división de poderes y cada uno debe cumplir su función, incluso controlando a los otros poderes. Ese punto en particular haciendo que los funcionarios se limiten en sus atribuciones la tiene el Poder judicial. Argentina tiene un control de constitucionalidad que se llama “difuso”: no tenemos un tribunal constitucional. Todos los jueces nacionales

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y provinciales, nacionales y federales, tienen control de constitucionalidad sobre las causas que se encuentran bajo su órbita. En todo a cada caso y juzgando ese caso y no en casos que no están bajo su competencia debe el juez contemplar la aplicación de la ley. Existe un debate en el mundo del derecho administrativo, digamos el derecho público, en general ¿Cuál es el límite –y está de moda ahora, porque ambos candidatos lo han mencionado– de la intervención de los jueces sobre las normas que emiten los poderes políticos, que se arrogan,.. (¿en realidad las tienen?),.. la representatividad popular? CF: Bueno,… en mi opinión el problema de la “representatividad” es uno de los puntos más importantes a discutir en una democracia! FC: Si,.. por la ley de partidos políticos la tiene! Pero si vamos a hablar de la crisis de representatividad a partir de la formalidad de la ley bueno,.. ese es un gran debate. Pero legalmente el Congreso en la Cámara de Diputados representa al pueblo y la Cámara de Senadores representa a las provincias dentro del sistema federal. CF: Creo que es un supuesto excesivo el de pensar que porque los representa tiene la capacidad de expresar cabalmente las ideas de sus supuestos representados,.. cuando en realidad los representados tienen una diversidad absoluta y un amplísimo espectro y diferencias en sus opiniones. En esa diversidad ¿Cuál es el margen de maniobra? FC: ¿El margen de maniobra?,…Lo da la legitimación para adoptar medidas porque más allá de lo que diga la ley si son medidas impopulares en algún momento se produce un conflicto y la crisis estalla,.. pero mientras ello no ocurre el margen de maniobra está establecido las leyes,.. es decir por el marco legal y debiera cumplirse en ese marco legal. El estado derecho,.. bueno ¿Qué es el Estado de Derecho?,.. podemos discutir toda la tarde sobre este tema. Sería la vigencia del derecho de manera absoluta,.. pero dados los problemas que te mencioné: la inseguridad jurídica, la innumerable cantidad de normas, la ausencia de respeto a la pirámide normativa,.. y no habiendo puesto límites la misma Justicia a esta situación entonces es muy difícil tomar decisiones acertadas. Respecto de cuál es el límite a la intervención del poder judicial, y más allá de la discusión política que ello implica, en doctrina jurídica la oportunidad, mérito y conveniencia de las decisiones políticas adoptadas por el poder ejecutivo, o en su caso el legislativo cuando existan razones que motiven la sanción de una ley, quedan fuera de la ley,.. es lo que lo que la Corte ha dicho son decisiones “no justiciables”. Pero a su vez esto tiene un límite

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en la doctrina la Corte Suprema en sus dictámenes de por lo menos los últimos cien años. ¿El límite cual es? Cuando esa decisión administrativa del Poder Ejecutivo o esa ley del Legislativo, viola el sistema legal, ahí los jueces están obligados a meterse en el tema y a tratarlo. Luego cada juez debe interpretar si la norma viola principios de la CN Como el centro constitucional es difuso, debería analizarse si, para esa norma, el dictado es contravencional o no lo es de la CN. Para poner un ejemplo: la universidad de los organismos de recaudación provincial para cumplir con sus metas recaudatorias y presupuestarias, ha generado entre otras cosas que se establezca la solidaridad de los administradores de las sociedades anónimas, por ejemplo, con las deudas generadas por impuestos provinciales. Entonces en donde el contribuyente es el aportante por ejemplo de las alícuotas fiscales por impuestos ya establecidos,.. –lo mismo pasa en la Provincia de Santa Fé, etc.–, entonces la sociedad quiebra entonces para la norma provincial la responsabilidad por el pago del tributo provocado por la quiebra de esa sociedad recae en los directores. Esta es una norma provincial,..jerárquicamente inferior a la ley de sociedades por lo que existe una contradicción con leyes nacionales –e incluso la misma CN– y hay así un montón de directores inhibidos!! Entonces ahora las empresas han aprendido y terminan designando directores a tres personas que tal vez tienen una situación económica de enorme necesidad y les pagan algún dinerillo con el que quedan contentos pero son insolventes ante la norma provincial. Las empresas no tienen en su directorio a sus propios dueños o en sus directorios –que es la administración del día a día– que es el que tiene la responsabilidad máxima. Muchas veces el dueño que firma los cheques,.. no está en el directorio. Son normas provinciales que establecen la solidaridad de sus directores,.. y la ley de sociedades –ley nacional jerárquicamente superior– establece que los directores van a ser responsables por los daños que causen a terceros o a la sociedad o a terceros, en la medida que actúen con dolo o con culpa. Y no una responsabilidad objetiva por el cumplimiento de las normas tributarias. Si yo soy director de una empresa y por las disposiciones tributarias de la compañía debo pagar $100 y mis obligaciones son $120, tengo que elegir que pagar. Y probablemente elija pagar los sueldos,.. la luz,.. el gas,.. para que la empresa continúe funcionando y tal vez relegue el pago de ingresos brutos,.. ahora por esa decisión el director es responsable con su propio patrimonio por la deuda de la sociedad. Esto es un ejemplo de clara inconstitucionalidad y la justicia debería intervenir. ¿Pero cuándo? Cuando esa empresa va y lo pide o ese director va y lo pide,.. pero si ese proceso conduce a un pleito contra el estado nacional, o el estado provincial, con un juez que muchas veces no es proclive a fallar contra el 332

estado, en el marco de un proceso que puede durar aún más de 10 años, entonces el proceso no sirve. Entonces en un marco de constitucionalidad difuso que le permite a un jez al margen de la oportunidad y conveniencia que puede significar una norma,..juzgada, sobre si se puede infringir una norma superior,.. todo eso cae en saco roto si el proceso dura 10 años y por supuesto aún es mayor si el juez no es imparcial u objetivo. Y pocos se animan a dictaminar contra el estado,.. por supuesto que las normas tienen límites, pero no debe caerse en el gobierno de los jueces, en el sentido de un poder auto-controlado,.. pero es que no es cierto eso,… los jueces pueden ser removidos,.. pueden ser sancionados técnicamente, después si ocurre o no es otro tema pero por ejemplo el Consejo de la Magistratura, cuya composición debería reverse porque depende en suma del poder político en gran medida,... El deber ser es el marco legal que tenemos,..después es que es lo que es!!! ¿Y como funcioona? Bueno,..todo “patas para arriba”: el Poder Judicial funciona muy mal Porque los controles no han funcionado y funciona muy mal no tanto por la deshonestidad de sus integrantes que en general –yo tengo la visión– de que hay mucha honestidad,.. la mayor parte de los integrantes de la justicia tienen parámetros éticos y morales superiores a la media. Por supuesto que es un organismo tan sensible que una oveja negra trae un perjuicio fenomenal. Hay un integrante corrupto,..entonces hay una justicia corrupta,.. así se traduce mediáticamente. Hay muchos jueces probos que bajan los brazos como consecuencia de la impotencia,.. siente como que está luchando contra los molinos de viento!! Surge el cansancio moral,.. eso tiene que ver con el carácter de cada persona. Sin ir al extremo del personaje que es corrupto,.. estos generan en otros cierta cobardía cuando se dan cuenta que el avasallamiento de las libertades individuales, el avasallamiento de los derechos de los ciudadanos –por ejemplo en el tema tributario como acabamos de mencionar– siga también acorralando a los jueces,.. y los jueces están solos y muchas veces uno se encuentra con un juez de mayor edad que no encuentra motivos razonables para seguir luchando y no tiene ganas de que lo echen dos años antes de jubilarse por una causa en la que puede dictaminar –que más allá de su convicción – el tema es opinable. En general siempre existen razones para interpretar para un lado o para el otro porque en el derecho la mitad de la biblioteca,.. entonces siempre va a haber un argumento para decir: “me declaro incompetente” o tomo como medida previa alguna otra argumentación,..Entonces allí aparece otro matiz: ¿es corrupción? Y depende con que óptica se lo mire. En la mía en particular, ese juez está incumpliendo sus funciones, ya que no dicta resoluciones de acuerdo a derecho y de acuerdo a su convicción, con coraje y en tiempo oportuno! O decir que lo está 333

estudiando,.. que es otra forma de dilatar las cuestiones. Hay otro problema que conduce a la paralización de la justicia y es la existencia de jueces que esquivan resolver bajo el argumento que fuese. Otro es la falta de capacitación. Hay muchos jueces que no están entendiendo lo que está pasando en la calle. Jueces comerciales, que no entienden cómo funcionan las empresas. Jueces civiles que no entienden los problemas de la gente. Jueces laborales que destruyen la empresa bajo supuestos de defensa – más ideológica que lógica– de avivadas de trabajadores y abogados que lucran con ello, o no ven ciertas maniobras defraudadoras en las que se están usando a los tribunales. Jueces penales que están detrás del punga pero no detrás de las grandes organizaciones criminales. O sea que la capacitación es un problema muy grande,.. de la universidad, de los propios resortes del poder Judicial y del poder político. Porque aunque hoy se ha mejorado bastante es el sistema de elección de jueces, antes del Consejo de la Magistratura –que fue impuesto por la última reforma constitucional– los jueces se designaban en forma directa por propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado. Tanto en la época de Alfonsín como en la de Menem se nombraron Jueces penales, que nunca habían ejercido el derecho penal. Un ejemplo era Rodosky Tapia que era una jueza que no sabía hacer las sentencias y le pagaba a un ajeno para que se las hiciera. O sea el problema es un problema que viene de arrastre,.. la reforma del ´94 puso un filtro en la selección de jueces en cuanto a su capacitación y conocimiento. En mi visión, esto ha generado una enorme demora en la selección de jueces, lo cual para nadie es bueno!! Porque quedan causas sin juez que dictamine y hay que llamar a otro para que –sin compromiso personal porque no es su causa– ponga la firma para lograr que la causa avance. Se han demorado mucho los procesos por la ineficiencia del sistema creado. Sin embargo el filtro sirve,.. es muy difícil que llegue a ser Juez Civil un personaje que no sabe nada de derecho civil. Lo que ha generado a su vez es otro tipo de problemas. Antes los candidatos a jueces surgían de la carrera judicial,.. y hoy muchos que para poder ser jueces pasan por el tamiz político del Consejo de la Magistratura y eso genera que empiezan a intervenir asesores de diputados y senadores, en un proceso tan largo y desgastante, que los jueces finalmente terminan siéndolo con demasiados “contactos” políticos y su contraparte de dependencia. Ello empaña su imparcialidad e independencia. Y aunque muchos asumen con la convicción que no le deben nada a nadie,.. mientras otros atienden el teléfono! No es un tema de coimas o cohecho,.. se trata de atenciones e influencias que parcializan las decisiones. Esto solo es una enumeración de problemas que dificultan el buen funcionamiento del poder judicial y luego podemos hablar de los procesos,.. de la 334

infraestructura,.. de tecnología,…de porque se siguen cosiendo expedientes con hilo y aguja,. etc. etc. CF: ¿Y la injerencia del poder polìtico?,.. ¿La colonizaciòn de la Justicia? FC: La injerencia del poder político es muy variable según el juez de que se trate. Antes el propio poder legislativo debía actuar para remover un juez,..(y hay muchos casos que uno podría recordar,.. por ejemplo el Juez Nicosia, o García Foucault, que tenían causas con serios ilícitos con peritos contra Ferrocarriles Argentinos, y demás),..bueno,.. fueron removidos con el sistema anterior. Ahora la Ley del Consejo de la Magistraura establece un procedimiento para ser removidos. También establecen sistemas para la aplicación de sanciones. Lo que ocurre ese sistema que legalmente está vigente,.. y no está funcionando. Nadie está auditando si el Juez del juzgado Nº1 está funcionando bien,,, si el del Juzgado Nº2 fue a trabajar,..etc. etc. todos los controles son función del Consejo. Los Jueces resisten esto en forma corporativa, pues piensan que no deben ser controlados sino por la justicia, pero no por un organismo que tiene una gran componente político. Obviamente la división de poderes debería existir. Pero tampoco los jueces han establecido sistemas de auditorías internas que permitan que los tribunales trabajen con cierta homogeneidad. Además el Consejo de la Magistratura tiene una composición más política que técnica o técnico-judicial. Hay muchos ejemplos en el mundo que avalan que este sistema es mejor que el anterior. Más allá que tiene que volver a ser reformado,.. el Consejo de la Magistratura es un paso adelante respecto del sistema anterior. Debería haber tal vez mayor equilibrio,.. hoy hay 13 Consejeros y poder político tiene un enorme peso. Hay que recuperar el equilibrio. Pero más allá de eso lo que significa modificar la composición. Todos los proyectos que se han presentado apuntan a eso,.. a modificar un mayor equilibrio político! Que tengan mayor representación de los jueces, que la Corte vuelva a estar en el Consejo de la Magistratura,…etc. Esto que has mencionado sobre la “colonización del poder judicial”, tal vez no sea la descripción adecuada pero claramente en los últimos años han sido designado jueces que tienen mucha simnpatía por el gobierno de turno. Esto genera que en el Consejo de la Magistratura algunos de los jueces voten con la mayoría política y entren en esa rosca de “yo te voy a ayudar a designar a fulano o mengano”. Pensando en grande esto esos proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura algunos son muy buenos. Pero nadie pone el foco en lo operativo. Y yo creo que muchas veces las instituciones las hacen las personas. Si un Juez es bueno o malo puede hacer que su juzgado funcione o no. Hay miles de ejemplos de esto. Hay juzgados

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en los que una quiebra puede durar 30 años y en el de al lado puede durar 6 meses. Son las personas las que hacen las instituciones. Lo mismo pasa en el Consejo de la Magistratura. Si uno tuviera consejeros que tengan plazos, que obligue a ser más técnicos, si son full time y toma exámenes en serio,… entonces eso puede funcionar. Hoy para ser Juez Nacional, hace falta una curriculum, una entrevista y un examen,.. todo lo que se resuelve en menos de 8 horas. Y después es la política la que trabaja ahí. Hay que tipificar penalmente el contacto de los jueces con el campo político. Así es como funciona hoy el Consejo de la Magistratura también. El poder judicial tiene mucho por mejorar desde la selección de jueces, su capacitación y el también personal acerca del funcionamiento de los procesos, lo que requiere que los poderes políticos sancionen las leyes de procedimientos judiciales que son necesarias para la modernización. Hay mucho para que los procesos no duren innecesariamente 10 años, los jueces sean imparciales e impermeables a las presiones y se animen en tiempo oportuno a dictar la sentencia que tiene que dictar. Y dentro del contenido de esas sentencias esta todo el otro tema: ¿de que manera las libertades individuales van a volver a ser respetadas como alguna vez ocurrió en la Argentina? De acuerdo a lo que marca la CN,.. bueno yo pienso, cuando los políticos y las personas en realidad sepan que si esto no ocurre el Juez al que le cabe la competencia rápidamente va a intervenir para poner las cosas en orden. Uno va a Comodoro Py en el fuero Correccional Federal y se pregunta en función de la corrupción estructural que a lo largo de los años ha existido en la Argentina,.. ¿Cuántos funcionarios están presos? Y esta situación se ha agravado en los últimos años, digamos 10 o 12 años. Y eso a pesar que se han incrementado los gastos presupuestarios, también los sueldos de los jueces, en fin ha sido más pero no mejor! El deterioro ha sido general y profundo, y creo que se ha agravado desde 2007. De cualquier manera para mejorar los elementos institucionales están: en primer lugar la CN, la estructura aún con sus deficiencias está, solo creo que hacen falta algunas decisiones políticas para que esto funcione. En los últimos años sin duda todo se ha deteriorado. Se han designado jueces que no son independientes de la política, se ha intentado atacar por todos lados al Poder Judicial, más allá de que presupuestariamente se le ha otorgado mucho, en especial en el primer período del matrimonio Kirchner, pero hay algunos jueces que han aguantado embates, hay otros que no y se ha utilizado mucho la mediatización y la tribuna para poder atacar al poder judicial, lo que no es muy bueno. Y es innumerable la cantidad de causas que detallan lo que acabo de decir, esto: que hay

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un deterioro, y esas son algunas. Por otro lado se incumplen sentencias judiciales, en temas que son visibles para la sociedad, aunque algunos temas no. Por ejemplo: jueces que ordenan detener avances contra la propiedad privada, ordenando cumplir sentencias y no se cumplen, y la policía que no hace nada,.. y esto es un delito de desobediencia e igual no pasa nada! Otros casos son los de jueces que no pueden ordenar el desalojo de ocupaciones porque sabe que no le van a cumplir la orden entonces pierden autoridad. Jueces que no solo no ejecutan las sus órdenes las fuerzas policiales, sino que a su vez los presionan en todas formas para que intenten cambiar todo tipo de decisiones. Presiones a los jueces con causas penales inventadas,.. entonces en vez de estar abocados a su trabajo, se lo pasan buscando a un amigo o un penalista que les pueda ayudar a salir del brete. Es decir se trata de un embate de la política que va a tratar de presionar todo lo posible a un juez penal para que ataque a su colega del fuero laboral, por ejemplo. Causas en el Consejo de la Magistratura que se inventan y entonces un consejero las guarda en un cajón y manda la advertencia: “..ojo que acá hay algo que te puede comprometer,…estás acá,..” Probablemente los jueces federales aguantan mejor esos embates, pero los jueces que no están acostumbrados seguramente que no. El “carpetazo” como invento,.. la mediatización,.. todas estas cosas las digo porque yo mismo algunas he padecido,…Otra: las movilizaciones de gente, 300 ó 400 personas en la puerta del juzgado tirando bengalas o piedras contra las ventanas, etc,.. eso amedrenta!! Amenazas directas personales, directas o a la familia,.. los teléfonos, anónimos: “..te vamos a matar,..” etc. etc,..buscan el nombre de un familiar y la amenaza viene a través de ellos. Estas cosas ocurren y ocurren aún en el anonimato de la prensa, pero les ha sucedido a muchos en el fuero fiscal, defensores, etc. La presión vinculada con las formalidades, por ejemplo en el fuero laboral que tiene miles y miles de causas y a veces algún plazo no se cumple porque se tiene poca capacidad operativa para cumplir en un 100% con estos plazos procesales, entonces a un tipo que es inexpugnable y se aguanta todo, le buscan el incumplimiento de algún plazo y le hacen una denuncia con eso,.. o lo persiguen con eso. Las recusaciones permanentes para apartar algún juez de alguna causa,.. en fin,.. son innumerables la cantidad de mecanismos de presión existentes. CF: parecería tratarse de un estado cuasi mafioso FC: Bueno,.. No se si de un estado precisamente mafioso. En el mundo y también en Argentina se han dado situaciones peores. Yo creo de todas maneras –y lo digo por experiencia propia– que un juez bien plantado y que adopta las medidas que tiene que

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adoptar y lo hace oportunamente, y que se conoce en el mundo de la política que es totalmente impermeable a las presiones, o al lobby de las compañías, o indiferente a los bombos y manifestaciones y escraches, en el sentido que va a adoptar la decisión que corresponde, tiene en la mayoría de los casos no solo el apoyo de una gran mayoría sino también el acompañamiento y reconocimiento de sus mismos colegas. Y la comunidad política sabe que con él no se debe inmiscuir. Bueno,..¿qué tal? en fin creo que en líneas generales hemos abordado el tema en general, … ¿quedan preguntas por aclarar?,. ¿te ha servido? CF: ¿Como ha sido el desarrollo de todo el proceso jurídico normativo? FC: Bien,.. vos estás al tanto que nuestro derecho deriva del derecho positivo romano, es la visión positivista del derecho. Ya se y estuvimos conversando sobre la posición evolucionista de la que nosotros tenemos poca idea,.. digamos que nuestra formación entra por un lado y persiste a lo largo de toda nuestra carrera. Conozco pero no soy un erudito en ese tema sí que una segunda visión lo inscribe como un derecho positivo – derivado del derecho romano– producto de una convención social, que lo establece y legitima por la legislación vigente. CF: Bien es con muy poca diferencia lo que estamos diciendo desde la teoría evolutiva. Solo que eso de convención social puede interpretarse como contractual, … FC: Si,.. así es. En nuestro país existe un gran número de pensadores que adoptan esta visión positivista derivada del contractualismo. Otra escuela es la del realismo jurídico, que tiene a su vez dos vertientes: una la estadounidense –la más numerosa y consolidada– que tiene figuras como O. H Holmes, J. Frank, R. Pound, F. Cohen y T. Arnold entre otros y que identifica el derecho con la eficacia normativa de las decisiones judiciales respecto de los fallos fundados, es decir: la práctica cotidiana del derecho. Y otra (también identificada con el realismo jurídico) es la escandinava que define el derecho en función de lo que los ciudadanos consideran deseable, niega la cientificidad de la jurisprudencia y señala que los actos jurídicos son actos sociales. Es denominada también escuela de la ´sociología jurídica´. CF: Entraríamos ya en el terreno de la filosofía jurídica,.. FC: Exactamente y no hace en su esencia al tema,..

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CF: Bueno entonces pasemos al tema que más conocés que es el de las AFJP FC: El tema de la estatización de las AFJP, fue una gran estafa, yo diría que después del llamado “corralón” del 2001, la segunda en importancia. El proceso fue largo ya que primero sacaron las Ley N°26.222 para dar la opción y después –como la gente prefirió en su gran mayoría quedarse a pesar de los argumentos del gobierno– entonces recurrieron a la N°26.415, con la finiquitaron el tema: se quedaron con los flujos que eran más de $10.000 millones mensuales de aportes obligatorios (ya sabían que ante la desconfianza la gente no iba a realizar más aportes voluntarios) y un stock de más de $80.000 millones, que en su gran mayoría eran bonos del estado, que había obligado a las AFJP en operar invirtiendo en bonos del mismo estado nacional. El gobierno se hizo así empresario y no pagó su propia deuda, porque hubiera debido pagársela así mismo! Tampoco se dice que cualquier sistema de aseguramiento cobra comisiones como corresponde a cualquier seguro privado y que ello se extiende por todo el lapso de tiempo de ocurrencia del aseguramiento. En un mercado en el que todos tienen alta incertidumbre (dados los cambios y volatilidad de la política argentina) todos tienden a proteger sus activos. Y las administradoras de fondos también se cubrieron de cualquier posibilidad de cambios. Es cierto que las comisiones eran del 35% de los aportes, pero se omite decir que ello era sobre el aporte inicial, con la obligación de administrar los fondos durante todo el proceso de aseguramiento de los beneficiarios. De ello la misma ley las eximió ya que cobraron por administrar, lo que la ley les impidió hacer. Ello quiere decir que las AFJP cobraron una comisión para realizar la administración de todo un proceso, que la ley sancionada las eximió de cumplir. El monto total ascendió a más de $20.000 millones, pero las AFJP ya estaban cubiertas y el negocio les importaba poco. Además ya habían arreglado ingresar a otros negocios más rentables. No te olvides que en nuestro país el 35% de la población no tiene trabajo registrado y además la gente más que hacer aportes voluntarios, ante la incertidumbre de un gobierno imprevisible en sus decisiones e intervención, ya estaba apostando a pasarse al dólar, u otras inversiones de mayor rentabilidad inmediata, que invertir a futuro incierto al que el gobierno no lo iba a dejar llegar en buenas condiciones. CF: ¿Y la ley en si misma fue violatoria de los derechos de propiedad? FC: Sin ninguna duda. Incluso la CSJN declaró inconstitucional su art. 6. Y hubo muchos fallos para que se devuelvan los aportes voluntarios. Pero ninguno fue cumplido. En realidad cuando te dicen que no te confiscaron porque tenés un beneficio a futuro y por lo 339

tanto se trata de una expropiación compensada,.. están diciendo algo que la CN no contempla: el resarcimiento por una expropiación de compensación futura. Debe ser hecho antes de la misma, suficientemente evaluado y además por justa causa de razón pública. Ninguno de los tres supuestos fue cumplido y además,…no tengo el cálculo exacto pero de haber seguido en las AFJP los aportantes hubieran recibido beneficios un 20% mayores a los que logró el gobierno a través de la ANSES. Bueno,.. esto es contrafáctico,.. se trata de cálculos actuariales que compararon el rendimiento de los activos que se obtuvieron en la ANSES con la proyección hecha por el rendimiento de otras inversiones privadas. Además el gobierno usó esos enormes fondos para financiarse,.. porque se le venía la noche! Fue lisa y llanamente una confiscación erradicada de nuestra CN. ¿Viste como en nuestro país la pirámide jurídica está subvertida?,… ¿Te sirvió? CF: Si,.. mucho,.. realmente muchas gracias,.. te quedo reconocido,.. FC: Entonces quedo a tu disposición para seguir profundizando el tema, u otro que te parezca y sea de mi incumbencia en otro momento,..gracias a vos!!! ------------------------------------------------------------------------------------------------- CE (Directivo de un importante diario nacional: 27 de Octubre de 2015)

CF: Buenas tardes Dr., muchas gracias por recibirme. Ya nos hemos comunicado por mail y por teléfono y hemos acordado esta entrevista para que Ud. me explique su visión sobre los temas que me he propuesto abordad en mi estudio CE: Bien,.. leí lo que me envió y creo que hubo dos períodos diferentes durante estos últimos doce años. Para caracterizar a estos dos períodos lo primero que habría que decir es que son parte de un largo proceso democrático, largo en relación a las experiencias de nuestros últimos 100 años, desde 1983 estos períodos presidenciales en que arrancan ininterrumpidamente hasta ahora. Esta diferenciación se encuentra en que una cosa fue el primer período,.. el de N. Kirchner y el de la Presidenta, que tomó decibeles más altos de confrontación en todos los ámbitos después de las elecciones 2007. No quiere decir que el gobierno de su difunto marido haya sido mucho mejor, pero si quiero decir que había mucha más comprensión de muchas normas convencionales, y asentadas en la relación entre el poder, la política y los medios, que hacían a la presidencia de N. Kirchner un ejemplo más próximo a los mandatarios que habíamos conocido antes. La democracia es la democracia con contenido! Es decir: la democracia republicana,.. es decir que refleje

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de la Constitución de 1853/60 y que tiene 2 ejes fundamentales: el primero es la independencia entre los poderes y el segundo el respeto a los derechos individuales y en particular a la libertad de prensa. Cualquier intervención que afecta en su desenvolvimiento cualquiera de esos espacios: la independencia de poderes y las libertades individuales (o ambos) deja muy comprometida el desarrollo de una democracia genuina. Lo que queda es la cáscara, lo que queda es la formalidad, lo que queda es el origen democrático de un gobierno surgido de una serie de actos comiciales. La democracia requiere algo más,.. requiere ser legitimada día a día por el desempeño de los gobernantes. Por ejemplo: hay que establecer una diferenciación, entre los ataques a la libertad de prensa en el mundo contemporáneo, por lo menos en la región, en términos generales, respecto de lo que ocurría en el pasado. ¿Ha volado alguna imprenta en la Argentina en estos 12 años? NO! ¿Alguien le ha pegado un tiro en la nuca a un periodista en estos años? Tampoco! Ha habido agresiones a algún periodista, eso sí, en el ejercicio de sus funciones y no siempre imputables al gobierno nacional, sino a gobiernos provinciales, o municipales y además, no siempre, no todos de identificados con el partido que está a cargo del Gobierno Nacional. Los ataques han sido más sutiles y esa es la tendencia que hay en el mundo moderno, desde luego con excepción de los casos más patológicos, de mayor intolerancia, donde la prensa no es atacada por los gobiernos de turno, sino por diversos tipo de poderes fácticos. Quien tiene poder quiere hacerlo sentir de manera tal con lo que opina, con lo que hace y mucho menos si está comprometido con actos de corrupción. El mayor número de muertes en América Latina desde hace no menos de 4 décadas se dan en México, en Colombia y en países de la América Central y son fenómenos vinculados con el narcotráfico. El narcotraficante no duda en acabar con la vida de un periodista o un editor que lo incomoda. De modo que en la prensa de nuestros días, hay casos de heroísmo, mucha gente caída en el cumplimiento de su misión, que a pesar de los avisos y advertencias de que dejara de ocuparse de la investigación y el entrelazamiento del narcotráfico con redes políticas, policiales o gubernamentales según los casos, siguieron adelante. De modo que ahí hay héroes para saludar por la tarea que llevaron adelante para informar a la opinión pública. En estos 12 años en la Argentina, ha habido muchos actos groseros, perfectamente señalables como tales, por actitudes del gobierno nacional. Ya sea contra la Justicia, con amenazas, carpetazos, acomodos y designaciones que favorecen a algún familiar, cooptación, etc. como los que Ud. refiere de la resolución 125 y la estatización de las AFJP, que fueron (el primero solo un intento), pero el segundo una confiscación lisa y llana de recursos 341

propiedad de los ciudadanos. Como contra la prensa,.. pero muchos fueron sutiles (digo sutiles entre comillas), por ejemplo cuando el el ex-Secretario G. Moreno, en conversaciones con los avisadores, dueños o funcionarios de compañías propietarias de cadenas de supermercados por ejemplo, o de negocios de electrodomésticos, les hace saber que a partir del día siguiente no deben hacer anuncios ni en Clarín, ni en La Nación, ni en Perfil y por extensión en otros medios (radios, etc.) vinculados a estas cabeceras periodísticas, lo hace de modo tal de no dejar ninguna huella por escrito, lo hace como un requerimiento que tenía una carga compulsiva –que nadie podía desconocer– y que inmediatamente fue coronado para Moreno con el éxito ya que las cadenas de comercialización dejaron de publicar inmediatamente en los medios que el gobierno consideraba adversarios. Lo sorprendente de eso es que hicieran caso, pero no sería justo decir que fueron obedientes con el poder los empresarios argentinos. La empresa WalMart por ejemplo, cuyo principal accionista es W. Buffet, uno de los hombres más ricos en el mundo y de mayor gravitación en los EE.UU., la empresa Wal-Mart hizo lo mismo que los empresarios locales, absolutamente argentinos. Por eso le hicimos notar al Sr. Buffet si su empresa disponía de 2 estándares de comportamiento: uno en la Argentina y otro en los EE.UU. donde seguramente el costo social que hubiera pagado si hubiera tomado esa actitud hubiera sido muy alto. El mismo tipo de decisiones tomadas frente a ciudadanos norteamericanos hubiera sido altísimo y distinto de lo que ocurrió aquí. Este fenómeno de disuadir (es una manera de decir desde luego) a avisadores que no publiquen lo que tengan para proponer a sus clientes en medios de comunicación, que hicieron los Kirchner, no lo hicieron ni siquiera el primer y ni segundo gobierno de Perón entre 1946 y 1955, y seguramente pasarán a la historia donde la libertad de prensa estuvo más aherrojada en la Argentina. Piense Ud. en un solo dato: en 1950, por una decisión de la Comisión Parlamentaria que presidía el diputado oficialista José Visca, se clausuraron en el país en un solo día más de 100 periódicos, con la excusa de que habían violentado una disposición legislativa que establecía que todos los periódicos del país debían llevar un emblema que dijera: ”1950 Año del Libertador Gral. San Martín”. Nunca desde 1883 como en estos últimos 12 años los medios de comunicación del Estado fueron utilizado para el servicio del gobierno, en realidad de una facción política dominante, y sin duda de sus principales personajes: el presidente N. Kirchner y la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No hablo solamente de un uso abusivo, grosero de las cadenas oficiales, que obliga a ponerse en línea y el que quiere por ejemplo sintonizar una radio o ver el contenido de un canal de TV, tiene que ver y escuchar lo que se le dice desde el gobierno 342

y los gobernantes, sino que esos medios fueron puestos al servicio de humillar y atemorizar a periodistas que no comulgaban con el gobierno. Basta con escuchar los programas oficialistas, por ejemplo “6, 7, 8”, verdaderas vergüenzas en el historial periodístico,.. bueno verdaderas vergüenzas periodísticas, de un nivel inconcebible. Son vergüenzas en el sentido de la historia y trayectoria que ha tenido el periodismo en líneas generales en la Argentina. Los medios independientes han tenido una actitud de gran dignidad, muchas veces muy solos, muchas veces con un empresariado que no se atrevía a dar sus opiniones críticas sobre este gobierno, sino que incluso era utilizado para ser parte de la “clac” de la Casa Rosada y que además concurría a aplaudir cualquier disparate que podía decir el gobernante. Hay como siempre excepciones y creo que esto está bastante compartido hoy, que hubo entre otros, un empresario de conducta ejemplar que fue el Ing. Aranguren, hasta hace poco tiempo Presidente de Shell. Se puede decir que detrás de Aranguren hubo una empresa multinacional que lo podía abrigar (por así decirlo). Pero hubo también muchos otros empresarios representativos de empresas de significación internacional que guardaron silencio. De modo que esto es lo primero que podría decirle en términos generales a la pregunta: la separación de poderes no fue respetada en la Argentina, como tampoco los derechos individuales, y entre ellos tampoco la libertad de prensa. Y respecto de la Resolución 125, fue un conflicto innecesario en que el gobierno con una interpretación errónea de la realidad,… claro ellos venían de provincias petroleras y pensaban que todo lo que proveía la tierra era extractivo, pero el campo no lo es, necesita un gran trabajo, innovación y tecnología. ¿Y qué decir de la estatización de las AFJP? Fue lisa y llanamente un robo, para alimentar las alicaídas arcas del estado. Y nosotros desde la prensa cumplimos un rol diferente en cada uno de los conflictos. CF: Ud mencionó una diferencia entre el gobierno de N. Kirchner y el de Cristina Fernández de Kirchner CE: Si,.. es cierto hice una distinción. Tal vez N. Kirchner fuera más cínico que la presidenta, porque luego de una imputación de N. Kirchner no era nada raro que viniera luego alguna gestión de componenda disimulada,.. ”no se tomen tan a pecho la crítica,..”,..

“Bueno esto tiene importancia relativa,..”. En cambio la Presidenta no

conoce las medias tintas, tal vez es más auténtica,.. de un estilo y de una intolerancia más alta pero de una pieza. Lo que pasa es que eso nos introduce dentro de un aspecto psicológico, muy serio porque las posiciones duras, consolidadas, o inamovibles,

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dificultan la convivencia social. Porque en las relaciones podemos comprender que Ud. o yo podemos estar sentados así o de otra forma, pero existe flexibilidad para poder comprender las diferencias. Mire yo los otros días estaba en una reunión en Barcelona y el ex–Presidente socialdemócrata de Chile R. Lagos nos decía que la democracia no existe sin diálogo, sin consenso, sin compromisos recíprocos, y si algo ha ignorado esta Presidenta es el diálogo,.. fíjese Ud. que el diálogo le fue rehusado –tanto por ella como por su marido– nada menos que al Arzobispo de Buenos Aires, que hoy es el Jefe de la Iglesia católica,.. esa es una forma de ejercicio del poder,… probablemente esto este configurado dentro de una forma de ejercicio del poder. Podríamos hablar como dijo el Dr. Lagos de las democracias consensuales, pero también Carl Schmidtt mucho antes, hablaba de la fórmula amigo-enemigo como una forma de imposición de poder, porque permitía detrás de ciertos ideales, hacer confluir a una masa en lucha contra un enemigo imaginario. Esto está enraizado con los orígenes mismos del peronismo, que desde que aparece en la esfera política nacional confunde lamentablemente Estado con partido. La palabra partido en si misma nos está diciendo que es un fragmento, solo una parte del todo. Entonces si se confunde el estado con el partido estamos en un problema porque aquel que piensa distinto, o es disidente, está fuera del estado, con las políticas y hasta con el espíritu que supone una nación. Por eso la división de poderes es fundamental, porque en la Justicia que es el eslabón último de garantía de la constitucionalidad de las leyes, queda en juego en ese ámbito la protección de nuestro honor, de nuestras libertades, de nuestra propiedad. Fíjese Ud. que a pesar de la corrupción que anida en el poder Judicial en términos que han sido elocuentes para quien quiera registrarlo en todos estos años –y me remito a tiempos anteriores aún a estos últimos 12 años– a pesar de todas las deficiencias de la Justicia, ha habido siempre en última instancia una Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha sido una valla en la que se frustraron muchos intentos de convertir en una realidad aquello del “vamos por todo”. Seguro: la separación de poderes es fundamental, obviamente la concentración de poder atenta contra las libertades cívicas, políticas, y obviamente centraliza en la discrecionalidad de las decisiones y voluntad del gobernante, todos los actos de convivencia social, que se convierte en autoritario, tirano, como Ud. lo quiera llamar,.. etc. Respecto del tema de la ley de la información pública, yo le diría que no tenemos una ley a pesar que siendo legisladora Cristina Fernández de KIrchner abogó muchísimo para que hubiera una ley en ese sentido, es decir que el secretismo impera en las decisiones

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oficiales. Fíjese Ud. lo que ha significado como expresión de la voluntad de imponer a todos un capricho individual, que la ciudadanía estuvo por más de 6 horas el último domingo para conocer los resultados electorales, porque eran al comienzo más adversos, porque se computaron más tarde los votos de regiones más alejadas y el voto era más favorable a los gobernantes, y llegaron más tarde. Respecto de la ley de medios –estamos hablando de medios audiovisuales– allí todos lo que estudien el tema tienen que tener cuidado con una caracterización. El titular de una emisora radial o de una señal televisiva está pisando un terreno que por su naturaleza siempre es más frágil que el de la prensa gráfica. En un diario hay un propietario perfectamente identificable, hay un edificio, máquinas, hay una marca,.. son empresas privadas de una sociedad, de un individuo, o de varios,.. en el caso de los medios audiovisuales en general lo que tenemos es la figura del permisionario, que la palabra lo está diciendo: está gozando de una franquicia otorgada por el estado, y esperemos que siempre sea una franquicia otorgada en buena ley, en función de la competencia, de las inversiones, y todos los objetivos que se cumplan en función de lo que contempla la ley. Aquél que edita un diario no ha tenido que pedirle permiso a nadie para editarlo. No depende de un permiso, depende de su propia voluntad. Entonces en cuanto a los medios audiovisuales es mucho más fácil vulnerar de una manera discrecional los derechos de aquellos que son titulares. Entonces se apuntan los cañones hacia los intereses que son soportes de los medios es decir hacia los audiovisuales, aunque pretenden destruir también al diario, pero si lo hacen directamente también y mucho más lo hacen lesionando los intereses económicos que desde los medios audiovisuales les aportan. Pretendieron destruir no solo a Clarín, sino también a La Nación a través de cosas como las que mencionaba de dejarlos sin avisos. Un diario tiene solo dos formas de ingresos (con un piso mínimo de decencia): la tirada (es decir: la venta de sus ediciones o llamada “el precio de tapa”) y la publicidad (los avisos), a través de los cuales se constituye su rentabilidad. La política de hostigamiento no dejó instrumento estatal para ser utilizado al servicio de un gobierno en este caso el de los Kirchner. Otra herramienta: la política impositiva, la discriminación que hubo en los gastos que además fueron exorbitantes en la publicidad oficial,.. creo que en términos generales se duplicó pero si Ud. quiere datos más precisos puede hablar más de este tema que no es el centro de su investigación, pero si es un derivado directo y le facilito los datos. Pero hubo medios claramente favorecidos porque siendo adeptos al gobierno recibieron más. Esto es irrelevante en alguna medida, pero recibieron más en proporción y muestra la discrecionalidad en el poder. Y eso resulta menor en comparación con las 345

formas de humillación que debieron soportar los periodistas, en especial en los discursos de Cristina Fernández de Kirchner, que los tenemos todos registrados y están a su disposición, e incluso desde el atril de la casa de gobierno,….Bueno creo que podría ahondarse aún más el tema,… YO: ¿Pero cuál ha sido su papel en los conflictos a los que estoy abocado a estudiar,..? CE: Bien.,.. allí habría que diferenciar dos posturas. Respecto del conflicto del campo creo que la realidad del conflicto nos pasó por encima. Al principio parecía que tanto era el poder consolidado por los Kirchner que no iban a existir resistencias. Pero cuando quisimos acordar había movilizaciones, cortes de ruta, tractorazos, gente armada, enfrentamientos sectoriales y ya no tuvimos más remedio que hacernos eco de lo que estaba sucediendo. Hasta entonces las relaciones con N. Kirchner parecían llevaderas,.. pero cuando empezamos a mostrar los sucesos, lo que no podíamos obviar porque un diario vive de mantener informado al público y son hacerle llegar noticias veraces,.. entonces las rabietas de N. Kirchner fueron descabelladas. El punto de quiebre yo creo que fue la detención de D´Angeli, el devenido en dirigente rural. Entonces nos llamó traidores, nos posicionó como agentes de los monopolios de los productores,.. bueno,.. todo terminó con que sin quererlo nos encontramos ahora francamente enfrentados con el gobierno. Ese tema no nos los perdonó nunca y también nos hizo responsable ne parte de su derrota en el Congreso. Lo que esta gente no tomó en cuenta fue que la afectación de la renta agropecuaria afectaba a todas las poblaciones de la región pampeana que vive de ella. Cuando un productor cobra su cosecha guarda una parte para reinvertir en su próximo trabajo,… pero vive de la panadería, y de los comercios de sus pagos,.. y si cambia su camioneta, o manda sus hijos a estudiar,.. entonces está “derramando”,… Uhhhh,.. esa palabra no se puede decir. Vamos a decirlo de otra manera: está permitiendo que su región viva de los recursos que el generó y decidió gastar para sus cosas y vida diaria. Bueno,.. esto que parece tan simple los Kirchner no lo entendieron,.. G. Moreno me llegó a decir: “…pero si el campo se aguanta cualquier cosa!!” Lo que no pensaron, porque tanto obnubila el poder era que iban a aguantar hasta un límite,.. y ese límite los Kirchner lo intentaron pasar. Los Kirchner lograron lo que ningún otro: que cuatro entidades agrícolas que poco tenían que ver entre sí, se unieran y conformaran la Mesa de Enlace con la que hicieron sus planteos con más fuerza y untos. A pesar que los Kirchner apelaron a dividirlos por todos los medios,.. digo por la acción directa, la descalificación

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y el desprecio de hasta llamarlos oligarcas cuando existen más de 300.000 productores (creo que estoy bien con esa cifra) que son pequeños productores, que son la mayoría y que permiten la actividad en todos los pueblos. Aumentando las retenciones los Kirchner estaban matando la gallina de los huevos de oro,.. pero su soberbia no se los dejó ver. Para ellos, como para nosotros, la batalla en el Congreso fue muy sorprendente, porque nadie esperaba un resultado con tan poca diferencia en Diputados. Y finalmente fue en Senadores, donde los intereses de las Provincias hicieron valer sus derechos. Fije se Ud. esa misma gente que confrontó tan duramente todo el 2008, los votó en las elecciones del 2011. Nosotros a partir del conflicto con el campo pasamos a ser claramente discriminados. Lo de antes fue tolerable, pero a partir de este momento la libertad de prensa se vio comprometida seriamente. Bueno,…debo seguir con mis tareas le ruego que me disculpe,.. pero le propongo vernos en una nueva oportunidad pronto. CF: Por supuesto Dr.. Le quiero agradecer y decir que sus aportes han sido muy valiosos. Hablaré con la gente de redacción para agregar algunos datos concretos. Pero desde ya le estoy agradecido por su generosa charla. Hasta pronto.

 JC (ExGerente de AFJP. Economista) Entrevista: Mayo 3 de 2016

CF: Hola Dr. ¿Cómo vas tanto tiempo?,.. bueno habrás leído lo que te mandé respecto del tema de investigación en el que estoy embarcado y podríamos empezar con una pregunta: ¿Qué son para los economistas los derechos de propiedad? JC: Los derechos de propiedad están en el centro de la estructura de incentivos de las economías de mercado. Ellos determinan quién asume el riesgo y quien obtiene beneficios. De esa forma se estimulan el ahorro y la inversión que ante expectativas se supone que valen la pena. Pero para nosotros este tema nos viene desde los antiguos de los que sabemos poco. La verdad es que nosotros nos atenemos más a la idea que el comportamiento humano requiere previsibilidad para hacer cierto el riesgo del que te hablaba. Porque no es cuestión de asumir riesgos sin previsión de renta y esa previsión está fundada en el conocimiento de algunas pocas cosas, las contingencias de lo que puede suceder imprevistamente y las probabilidades que esos sucesos alteren tus previsiones. Es decir lo que uno quiere es reducir en lo posible el riesgo. Cuando los

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derechos de propiedad no se respetan el riesgo a asumir es mayor y por lo tanto me abstengo de invertir. CF: ¿Y de donde provienenlos derechos de propiedad,.. como son reconocidos? JC: Ahhhh,.. bueno esa es una pregunta difícil, Hay muchas escuelas y supuestos, A nosotros nos enseñaron que por convención o un contrato los hombres acuerdan su respeto y que luego la leyes los legitiman y les dan forma. Para nosotros la cosa es más fácil: si nos respetas mi propiedad, yo no respeto la tuya. Si no nos respetamos no podemos hacer negocios!!! Así de simple!! (risas) CF: Bueno,.. no debe ser tan fácil! JC: No seguro que no lo es pero a mi dejame lo más sencillo y práctico. La explicación que te di me alcanza: el incentivo que tengo para hacer negocios es la renta y la previsibilidad. Vos tenés que dividir el cerebro de lso economistas en dos hemisferios,.. ¿así se dice? CF: Sí,.. vas bien (risas) JC: Bueno un hemisferio funciona así: ¿Cuáles son los costos de oportunidad en invertir en esto comparado con invertir en esto otro? Y el otro hemisferio funciona con el “willingness to pay”. Es decir con la voluntad que tengas de pagarme lo mío!! O lo que es lo mismo reconocer lo que es mío. O lo que es lo mismo que reconozcas lo que me pertenece o sea mi propiedad. Por supuesto que existen variantes alternativas porque reconocer lo mío no significa solo reconocer activos físicos,.. también hay otros componentes importantes. Así como vender o disponer de otro modo de cualquiera de mis activos. En las economías de mercado estos derechos se definen por ley, con gran detalle. Los derechos de propiedad en la sucesión de un activo son también claramente especificados. En las economías en transición estos derechos no están en primer lugar y por supuesto son muchas veces vulnerados. CF: En nuestro país hubo episodios en los que el mismo gobierno no los respetaba,.. JC: Por supuesto las mismas crisis que sufrimos fueron una exacción a los activos de los ciudadanos. Todas las que conocimos fueron iguales y por causas similares: baja producción, alta dependencia de la intervención estatal, alto gasto público, inflación que es depreciación del valor de la moneda, devaluación y transferencia de unos sectores a otros,.. casi cada 10 años pasa esto y ahora, parece acelerarse. Creo que porque el mundo

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comprendió,.. digo los países más desarrollados y algunos vecinos,.. que el equilibrio presupuestario es fundamental. Mirá si no te alcanza para comer salmón,.. comés fideos,.. en el fondo la cosa si bien es más compleja termina siendo así!! Por eso el gobierno se ve acorralado entre los que piden para satisfacer lo que necesitan (hay algunos vivos también) y lo que tienen para repartir,.. que no es mucho porque los que trabajan en este país son cada vez menos,.. (risas),… quiero decir que el gobierno si no le alcanzan los impuestos, que

tienen un límite, debe recurrir a la emisión u otras formas que

comprometen el futuro, cuando no el futuro inmediato. Un ejemplo es la inflación que asciende progresivamente desde el 2006, año en el que empezaron a hacer uso de la emisión monetaria para hacer frente a un gasto público creciente. Pero la inflación termina por presionar sobre el tipo de cambio. El gobierno, igual que los impuestos no quiere devaluar, porque son medidas poco satisfactorias para la gente. Cualquier devaluación le hace ganar menos a la gente en términos de salarios medidos en dólares. Además dependemos de una gran cantidad de insumos importados para la producción y eso encarece productos, aun de producción nacional. Resultado el descontento de la gente,.. pero más grave: la desconfianza, la incertidumbre y entonces la gente busca refugio mediante la fuga de dólares. O por que se refugia en una moneda dura y la esconde bajo el colchón, o porque la saca al exterior. No la puede “blanquear” porque corre el riesgo que se la saquen. Entonces aparece el cepo. Lo que te están diciendo es: como faltan dólares, quiero hacerme de los dólares que Ud. tiene y la gente huye. O sea el gobierno genera lo mismo que después trata de recomponer, con nuevas medidas que vuelven a generar peores condiciones. Un día estalla la crisis. CF: Si,.. la crisis del 2001 dejó huellas imborrables en la sociedad,.. JC: A partir de allí en un breve resumen parece ser un marco suficiente. La crisis del 2001, si bien tuvo muchos factores causales, tuvieron como eje central el intento de mantener –durante el gobierno del Dr. De la Rúa– una política económica destinada a sostener un desfasaje que provenía de fines de los años ´90. Lllegamos aun punto recesivo impresionante. Veníamos cayendo ya desde 1995. La desconfianza no seevapora como por arte de magia. La población quedó muy sensibilizada. Y luego haber crecido a tasas fenomenales, entre el 8,5 y 9% anual entre 2002 y 2006, según mi opinión por precio y demanda de las commodities. En el 2006 de apoco empezamos a portarnos mal!! Creció el gasto público, las políticas económicas se hicieron expansivas, claro todo esto era político, pero las fiestas se pagan. Se incrementó el gasto público y hubo que financiar

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necesidades, como también negocios “non santos”. Con esto no nos podemos hacer los distraídos. Entonces para financiar al fisco se trató, cuando las cuentas se empezaron a teñir de rojo, se trató de implementar la resolución N°125, que afortunadamente fracasó porque hubieran destruido la única fuente de ingresos genuina. Ahhhhhh,… me olvidaba: como la inflación era evidente en 2007 intervinieron el INDEC,.. una vergüenza! Y como el rojo continuaba en ascenso entonces se financiaron con las AFJP,.. un montón de guita! Que igual no alcanzó. Mirá cuando te metés en ete tipo de políticas no podés salir más porque las demandas son infinitas,.. a veces “non santas”, como te dije,.. y los recursos son escasos. Lo de las AFJP un robo a mano armada!! Nosotros ya estábamos preparados para eso porque nos la veíamos venir. Algunos querían organizar una confrontación y resistir. Pero las AFJP ya estaban en otra y además los rendimientos comenzaban a ser menores. Por otra parte el gobierno nos había puesto como “los malos de la película”, que lo nuestro era pura especulación,.. así que preferimos callar. Esperabamos que los mismos damnificados salieran a la calle. Pero no ocurrió. Siempre me sorprendió la diferente reacción popular frente a los dos episodios. Mientras en el conflicto con el campo el problema se agigantó comprometiendo a todos,.. porque la verdad todos estaban de un lado o del otro. En el conflicto con las AFJP el problema social no existió. Solo algunos reclamos ante la Justicia (que además nunca fueron satisfechos) y nada más, que eso. Bueno si tenés que el mismo gobierno violenta las leyes y el “willingness to pay” no funciona desde el mismo gobierno,… entonces ¿que te cabe esperar? ¿vas a confiar en quien no tiene voluntad de pago y peor aún se quiere quedar con lo tuyo? CF: Claro eso sucedió precisamente después,.. JC: Y si porque los que estaban adentro sacaron sus ahorros afuera,.. y los que estaban afuera se dijeron ¿para que vamos a ir si se van a quedar con todo? Así es que la inflación siguió su curso, la fuga de capitales también, como igual no tuvimos inversión directa. De todos los pa´ses de Latino América nosotros después de Venezuela fuimos el país con menor inversión directa para la producción. Existen indicadores que dan cuenta del estancamiento. El empleo creció de la mano del favoritismo y subsidio del empleo estatal y el fisco por todo esto se vio necesitado de seguir gastando, con presión impositiva al máximo, y un gasto que solo pudo compensar recurriendo al Banco central y a otros organismos descentralizados como la ANSES y el PAMI, o emitiendo bonos de deuda

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para financiarse. Igual llegó a fines de 2015 con un déficit fiscal del más del 5% y un 7,5% si le agregamos lo que le quedó de deuda, o de financiamiento devenido de otras fuentes. CF: Claro la presión tributaria estaba al límite ya no le podían sacar más a la gente! JC: Y no,… la presión tributaria consolidada que pasó de 31,2% en 2006 al 35,5% en el 2007 y luego llegó al 45% en 2015, imposible de soportar para la gente!!! Mirá,..el déficit fiscal no puede ser soportado demasiado tiempo por ningún programa económico, ya sea porque la deuda no se puede pagar o porque se llega a un importante atraso cambiario, o el Banco central se queda sin reservas. Siempre todo esto tiene la misma causa: una crisis en el financiamiento del fisco, compensada en cada caso de diversas maneras, pero siempre recurriendo a mecanismos espurios que alterando las variables económicas permitieron un empresariado subsidiado y como resultado una oferta de bienes escasa. Eso trataron de hacer con la Resolución N°125 y lograron hacer con las AFJP. CF: El caso de las AFJP es llamativo por alguna de sus características,… JC: Mirá nada de lo que hayan hecho los Kirchner carece de ribetes llamativos,.. porque solo la idea o postura de sostener cualquier gasto de cualquier manera se puede deber a una locura. Con el tema de las AFJP, la prensa no tuvo excesivas manifestaciones salvo algunos economistas que alertaron contra la medida por ser confiscatoria, haber sido convalidada poco antes por los mismos afiliados, dar un fuerte golpe al mercado de capitales, importante para las inversiones y minar la confianza al flujo de capitales. En realidad se trató de un gran robo: algo así como entre 13 y 15 mil millones de pesos en recaudación y unos 100 mil millones en fondos administrados. El 60 por ciento de los aportes jubilatorios de las AFJP estaban invertidos en riesgo público, por lo cual de esta forma ya está estatizado el 60 por ciento del riesgo de la jubilación. El deterioro del rendimiento del retorno para los afiliados fue principalmente el riesgo público. Por lo tanto, con la crisis actual, el sistema viene perdiendo por el derrumbe de las cuentas públicas, que hoy está por debajo del 50 por ciento de lo que valía hace un año atrás. Hace poco hubo un proceso donde los afiliados podían elegir y todos estos eligieron permanecer en el sistema. El discurso oficial decía proteger los recursos de los jubilados y dedicarlos al desarrollo nacional, cuando en realidad solo deseaba paliar el déficit fiscal. Las AFJP fueron creadas no solo para responder a una ola de privatizaciones de matriz ideológica que recorrió nuestro continente. Lo fueron para generar ahorro interno

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y ampliar el mercado de capitales, para posibilitar que aquellos que más pudieran mantuvieran la capitalización incrementando sus perspectivas para su jubilación futura, y para evitar las controversias sobre aquellos que percibían que el estado en nuestro país nunca había cumplido satisfactoriamente con las promesas previsionales. Es decir para proteger a los individuos de la inoperancia o aprovechamiento estatal. Sin embargo las administradoras se rindieron prematuramente cuando el Presidente Kirchner y el Ministro Lavagna les exigieron inicialmente, en 2006, aportar fondos para obras de infraestructura y luego a ampliar sus aportes comprando bonos del tesoro nacional, que por la crisis en 2008 ya tenían un 20% de desvalorización. El dinero que se dio a la ANSES hizo a través del gobierno lo que hubiera hecho el sector público de contar con ese crédito. La intención fue intervenir las AFJP, financiarse y además expandir La suma de las inversiones en títulos públicos correspondientes al inciso a) no podrá superar el 50% del activo del fondo que en algún año fue superado. Hoy el 70%. Las AFJP eran solo alrededor de doce, con unos 6 millos de beneficiarios. El FGS sirvió a los propósitos del gobierno en el sentido de permitirle una mayor intervención en la economía dirigiendo la producción mediante subsidios a la oferta según su criterio o interés particular. Pero si bien esto es muy importante, lo más sustantivo es que hasta el 50% de ese fondo podía estar destinado a la compra de títulos públicos negociados a una tasa negativa (respecto de la inflación real) que comprometía el capital y recursos futuros de los jubilados. Y eso fue lo que sucedió,… Te mando los gráficos que elaboré con la evolución de las variables macro-económicas que son resultados a largo plazo de estas políticas implementadas. CF: Bueno,.. creo que te he molestado bastante por hoy,.. la seguimos otro día con otro café por medio. Muchas gracias por tu atención

 AN (Dirigente agropecuario, partícipe activo del conflicto por la Resolución

N°125) Entrevista el día 7 de mayo de 2016. CF: Estimado amigo,.. muchas gracias por recibirme y atender mi solicitud de entrevista. Ya sabe el tema de investigación en el que estoy embarcado y por eso le molesto. Con Ud. trataré el tema de la Resolución N°125 AN: Para hablar de la Resol. 125 habría que tener un panorama de lo que son los derechos de exportaciones y las retenciones, así como también lo que esto significa para el sector agropecuario. Hay trabajos hechos de la apropiación o confiscación por parte del

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gobierno central, de mucho dinero al sector agropecuario y al interior, que ha hecho de este país un país unitario desde el punto de vista económico aunque se dice federal. Al no tener una verdadera ley de coparticipación en donde no esté especificado como y que recibe cada uno –me refiero a las provincias, o a diferentes sectores–,… y tenemos como ejemplo la provincia de Buenos Aires que por sus condiciones, y aún con gran pérdida en lo que a coparticipación se refiere, terminó concentrando a una gran parte de la población del país. Este es el contexto que para mi podría ampliarse si fuera necesario, pero que cuando llegamos al 2008, la 125 era la coronación del sistema de apropiación de un hipotético excedente de renta,.. porque cuando se implementa todavía no se estaba vendiendo,.. se vende a partir de marzo,.. lo que sucede es que el gobierno efectuó el cálculo de ese potencial exceso y aunque la cosecha ya tenía una retención alta y por ejemplo la soja tenía un precio sostenido –e incluso venía subiendo en su precio– entonces en el gobierno (requerido de recursos) se dijeron: Bueno,.. si ahora hay más,.. nosotros queremos una mayor parte. Y si los precios bajan los convenceremos de esta gran mentira, de que cuando baje el precio les iríamos bajando también. En la cabeza de los gobernantes de este gobierno que nos gobernó 12 años había la concepción similar al sector petrolero. Ellos veían que este sector es extractivo,.. le saca algo a la tierra y ellos pensaban que en el campo las cosas sucedían igual. Lo que era una gran equivocación porque no sabían que existen 300.000 personas que cada mañana se levantan a tomar decisiones buenas o malas pero de hecho lo que hacen es un riesgo que toman respecto de la capacidad productiva instalada. Entonces enviaron un mensaje totalmente negativo, que me genera dudas, pero que pienso que en realidad no se dio cuenta el sector agropecuario de este problema y de las intenciones que tenía el gobierno y que incluso había calado en la clase política por eso había muchos gobernadores, e intendentes que tampoco se dieron cuenta de lo que venía. Los productores tienen sus razones,.. cuando hay ganancias creen que está todo bien y están en lo suyo, en su trabajo cotidiano. Estoy hablando con conocimiento de causa, a mí me tocó por mi papel participar como dirigente rural cuando se discutía ese día el 8 de Marzo del 2008 este tema y costó mucho al presidente de ese momento convencerlo de que la avanzada del gobierno iba en serio. Bueno,.. dijeron: “si la resolución salió previo a Semana Santa,.. nos tomamos 48hs”. Pero las acciones del gobierno los fueron disociando y confundiendo de tal forma que eso terminó durando entre 15 a 20 días. Hasta que la gente comenzó a

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despertar del atropello. Yo siempre destaqué la presencia y actividad de algunos gobernadores, e intendentes,.. así como algunos diputados que incluso comenzaron a estar en los incipientes piquetes. La gente se fue levantando y los piquetes se fueron agravando hasta que se llegó al parlamento,… CF: Lo que sucede es que el gobierno no tiene potestad constitucional para fijar impuestos y además su implementación había sido impuesta por una Resolución es decir por una figura jurídica de menor jerarquía. AN: Por supuesto pero que el tema llegara al parlamento fue después y precisamente por esos argumentos, no solo porque el Poder Ejecutivo no tiene potestad sino que mucho menos por una Resolución contraviniendo la Constitución,.. Nuestra ofensiva legal estuvo en eso la Resolución mencionaba a una Ley de la dictadura, firmada por Videla, por lo que carecía de legitimidad y aún más estaba firmada por quien el mismo gobierno calificaba de gobierno ilegítimo. Pero,… Bueno,.. en nuestro país estamos acostumbrados a que esto suceda. Por supuesto que esto sucederá en muchos ámbitos, pero esto era muy puntual en particular porque inicialmente se había hablado de llevar las retenciones al 65%, pero esa fue una discusión interna que se dio dentro del gobierno y de la que uno se entera por su actividad y los vínculos que uno establece,.. pero la resolución terminó en lo que fue en el 35% con la firma de,… fíjese la contradicción: hace unos días yo veía a dos funcionarios Ricardo Buryaile el Ministro de Agricultura y por otro lado el Embajador en EE.UU. Lousteau, en un programa. Y este dijo que él trató de atenuar la medida para que son sea tan gravosa. Otros de mi confianza dicen que en realidad la idea Lousteau existió siempre en cuanto a retenciones móviles. Yo creo que todos los economistas que han estudiado en nuestras universidades han aprendido que el sistema impositivo aunque reconocen distorsivo es parte de la política económica de nuestro país. Cuando Lousteau se refería a retenciones móviles se refería a que si subía el precio, también el porcentaje debía subir,.. y si bajaba el precio también el porcentaje debía bajar. Esto es una contradicción en todos los sentidos que uno quiera buscarle. El principal es que si los mercados a término orientan el precio de los granos a 180 días o a 360 días, lo de las retenciones móviles es algo que no se puede ni escuchar. Es decir, si uno impone un sistema impositivo de retenciones móviles lo que quiere decir es que no quiere los “mercados a término”. Esta es lo que tienen en la cabeza los funcionarios,.. los anteriores y muchos también ahora. Se preguntan: ¿Por qué no vende el productor el grano? Y la 354

respuesta es porque si cosecha hay que vender y si le aseguran para que en 30 días se pueden cargar 30 millones de toneladas, entonces vemos de vender. Pero la insuficiencia en la infraestructura, me refiero a vías elevadores, rutas, etc. hace que eso sea imposible y el gobierno no incentiva mejoras para que se den las condiciones para vender todos los meses los productos y para no convertir todo en la puerta 12, una forma de cuello de botella que no nos deja poner en el mercado en tiempo y forma CF: Un embudo!! AN: Claro y esto surge de un desconocimiento del gobierno, y también de los productores que no usan los mercados a término, los que lo usan son los acopiadores, pero estos no van a hacer ningún negocio que favorezca a los productores. En realidad nunca lo hacen en beneficio del productor. Lo que quiero trasmitir es que ahí la 125, era la coronación hacia donde iban a ir los recursos de esta caja, y esa era la gran discusión. Si iban a ir a la caja central o si iban a ir a las provincias. Porque si nos hubieran dicho bueno el 15% de lo recaudado va a mejorar la infraestructura y a permitir que la producción aumenta,.. casi que hubiéramos arreglado. Esto hicieron con el Fondo de las AFJP. Pero Ud. ve que los gobernadores, antes, ahora y siempre están reclamando por lo mismo. Por lo menos el 15% para todos,.. como hicieron con las AFJP. Eso hubiera significado una propuesta distinta porque lo que uno aportaba por un lado lo recibía por otro. Después como el gobierno se negaba a todo, porque Kirchner no estaba acostumbrado a ceder,.. entonces solo consiguió que nos unamos las cuatro entidades aún con proyectos diferentes y enfrentemos al gobierno. Se rebelaron para torcerle el brazo al gobierno. Las cuatro instituciones se pusieron de acuerdo para pelearla en conjunto. Aunque quisieron dividirnos, igual solo estábamos juntos para pelearla. No porque tuviéramos un proyecto común. Ninguna entidad que no piense en trabajar en unanimidad está marcada por el fracaso. Yo tengo varios trabajos que se los voy a enviar por mail. Hubo en un principio cuatro entidades,.. aunque después aparecieron dos más: ACREA Y APRECIT que aparecieron después generaron una gran revolución. Sobre todo por la incorporación de tecnología. El glifosato vino a dar un respiro a productores que estaban acorralados. Porque los precios valían y el glifosato nos permitió extender los cultivos. Ud. ve ahora soja por todos lados. CF: Es que la ganadería es ineficiente,…

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AN: Si pero la ganadería fue desvalorizada y perdió rentabilidad por el mismo gobierno. Aunque es cierto: el ganadero es totalmente ineficiente. En ACREA el destete es del 80% Y pero la mayoría no llega a la mitad. Por supuesto aparte las políticas del gobierno que no ayudaron mucho,… CF: En definitiva Ud. no me ha hecho una descripción de cuáles fueron las causas finales por las que sale la Resolución 125 AN: El gobierno necesitaba quedarse con más plata,.. quería robar lo que consideraba un excedente de ganancia, porque de manera errada interpretaba la rentabilidad del campo. Para hacer política, la política que ellos querían necesitaban robar,…querían plata a toda costa. Lo mismo hizo Kirchner con el petróleo. Por lo que hizo en el mundo vale u$s45 el barril y aquí vale u$s67. Yo lo conocí bien, cuando era intendente en Río gallegos y me di cuenta que no tenía límites. CF: Necesitaban hacer caja en el gobierno,.. AN: Si,.. claro caja, dinero, pero en el fondo lo que buscan es poder. A los gobernadores los vaciaron del poder. Y si no mire M. Sala. Fellner gobernador, presidente del partido y no cuantas cosas más,..pero la que mandaba en la provincia era Milagro sala. A todos los gobernadores les pasó lo mismo. CF: Pero el resultado del 2008 fue perdidoso a pesar que ganaran la batalla judicial AN: Si perdimos todos. Perdió el país. Nosotros en esa situación decidimos no vender la cosecha, cuando la soja estaba a más de u$s600 la tonelada. Por la lucha el gobierno no recibió lo que esperaba y nosotros tampoco. Además tuvimos una sequía en el 2008 solo y solo sacamos entre 70 a 75 millones de toneladas (con granos como el maíz castigado), y hubo caída de ingresos para todos. Encima Moreno digitaba los cupos,.. entonces la retención que pudo ser de 15 llegó a ser del 30 en algunos casos y eso nos perjudicó mucho. CF: Se hablaba mucho de las retenciones diferenciadas entre pequeños y mayores productores AN: No conozco ninguno que preparara una propuesta concreta para diferenciar pequeños de grandes, además ¿Por qué confiscar más a unos que a otros? Después vamos a ser pobres todos!!!! Eso muestra el fracaso de la dirigencia. Podría haber un impuesto a las ganancias extraordinarias pero a todos!!! (incluyendo al petróleo, etc.) Los

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productores chicos han ido desapareciendo. Buscar la asociación es fundamental, la economía de escala. El productor chico fracasa de entrada, compra la semilla, se le seca, la siembra, rinde menos paga lo mismo. Conviene más alquilar el campo, buscar el rinde acotando el riesgo. Yo me fundí, tuve que vender todos los campos, previo a las grandes lluvias. Pero el problema grande es que no hay infraestructura,… nada que facilite y potencie un trabajo que podría ser aún mucho más rendidor. Por eso primero rechazamos la medida. Después y ante la tozudez del gobierno nos movilizamos y finalmente forzamos que se enviara la norma al Congreso,.. sabíamos que contábamos con el apoyo de muchos gobernadores e intendentes. Ellos mismos se veían afectados. Cuando la norma llega al Parlamento A. Fernández nos dice que fue el quien hizo todo lo posible para que vaya al parlamento. Finalmente ganamos la partida. Pero no fue gratis nosotros perdimos, perdió el gobierno, (estoy hablando en plata) y finalmente perdió el país un ingreso que hemos calculado en u$s 10.000 millones. CF: Que barbaridad,.. una suma importantísima,.. AN: Pero Kirchner no sabía perder y no le perdonó nada a nadie! En sus planes buscaba la continuidad sin reelección, alternándose con su mujer,.. pero la cosa le salió mal. Cuando le vi esa noche en el acto del Luna Park me pareció desencajado y sobre exigido,.. porque era un soberbio que creía que podía con todo y contra todos. Era omnipotente y acostumbraba a maltratar a todos,.. después se hacía el amigo y luego nuevamente empezaba. Con los mismos gobernadores, cuyos legisladores no lo habían votado tomó represalias,.. pero bueno,.. ya está,.. esa historia del país ya está escrita. El poder estaba atrás de laplata!!! CF: ¿A cuánto hubiera llegado la tasa impositiva en caso de implementarse la 125? A.N. Y nuestro cálculo era que la soja pasaría del 35% al 45% y el girasol del 32 al 40% o más! Realmente una confiscación!! Pero a Kirchner no le importaba nada más que lograr más plata. CF: Bueno amigo,… le agradezco mucho su tiempo y en especial la deferencia de haberme atendido tan amablemente. Muchas gracias. AN: De nada quedo a tu disposición,.. cuando quieras la seguimos,.. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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Centro de Documentación del Congreso Nacional. www.biblioteca.jus.gov.ar/legislacion-argentina.html Resumen de los argumentos planteados en el Senado de la Nación en el tratamiento de la Resolución N°125 (Versión Taquigráfica-16-07-2008-OR-09) • •

El trámite pasó al Senado como Proyecto de Ley : 2008:Expte.42/08 VT-125 11°Reunión, 9°Sesión ordinaria del 16 y 17 de Julio de 2008 • (Sra. Giusti) pp.5 (voto: Afirmativo) “…Concentración de la propiedad agraria,..” • (Sr. Ríos) pp.13 (voto: Afirmativo) “…propiedades inmobiliarias en EE.UU.,..” • (Sr. Verani) pp.37 (voto: Negativo) “confiscatoriamente se atenta contra el art. 17 de la CN en cuanto a la protección del derecho de propiedad,..(..).. la facultad de tributación debe tener un límite,…” • (Sra. Osuna) pp.67 (voto: Afirmativo) “Puedo mencionar la Ley antipalúdica del 47, que obligaba a fumigar los campos: fue severamente cuestionada por razones de propiedad privada,…” • (Sr Gioja) pp.73 (voto: Afirmativo) “…parecería que en la Argentina, para algunos existe solo un único derecho de primera clase que es el derecho de propiedad,… y todos sabemos que donde hay una necesidad nace un derecho,…los derechos sociales,….Todo ello converge con bajísimos niveles de seguridad que afectan la vida y la propiedad de las personas,…para superar la pobreza y lograr la inclusión social están los impuestos,..” • (Sra. Negre de Alonso) pp.123 (voto: Negativo) “…los derechos de propiedad son para todos,…. el artículo 17 de la CN es para todos,.. pero el criterio de nuestra CN es el de proporcionalidad,…por lo tanto deberán instrumentarse regímenes impositivos que resguarden la proporcionalidad del tributo,.. que los que más tengan más paguen,… Debe respetarse en derecho de propiedad de todos y esto es lograr los objetivos del bien común,…” ..(..)..se nos critica ´el vamos por todo´,.. pero un investigador del CONICET en la reunión del plenario de comisiones del 9 de Julio, al respecto agregó: ´…que nos importa si total vamos por los que más tienen´,..” • (Sra. Giri) pp.134 (voto: Afirmativo) “..la propiedad no es de un solo sector,…” • No existen más menciones sobre el derecho de propiedad! No se hacen referencias al 33% como límite máximo de la imposición establecido por la CSJN • Votación: El trámite resultó en iguales posiciones de 36 votos.  Desempató por la negativa el Vicepresidente Cobos

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Resumen de los argumentos planteados en el Senado de la Nación en el tratamiento de la estatización de las AFJP (Versión Taquigráfica-20-11-2008-OR-18) (Sr.Ríos) pp.12 (voto: Afirmativo) “Aquí se habla de la propiedad privada,.. pero en verdad será vulnerada por las mismas AFJP que pagarán jubilaciones misérrimas y que luego el estado deberá sostener para auxiliar a los futuros jubilados. Se que hacer un análisis en profundidad del tema escapa a mis posibilidades. Pero …no creo que la propiedad privada esté metida aquí,…” …(…)…“..la mayoría de los que traspasamos son de ingresos medios y bajos,..por eso no existe interés en los estudios jurídicos de litigar porque también pagan honorarios bajos,.. entonces no hay interés por la propiedad privada, no hay interés para los estudios jurídicos,.. entonces la mayor parte de los aportantes que son 960.000 las dejan abandonadas y solo se preocupan por los grandes aportantes,.. esos si tienen derecho a la propiedad privada y a ellos defendemos,.. ese sector si que tiene garantías individuales,…no el sector más bajo de la Argentina que son 960.000 personas.,… hoy aparecen criterios sobre libertad individual y propiedad privada pero cuando discutimos esto en el senado no aparece ni en nosotros, ni en la discusión pública, ni en los medios,.. (…)…¿está mal que el estado disponga de esos fondos?,.. si ello es necesario para evitar comprar blindaje financiero para protegernos del default,.. ¿está mal?,..” • (Sr. Sanz) pp.16-21 (voto: Negativo) “..lo que se discute son dos posiciones que confrontan los que están a favor de la reforma aducen que se trata de un derecho en expectativa,.. mientras que los que se oponen suponen un derecho de propiedad adquirido. Este debate ha quedado zanjado por el Dr. Guillermo Borda quien en La Reforma de 1968 al Código Civil, que en su art.3° (primero y segundo párrafo) dice que o bien no hay derecho –y entonces las nuevas leyes no pueden modificar esas relaciones– o bien hay un derecho individual (tercer párrafo) y entonces está protegido por la CN,..y es así que está incorporado al patrimonio de una persona,.. y esto incluso no sale del propio Código Civil, sino que está sustentado en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en innumerables fallos,..” Y además lo anterior puede ser demostrado de diferentes maneras. Primero: se constituye como una parte del propio salario (art.39 y 11 de la ley N°24.241). Segundo porque la ley así lo dice cuando establece que el fondo pertenece a los mismos afiliados (art.82 de la misma ley). Tercero: porque el único destino del dinero resultante es volver a plena disposición de su propio dueño, bajo cualquiera de las modalidades de retiro previstas en la propia ley (art.41). Cuarto porque el propio afiliado puede transmitir ese propio derecho hereditariamente por causa de muerte, cuando no quedaren derechohabientes propiamente previsionales (art. 54)y es sabido que solo los derechos del causante forman parte de su herencia (art.3279 del Código Civil) y Quinto: porque no hay otro sujeto – y esta es la hipótesis por la negativa o por el absurdo– al que pueda atribuírsele la propiedad de ese capital, ni la AFJP, ni la ANSES,… Entonces tenemos los cuatro primeros argumentos por la propia ley y el quinto por el absurdo. Conclusión: este es un derecho de propiedad. Pero hay otro argumento más. Hay un argumento que nos dice que por ser los fondos indisponibles para el afiliado en el momento presente, aún cuando la ley diga que son su propiedad, no puede considerárselos efectivamente como integrando efectivamente su propiedad, en sentido cabal. Esto es lo que dicen los que defienden el derecho en expectativa. A nuestro juicio este argumento es falso. Hay numerosos ejemplos de derechos en nuestro derecho argentino, en el que –sin dejar de ser derechos– la ley pone más allá de la disposición de su titular por muy diversas razones: menores de edad, personas con incapacidad, quebrados, etc. Ninguno de ellos deja de ser por esa razón titular y •

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propietario de sus derechos. En ninguno de esos casos el legislador está autorizado a alterar y mucho menos a confiscar tales derechos por la sola circunstancia de no ser disponibles para su titular,..(…) nadie además puede argumentar seriamente que los fondos por no estar a disposición del afiliado pueden ser del estado,..(..).. a mi juicio, la confusión se funda en la incorrecta similitud que se contempla entre el sistema de capitalización individual y el sistema de reparto,..pero el caso del sistema de reparto es diferente. Los recursos provenientes de los aportes personales de los trabajadores pasan a integrar el patrimonio estatal,..en cabeza de la ANSES, la que sume una deuda contingente con el aportante. En efecto solo en caso de completar los treinta años de aportes y de cumplir 60 ó 65 años de edad, solo en ese caso –por eso es contingente– se le otorgarán los beneficios previsionales, que estipula le ley para esa circunstancia. Por eso se asocia el Derecho Previsional a los derechos en expectativa y se habla impropiamente de un derecho en expectativa respecto de la Jubilación. Lo cierto es que este derecho no se hace efectivo hasta que no se verifiquen todas las circunstancias requeridas por la ley. Por lo tanto no hay tal derecho y puede ser modificado por la ley. Y aquí radica otra diferencia crucial con el sistema de capitalización individual, que tiene vinculación con el derecho de propiedad. En este sistema aún cuando el afiliado no complete los treinta años de aportes, al cumplir 60 ó 65 años de edad, adquiere automáticamente la disponibilidad de sus fondos, porque son suyos, solo que indisponibles hasta ese evento. No hay aquí falta de derecho ni derecho en expectativa, sino: disponibilidad de un derecho de propiedad o no,.. este es el debate,…. En cambio en el sistema de reparto puede haber derecho a las prestaciones previsionales o no, aún cuando haya habido aportes.,… En caso de que llegada la edad legal no se adquiera derecho a las prestaciones previsionales, los aportes habrán sido impuestos, lisa y llanamente sin ninguna contraprestación a cambio. Este supuesto muestra claramente que al defender –a nuestro juicio y desde el punto de vista jurídico– que aquí hay un derecho de propiedad, esta reforma trae aparejado un problema de confiscación. Este es el tema: la confiscación….(…)…más allá de las disquisiciones jurídicas, para la sociedad hay confiscación,.. La sociedad interpreta estas cosas con muchas más fineza,..la gente lo interpreta con el olfato del ciudadano argentino al que le han pasado muchas cosas en los últimos años. La gente no va a buscar los libros para ver que dijo Borda o que están diciendo los senadores: la gente dice que esto es una confiscación. ¿Cómo reacciona la sociedad? Bueno: 7 mil millones en concepto de depósitos salieron del sistema desde que se anunció la reforma,… hubo una dolarización de 5 mil millones de dólares en menos de un mes, que fueron a parar al colchón o que se fueron del país. En El País de España que tilda de “disparate argentino” esta decisión,.. ”los fondos privados ofrecen sustanciosos activos,…”,..cita además (y entre otros) al New York Times para el que la estatización de los fondos pone en riesgo los derechos de propiedad,… En El Mercurio de Chile dice: “…Cristina dio un zarpazo de 30 mil millones de dólares ahorrados por los argentinos,..” “¿Y el gobierno que piensa? El gobierno sabe que esto es una confiscación”. “cuando discutimos la ley 26.222 no planteamos esto mismo porque el art. 3° dice textualmente que la transferencia de los fondos podía hacerse salvo que el afiliado manifieste expresamente su voluntad de permanecer en el sistema de capitalización. Esto es decir que el gobierno pensaba entonces que los fondos eran un derecho de propiedad y solo la voluntad del afiliado podía cederlos. ¿Por qué no se piensa ahora lo mismo? ¿Cómo es que antes era y ahora no es? ¿Qué cambió para que ahora no lo sea?” “…una cosa grave para nosotros,.. gravísima,.. es confiscar fondos y otra no menos grave es administrarlos con discrecionalidad, es decir: sin reglas….(…) …debe llegar el momento en que en la Argentina discutamos sobre reglas de juego,..

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sobre la previsibilidad que implica tener reglas de juego que eviten la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos,… (…)… la Sra. Presidente dijo en ocasión del famoso embargo del Juez Griesa y todo este lío sobre el derecho, ella dijo que lo único que cambiaba era el administrador. Es decir: se pasa de un administrador privado a uno público. Ahora bien, si eso solo fuera así ¿porqué se cambia todas las reglas? En primer lugar el FGS, no tiene características de propiedad por parte de los afiliados. En segundo lugar la ANSES no tiene la integración profesional que se exigía a las AFJP., ni está sometida a mecanismos de control, ex-ante solo rinde cuentas ex-post. En cambio las AFJP estaban sometidas a rendir cuentas ex-ante. Cita a Carlos Heller cuando se le preguntó sobre Previsol la AFJP del Banco Credicoop: mire,..minuto a minuto nos controlan cuales son las inversiones,.. tenemos que registrarlas y están permanentemente controladas. Pero también hay que tener cuidado con el discurso del gobierno sobre todas las cosas malas que hacen las AFJP. Si en verdad el Superintendente de las AFJP controlaba todo minuto a minuto para que invirtieran acá,.. el mismo Boudou cuando vino acá reconoció que se llevaron puestos los artículos 78 y 79 de la ley 24.241, que precisamente se referían al menú de inversiones y su control. Entonces cuando estaban en vida las AFJP las operaciones eran transparentes,…iban a la Bolsa, tenían cotización pública de títulos y valores,…Los procesos de inversión se verán así absolutamente deteriorados,… Este es el Plan B para financiar las cuentas del Estado” (Sr Jenefes) pp.23-24 (voto: Afirmativo) “…quienes defienden el derecho de propiedad no tienen en cuenta que en virtud del art.2° del proyecto de ley, quienes ya gozan de una jubilación o pensión del sistema de capitalización tienen garantizado por el estado argentino que gozarán de una jubilación o pensión igual o mejor que la que actualmente gozan. Por lo tanto no se pueden realizar planteos abstractos relacionados con el derecho de propiedad,.. ya que,.. Se trata de un “derecho de expectativas”,…y “ningún derecho es absoluto,.. están sometidos a una restricción razonable, que es lo que le imponen las leyes, que los reglamentan y que por lo mismo “no pueden impugnarse con base constitucional,…” (sic) “…es claro además que tampoco se afecta el art. 3° del Código Civil que determina que las leyes no pueden afectar derechos adquiridos,...” (Sra. Perceval) pp.27 (voto: Afirmativo) “…esta es una crisis estructural del capitalismo (larga diatriba contra las imperfecciones del mercado: habla de crisis inmobiliaria, climática, bursátil, bancaria, monetaria, financiera, alimenticia, etc…),.. por lo que es necesario más Estado ya que el mercado no está muerto y es necesaria más regulación que controle arbitrariedades y abusos,..” (más adelante cita a Stigliz, Krugman, Kliksberg y la CEPAL en los que se basa para plantear la necesidad de recuperar el “estado social”) (Sra. Escudero) pp.31 (voto: Negativo) “…los fondos aportados no pertenecen a las AFJP, ni al estado nacional,.. sino a los aportantes ,.. “ luego propone mantener el esquema de la propuesta de ley pero permitiendo la protección de los fondos aportados –que dice: tienen garantía constitucional– manteniendo las mismas reglas de juego y estimulando que esos mismos aportantes voluntariamente se vayan pasando al sistema de reparto y demostrar con los hechos –y no con promesas– que el sistema de reparto es más conveniente,..por ello debemos reconocer que la ley avasalla derechos que son devenidos del derecho de propiedad,..” (Cabanchik) pp.44-47 (voto: Negativo) “..no se trata de un derecho en expectativa,.. Se trata de un sofisma que deviene de superponer dos sistemas que no tienen nada que ver entre sí. Mezclar las dos lógicas, suponiendo que solo funciona

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una de ellas –que es lo que está detrás del argumento del oficialismo, al negar que se está lesionando la propiedad privada es constituir un sofisma….En estos días el Estado Nacional para recuperar esos fondos embargados por el Juez Griesa ha argumentado que pertenecían a los aportantes. Pero entonces va afuera del país para reconocer esa situación y aquí dentro la niega. Eso es difícil de no considerar una perversión,.. El Juez Griesa podría decir: si entonces no son de las AFJP, ni del Estado Argentino y solo son de los aportantes,.. entonces voy a dedicarme a administrarlos yo, desde Nueva York porque rinden más,..Porque yo tengo que protegerlos de sí mismos y dentro de veinte años se los voy a devolver con creces. 9 millones de argentinos van a ser afectados en su derecho,.. de ese total solo 1,7 millones optó por pasar al sistema de reparto….(…)…tenemos además la doctrina de la CSJN, la doctrina de la Corte Interamericana, la CN, la ley vigente y la opción ejercida, activa o pasivamente por 9 millones de afiliados,..entonces de un solo golpe y por razones que no quedan claras, en muy poco tiempo y sin una abierta, democrática y sensata discusión, se cambia de golpe un sistema afectando derechos adquiridos de propiedad privada,… (Sra.Corregido) pp. 49-50 (voto: Afirmativo) “…por otra parte se pretendió imponer una doble carga a una sola generación de trabajadores y empleadores. El Estado pone 4.500 millones de dólares anuales para que los jubilados tengan una jubilación mínima y al mismo tiempo pretendemos ahorrar para los futuros jubilados. Eso es insostenible macroeconómicamente y la verdadera razón del problema.” Votaré afirmativamente pero por otras razones aún reconociendo que se está lesionando del derecho de propiedad….(…)....la ANSES debe limitarse a lo administrativo estrictamente y no está en condiciones de hacerse cargo de lo que representa el 45% del PBI. También pediría que se cumpla con las sentencias de la Corte y se reestablezca la movilidad jubilatoria,..con quienes tienen inmovilizadas sus jubilaciones en $690, con lo que,..Por otra parte las provincias estamos subsidiando a Buenos Aires,..y en especial las más pobres, por lo que sería un acto de justicia que finalizado el sistema de capitalización se devuelva a las provincias el 15% de coparticipación. La provincia del Chaco aportó en 2007 un total de $1.101 millones,…” (Sr. Petcoff Naidenoff) pp. 54-56) (voto: Negativo) “Esta ley traerá como consecuencia inseguridad jurídica resultante de no respetar las normas que fueron establecidas por un estado de derecho y las consecuencias esperables. La doctrina se refiere a conductas diarias pequeñas que producen la seguridad jurídica: seguridad de corregir la arbitrariedad en el proceder del estado y de haber podido reducir tanto como se pueda la arbitrariedad del funcionario. No importa si se trata de un derecho en expectativa o no.. se trata que violentamos cualquiera de las denominaciones del derecho de propiedad y las normas que lo deben asegurar, e ingresamos en la inseguridad jurídica.,..(…)…..el Defensor del Pueblo de la Nación nos dice que hay una circunstancia que no puede desconocerse que es el beneficio de certidumbre que le otorga al aportante el haber hecho la opción,..¿Cómo termina la cuestión? Con mayor litigiosidad contra el estado,..es decir: perdemos todos.” (Sr. Gioja) pp.57-58 (voto: Afirmativo) “…no se vulnera el derecho de propiedad porque el estado reconoce a los aportantes de las AFJP mejores derechos que los que sus administradores les podían dar,.. además ese derecho frente al sistema solidario del sistema jubilatorio de reparto se encuentra en un grado inferior de categoría jurídica,..(¿?).. y no hay un derecho de propiedad en materia previsional,…” (Sr. Fernández) pp.61 (voto: Afirmativo) “…los propósitos impositivos de esto no pueden confundirse, ni tampoco pueden subordinarse a los del derecho privado,..porque generaríamos una grandísima confusión,.. no hay violación al

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derecho de propiedad ya que los únicos que corrieron riesgo fueron los aportantes al sistema (¿?) por lo que esta ley termina con un sistema escandaloso,..” (Sra. Pincheti) pp.67-69 (voto: Negativo) “..Nosotros estamos seguros que es afectado el derecho de propiedad y que la plata va directo a las manos del gobierno. Creo si que el derecho previsional tal como está establecido si es un derecho de propiedad. Acabamos de escuchar al jefe de Gabinete de Ministros Sergio Massa anunciar que con los fondos recuperados se financiaría,…y cuando se vulnera el derecho de propiedad se genera una gran desconfianza,..la palabra libertad se relaciona con el poder elegir,..Tampoco se dice que el 55% de los fondos de las AFJP están en bonos de deuda del estado,..Adhiero en todo lo que se ha dicho respecto a que esta ley avasalla los derechos privados,..” (Sr. Perez Alsina) pp.84 (voto: Negativo) “..parece que estamos cuestionando el derecho a la propiedad privada en nuestro sistema y además porque una razón es que el estado apoderándose de los títulos de la deuda se hace acreedor de si mismo,..¿Uds. creen que los jubilados piensan que el estado va a ahorrar esa plata para mejorar su situación? Esto es en verdad un default,..” (Sra. Colombo) pp.95-96 (voto: Negativo) “El otro día en sesión de comisión el Ministro Tomada nos planteó que “nadie era dueño de nada,..” entonces después de quince años nos venimos a enterar que nadie es dueño de nada y el Ministro Tomada se viene a enterar después de ser cinco años funcionario de este gobierno que nadie es dueño de nada y que por lo tanto a los aportantes solo les cabe el derecho de nada en expectativa,.. Y además este proyecto tiene importancia en cuanto a la distribución de recursos dentro de los distintos niveles de gobierno. Se calcula en varias decenas de millones de pesos lo que las provincias han cedido de su masa de coparticipación federal para financiar el déficit del sistema previsional. Pero desde el 2002 la ANSES pasó a ser superavitaria y las provincias argentinas a ser aportantes de ese superávit que lamentablemente no se asignó a incrementar el haber de los jubilados sino para otros propósitos. (Rodriguez Saa) pp.98-99 (Ausente en la votación) “…por la inseguridad jurídica, por el descrédito, no es el momento oportuno para fomentar que en la Argentina, sin razón alguna se plantee un tema como este, que por lo menos admitamos que afecta la propiedad privada y es discutible en cuanto a su confiscatoriedad. Entonces ante el mundo, ante nuestros propios empresarios y ciudadanos esto genera desconfianza. Hace pocos meses cuando discutíamos la 125 teníamos un riesgo país de 400 puntos y hoy con esta cuestión el riesgo país llega a 1835 y según IRFE Ecolatina 4341 puntos.,.. dada la disparidad tal vez Moreno decida intervenir en la medición del riesgo país. Pero lo grave de estar discutiendo esta cuestión es que el MERVAL cerró con menos 6,58 y en la última rueda alcanzó pérdidas por el 15,49. Mientras que el riesgo país cerró con 1907 puntos. Cita al Gral. J. D. Perón (Sr. Guinle) pp.107-110 (voto: Afirmativo) “…he escuchado hablar del derecho de propiedad pero sin mayores precisiones,..por lo menos que me convenzan. En verdad se está acabando el tiempo,..la mentira y el fraude. Creo que esta es una reforma que importa un cambio estructural que es lo que realmente importa para lograr un sistema previsional integral. También digo que si el gobierno hubiera actuado con astucia, miles de afiliados al sistema de capitalización nos estarían pidiendo que se los rescate de un sistema perverso. Esta es más una ley de rescate que de estatización. Además como ningún derecho es absoluto,..existen consideraciones de orden público o de conveniencia general que nos permite legislar. Y quiero ver a la Corte decir una cosa distinta de lo que ha dicho antes: “..los derechos se concretan una vez que han sido

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legítimamente acordados,.. Nadie tiene derechos adquiridos por el mantenimiento de leyes o reglamentaciones,..y la modificación de normas por otras posteriores no afecta en absoluto derecho alguno emanado de la CN”….(..)…además agrego respecto a los controles, que han sido cuestionados del FGS,..el Banco de la Nación Argentina va a efectuar el mismo ya que se trata de un fondo fiduciario. Es cierto esos fondos pueden ser utilizados por el art.74 de la ley de presupuesto para sostener deuda pública como nos expresó el Defensor del Pueblo, pero es precisamente acotado por el mismo presupuesto,…(¿?) Hablan de los litigios respecto a los derechos de propiedad vulnerados,.. me gustaría ver que es lo que reclaman,… (Sr. Giustiniani) pp.115 (voto: Afirmativo) “del mismo modo cuando hablan de propiedad privada ¿de qué propiedad privada hablan?, ¿Qué es lo que tienen?,..tampoco se sabe,..lo único que se sabe es que uno pone plata en un lugar y como pueden ocurrir crisis durante el lapso de tiempo que transcurre hasta que uno puede disponer de ella, se pudo haber esfumado la plata. Por ende ¿Cuál es el beneficio mayor? ¿Qué beneficio potencial va a recibir alguien que se pasa hoy del sistema de capitalización al de reparto? Es imposible saberlo. Los pagará el Estado pero ¿con que esquema? ¿Cómo los va a pagar? ¿de acuerdo al sistema público o al sistema privado? ¿Cómo se van a calcular?,..dejan abierta la puerta a la discrecionalidad por un lado y a una serie de reclamos judiciales por otro. Pero la verdad es que el estado capturará 90 mil u 85 mil millones de pesos que son los activos de las AFJP y por otro lado el flujo que se calcula en 12.000 millones de pesos anuales…. (Sr. Ríos) pp.117-118 (voto: Afirmativo) “..esto no es propiedad privada,..para mí la propiedad privada tiene un simplismo básico: yo te saco y si vos te quejás te devuelvo,..” (¿?) Con la Ley 26.222 nadie habló de propiedad privada,.. nadie salió a defenderla. Y eso fue porque era difícil comprobarlo. Además creo que nadie en esta cámara ha defendido el sistema de capitalización. Así que el tema es otro,…” (Sr. Morales) pp.126-129 (voto: Negativo) “..se trata de una estatización que la discusión no ha abordado!,… (…)…estas reformas solo tendrán éxito si se basan en el compromiso con los principios del libre mercado, incluyendo el imperio de la ley, el respeto a la propiedad privada, inversión y el libre comercio y los mercados competitivos y eficientes….esto parece haber sido dicho en la década de los ´90 y sin embargo ha sido dicho el 16 de Noviembre ppdo. Esto es lo que ha afirmado el G-20 y ha firmado la Sra. Presidente CFK. Y estuvo muy bien que se reúna con los países del grupo de los 20 y no con el G-8. Pero no se puede decir una cosa allá y decir otra acá….(…)…esta ley es una ley muy precaria que va a permitir un manejo discrecional de mucha plata por parte del Poder Ejecutivo.” (Sr. Pichetto) pp.134 (voto: Afirmativo) “…a esta altura discutir el concepto de propiedad ya es reiterativo,..(…).. de modo que creo que no estamos violentando, no estamos confiscando, no estamos expropiando, solo estamos poniendo la administración de los fondos en manos de la ANSES.”  Votación: Miembros del cuerpo: 72; Total presentes: 65; total ausentes: 7.  Votos afirmativos: 46; Votos negativos: 18; Abstenciones: 1  (Fecha: 20-11-08) Acta N°8

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VIII Anexo: Figuras, Cuadros y gráficos 1. Merkel, W (1999) Defective Democracies. 2. Coopedge, M (2011) Conceptualizing and Measuring Democracy 3. UNICEF (2007) Efectos de la crisis en Argentina (2001-2002) 4. Entrevista a NC (2015) Reservas del banco Central 5. FMI World Economic Outlook Gasto público (Serie 2003-2013) en % del PBI 6. IARAF Evolución del tamaño del Estado (2000-2012) 7. IDESA Tasa de crecimiento anual público y privado 8. IDESA Evolución de la demanda y oferta agregadas de la economía: Inflación 9. Ferreres, O.J. Gasto público consolidado y sustentable 10. IPRI 2015 Composición del International Property Rights Index 11. Aixalá & Fabro: Relación entre libertades civiles, libertad económica y derechos políticos con el crecimiento económico. 12. IDESA 2016 Resultado financiero del sector público nacional 13. Filgueira Lima, E. Intervencionismo estatal 14. Libertad y Progreso: Incremento de la planta de empleo público 15. OJM: Carga impostiva en la Argentina en % del PBI (oficial) 16. Libertad y Progreso Aumento del Gasto Público en la Argentina (2002-2015) 17. Estudio Broda. Fuga de Capitales en la Argentina (2003-2010) 18. Evolución del gasto público en Argentina en % del PBI (FMI 1961-2013) 19. Inflación comparada ciclo 2006 a Agosto de 2007 20. Base monetaria y variación interanual (2003/2010) Series: BCRA 21. Evolución del PBI Argentino (2003-2009) 22. Evolución de la Inflación en Argentina INDEC vs Price Stats 23. Fuga de Capitales en la Argentina (Serie: 2003-2015) 24. Composición del gasto Público por rubros y crecimiento (2004-2014) 25. Análisis comparativo de las políticas estudiadas como objeto empírico de estudio 26. The Theory of Public Choice y el objeto empírico de estudio 27. IPRI 2016 (I) 28. IPRI 2016 (II)

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VIII. Figuras 1. Merkel, W (1999) Defective Democracies

2. Coopedge, M (2011) Conceptualizing and Measuring Democracy

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3. UNICEF (2007) Efectos de la crisis en Argentina (2001-2002)

4. Anexo VIII Entrevista a N.C. (Reservas del banco Central (serie 1998-2014)

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5. FMI World Economic Outlook

6. IARAF Evolución del tamaño del estado

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7. IDESA Tasa de crecimiento anual público y privado

8. IDESA Evolución de la demanda y oferta agregadas de la economía: Inflación

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9. O.J. Ferreres Gasto Público consolidado y sustentable

10. International Property Rights Index 2015

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11. Relación entre libertades civiles, libertad económica, derechos políticos y crecimiento económico.

12. Resultado financiero del sector público nacional

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13. Intervencionismo estatal

14. Incremento de la planta de empleo público

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15. Carga impositiva en la Argentina en % del PBI (oficial)

16. Aumento del gasto público (entre 2002 y 2015 en % del PBI)

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17.

Fuga de capitales en la Argentina entre 2003 y 2010

18.

Evolución del gasto público en Argentina en % del PBI

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19.

Inflación comparada ciclo 2006 a Agosto de 2007

20.

Base monetaria y variación interanual (2003/2010)

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21.

Evolución del PBI Argentino (Serie 2003-2009)

22.

Evolución de la Inflación en Argentina INDEC vs Price Stats

23.

24.

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Fuga de Capitales en la Argentina (Serie: 2003-2015)

Composición del gasto Público por rubros y crecimiento (2004-2014)

25. Análisis comparativo de las políticas estudiadas como objeto empírico de estudio Resolución 125

Ley N°26.425

Año

2008

2008

Causales

Financiamiento del estado: políticas expansivas Financiamiento del estado: políticas expansivas del del gasto gasto. En el mismo Senado se reconoce este objetivo y CSJN.

Desarrollo

Con significativos conflictos y confrontación.

Tratamiento

Legislativo. Mayoría parlamentaria del partido Legislativo. Mayoría parlamentaria del partido de de gobierno. Poca discusión sobre los derechos gobierno. Mayor discusión sobre los derechos de de propiedad propiedad

Proceso

Incremento de la imposición. 1) Afectación indirecta del derecho de propiedad por pérdida de un valor de mercado de un activo fijo y no reproducible: la tierra, y 2) directa por cualquier carga impositiva mayor al 33% lse considera confiscatoria (CSJN Fallos: 209:114, 125/126 y 210:310, 320, entre otros). Exposición en comisión del Dr. D. Sabsay: desestimado.

No vulnera el derecho de propiedad: derecho en expectativa

Antecedentes

La Resolución 125 no respetaba la pirámide jurídica. Y sin sustento jurídico por basarse en la Ley 22.415/81. El 29 de Julio se aprobó en Diputados 129 a 122 y 2 abstenciones.

La Ley 26.222 permitió la libre opción de pase al sistema de reparto. OEA 1969, Art. 7° del Pacto de San José de Costa Rica Diputados el 7/11/08: aprobado por 160 votos afirmativos contra 75 negativos y 2 abstenciones.

HCSN

Empate en HCSN en 36 votos. Desempata por Favorable a la posición del gobierno 46 votos positivos la negativa el Vice-Presidente Cobos contra 18 y 1 abstención, el 19 de Noviembre de 2008

Resultado

NEGATIVO para la posición del gobierno

Análisis

La distribución geográfica del voto corresponde No hubo distribución del voto acorde con agregados a un patrón coincidente (voto negativo) con la territoriales, sino con representatividad partidaria región agrícola

Intereses de los No coparticipable. La actividad de las provincias de la región agropecuaria se vería legisladores afectada. Interesaba por recursos y proyectos políticos personales. CSJN

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Sin conflictos importantes

Para A. Gils Carbó: se someten al derecho previsional (sic) Vulnera el derecho de propiedad: a) Confiscación sobre aportes voluntarios (CSJN Art. 6°) (No se expide sobre aportes obligatorios). b) Ley 24.241, c) Ley 26.222, d) sobre rendimientos (contrafáctico) d) expropiación sobre aportes obligatorios (por compensación futura? Mejor?)

POSITIVO para la posición del gobierno

No coparticipable. Se suponía que se devolvería a las provincias el 15% cedido de la coparticipación para financiar el régimen de reparto.

No correspondió su tratamiento por su resultado Declara la inconstitucionalidad del artículo 6° de la ley negativo 26.425 y el incumplimiento de los deberes de funcionario público: art. 2° y 3° Dto.290/07 (AFAVYDC) “..el legislador no tuvo en cuenta diversos aspectos que vulneran derechos al otorgar al estado la potestad de decidir y reglamentar sobre fondos que son particulares, ello constituye una violación continuada del derecho de propiedad del jubilado,..” . (No se expidió sobre los aportes obligatorios.)

26. The Theory of Public Choice y el objeto empírico de estudio Resolución 125

Estatización de las AFJP

Se cumplió. Se trataba de montos pequeños, o Ignorancia racional En este caso no se cumplió según se conjetura por varios motivos: 1) Se trataba porque los inversores en su gran mayoría no de montos importantes. El riesgo asumido consideraban sus fondos acumulados como un era grande y se percibió el deterioro ahorro, por lo que el traspaso de los mismos al consecuente de toda la actividad sector público, a cambio de la promesa de un agropecuaria, incluyendo su capital (la beneficio indefinido en el futuro, no fue tierra). Las escalas no fueron percibidas percibido por los aportantes como una como compensatorias . La utilidad confiscación o una pérdida financiera. Por otra marginal que se resignaba era muy parte el beneficio marginal esperado de los importante, e inmediata, más aún cuando ahorros efectuados es pequeño ante la el incremento de los insumos importados preferencia temporal de un hipotético recupero incrementaba el riesgo y disminuía la futuro. Y por otro lado en muchos –en especial potencial rentabilidad. 2) Las promesas los de bajos aportes– creyeron que las del gobierno no eran creíbles. 3) La comisiones a su vez eran confiscatorias. Y virulencia de la confrontación agregó además el gobierno supo instalar la idea que no posiciones pasionales, a sabiendas que el se podía confiar en el capitalismo financiero. campo había sido el que efectivamente había permitido una rápida recuperación económica y ahora se pretendía devaluar. Además: la dinámica comunicacional de internet permitió superar el conocimiento disperso. El efecto de los “grupos privilegiados de interés”

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La gestión pública, prácticamente en su Lo anterior eliminó lo que pudieran haber sido totalidad, es el resultado agregado de la protestas y manifestaciones. Apenas los diez influencia ejercida por los grupos de directivos de las administradoras existentes se interés, en asociación al poder político, aprestaron a organizar una tibia resistencia, la para la obtención de beneficios Justicia allanó sus oficinas, suspendió sus particulares y privilegios. El gobierno no operaciones durante una semana y también se pensó que encontraría tanta resistencia, sugirió una investigación por “administración pero no solo fueron los directamente fraudulenta”: afectados los que se comprometieron en la No hubo oposición organizada. lucha, pequeñas poblaciones, y gobernadores, como intendentes, cuya actividad económica dependía del campo y su producción, también fueron parte del conflicto. Merece destacarse aquí: 1) el poder de “lobby” que lograron las entidades agropecuarias para lograr sus objetivos de protección ante lo que consideraron un atropello del gobierno, (Ej. sus importantes movilizaciones y su agrupación en la mesa de enlace), 2) Pero no fue en este caso para lograr beneficios particulares en asociación con el poder político, sino por su inversa para defenderse de los atropellos del estado.

La miopía gubernamental

Resolución N°125 fue un intento frustro la Ley N°26.425/08 se trató de una clara de imponer mayores retenciones a la violación del derecho de propiedad (por lo producción, pero que de haberse logrado menos en cuanto a los aportes voluntarios) hubiera vulnerado vía un exceso según resolvió la CSJN. El objetivo concretado impositivo por vía directa (además de fue obtener financiamiento para el fisco -con sustraer mayor parte de la producción) y elvisión cortoplacista y objetivos políticosvalor final de la tierra por un proceso haciéndose de los flujos y el stock de los confiscatorio indirecto. El objetivo era afiliados aportantes a las AFJP, aunque ello obtener financiamiento para el fisco -de comportara consecuencias alejadas visión cortoplacista y objetivos políticos- imprevisibles. aunque ello comportara consecuencias alejadas imprevisibles.

Relación “no vinculante”

No se determinan vínculos causales , ni responsabilidades, entre las decisiones administrativas adoptadas y sus previsibles consecuencias negativas. Las culpas son siempre atribuidas a otros: “el mundo se nos vino encima,..”

27. IPRI, 2016 (I)

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No se determinan vínculos causales , ni responsabilidades, entre las decisiones administrativas adoptadas y sus previsibles consecuencias negativas. Las culpas son siempre atribuidas a otros: “el mundo se nos vino encima,..”

28. IPRI, 2016 (II)

Curriculum Vitae resumido del autor: Mail: [email protected]

Tel. (+54)911-5026-9180 Buenos Aires, Argentina

El autor es Médico. MD (UBA, 1965), Especialista en Epidemiología (INE), Magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social (Universidad ISALUD), Magister en Economía y Ciencias Políticas (Inst. Universitario ESEADE), Doctor en Ciencia Política (Universidad del Salvador). En la actualidad dedicado a la docencia y la investigación en Políticas Públicas.

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